Fernando Carrión M. • Jenny Pontón C. • Blanca Armijos V. 120 Estrategias y 36...


Fernando Carrión M. • Jenny Pontón C. • Blanca Armijos V.


120 Estrategias y
36 experiencias de


seguridad ciudadana


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana


volumen I




Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5


Introducción
Tematizar la seguridad ciudadana:
una propuesta metodológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7


Institucionalidad


Policía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Cárceles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Sistema Judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Municipio y políticas locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63


Actores


Pandillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Violencia de género . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91


Desarrollo


Presupuesto para la seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Guardianías privadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Cooperación internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133


Políticas


Control de armas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Seguridad ciudadana y elecciones . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Seguridad en la frontera norte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177


Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191


Programa de Estudios de la Ciudad
El Programa de Estudios de la Ciudad tiene como finalidad investigar la problemática
urbana, formular políticas de desarrollo local y formar investigadores e investigadoras y
funcionarios y funcionarias que cuenten con los instrumentos cuantitativos y cualitati-
vos para comprender y actuar en los procesos que se desarrollan en las ciudades.


Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad
La Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad, es la instancia técnica rectora de las polí-
ticas públicas distritales de seguridad, gestión de riesgos y gobernabilidad en el Distrito
Metropolitano de Quito. Tiene como misión fortalecer el Consejo Metropolitano de
Seguridad como instancia de coordinación interinstitucional para la prevención y con-
trol de la violencia y los riesgos en su jurisdicción. Gestionar y administrar un Sistema
de Indicadores de Seguridad y Violencia y articularlo con un Sistema Unificado de
Indicadores del Distrito.


Dirección de FLACSO, sede Ecuador
Adrián Bonilla


Coordinador del Programa de Estudios de la Ciudad
Alfredo Santillán


Autores
Blanca Armijos, Jenny Pontón y Fernando Carrión M.


Coordinadora editorial
Andrea Betancourt


Colaboradores/as
Ángeles Granja, Antonio Villarroel, Cristina Cevallos, Darío Cobos, Diana Mejía,
Geannine Alvarado, Hugo Claros, Inés del Pino, Isabel Ron, Mónica Henao, Rosa
Enríquez,Víctor Llugsha, Johanna Espín


Corrección de textos
Gabriela Chauvin O.


Diseño y diagramación:
Antonio Mena


Impresión:
Crearimagen


Municipio del Distrito Metropolitano de Quito


Augusto Barrera
Alcalde Metropolitano de Quito


Lourdes Rodríguez
Secretaria de Seguridad y Gobernabilidad


Guadalupe Estévez
Gerente de EMSEGURIDAD


ISBN: 978-9978-67-222-8
FLACSO, sede Ecuador
La Pradera E7-174 y Diego de Almagro
PBX: (539 2) 323 8888
ciudadsegura@flacso.org.ec
www.flacso.org.ec
Quito, Ecuador
Primera edición, noviembre de 2009


Índice




Presentación


En las últimas décadas, los niveles de violencia e insegu-ridad se han incrementado significativamente, y a la par,se han suscitado diversas iniciativas con el fin de redu-
cirlos. En el desarrollo de políticas orientadas a la seguridad
ciudadana, la mayoría de medidas adoptadas han obviado las
inquietudes y propuestas de los actores involucrados en
hechos de inseguridad; no se puede hablar de un solo tipo
de violencia, es una realidad visible a través de una amplia
gama de manifestaciones configuradas de acuerdo con cada
situación. Algunas expresiones de inseguridad y violencia han
sido objeto de estudio para la elaboración de los capítulos
del presente libro.


Esta publicación es el resultado de un proceso participa-
tivo que se ha sostenido desde 2006. Doce temáticas dife-
rentes están contenidas en cuatro secciones: institucionali-
dad, actores, desarrollo, políticas. Por cada tema se realizó el
diagnóstico respectivo, se establecieron los objetivos, se for-
mularon las líneas de acción estratégica y se presentaron
experiencias relevantes del contexto nacional e internacional.


El primer volumen del libro 120 estrategias y 36 experien-
cias de seguridad ciudadana surge del trabajo mancomunado
entre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), sede Ecuador y el Ilustre Municipio de Quito a
través de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad. La
información que se presenta es producto del aporte reflexi-
vo de los distintos actores involucrados en la problemática de
la seguridad ciudadana, es un acumulado de conocimientos
que están en permanente reelaboración debido a la condi-
ción dinámica de la cual han emergido.


Augusto Barrera Adrián Bonilla
Alcalde Director
DMQ FLACSO, sede Ecuador


5




7


Tematizar la seguridad ciudadana:
una propuesta metodológica


Fernando Carrión M.1


En la actualidad, la violencia es una de las mayores preocupa-
ciones de los gobiernos nacionales y locales, así como de la
ciudadanía en su conjunto. Las estrategias que se han realiza-
do para combatir y disminuir los niveles de inseguridad y vio-
lencia no han dado los efectos esperados y poco se ha hecho
por desarrollar innovaciones para abordarlas. Por ello, con
este trabajo se empieza la difusión de los resultados de un
largo, amplio y participativo proceso que busca nuevas op-
ciones de política pública, venidas de la integración de la in-
vestigación con la acción y de la academia con la política, tra-
tando así de solventar las múltiples dicotomías que tanto mal
han hecho.2


Este primer volumen da inicio a un proceso de sistemati-
zación de varias estrategias de seguridad de la ciudadanía con
la finalidad de aportar al Gobierno de la Seguridad Ciudada-
na; todas las estrategias surgen de un camino inédito y amplio
de búsqueda de consensos entre los múltiples actores invo-
lucrados alrededor de cada uno de los ámbitos trabajados.3


En este caso, se presentan las estrategias correspondientes a
los primeros doce campos; en los siguientes volúmenes se
expondrán, en entregas por docenas, los temas adicionales
analizados en los Foros de seguridad ciudadana.


Lo que se expone en este primer libro de estrategias no
pretende convertirse en un manual o en un modelo a seguir,
ni trata de impartir lecciones aprendidas o difundir casos exi-


Introducción


1 Profesor Investigador del Programa de Estudios de la Ciudad de FLACSO,
sede Ecuador. Concejal del Distrito Metropolitano de Quito y editorialista
del diario Hoy. El autor agradece el apoyo de Blanca Armijos en la realización
del presente texto.
2 La expresión más acabada del mundo dicotómico construido es la alego-
ría entre buenos y malos, de la cual es difícil escabullirse.
3 Ver en la sección Anexos, el listado de más de cien instituciones que parti-
cipan en este proceso, así como de los actores individuales que lo han hecho
como académicos, funcionarios o políticos, nacionales e internacionales,
directos e indirectos.




un producto de una relación social de conflicto que, en con-
secuencia, vincula por lo menos a un par de oponentes, acto-
res, individuos o colectivos, pasivos o activos en la relación.


Se trata, entonces, de una compleja construcción social y
política (Sozzo, 2008) cristalizada en un territorio y en un
tiempo específicos y nacida de la interacción social, propia de
la rutina de la vida cotidiana (Sozzo, 2006). Una afirmación de
este tipo nos lleva a comprender la violencia como una rela-
ción social que tiene múltiples actores directos e indirectos,
que es cambiante en la historia y que, por tanto, no posee un
antes ni un después, no existe un continuo sino un objeto (la
violencia) construido socialmente. No hay una causa para
una violencia ni tampoco múltiples causas para múltiples vio-
lencias porque ese determinismo unívoco no existe.


De allí que sea absolutamente pertinente formular las
siguientes tres preguntas clave: ¿la violencia tiene una existen-
cia plural?, ¿la violencia tiene una expresión multiforme?, ¿la
violencia es un concepto polisémico? Es necesario este plan-
teamiento porque de las respuestas se desprenden posicio-
nes metodológicas explícitas.


La violencia no es una patología social comprensible a
partir de ciertos atributos (factores de riesgo o causas);9 es
una relación social específica del conflicto que es plural,10 que
tiene historia y es histórica. En otras palabras, a la violencia no
se la puede entender a partir de la etiología de ciertos even-


tos definidos como delitos (Carrión, 2009) ni tampoco por
sus consecuencias teleológicas (pena) porque el conflicto
tiene orígenes estructurales.


Puesto que hay varias violencias con lógicas propias, se
trata de un fenómeno plural a partir del cual es factible y
necesario construir tipologías. Sin duda que el conjunto de las
violencias actúa interrelacionadamente sin que se exprese
alguna de ellas de manera pura, lo cual hace más complicado
conocerlas y entenderlas.11 Como la violencia es plural, no
puede ser entendida a partir de uno solo de sus componen-
tes o de una de sus formas porque se cae en un reduccio-
nismo complejo que lleva a muchos equívocos.


Asimismo la violencia es una definición polisémica en tan-
to unas corrientes la entienden de una manera distinta a lo
que hacen otras, es también plural porque no hay una sino
varias y, finalmente, es multiforme porque la violencia por ex-
torsión, homicidio, sexual, entre otras, son sus manifestacio-
nes formales diversas. De allí que el reduccionismo de medir
la multiplicidad de violencias a través de una de ellas sea un
verdadero despropósito.12 Mucho más: ¿por qué asimilarla
únicamente a través de los homicidios?, ¿por qué no aceptar
que hay distintas visiones de la violencia y la seguridad ciuda-
dana?13 Hay la pretensión de imponer la lógica del pensa-
miento único e incuestionable, pero esta situación cada vez
tiene más fisuras.


tosos; por el contrario, lo que se expone es un conjunto de
estrategias en estado primario que estarán en continua reela-
boración gracias a los aportes reflexivos, los casos paradigmá-
ticos y/o los proyectos que los asistentes socializan en cada
evento de discusión y debate.


Estas estrategias son producto del intercambio de ideas
ocurrido al interior del Foro de seguridad ciudadana, desarro-
llado mes a mes desde el año 2006, donde un especialista
presenta la temática analizada –con la finalidad de consensuar
el diagnóstico–, la contrasta con experiencias internacionales
mediante una videoconferencia y con prácticas presentadas
por cada uno de los actores institucionales participantes en
el proceso. Una propuesta como esta no es casual, dado que
viene de una concepción de la violencia como relación social
y de la necesidad de obtener acuerdos entre los diversos
actores involucrados, tanto en la perpetración de la violencia
y la victimización social, como en la producción de la seguri-
dad ciudadana.


Este texto –al igual que los treinta números del Boletín
Ciudad Segura4 y los dos Libros de diagnóstico publicados hasta
la fecha–5 es producto de los datos que provee el Observa-
torio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, en tanto es
parte del mismo. El uso de la información ha sido uno de los
pilares del proceso de diseño de las estrategias que ahora se
presentan, así como también un elemento central para ele-
var la calidad de la voz de los actores intervinientes,6 porque
no solo han provisto de insumos sino también han formado
y construido consensos. Por eso, el presente trabajo busca
compartir los resultados, conclusiones y propuestas de las
autoridades encargadas de la seguridad ciudadana en Quito,
en el Ecuador y en algunos países de América Latina, a través
de conferencias virtuales.


Dado que los temas de seguridad ciudadana son alta-
mente complejos y cambiantes, las estrategias presentadas


no deben ser vistas como finales o definitivas porque la mis-
ma evolución de la violencia plantea revisiones permanentes
y porque se trata de un primer ejercicio de este tipo, que
deberá mejorarse con el paso del tiempo, y de la contrasta-
ción con las experiencias. Es decir que esto es un aporte per-
fectible que no se agota con esta publicación y que debe ser
comprendido como el primer paso en el proceso continuo
de desarrollo de las siguientes estrategias temáticas, de modo
que ya se trabaja un segundo volumen, correspondiente a los
doce temas debatidos durante el año 2007.


El objeto de las estrategias: las violencias


Las estrategias tienen por objeto de pensamiento y actuación
a la violencia; por eso, es importante partir definiéndola. Las
tradicionales formulaciones conceptuales de la violencia naci-
das del determinismo causal, sea natural (por lo tanto bioló-
gico) o moral (vinculadas con la religión, las costumbres o
tradiciones), como también de las consideraciones como
desviación legal (delito como anomia), empiezan a ser cues-
tionadas.


La violencia no puede ser comprendida o explicada des-
de la existencia de una o varias causas a la manera de atribu-
tos que la determinan (llamados factores7 de riesgo).Y tam-
poco puede concebirse como lo hace la Organización
Mundial de la Salud (OMS) cuando define la violencia a par-
tir de consideraciones instrumentales que no cuentan con la
posibilidad de identificar actores, circunstancias, lugares y con-
diciones históricas.8


De estas críticas fundamentadas a la violencia como pato-
logía o problema, se debe pasar hacia la comprensión de la
violencia como una relación social particular del conflicto so-
cial. Según Camacho (1992), es necesario concebirla como


Introducción


98


4 Ver http://www.flacso.org.ec/html/boletinciudadsegura.html
5 Ver D. Pontón y otros (comps.) (2007).Ver también J. Pontón y A. Santillán
(comps.) (2008).
6 Hay que señalar que paralelamente se ha desarrollado un conjunto de cur-
sos con la finalidad de formar especialistas en seguridad ciudadana. Hemos
realizado cinco diplomados de capacitación, por los que han pasado cerca
de cien estudiantes.


7 Según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), un factor es:
“elemento, concausa”.
8 “El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como ame-
naza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause
o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños sicológi-
cos, trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS/OPS).


9 La información proveniente de los indicadores propios de este paradigma
(factores de riesgo o hechos) no revelan la realidad profunda (suicidio, género,
sicariato) y la pluralidad histórica de las violencias, pero sí construye estigmas,
por ejemplo, aquel de que América Latina es el continente más violento del
mundo. Si se parte de la definición de violencia usada por la OMS/OPS, uno
debe preguntarse por qué son los homicidios (violencia contra otro) y no los
suicidios (violencia contra uno) los que califican el grado de violencia –por
ejemplo, de un país– si los dos conceptos tienen igual peso en la definición. Más
aún, si en el año 2000 los muertos por guerras fueron el 18,6%, los homicidios
representaron el 31,3% y los suicidios el 49,1% del total de las muertes violen-
tas. Esto es, cerca de la mitad de los fallecimientos violentos provienen de una
mortalidad autoafligida. Si esto es así, ¿por qué, entonces, los homicidios defi-
nen los barrios, las ciudades y los países más violentos y no los suicidios?
10 Por ello, así como hay una violencia de género o juvenil que tiene lugar la
primera en las asimetrías de poder y la segunda, en el conflicto que plante-
an las fronteras generacionales en el ámbito de un grupo etáreo, también
puede existir –como de hecho así ocurre– una violencia urbana.


11 “Han irrumpido nuevas modalidades de violencia que coexisten, se super-
ponen o se retroalimentan […], la violencia tiene múltiples expresiones que
no excluyen, pero sí sobrepasan, la dimensión política” (UNC-COLCIEN-
CIAS, 1988).
12 Es como si la medición de la inflación se hiciera solo mediante la variable
alimentos, porque todos los consumen, porque es el más sensible a los cam-
bios de precios y porque se los puede comparar internacionalmente, entre
otros justificativos.
13 La seguridad ciudadana es un concepto polisémico como es el caso de la
democracia, el desarrollo, la descentralización.


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




con estructura, territorialización, leyes, actores y políticas
que recortan la unidad –el objeto–, de tal manera que, por
un lado, se hace difícil constituir la violencia como totalidad
(integral) y, por otro, que la política pueda unificarse con un
discurso y una acción (coordinación). Existe multiplicidad
de órganos y aparatos, políticas, territorializaciones, que
dejan ver a la realidad de la violencia como si fuera, tal cual
resulta, no estructurada.


La situación es más complicada si se tiene en cuenta que
muchas de las investigaciones y evaluaciones realizadas so-
bre las políticas de seguridad tienen como origen (financia-
miento) y destino (diagnósticos o propuestas) al propio
Estado, lo cual conduce a una alienación de “lo real”. En las
evaluaciones de las políticas o en los datos de los observa-
torios del delito,18 por ejemplo, no aparecen los diagnósti-
cos respecto a cómo el aparato estatal se inserta o se rela-
ciona con la sociedad o de cómo tras los datos existen
portadores sociales específicos. Más aún, esta óptica es ne-
cesaria si el propio Estado reconoce la violencia bajo sus
diferentes formas, convirtiéndose en un punto de referen-
cia obligado.


Las temáticas fundacionales fueron inicialmente las relacio-
nadas con los propios dispositivos institucionales del Estado
(Policía, Justicia y cárcel) y estuvieron principalmente vincula-
das al control social bajo la óptica penal. Posteriormente, y
cuando la seguridad sea demandada por fuera del Estado, la
tónica será más bien de la crítica a sus políticas y aparatos.
Con la reforma del Estado, aparecen los temas vinculados a
la descentralización y la privatización (municipios, guardianía
privada, ciudades), se redefinen los temas clásicos (Policía,
cárceles) y emergen otros nuevos (garantismo, costos, coo-
peración internacional).Adicionalmente, con la transición de
la seguridad pública a la seguridad ciudadana, la temática se
redefine: aparecen, por ejemplo, la tolerancia, la participación
y la democracia (derechos), entre otros más.


b. La coyuntura es otro de los elementos de tematización de
la violencia y proviene de dos instancias interrelacionadas:
las demandas sociales y la emergencia de problemáticas
específicas que se convierten, de una u otra manera, en
temas obligados de actuación estatal. Este factor tiene ele-
mentos que deben ser analizados, sobre todo por las con-
secuencias que trae su visión extrema: presentar la realidad
como si fuera paradigma (empirismo). Existe una tenden-
cia a “absolutizar” lo coyuntural o lo empírico (inductivo),
al extremo que se puede afirmar que los temas se encuen-
tran pegados a la coyuntura y a ciertas variables (homici-
dios), donde la historia y lo teórico-metodológico terminan
siendo banales por cuanto “la realidad” se impone como
tema.


En términos de las demandas sociales, los temas se
estructuran bajo múltiples formas, entre las que se puede
mencionar : las llamadas marchas blancas que se han desa-
rrollado profusamente por todo el continente como me-
canismo de presión para que los gobiernos nacional o local
asuman la problemática; la presencia de grupos temáticos
que se organizan sectorialmente para reivindicar los dere-
chos de las víctimas de violencia contra mujeres, niños, se-
cuestrados, accidentes de tránsito, derechos humanos, en-
tre otros; la existencia de grupos privados formales –como
la guardianía y los seguros privados– e informales tales
como las cachinerías o el comercio ambulante; los medios
de comunicación colectivos, que construyen prioridades
desde la demanda a la manera de agenda pública; y el de-
sarrollo de las encuestas de opinión pública que unifican las
demandas por estratos, entre otras. Este conjunto de ex-
presiones de las demandas permite construir una agenda
pública con temas y actores claramente identifi-cados.


La presencia de ciertas corrientes de pensamiento con-
duce a plantear algunos aspectos de la tematización que
tienen que ver con las relaciones entre la teoría y la prác-
tica, la investigación y la política, la técnica y la fuente, y lo
local y lo nacional. Hay, además, variedad de temas tanto
teóricos (fundados en hipótesis) como prácticos (que bus-
can solucionar situaciones inmediatas), locales (que son
específicos) y de fuentes (que se vinculan directamente).
En otras palabras, los temas están atados metodológica-


Tematizar la seguridad


Si la violencia es plural, multiforme y polisémica,14 las políticas
públicas no deben escapar a esta realidad. La uniformidad de
las estrategias (generalización), el traslado de una situación a
otra (casos exitosos), el enfrentar una como si fuera otra
(pandillas como guerrillas) o combatir la violencia desde con-
cepciones represivas cuando se requieren políticas económi-
cas, llevan a la situación actual: beneficiar intereses de unos
países y de unos grupos sociales por encima de otros y, lo
que es más grave, que la violencia, el control social y el temor
se apoderen de la sociedad.


Por eso, para replantear las estrategias de seguridad ciu-
dadana es necesario producir un conocimiento sobre las
múltiples dimensiones de las violencias, como objeto de co-
nocimiento y de políticas. En esa perspectiva, son dos los ca-
minos complementarios que se deben seguir : por un lado, el
reconocimiento de la pluralidad de las violencias y por otro,
la construcción de una tematización de la realidad.15


En el primer caso, el de la multiplicidad de las violencias,
se trata de asumirlas de manera inductiva reconociéndolas
desde la perspectiva plural y a partir de una tipología, como
podrían ser aquellas que definen las violencias según la rela-
ción con la víctima (primaria-secundaria o colectiva-indivi-
dual); los actores involucrados (juvenil, de género, infantil); el
lugar en que se desarrolla (callejera, barras bravas, intrafami-
liares); o el ámbito al que se refiera (público, privado). Tam-
bién las hay en relación con sus motivaciones políticas, eco-
nómicas o comunes. Sin duda que estas violencias no se


expresan de manera pura, siempre hay un nivel de encuen-
tro entre ellas que hace más complicado conocerlas y afron-
tarlas.


En el segundo caso, se opera de manera deductiva en
tanto toda tematización es un recurso metodológico que
permite recortar la realidad, sea para actuar sobre ella o para
entenderla sistemáticamente, ya que es imposible asirla co-
mo totalidad. Se trata de una abstracción que “separa por
medio de una operación intelectual las cualidades de un ob-
jeto para considerarlas aisladamente o para considerar el
mismo objeto en su pura esencia o noción” (DRAE, 2001).Tal
definición implica construir previamente un objeto –la uni-
dad– que tenga cualidades aislables del todo y que sean pro-
pias de su esencia. En nuestro caso, el objeto es la violencia
–como unidad– que tiene cualidades particulares que deben
ser conocidas, pero que también puede ser fraccionada en
distintos temas que luego permitan la reconstitución de la
misma unidad.


La definición de los temas implica una forma de aproxi-
mación a la realidad desde distintos órdenes, implícitos o
no, y una forma de expresión fenomenológica, porque la
tematización sigue un proceso con orígenes teórico-meto-
dológicos. Mucho más, si partimos del hecho que las violen-
cias y la seguridad no son ciencias y que, por tanto, en su
definición intervienen varias disciplinas, profesiones e instru-
mentos. De allí que las entradas sean múltiples, desde las
matrices teóricas, las demandas sociales, la constitución del
Estado y sus aparatos, la valoración y el peso de la coyun-
tura, y el mercado de financiamiento, entre otros.


Sin embargo, son tres los elementos determinantes en
este proceso de tematización que hoy se busca resaltar : el
Estado, la coyuntura y los paradigmas alrededor de los cuales
los factores restantes se expresan:


a. El Estado es uno de los elementos principales de la tema-
tización de la violencia16 en tanto la seguridad17 –como po-
lítica pública– parte de un marco institucional que cuenta


Introducción


1110


14 No es raro encontrar que grupos de izquierda, de derecha u organismos
oficiales, mientras reniegan de la teoría, tengan una posición apologética de
lo inmediato: la investigación solo sirve en la medida en que guía la acción. La
teoría es vista como algo demasiado abstracto que no tiene que ver con lo
real, es superflua y está destinada a las élites. De esta manera, se pretende
funcionalizar la teoría, al grado extremo que deviene en pragmatismo, empi-
rismo y técnica. No obstante, también se llega a romper la unidad que exis-
te en este conjunto de relaciones, degradando lo teórico.
15 Por eso, en el presente libro se presentan doce estrategias correspon-
dientes cada una de ellas a una combinación de violencias diversas con temas
distintos que, en su conjunto, estructuran la unidad de pensamiento y actua-
ción: la violencia.


16 La violencia “reconocida” como delito se define mediante el Código penal,
que establece la pluralidad de violencias tipificadas legalmente.
17 Se trata de la protección y garantía de la preservación de los derechos


colectivos e individuales de la población, establecidos por el Estado median-
te políticas y normas.
18 En este punto se explica la “manufactura de las cifras”, porque en países
como los nuestros estos datos son sensibles para la percepción nacional e
internacional respecto a la inversión y la legitimidad de las autoridades.


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




Las estrategias de seguridad ciudadana


La seguridad ciudadana debe comprenderse a partir de dos
caminos convergentes: el desarrollo teórico-metodológico y
la reflexión de la aplicación práctica de las acciones. Esto ha
sido un consenso asumido por el Programa de Estudios de la
Ciudad de FLACSO, sede Ecuador, y la Secretaría de
Seguridad y Gobernabilidad del Distrito Metropolitano de
Quito.


El concepto de seguridad ciudadana debe construirse
sobre la base de su gobierno. Se trata –dado que es un pro-
blema estructural– de actuar sobre el conjunto de los ele-
mentos constituyentes y no solo a partir de algunos vistos
aisladamente.También se dirige hacia el fortalecimiento de la
ciudadanía en el sentido de potenciar los derechos individua-
les y colectivos; se trata de una propuesta orientada más
hacia la ciudadanía que a la seguridad.


La noción del Gobierno de la Seguridad Ciudadana hace
referencia a las regulaciones, garantías y actividades que el
Estado –mediante acciones de política púbica– debe cons-
truir para la convivencia interpersonal, que como derecho le
asiste a la ciudadanía y tiene que ver con los actores institu-
cionales (Policía, Justicia, Municipio) y sociales (medios de
comunicación, universidades), con las políticas aplicadas
(sociales, económicas) y con las normas legales diseñadas (le-
yes, ordenanzas) en la perspectiva de contar con una pro-
puesta de largo plazo (política de Estado) nacida y asumida
por el colectivo social y político (consenso social).


En la actualidad de América Latina, el marco institucional
del Gobierno de la Seguridad Ciudadana se encuentra en
transición y en construcción debido a los procesos de refor-
ma del Estado (descentralización y privatización) y a la intro-
ducción del concepto de seguridad ciudadana (convivencia
interpersonal) por encima del de seguridad pública (mante-
nimiento del orden público estatal). De allí que en esta últi-
ma, las instituciones clásicas de la Policía, la Justicia y la cárcel
sean nacionales, mientras en la seguridad ciudadana aparez-
can pluralidad de actores como los municipios, los medios de
comunicación y las defensorías propias de la sociedad civil,
entre otras, que se suman a las anteriores. En unos casos han
aparecido ministerios (El Salvador), secretarías (México), sub-


secretarías (Ecuador) o divisiones (Chile), y en otros, conse-
jos o comisiones de seguridad ciudadana.


La seguridad ciudadana es el objeto del gobierno y debe
ser entendida históricamente; es necesario ubicarse en el
momento actual de las políticas de seguridad porque la que
hoy se plantea como seguridad no es igual que aquella que
nació al calor de la Guerra Fría. La llamada seguridad pública
tenía como objetivo mantener el orden público del Estado y
su política estaba dirigida hacia la eliminación de las amena-
zas que generaban el llamado enemigo interno. El marco ins-
titucional se componía principalmente por la Policía Nacional
y un sistema legal único a nivel nacional (leyes y administra-
ción de Justicia). Hoy, en cambio, entramos al campo de la
seguridad ciudadana donde los objetivos son la convivencia y
la tolerancia en las relaciones interpersonales, siendo el Es-
tado, en este caso, quien garantiza el cumplimiento del respe-
to al derecho y al deber de las personas (ciudadanía). La polí-
tica será asumida por una pluralidad de actores de origen
diverso, donde se presume que nos encontramos en una fase
histórica de transición hacia la constitución de un marco ins-
titucional de Gobierno de la Seguridad Ciudadana.


Así, la seguridad ciudadana se afronta desde una doble
óptica interrelacionada que proviene de la reforma del
Estado vía descentralización y privatización. En el primer caso,
se aprecia una nueva relación local-nacional que conduce, por
ejemplo, al aparecimiento de múltiples policías (nacionales y
locales) y a un mayor protagonismo de los municipios;19 y en
el segundo, se vive un proceso de privatización de la seguri-
dad que lleva a inéditas relaciones público-privadas, que tam-
bién dan lugar a la presencia de nuevos actores (guardianía
privada, superintendencias).20 En suma, con el incremento y
transformación de la violencia se desbordan las instituciones
clásicas de la seguridad pública (Policía y Justicia), y con la re-


mente entre ellos (paradigmas) pero también de manera
distinta con la “realidad”, en tanto se usan determinadas
técnicas, fuentes e hipótesis.


c. Los paradigmas son un factor fundamental en la determina-
ción de los temas, en tanto se presentan como organiza-
dores externos a la problemática, ya que vienen del nivel
de la teoría y del método. No obstante, así como dividen
también es factible, dada su visión de conjunto, la rearticu-
lación dentro de la unidad de análisis.


Sin embargo, los paradigmas también construyen un
ámbito de confrontación en un doble sentido: al interior
del propio paradigma y entre paradigmas, lo cual permite
el desarrollo teórico, las técnicas, las fuentes y los métodos,
encarnados por sus portadores: investigadores, burócratas,
promotores, tecnócratas, entre otros. Esta constatación
demuestra que los paradigmas tienen vida, movimiento y
desarrollo.


Es importante tener en cuenta la existencia de la con-
frontación, no solo por la búsqueda de coherencia teóri-
co-metodológica, sino también porque buena parte de la
bibliografía revisada no hace esta distinción. Evidente-
mente ello lleva al peligro de trabajar con una temática
que conduzca a conclusiones que no sean tributarias de
un mismo paradigma; es decir, que provengan de un recor-
te de la realidad que no sea otra cosa que una ficción de
la misma, que sea ecléctica o que la temática aparezca
como indiscutida y general, aparentando neutralidad ideo-
lógica.


En términos disciplinarios, son dos las entradas principa-
les: por un lado, desde las vertientes de la criminología, y
por otro, desde las corrientes epidemiológicas. En el primer
caso dominan los temas penales surgidos desde el ámbito
del derecho y la institucionalidad; en el segundo, los referi-
dos a los factores de riesgo y las lesiones. Adicionalmente
se observa una apertura interesante desde las ciencias
sociales, donde la sociología, la antropología, la economía y
otras disciplinas introducen temas alrededor de la migra-
ción (pandillas), género (violencia), la marginalidad (desigual-
dad) y el desarrollo (costos), entre otros. De allí que sea
pertinente plantear la discusión del sentido de la integrali-


dad, cuando en realidad lo que se debe buscar es la recons-
titución de la unidad, del objeto de pensamiento y acción.


También hay que tener en cuenta las determinaciones
que impone la cooperación, sea nacional o internacional.
En un mercado en que la oferta de recursos económicos
se impone, existe el riesgo de emplear temáticas prove-
nientes de necesidades exógenas o de determinadas posi-
ciones propias de la circulación de las modas internaciona-
les. En otras palabras, ello puede conducir a dejar de lado
los procesos locales, a perder de vista las temáticas consi-
deradas relevantes, a construir prioridades asimétricas, en-
tre otros aspectos. No obstante, se debe tener en cuenta
que se trata de un mercado heterogéneo que permite y
genera alternativas por fuera de las hegemónicas.


Es importante señalar que si bien se ha avanzado en el
conocimiento, en el sentido de que hay algunos ámbitos
del pasado que persisten, ello no debe llevar al engaño res-
pecto a su necesaria actualización. Estudios sobre la Policía
–que la dinámica de la violencia, la tecnología o la reforma
del Estado han remozado a la luz de nuevas preguntas e
hipótesis que comprobar–, así como los estudios sobre Jus-
ticia y cárcel son, de alguna manera, viejas temáticas reno-
vadas a través de sus nuevos alcances y significados. En la
actualidad se suman otros nuevos (participación, munici-
pios, descentralización, tecnología) y, lo que es más relevan-
te, se estructuran bajo nuevas formas de articulación que
revelan la aproximación a una nueva manera de interpre-
tar el fenómeno.


De allí que hoy las características más destacadas sean,
sin duda, la diferencia del énfasis que se pone por país, la
multiplicidad de los temas y los enfoques para abordarlos.
Si originariamente la violencia fue anatematizada a través
de una entrada como el delito, propia de las corrientes de
la criminalidad, actualmente se asiste a un verdadero esta-
llamiento temático y disciplinar que ha traído consigo una
entrada multivariada de disciplinas y de profesionales, con-
virtiéndose en un campo donde convergen antropólogos,
arquitectos, sociólogos, ingenieros, economistas, abogados,
entre otros.


Introducción


1312


19 La descentralización no solo administrativa sino de las demandas de la
población hacia los municipios, los cuales se convierten en núcleos de refe-
rencia centrales en la construcción de la seguridad ciudadana.
20 De allí que no sea nada raro que ingresemos a una nueva forma de segu-
ridad, la seguridad privada, que tendría esta condición debido a su forma de
producción (empresarial privada) y al peso que se le asigna al mercado para
distribuir los recursos y para el acceso al servicio (oferta y demanda), no
como derecho y sí como mercancía.


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




El proceso de producción


Un paso necesario para fortalecer la seguridad ciudadana se
encuentra en la necesidad de juntar actores relacionados con
los distintos temas de la seguridad ciudadana para que se
investigue, discuta y busque soluciones consensuadas a los
problemas de inseguridad. Para llevar adelante esta propues-
ta, la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad y el Progra-
ma de Estudios de la Ciudad de la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Ecuador, montaron un
proceso general para el intercambio de conocimientos y el
enriquecimiento del diseño de políticas públicas en seguridad
ciudadana acerca de varios temas.


Cabe resaltar que esta iniciativa se desenvuelve como es-
pacio abierto de interacción entre las autoridades de la segu-
ridad pública y la ciudadanía.Además de contar con la presen-
cia de personas y entidades miembros de la Red de Seguridad
Ciudadana, tanto el Municipio como el Programa de Estudios
de la Ciudad convocan mensualmente a estudiantes universi-
tarios, académicos de distintas instituciones y al público en
general. Esta iniciativa acerca y fomenta la comunicación entre
la academia, el Gobierno y la ciudadanía; adicionalmente, sirve
de instrumento de aprendizaje sobre los diversos temas que
componen a la seguridad ciudadana.


La producción de las doce estrategias que se presentan
en este primer ejemplar es una respuesta en positivo a la
búsqueda de alternativas a las políticas, donde se tiene como
punto de partida lo siguiente: la violencia no es un evento, en
su perpetración están presentes múltiples actores e intere-
ses, su aproximación se concreta a través de temas y la segu-
ridad ciudadana se gobierna desde un principio de unidad.
Asimismo, para llegar a la redacción de las mismas se ha se-
guido un proceso que tiene los siguientes cinco componen-
tes: a) determinación de los temas; b) investigación de cada
tema; c) realización de los Foros de seguridad ciudadana; d)
publicación del Boletín Ciudad Segura; e) publicación de libros
de diagnósticos; y f) publicación de libros de Estrategias de
seguridad ciudadana.


Determinación de los temas


De manera conjunta entre los directivos de Secretaría de Se-
guridad y Gobernabilidad del Municipio de Quito y el Pro-
grama de Estudios de la Ciudad se realizaron reuniones men-
suales de programación y evaluación de las actividades. En
este contexto, se establecieron los temas principales en aten-
ción a la importancia coyuntural de las violencias, a los inte-
reses de política municipal por priorizar aspectos y a los
requerimientos académicos por conocer la problemática.
Adicionalmente se programaban los asistentes y los partici-
pantes en cada una de las funciones previstas (investigadoras
e investigadores así como conferencistas).


Investigación temática


Una vez seleccionado el ámbito de análisis, se identifica el
perfil académico del investigador o investigadora y se estable-
cen los términos de referencia respecto al estudio a realizar-
se. En el planteamiento del tema central se privilegia la
importancia de la información utilizada y la interpretación
analítica desarrollada. Este estudio es la base del proceso pa-
ra encontrar consensos, primero, respecto al diagnóstico del
tema y, segundo, relacionados con las estrategias que deberí-
an seguirse. Muchas de las investigaciones realizadas han sido
pioneras nacional e internacionalmente.


Foros de seguridad ciudadana


Los Foros de seguridad ciudadana son parte de un proceso
que se realiza mensualmente con la finalidad de debatir con
los actores directos e indirectos una temática en particular.
En primer lugar, se inicia con la exposición del campo inves-
tigado, que es realizado por alguien especialista en la materia,
quien señala los resultados más importantes. En segundo
lugar, se presentan dos comentarios realizados por actores
directamente vinculados al tema, que tienen opiniones diver-
gentes entre ellos y provienen de profesiones diversas. En
tercer lugar, se desarrolla una videoconferencia con un técni-


forma del Estado (descentralización y privatización) tenemos
nuevos actores portadores de las políticas de seguridad, que
permiten un paso de la seguridad del Estado a la seguridad
de las personas, en la que el Estado tiene un nuevo rol: ser
garante del goce del derecho y del deber de las personas
frente a la vida y su patrimonio; es decir de la ciudadanía,
como forma de participación en el goce de sus bienes y de
la calidad de vida: la seguridad ciudadana.


De aquí se desprende una segunda vía de reflexión, en
este caso vinculada a las políticas: el determinismo etiológi-
co (causalidad ex ante) y teleológico (causalidad ex post),
propios del binomio delito-pena, tienen que ser tratados de
una manera distinta e integrada en el marco de la concep-
ción del Gobierno de la Seguridad; lo que implica no poner-
se en un ilusorio contexto ex ante (que no existe) ni tam-
poco ex post (de la pena), sino en la interacción social
donde se lo construye con participación social y coordina-
ción interinstitucional (coalición). En esta perspectiva, los dis-
positivos institucionales (actores, prácticas y discursos) se
convierten en elementos centrales para que el gobierno del
delito tenga concreción.


Las políticas de Gobierno de la Seguridad Ciudadana tie-
nen dos versiones explícitas en América Latina: la represiva
–dominante en la actualidad–, que pone énfasis en las causas
de la pena (lo teleológico), y la preventiva, que se sustenta en
la necesidad de actuar sobre las causas del delito (la etiolo-
gía), que hoy tiene gran acogida discursiva-legitimadora, al
extremo que, en muchos casos, la primera es recubierta por
la segunda para lograr legitimidad social (guerra preventiva,
Policía preventiva). La primera se aplica con el discurso legi-
timador de la segunda (guerra preventiva, Policía preventiva).


Las políticas dominantes que están vinculadas a la repre-
sión y a la prevención del delito tienen en común dos situa-
ciones clave: primero, se entiende a la violencia a partir de
eventos aislados, fragmentados y personales tipificados por
las leyes (Código penal); es decir, por la existencia de un he-
cho, de una víctima y de un victimario. Segundo, en los dos
está presente la causalidad con la sola diferencia de la tem-
poralidad en que aparece, pues se diferencia por el tiempo
en que se ejecuta: mientras la represión se la entiende como
ex post al acto delictivo, la prevención es definida como una


acción ex ante del mismo. La prevención se define por la fun-
ción y el peso asignados a la causalidad, es decir, por lo etio-
lógico que se explica por las causas o determinaciones de las
enfermedades21 (violencia), y la represión se entiende por lo
teleológico, donde la comprensión de las causas (tipos de vio-
lencias) finales del delito son las que conducen inevitable-
mente a una pena, como ejemplo disuasivo (vigilar) y discipli-
nador (castigar) (Foucault, 2005). En la teleología, el delito
aparece como causa de la pena y en la etiología como la bús-
queda de las causas del crimen que llevan, la una a la pena, y
la otra a lo extra penal, es decir, a la represión y a la preven-
ción del delito, respectivamente.


Este discurso de la prevención del delito, que empieza a
desarrollarse de manera profusa y explícita, nace en la déca-
da de los años ochenta. En suma, la propuesta parte de la
consideración de dos principios centrales que conducen a la
propuesta: la prevención y la coordinación, que no son otra
cosa más que el trabajar con la unidad (objeto) como totali-
dad.


Una propuesta como la señalada busca descartar aque-
llas posiciones de mano dura, de combate a la violencia o de
guerra a la delincuencia que solo atacan las manifestaciones
últimas de la violencia (reducción de tasas), entre otras razo-
nes, porque son acciones de política tipo shock, que pueden
tener resultados positivos en el corto plazo mediante la re-
ducción de los índices de violencia más visibles, pero que a
mediano plazo no resuelven el tema global de la violencia.22


Enfrentar la violencia con más violencia no resuelve el proble-
ma, por el contrario, más temprano que tarde la incrementa:
genera una sociedad excluyente (antisociales), introduce fac-
tores estigmatizadores (polariza), modifica el presupuesto
(más en seguridad que en lo social), reproduce los factores de
riesgo y, por lo tanto, tiende a incrementarla (“muerto el
perro muerta la rabia”).


Introducción


1514


21 El delito desde esta perspectiva está vinculado a lo biológico y, por tanto,
como parte de la salud pública de una sociedad. Este es el origen medular
de la corriente denominada “epidemiología de la violencia”.
22 En esta visión también se critican las propuestas de modernización penal
bajo las modalidades de “mano dura”,“populismo penal” o de “imputabilidad
penal”, entre otras, tan en boga en actualidad.


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




Camacho, Álvaro (1990). Colombia, ciudad y violencia. Bogotá:
Foro Nacional.


Carrión, Fernando (2009). La seguridad en su laberinto. Quito:
FLACSO / IMQ.


Diccionario la Real Academia Española (DRAE) (2001).
http://buscon.rae.es/draeI/
[consulta: febrero de 2009].


Foucault, Michel (2005). Vigilar y castigar. México: Siglo XXI.
Organización Mundial para la Salud (OMS) (2002). Informe


mundial sobre la violencia y la salud. Publicación científica y
técnica 588. Ginebra: OMS.


Pontón, Daniel; Pontón, Jenny y Alfredo Santillán (comps.)
(2007). Boletín Ciudad Segura. Debates sobre seguridad ciuda-
dana. Quito: Programa de Estudios de la Ciudad, FLACSO,
sede Ecuador.


Pontón, Jenny y Alfredo Santillán (comps.) (2008). Seguridad
ciudadana: escenarios y efectos. Quito: Programa de Estu-
dios de la Ciudad, FLACSO, sede Ecuador.


Sozzo, Máximo (coord.) (2006). Reconstruyendo las criminolo-
gías críticas. Buenos Aires: Ad-Hoc.


Sozzo, Máximo (2008). Inseguridad, prevención y Policía. Quito:
FLACSO / IMQ.


UNC-COLCIENCIAS (1988). Colombia: violencia y democra-
cia. Bogotá: Ed. UNC.


co internacional, lo que permite comparar la realidad local
con la de otra ciudad, país o problemática.23 En cuarto lugar,
se produce un debate abierto con los participantes, con la fi-
nalidad de recoger observaciones de los actores y llegar a
ciertos acuerdos mínimos respecto al diagnóstico. Finalmente
se entrega una ficha a los asistentes para que la llenen con
sugerencias respecto a las medidas de política principales que
deberían tomarse (estrategias), las cuales se sistematizan y se
discuten colectivamente. Estos foros mensuales tienen un
público compuesto por autoridades y representantes de más
de cien entidades públicas nacionales y locales, organismos
privados, instituciones académicas, organizaciones no guber-
namentales y dirigentes sociales (barriales, laborales), vincula-
dos a la Red de Seguridad Ciudadana en el Distrito Metro-
politano de Quito.


Boletín Ciudad Segura


Después de cada Foro se prosigue con la publicación mensual
del Boletín Ciudad Segura, que busca ampliar la difusión de to-
do el proceso.Tiene un tiraje de mil ejemplares que son dis-
tribuidos a los medios de comunicación, a los asistentes de
los Foros, a los tomadores de decisiones, a las instituciones
participantes y al público en general. Además, se difunde de
manera virtual a través de la página web de FLACSO, sede
Ecuador (http://www.flacso.org.ec/html/boletinciudadsegura.
html), de varios enlaces que existen por convenio con otras
entidades y también por listas construidas para el efecto. Se
estima que son no menos de cien mil los destinatarios del
Boletín, el cual consta de doce páginas y cuenta con una es-
tructura compuesta por los siguientes segmentos: editorial,
investigación central, dos entrevistas a expertos del tema, re-
señas sobre experiencias internacionales, el análisis del rol de
los medios de comunicación, sugerencias de políticas públi-
cas, un cuadro comparativo internacional, recomendaciones
bibliográficas y vínculos con otras fuentes de información.


Libros Ciudad Segura


De la suma de los boletines anuales se hace una compilación
de los mismos para publicarlos bajo el formato de libro. La
ventaja de esta producción es la posibilidad de contar con
doce temas y, por lo tanto, de verlos en su conjunto. Hay
muchas explicaciones comunes, así como también políticas.


Libros de estrategias


Así como se tiene una publicación donde se compilan los
diagnósticos temáticos, estos libros buscan hacer propuestas
en cada una de ellas. Para ello, se utilizó el material de los
foros, la información de los Boletines y se realizó una investi-
gación adicional para darle forma a cada libro.


Contenido del libro


Se presentan temáticamente cada una de las doce estrategias,
bajo una estructura que tiene cuatro componentes: un diag-
nóstico que reseña la problemática; los objetivos que se per-
siguen; las diez líneas de acción; las experiencias relevantes en
otras latitudes; y finalmente las referencias bibliográficas.


Los doce temas fueron clasificados en las siguientes cua-
tro categorías:


I. Temas institucionales: Policía, cárceles, sistema Judicial y
políticas locales (municipales).


II. Actores: pandillas y violencia de género.


III. Temas de desarrollo: presupuesto, guardianías privadas y
cooperación internacional.


IV. Políticas: control de armas, seguridad ciudadana y políticas
nacionales, y seguridad ciudadana en la frontera.


Introducción


1716


23 Las videoconferencias son grabadas para ser posteriormente utilizadas
como material didáctico de distribución gratuita, las cuales luego se colocan
la página web de la revista Urvio (www.revistaurvio.org), en una versión edi-
tada con la finalidad de ampliar su divulgación.


Bibliografía


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




Institucionalidad




1. Policía




Hacia finales del siglo XX, se redefinió la agenda de se-guridad del Ecuador: en el ámbito interno, los mu-nicipios ingresaron al área de control social mientras
que, en el ámbito externo, se reorientaron los objetivos na-
cionales de seguridad hacia una defensa macro, en consonan-
cia con las políticas a propósito del conflicto en Colombia. La
seguridad se apoyó, entonces, en dos unidades de acción: la
nacional y la local.


Como parte de las reformas que se han realizado en la
seguridad pública (sobre todo en lo que se refiere a delito
común, interpretable desde un enfoque local) creció el pre-
supuesto asignado, la dotación de efectivos, la cantidad de
procesos judiciales y la severidad de las penas. Dichas modi-
ficaciones tienen sustento en un modelo policial represivo y
de corte militar que no presenta claras distinciones entre las
funciones de Defensa, a cargo de las Fuerzas Armadas, y las
de Seguridad, a cargo de la Policía Nacional. Esta última inclu-
so lleva a cabo un rol de defensa frente a un enemigo inter-
no representado en la creciente criminalidad y la violencia
(Carrión, 2007), y mantiene una organización institucional
centralizada en grandes cuarteles que no le permiten gene-
rar estrategias de prevención ni atender las demandas de los
distintos sectores de la población. Por otro lado, el presu-
puesto que la Policía Nacional recibe del Estado se ha tripli-
cado en los últimos seis años, aunque el porcentaje se ha
mantenido relativamente estable en relación al total del pre-
supuesto nacional. En cuanto a recursos humanos, la Policía
incrementó sus efectivos de un 8,1% en 2000, a un 12,1% en
el año 2006. Gran parte de los recursos son utilizados en
gastos corrientes y son pocos (el 12%) los que se convierten
en inversión. Preocupa que, pese a estas modificaciones y pe-
se a la existencia de recursos, la Policía no haya podido res-
ponder efectivamente al crecimiento de la violencia y la de-
lincuencia.


Vale mencionar también que otra parte fundamental de
este déficit se da por la inexistencia de un sistema ordenado
de consolidación de información relacionada con la seguri-
dad. Así, la desarticulación, sobre o subrepresentación de
determinados fenómenos en los mecanismos tradicionales (e
ineficientes) de medición derivó en un desarrollo disparejo
de las respuestas oficiales.


1. Policía


2322


Diagnóstico


Quito y Guayaquil –las dos ciudades con mayores recur-
sos locales para una producción independiente de informa-
ción respecto a la seguridad– son las que más avances y de-
sarrollos han alcanzado en seguridad ciudadana (Hanashiro y
Pontón, 2006). Sin embargo, incluso en estos casos, el mode-
lo cerrado y centralizado del cuerpo policial ha impedido lle-
var a cabo un seguimiento cabal de la información policial
relacionada con la seguridad.


De esta manera, la decisión política desarrolla particula-
res instrumentos y cuerpos de respuesta oficial, basados en
las mediciones independientes a cargo de cada gobierno
local y sin la delimitación legal de las competencias específi-
cas de los actores oficiales en el tema.


La Declaración de Emergencia de la Policía Nacional, en
octubre de 2007, llevó a la cima los progresivos incrementos
del presupuesto policial en el Ecuador, convirtiendo a la Po-
licía Nacional en el principal receptor de los fondos asigna-
dos al rubro presupuestario de “asuntos internos” (78% del
total), consolidando una tendencia ascendente iniciada con
bastante anterioridad a la actual gestión gubernamental.


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




1. Cambio doctrinario de la institución policial


Antes de iniciar el proceso de reconceptualización de la Po-
licía, se requiere redefinir claramente la orientación macro de
las acciones que se espera que los efectivos policiales ejecu-
ten en la práctica. Por esto, es importante que se establezca
cuál es la posición institucional frente al abanico de “mode-
los” propuestos desde diversos frentes hacia la seguridad ciu-
dadana.


Por lo tanto, establecer exitosamente políticas de refor-
ma policial requiere un paso previo a la inmediata reformu-
lación de sus principios, funciones y limitaciones (Kelling,
1992). Implica distanciarse de las imágenes correspondientes
a una Policía que “lucha contra el crimen” y que constituye
una suerte de “primera línea del sistema de justicia criminal”,
pues restringen el rol de la Policía a la problemática del arres-
to1 y presentan, de manera inadecuada, tanto las relaciones al
interior de ésta como los vínculos con el resto de la socie-
dad (incluyendo el aparato estatal). Esto requiere, en parte,
redefinir las políticas que se sustentan institucionalmente en
la labor policial.


Para distanciarse efectivamente de tales conceptos e imá-
genes es necesario contar con una adecuada especialización
de funciones al interior de la institución. Esta profesionaliza-
ción debe referirse no solo a las especificidades operativas
de las distintas acciones policiales (como “policía de investi-
gación”, “policía antinarcóticos”, “policía antimotines”, entre
otras), sino que debe incorporar una gestión reflexiva de la


Objetivo general


Aportar a una reforma policial orientada a la seguridad ciu-
dadana, a la promoción de la democracia y al fortalecimien-
to de los derechos humanos en el Ecuador.


Objetivos específicos


• Fomentar acciones policiales más eficientes, eficaces, sus-
tentables y que estén orientadas a la prevención y al res-
peto de los derechos humanos.


• Promover una institución policial con organización mo-
derna y que esté más próxima a la sociedad civil.


1. Policía


2524


Objetivos Líneas de acción


1 La utilización de imágenes y metáforas de guerra (“guerra contra el cri-
men”, “guerra contra el narcotráfico”, entre otras) sobredimensionan el
carácter pasivo de la población y reducen al crimen comportamientos anó-
malos de actores poco racionales (incluso directamente negativos para la
sociedad), lo cual refuerza el carácter heroico que debe tener la Policía para
combatir al enemigo y ejecutar su labor. Estas concepciones de lo que debe
ser la Policía Nacional justifican el abandono casi inmediato de las labores
que no impliquen un énfasis en el arresto, lo que progresivamente se plas-
ma en el escaso incentivo hacia comportamientos alternativos. Poco a poco,
la perspectiva sustentada en una labor policial centrada en el arresto se
convierte en uno de los principios centrales y necesarios para “hacer carre-
ra” dentro de la institución, comprometiendo la cantidad, calidad y frecuen-
cia de los incentivos simbólicos dados a los efectivos policiales (incluyendo
las recomendaciones de ascenso y asignación).


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




y aceptación para ser policía. En este sentido, los nuevos poli-
cías se sitúan en lo más bajo de esa jerarquía de reconoci-
miento. Su corta antigüedad los coloca en una posición sim-
bólicamente subordinada, que los presenta como receptores
en lugar de portadores efectivos de conocimiento policial.


Es fundamental prever que el conocimiento de los policí-
as recientes (producto de la reforma de los sistemas de for-
mación) puede ser encapsulado negativamente en función del
poco reconocimiento al interior de la institución: debe evitar-
se que el conocimiento (tanto teórico como práctico) de los
nuevos policías sea estigmatizado negativamente como “teó-
rico”, “poco práctico”, “de laboratorio” y hasta “riesgoso”.


Otra forma de minimizar la subordinación jerárquica de
efectivos antiguos y principiantes, y de fomentar la incorpo-
ración de nuevos conocimientos adquiridos (a través de la
reforma) en la acción cotidiana de los cuerpos policiales es
implementar distribuciones mixtas de efectivos en la valida-
ción práctica e informal del “ser policía” y compensar, a tra-
vés de mecanismos extraordinarios, la subvaloración inicial
que podría sufrir tal cambio doctrinario en las relaciones
intrainstitucionales de los efectivos.


6. Monitoreo de las operaciones policiales


Las políticas de reforma policial deben establecer –o por lo
menos dejar las bases para que se establezcan– sistemas de
medición que se adecuen a las problemáticas cambiantes. En
un contexto en el que se redefine la función de la Policía y
se la desvincula de la seguridad pública en favor de la seguri-
dad ciudadana, la cantidad de arrestos, los recursos asignados
para vigilancia y demás indicadores tradicionales pierden
vigencia.


Es importante también crear un nuevo conjunto de indi-
cadores e índices (Drake y Simper, 2005: 465-483), no res-
tringidos a la labor policial, que permitan hacer un seguimien-
to adecuado de la efectividad con que el vínculo entre Policía
y sociedad repercute positivamente en la seguridad ciudada-
na. Es decir, se trata de abandonar un paradigma estadística-
mente determinista para acoger un sistema de medición rela-
cional, en el que la acción policial resulte explicativa solo en


la medida en que interactúa con los esfuerzos de otros mu-
chos actores (en particular, de los municipios).


El establecimiento de este nuevo sistema de medición
debe incluir un refinamiento en los mecanismos de rendición
de cuentas dirigidos a la labor policial (y la de otros actores
del proceso), no para enfrentar la población a la Policía (An-
derson, 1999), sino para retroalimentar la capacidad reflexiva
en la que debe basarse el ejercicio policial en un contexto
democrático. Este es un requisito indispensable para lograr
una progresiva independencia en la producción de conoci-
miento sobre seguridad ciudadana en la región (Macaulay,
2007: 627-652).


7. Creación de espacios de análisis
estratégico de la acción policial


La creación de un observatorio al interior de la institución
policial puede resultar un mecanismo importante para forta-
lecer la capacidad de reflexión estratégica de su accionar
profesional, lo cual, a su vez, brinda la posibilidad de cuestio-


institución, lo cual implica disponer de la capacidad de cues-
tionar y readecuar los marcos conceptuales en los que se ba-
sa la acción policial, a las tendencias y cambios observables
en la realidad. La institución policial debe ser asumida como
ente promotor de seguridad ciudadana más que vigilante de
la seguridad pública del Estado.


2. Delimitar explícitamente las funciones del cuerpo policial


Las políticas de reforma y modernización de la institución po-
licial deben permitir su subordinación al poder civil, la restitu-
ción de su poder público y el establecimiento de formas con-
cretas del manejo efectivo de su labor. Frente a la creciente
presencia de la seguridad privada, la Policía debe formular los
ámbitos de acción de la seguridad pública que le competen.
Sus funciones y acciones estarán circunscritas al respeto a la
ley y a los derechos humanos de la ciudadanía. La labor poli-
cial requiere, tanto o más que otras instituciones, contar con
reglas claras que delimiten las funciones y responsabilidades
concretas que deben asumir, así como los mecanismos de
selección de policías.


3. Desmilitarizar y democratizar la Policía Nacional


Tradicionalmente la Policía Nacional ha actuado con procedi-
mientos normativos militares propios de las Fuerzas Armadas
o Fuerzas Militares que garantizan la soberanía nacional e in-
tegridad territorial, desconociendo la especificidad de la Poli-
cía Nacional que responde por el control del orden interno
del país.


La Policía Nacional es una institución civil que provee los
servicios de seguridad y resolución de conflictos a la ciuda-
danía; por lo tanto, debe desvincularse de la institución mili-
tar y acercarse a la sociedad civil.


Por su cercanía y familiaridad con la comunidad, evitará
cualquier práctica abusiva arbitraria y/o discriminatoria en el
ejercicio de su actuación profesional. Mantendrá en todo mo-
mento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con
la población, a la que auxiliarán y protegerán siempre que las


circunstancias requieran; para ello, informará acerca de las
causas y finalidades de su intervención.


En este sentido, la desmilitarización del cuerpo policial no
puede entenderse como la mera expresión de afirmar que la
Policía Nacional es una organización de naturaleza civil, sino
que representa un proceso profundo que implica la interio-
rización de valores que deberán reflejarse en diferencias
metodológicas y culturales al interior de la institución policial.


4. Adscripción al modelo de seguridad ciudadana


La retórica de las políticas de “tolerancia cero” considera que
el poder coercitivo es la mejor manera de prevenir la ocu-
rrencia del crimen. Las reformas policiales en Latinoamérica
deben tomar distancia respecto a modelos, principal o exclu-
sivamente represivos, como el de la tolerancia cero, pues son
fuertemente cuestionables tanto en las premisas sobre las
que se apoyan como en las soluciones que proponen.


Es necesario que las reformas policiales se alejen de este
tipo de modelos no solo por su eventual desperdicio de re-
cursos sino también por los usuales atropellamientos a los
derechos humanos, la incomodidad que generan en la ciuda-
danía y la estigmatización/discriminación de ciertas poblacio-
nes, generalmente de bajos ingresos.


Las reformas policiales deben apoyar la construcción de
un modelo de seguridad ciudadana entendido como una for-
ma de convivencia pacífica, donde se ejerza el libre ejercicio
de los derechos individuales y colectivos, y donde las institu-
ciones respondan eficientemente a las necesidades de cada
población (Pontón, 2008).


5. Reconocimiento de la profesión policial


Es necesario que toda reforma policial reconozca la situación
que complementa informalmente el proceso formativo que
legalmente se establece.Así, la vida policial se rige también por
las relaciones de subordinación entre los diversos efectivos.
No es simplemente un asunto de jerarquía formal sino de la
manera en que se construyen los medios de reconocimiento


1. Policía


2726


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




tructura y casuística. El cambio deseable de la cultura policial
implica un ejercicio de creación y transmisión práctica de
conductas, por lo que es necesario dar una respuesta integral
al conjunto de relaciones que determinan qué tipo de policí-
as se obtiene luego del entrenamiento. El cambio en la cultu-
ra policial desde la formación implica no solo la selección
adecuada de los aspirantes, sino también de los instructores
y de los escenarios que se deben afrontar.


9. Creación de centros de investigación en criminalística


Es importante que en el presupuesto de la Policía Nacional
se establezcan estrategias de asignación de recursos y se ha-
gan inversiones en áreas estratégicas de la institución. El tra-
bajo de la Fuerza Pública trasciende la función de aprehen-
der a personas sospechosas y/o involucradas en situaciones
de criminalidad y violencia, su campo de acción debe forta-
lecerse a través de la creación y funcionamiento de Centros
de Investigación en Criminalística; los reportes ahí levantados,
de manera técnico-científica por los peritos policiales, se
constituirán en fuentes de información determinante tanto
para la unidad de inteligencia policial como para uso de los
fiscales competentes.


La institución policial debe destinar recursos para formar
investigadores, equipar laboratorios con sus requerimientos
tecnológicos, comprar permanentemente insumos químicos
necesarios, cubrir los gastos a incurrirse en la ejecución de
trabajos de investigación. El trabajo de criminalística incluye
análisis de ADN, trabajo de la escena del crimen, análisis so-
bre balística forense, entre otros.


La inversión en tecnología y capacitación es una medida
prioritaria para la seguridad ciudadana. Los centros de inves-
tigación criminalista y forense permitirán la tecnificación del
área científica de la institución policial, su funcionamiento pro-
porcionará información útil que, de ser usada eficientemente,
aportará a la celeridad del sistema de justicia en cuanto a la
resolución de casos.


10. Fortalecimiento de la Policía comunitaria


La Policía comunitaria realiza sus labores con orientación so-
cial, apoya un concepto amplio de necesidades de resguardo.
Sus tareas van más allá de la función de orden y seguridad;
brindan protección frente a acciones de violencia y delitos, y
permiten una vida en paz tanto en la privacidad del hogar
como en el ámbito público. Este es un enfoque desde el cual
debería operar la institución policial, pues “no está orientado
al trabajo con la comunidad” sino “en la comunidad”. Es decir
que, a la vez que garantiza la seguridad, asiste a la comunidad:
promueve una buena convivencia social, genera mayor con-
fianza y aporta soluciones a problemas derivados de violen-
cias, delitos y temor (Oviedo, 2007: 74).


Los principios de Policía comunitaria (Oviedo, 2007: 72)
son:


- Fortalecer la relación/integración entre Policía Nacional y
comunidad mediante la identificación de prácticas institucio-
nales y potenciación de capacidades policiales que permitan
abordar, en colaboración, la solución a los problemas locales
de seguridad.


- Implementar un observatorio de buenas prácticas al interior
de la institución. Será un centro de generación de conoci-
mientos con base en las necesidades del nuevo rol institucio-
nal. El observatorio promoverá el aprendizaje y capacitación
al interior de la organización, y con ello, fortalecerá los pro-
cesos de cambio y mejoramiento de la institución.


Los principios de Policía comunitaria contemplan legalidad,
vocación comunitaria, adaptabilidad social, participación co-
munitaria, respeto a los derechos humanos, ser apolíticos y,
en especial, próximos a la ciudadanía. Es muy importante for-
talecer la proximidad entre las expectativas de la comunidad
y la operación de la Policía, al crear oficinas de comunicación
que mantengan la relación con la ciudadanía y al coordinar
reuniones entre las comunidades, autoridades locales y Po-
licía para, de esta manera, estrechar los lazos de comunica-
ción y convivencia ciudadana.


nar la terminología internacional y sus efectos sobre la insti-
tución nacional (la metáfora del “sistema de justicia criminal”
llevó a la creación de nuevas agencias policiales sin tener, ne-
cesariamente, justificación funcional), y cuestionar la conser-
vación de un marco conceptual inadecuado y deslindado de
las situaciones actuales ecuatorianas.


La creación de dichas esferas de pensamiento al interior
de la institución podrán favorecer un análisis y reformulación
de los problemas que se definen a priori tanto entre la pobla-
ción cuanto entre los efectivos policiales, sin la sustentación
adecuada (la percepción del riesgo es un ejemplo claro de
esta inadecuada identificación de problemas), con lo cual se
recompondrá el abanico de asuntos y temas vinculados a la
labor policial –especialmente en una época en la que los ac-
tos delictivos mutan constantemente– y así se logrará una
precisión mucho más consciente y adecuada de los métodos
y acciones relacionados con su tratamiento.


Con un centro de análisis estratégico, la institución policial
contaría con una mayor capacidad de resolución de proble-
mas, de identificación de las falencias de la Policía respecto a
la garantía del bienestar de la ciudadanía y de incorporación
de métodos alternativos al arresto y la represión en su labor,
que involucren el respeto a la ley y a los derechos humanos.
A través de estos órganos de pensamiento interno, se inicia-
rá también una definición clara de las funciones policiales, de
los métodos efectivos de control y prevención del crimen y
la violencia, y de formas de inclusión permanente de los dere-
chos humanos en su accionar.


De igual forma, el centro de análisis estratégico servirá de
generador de conocimiento en torno al desempeño policial
y su impacto en la seguridad ciudadana, de manera que, tanto
la sociedad civil como otras instituciones relacionadas con
esta competencia, tengan acceso a información confiable y
actualizada.


8. Profesionalización y capacitación policial


Además de la creación de mecanismos que aseguren una
gestión reflexiva de la labor policial, es necesario contar con
efectivos que puedan poner en práctica los resultados de ese


esfuerzo. En este sentido, la profesionalización y capacitación
de los cuerpos policiales es un componente básico en la
reforma policial.


La formación de los cuerpos policiales debe basarse en la
reconceptualización de su función y en la especialización en
tipos de delitos. El principal efecto del entrenamiento policial
no es el aprendizaje de un código de procedimientos, un ma-
nual de funciones o una definición institucional de objetivos,
sino la formación e incorporación de elementos prácticos de
comportamiento (Chan, 1996: 109-154).Actualmente el com-
portamiento del policía en acción es mucho más intuitivo que
basado en reglas de manual, por lo que una buena parte del
éxito en las reformas policiales se sustenta en la modificación
del entrenamiento de los futuros policías. Es indispensable no
solo cambiar explícitamente las funciones, métodos y límites
asignados a la acción policial, sino modificar los conceptos y
razonamientos que los efectivos interiorizan en la práctica; es
decir, modificar la base intuitiva a la que recurrirán en su com-
portamiento policial práctico.


Esto requiere que las políticas diseñadas al respecto inclu-
yan una adecuada mezcla de instructores, aspirantes, infraes-


1. Policía


2928


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




a la posibilidad de contar con un cuerpo policial regional. Para
la consecución de estos cambios, la decisión política y el refi-
namiento teórico con el que se adoptó el proceso de refor-
ma fueron fundamentales para obtener resultados positivos
(Lahosa, 2007).


2
Creación de la Policía Nacional Civil de


El Salvador / localidad: El Salvador


El 16 de enero de 1992, se firmó el acuerdo de paz en-tre el Gobierno salvadoreño y el Frente FarabundoMartí para la Liberación Nacional (FMLN). El acuerdo
incluyó la creación de una Policía Nacional Civil de El Salva-
dor, que fue pensada como un nuevo cuerpo y modelo.


La reforma se coordinó desde el Ministerio de Seguridad
Pública y tuvo como antecedente la existencia de tres cuer-
pos de seguridad: la Guardia Nacional, la Policía Nacional y la
Policía de Hacienda, herederas de una tradición militar.Así, se
separó la función policial de la militar en un contexto de pos-
guerra. Es decir, se modificó el núcleo de los actores compro-
metidos en el tema de seguridad en función de un cambio
empírico para el cual las doctrinas previas eran contraprodu-
centes.


Sin embargo, por el carácter nacional de la reforma, el pa-
pel de la burocracia estatal y la voluntad política fueron defi-
nidores en el limitado progreso de la reforma policial que, en
principio, prometía innovaciones en el manejo de la seguri-
dad. Por un lado, el Ministerio de Seguridad Pública mostró
poca voluntad política para llevar a cabo una efectiva refor-
ma; por otro, desde la burocracia nacional se mantuvo un
clima de desconfianza frente al nuevo cuerpo policial.Ambos
factores se plasmaron en un manejo arbitrario del aparato
policial y su jerarquía interna, privilegiándose la comunidad


política con las autoridades por sobre las necesidades técni-
cas de la institución. Pese a la reconceptualización de la fun-
ción policial y la creación administrativa de un nuevo ente
encargado de la seguridad, la pervivencia de antiguas autori-
dades minimizó el cambio, pues el perfil político resultaba in-
compatible y los decidores políticos reinscribían a la nueva
Policía en las viejas funciones y métodos que ellos visualiza-
ban como aceptables. Progresivamente, pese a reformas, pur-
gas y redistribución de funciones, la presencia de autoridades
satisfechas con el perfil policial tradicional se expresó en la
adopción de políticas compatibles con las viejas prácticas
represivas, cristalizadas en el Plan Súper Mano Dura, que fue
una propuesta de campaña del candidato presidencial Elías
Antonio Saca.


La experiencia salvadoreña evidencia la necesidad de
contar con una respuesta integral y sostenida frente a la pro-
blemática de la seguridad. Incluso la refundación del cuerpo
policial, al no estar acompañada de esfuerzos concretos por
cambiar la cultura policial previa (militarizada), tuvo serios
cuestionamientos por parte de grupos defensores de los de-
rechos humanos. Dada la incidencia de la voluntad política
para generar cambios, es necesario pensar en mecanismos
de presión que, desde la población, puedan desencadenar los
apoyos políticos indispensables para el éxito de elementos
de reforma como los vistos en El Salvador (Amaya, 2007).


3
Relaciones de confianza entre Policía y


sociedad / localidad: Colombia


La experiencia colombiana se encuentra marcada por el“cóctel explosivo de la combinación de conflicto políti-co-militar con narcotráfico” (Carrión, 2007). El impera-
tivo de respuestas creativas a la realidad policial se desarrolla


1
Fundación del Cuerpo de Mossos d’Esquadra


/ localidad: Barcelona


En el mes de noviembre de 2006, se desplegó un nuevocuerpo policial en Barcelona: el Cuerpo de Mossosd’Esquadra (CME). Se le asignó la función de Policía
ordinaria, previamente identificada con la Policía de Estado.
De esta manera, la sustitución funcional del cuerpo policial
tradicional derivó en la separación de la agenda local respec-
to de la nacional, en el sentido de problemas intracomunita-
rios (patrullaje, presencia uniformada, entre otros) y extraco-
munitarios (control del narcotráfico, protección de fronteras,
entre otros).


El despliegue de tal modelo en Barcelona implicó la re-
conceptualización de la labor policial y un ajuste a las condi-
ciones específicas de la realidad local. Esta reconceptualiza-
ción fue apoyada políticamente desde el gobierno local y
acompañada por la formulación clara de principios que for-
talecían los vínculos entre Policía y sociedad.


Se formularon como principios: i) lealtad institucional; ii)
subsidiariedad y complementariedad en las actuaciones de
ambos cuerpos policiales (el CME y la Policía tradicional); iii)
delimitación y asignación de los servicios; iv) homologación u
homogeneidad; v) actuación en beneficio de la ciudadanía; vi)
coordinación técnica; vii) colaboración, cooperación e infor-
mación recíprocas; viii) intervención mínima obligada; ix) efi-
cacia y eficiencia; x) racionalidad en la asignación de recursos;
xi) compromiso común de integrar mejoras continuas; y xii)
armonización e integración progresivas.


La experiencia del CME es más que una redistribución
funcional de acciones policiales, pues se basó en la redefini-
ción de los marcos conceptuales y metodológicos de la Po-
licía en Barcelona. Esto se acompañó también de flexibilidad
en la gestión, lo que facilitó el paso de una operación federal


1. Policía


3130


Experiencias relevantes


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




Textos citados


Amaya, Edgardo (2007).“Quince años de reforma policial en
El Salvador: avances y desafíos”. URVIO, Revista Lati-
noamericana de Seguridad Ciudadana, 3. Quito: FLACSO,
sede Ecuador: 127-144.


Anderson, David (1999). “Policing the Police”. The American
Prospect, Documento electrónico:
http://findarticles.com/p/articles/mi_hb3463/is_199
1/ai_n8242639
[consulta: junio de 2008].


Carrión, Fernando (2007). “Reforma policial: ¿realidad inelu-
dible de una nueva doctrina de seguridad?”. URVIO, Re-
vista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, 2. Quito:
FLACSO, sede Ecuador : 5-22.


Chan, Janet (1996). “Changing police culture”. British Journal of
Criminology, XXXVI, 1: 109-134.


Drake, Leigh y Richard Simper (2005). “The measurement of
police force efficiency: an assesment of U.K. Home Office
policy”. Contemporary Economic Policy, XXIII, 4: 465-483.


Gómez Claudia y Estela Baracaldo (2007). “La corresponsa-
bilidad: una estrategia para la convivencia y la seguridad
ciudadana en la Policía Nacional de Colombia”. URVIO,
Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, 2. Quito:
FLACSO, sede Ecuador: 99-111.


Hanashiro, Olaya y Daniel Pontón (2006). “Elementos para
una reforma policial en el Ecuador”. Boletín Ciudad Segura,
4. Quito: FLACSO, sede Ecuador: 4-9.


Kelling, George (1992). “Toward new images of policing: her-
man goldstein’s problem-oriented policing”. Law & Social
Inquiry, XVII, 3: 539-559.


Lahosa, Josep (2007). “El despliegue de un cuerpo policial ex
novo de obediencia regional en Barcelona y su articula-
ción al municipio”. URVIO, Revista Latinoamericana de Se-
guridad Ciudadana, 2. Quito: FLACSO, sede Ecuador: 147-
153.


Macaulay, Fiona (2007). “Knowledge production, framing and
criminal justice reform in Latin America”. Journal of Latin
American Studies, IXL, 3: 627-652.


1. Policía


3332


en un proceso de gran incertidumbre. En este contexto, las
relaciones de confianza entre la Policía y la sociedad revisten
una mayor importancia pero presentan también una mayor
dificultad. Las estrategias policiales recientemente adoptadas
por la Policía colombiana se sustentan en la corresponsabili-
dad, definida como “el trabajo conjunto entre autoridades ci-
viles, Policía y ciudadanía en general, según su rol en el Estado
social de derecho” (Gómez y Bacaraldo, 2007) y dividida en
dos estrategias: el programa de Depar-tamentos y Municipios
Seguros (DMS) y la vigilancia comunitaria en el área urbana
y rural.


El caso colombiano muestra una adecuación de la estruc-
tura gubernamental para lograr respuestas más adecuadas a
la necesidad de convivencia, seguridad ciudadana y orden
público en el país. Parte fundamental de tales respuestas es
desechar la imagen de la Policía como único pilar responsa-
ble de tal problemática. La incorporación de nuevos actores
(autoridades locales y población) en el proceso de seguridad
ciudadana implica la operación coordinada del aparato buro-
crático para redistribuir con eficacia las funciones y recursos
requeridos para concertar una respuesta conjunta y una vigi-
lancia cruzada entre población, autoridades y Policía, y orien-
tar una vigilancia ya no hacia la competencia o denuncia ma-
niquea, sino hacia la cooperación frente a objetivos comunes.


Bibliografía


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




2. Cárceles
Oviedo, Enrique (2007). “Modernización policial: el caso de


Carabineros de Chile”. URVIO, Revista Latinoamericana de
Seguridad Ciudadana, 2. Quito: FLACSO, sede Ecuador:
71-84.


Pontón, Jenny (2008). Prólogo a: Elena Azaola. Crimen, castigo
y violencias en México, V. Quito: FLACSO, sede Ecuador /
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.


Textos consultados


Coastes, Douglas y David Last (2005). “Police training assis-
tance: the right kind of help”. Canadian Journal of Police
and Security Services, III, 4: 215-225.


Douglas, Sharp (2005).“Who needs theories in policing?” The
Howard Journal, XLIV, 5: 449-459.


Fishel, Kimbra y Edwin Corr (1998). “The United Nations
involvement in the Salvadorian peace process”. World
Affairs, CLX, 4: 202-212.


Forman, James (2004). “Community policing and youth as
assets”. Journal of Criminal Law and Criminology, XCV, 1: 1-
49.


Glebbeek, Marie-Louise (2001).“Police reform and the peace
process in Guatemala: the fifth promotion of the National
Civilian Police”. Bulletin of Latin American Research, XX, 4:
431-453.


34


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




37


razones de encarcelamiento, así en la Sierra el 45% está
detenido por delitos de estupefacientes, el 19% por delitos
contra la propiedad y el 15% por delitos contra las perso-
nas; mientras en la Costa los delitos contra la propiedad
alcanzan el 39%, los delitos de estupefacientes el 26% y los
delitos contra las personas el 16%; por su parte, en la región
Amazónica la mayoría de delitos son sexuales con el 28%,
los delitos contra la propiedad son el 27% y los delitos de
drogas el 19%. De igual manera, se observan diferencias
entre la población masculina y femenina respecto a las prin-
cipales causas de reclusión, el principal delito cometido por
los primeros contra la propiedad (31,6%), luego delitos de
drogas (28,8) y luego delitos contra las personas (16,6%);
mientras en el caso de las mujeres el 71% está detenida por
delitos de drogas, presentando una gran diferencia respecto
a la siguiente causa que son los delitos contra la propiedad
(13,7%), demostrando que las políticas de criminalización
por estupefacientes han afectado especialmente a las muje-
res (Censo, 2008).


El sistema nacional penitenciario se compone de 40 al-
bergues para personas privada de libertad mayores de 18
años, los cuales se componen de 33 Centros de Rehabilita-
ción Social (CRS), tres Centros de Detención Provisional
(CDP) y cuatro casas de confianza. Los CRS se dividen en:
18 de varones, 16 mixtos (en los que predomina la pobla-
ción masculina) y cinco exclusivos de mujeres (Censo, 2008).
Sin embargo, el estado de las instalaciones la mayoría de las
veces es improvisado y con mínimas garantías de supervi-
vencia en caso de motín, incendio, inundación o propagación
de enfermedades; esta situación es deplorable en gran parte
de las cárceles, por lo que las condiciones en que la pobla-
ción carcelaria cumple sus condenas atenta contra sus dere-
chos humanos y presenta pocas oportunidades de una ver-
dadera rehabilitación.


Debido a estos problemas, el Ecuador fue declarado en
emergencia carcelaria –el 23 de junio de 2007– por el pre-
sidente de la República Rafael Correa. Desde entonces se ha
puesto en marcha una serie de procesos para el mejora-
miento del sistema penitenciario a través de algunas medi-
das gubernamentales que permiten atenuar esta realidad.
Por un lado, se creó la Unidad Transitoria de Gestión Emer-
gente para la Construcción y Puesta en Funcionamiento de
los Centros de Rehabilitación Social, cuyo principal objetivo
es la intervención emergente de la infraestructura de las cár-
celes que se encuentran en funcionamiento, así como el
diseño arquitectónico de nuevos centros de rehabilitación
social y su puesta en funcionamiento en un plazo de dos y
diez años respectivamente. Por otro lado, una segunda medi-
da importante en este sentido fue la resolución aprobada en
el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual
indultó a las personas detenidas por transportar sustancias
estupefacientes y psicotrópicas en cantidades menores a dos
kilos y que hayan cumplido al menos el 10% de la sentencia,
disposición con que se liberó, en julio de 2008, a aproxima-
damente 1.200 personas encarceladas por este motivo. No
obstante, tanto el mejoramiento de la infraestructura carce-
laria como el decreto de indulto constituyen soluciones
paliativas que no modifican sustancialmente el verdadero
problema que acarrea la sobrecriminalización de delitos de
drogas, política que tarde o temprano volverá a repletar las
cárceles del país si no se contemplan verdaderos cambios
de orden jurídico .


Considerando estos aspectos, a continuación se plante-
an algunas estrategias que apuntan a la construcción de un
modelo de rehabilitación social que mejore la calidad de vida
de las personas encarceladas, respete sus derechos y se in-
serte en el contexto de la seguridad ciudadana ayudando a
prevenir la reincidencia delictiva.


E l sistema carcelario del Ecuador atraviesa una profun-da crisis que se ha consolidado progresivamentedesde la década de los años noventa, debido a un fe-
nómeno que transformó a nivel estructural la realidad peni-
tenciaria del país: la política antidrogas que criminaliza seve-
ramente los delitos vinculados al tráfico de estupefacientes.
Este hecho ha aumentado desmedidamente la población
penitenciaria en la última década, exacerbando los proble-
mas carcelarios preexistentes en el país, como la deficiente
infraestructura, la ineficaz administración y gestión de recur-
sos, las inhumanas condiciones de vida de internos e inter-
nas, y la corrupción por parte del personal penitenciario en
los diferentes centros de rehabilitación social a nivel nacional
(Pontón y Torres, 2007). Estos problemas han provocado que
las cárceles del Ecuador no provean una adecuada rehabili-
tación ni ofrezcan posibilidades reales de reinserción social a
la población interna, lo cual se deriva en la reincidencia delic-
tiva y criminal, en el aumento de la violencia y en la aparición
de nuevas formas de delitos desde y fuera de las cárceles
(Carrión, 2006: 1). De modo que un sistema penitenciario
como el ecuatoriano no es consecuente con las políticas de
rehabilitación que requiere un eficiente y óptimo sistema de
seguridad ciudadana.


De acuerdo con el último censo carcelario realizado en
mayo de 2008, en el Ecuador existe una población de
13.532 internos e internas, de la cual el 90% son varones
(12.110) y el 10% mujeres (1.422). En cuanto al distribución
por edades se evidencia que las personas son bastante jóve-
nes, el 69% tiene 37 o menos años de edad, rango en el que
se encuentra el 60% de las mujeres y el 72% de los hom-
bres. Según este censo, el 88% de las personas privadas de
libertad son ecuatorianas y el 12% restante son extrajeras,
alcanzando las 1.592 personas (1.325 hombres y 267 muje-
res), cuya mayoría son de origen colombiano con 984 per-
sonas (835 hombres y 149 mujeres), y luego peruano con
138 detenidos/as (111 hombres y 27 mujeres). A escala na-
cional, el mayor número de internos e internas se encuen-
tran detenidos por delitos relacionados con drogas (34%), el
30% por delitos contra la propiedad, el 25% por delitos con-
tra las personas y el 11% por delitos sexuales. No obstante,
a nivel regional se presentan variaciones con respecto a las


Diagnóstico


36


2. Cárceles
120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




1. Protección de los derechos humanos
de la población carcelaria


Aunque quienes han cometido delitos deben pagar una con-
dena y han acumulado un historial delictivo, el Estado tiene
compromisos con estas personas, ya que ellas continúan
siendo ciudadanos y ciudadanas que habitan en territorio
ecuatoriano y se amparan bajo la carta de los derechos hu-
manos firmada por el mismo. En este sentido, un primer pa-
so para generar cambios en el sistema de cárceles es brin-
dar a las personas condiciones de vida digna, lo cual implica
que el sistema de rehabilitación social garantice a cada inter-
no e interna la satisfacción de sus necesidades indispensables
(acceso a celda y cama, alimentación de calidad, implemen-
tos de higiene, servicios básicos, derecho a visitas familiares
y conyugales, actividades de recreativas, entre otras);1 así
como un trato respetuoso por parte del personal peniten-
ciario hacia las personas recluidas, para lo cual deberán exis-
tir métodos de control, evaluación y esclarecimiento de los
procedimientos de operación al interior de las cárceles. En
este contexto, la formulación de reglamentaciones acerca
del trato de todos los internos e internas por igual puede
ayudar a prevenir la corrupción, negociaciones y tratos pre-
ferenciales que se generan al interior de la cárcel, pues según
el Censo de 2008, el 23% (3.041) reportó haber recibido
maltrato en los centros. El respeto a los derechos humanos
constituye un eje central en el tratamiento de estas perso-
nas para lograr una convivencia pacífica y justa al interior de
las cárceles del país.


2. Mejoramiento del debido proceso y penas alternativas


Una de las principales fallas del sistema de seguridad actual
es la entrada de personas sin sentencia a la cárcel, lo cual se
debe al abuso que se ha hecho de la prisión preventiva


Líneas de acción


2. Cárceles


Objetivo principal


Mejorar la rehabilitación carcelaria en el Ecuador, pa-
sando de un modelo punitivo a otro recuperativo e
integral que proteja los derechos de las personas.


Objetivos específicos


• Garantizar condiciones de vida digna a las personas
encarceladas.


• Promover el debido proceso de detenidos y dete-
nidas.


• Potencializar las capacidades de quienes se encuen-
tran en privación de libertad.


Objetivos


1 De acuerdo con el último Censo penitenciario de 2008, el 90% de la
población encarcelada realiza gastos que se concentran principalmente en
alimentación, cuidado personal y limpieza del lugar de habitación; lo cual en
principio debe ser cubierto por el sistema penitenciario. Asimismo, el 66%
califica la alimentación de los centros entre mala y muy mala.


38 39


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




4. Apoyo a la formación académica de internos e internas


El nivel de instrucción de la población carcelaria se concen-
tra en niveles primarios y secundarios (86%), y únicamente el
9% ha accedido a educación universitaria (Censo, 2008). Por
esta razón, es muy importante que el sistema penitenciario
ofrezca oportunidades de estudio a las personas que se en-
cuentran en prisión, pues esto constituye una inversión para
su futuro en cuanto a capacidades. Estudiar no solo les per-
mite crecer intelectualmente y utilizar su tiempo de senten-
cia de forma productiva, sino que también les prepara para
los requerimientos de reinserción social y les permite aden-
trarse en una gama más amplia de actividades laborales, cul-
turales, sociales y/o de otras índoles. La educación sigue sien-
do un derecho de quienes están privados y privadas de
libertad, es uno de los mecanismos para llevar a cabo una
verdadera rehabilitación, por lo que el sistema penitenciario
debe establecer convenios con colegios y especialmente
con universidades que puedan proporcionar becas de estu-
dio que apoyen y faciliten la preparación de quienes se
encuentran en prisión.


5. Atención en salud física y emocional
de población carcelaria


En el campo de la salud, el Gobierno actual se ha focalizado
en la implantación de un sistema activo de prevención de
enfermedades infectocontagiosas (tales como el VIH). Esta
campaña incluye un buen componente de información pre-
ventiva para las personas encarceladas, en cuanto a los peli-
gros de dichas enfermedades, y de un levantamiento cuida-
doso de datos sobre personas infectadas, probablemente
infectadas y en riesgo de serlo. Además, el proyecto incluye
campañas masivas de vacunación para algunas enfermedades,
mediante una coordinación con el Ministerio de Salud.


Considerando que el 68% de los internos e internas cali-
fican la atención en salud de las cárceles como mala y muy
mala, a lo que se suma un 6% de personas que señalan no
tener acceso a ningún tipo de servicio, una política de salud
pública para las cárceles debe asignar un presupuesto para


chequeos médicos anuales de los internos e internas. Este
presupuesto debe prever, además, los tratamientos de las
personas que hayan sido diagnosticadas con alguna enferme-
dad. Otra manera eficaz de garantizar la salud pública es ca-
pacitar a las personas encarceladas sobre derechos sexuales
y reproductivos, tomando en cuenta el alto índice de muje-
res embarazadas que existe en las cárceles.


Por otro lado, el trabajo en salud psicológica y emocional
es un tema importante y necesario. Así, se debe brindar
apoyo psicológico a todas las personas recluidas e incluso ex-
tender esta atención a los familiares más afectados ante el
encarcelamiento. Esta situación es aún más compleja en el ca-
so de las mujeres, pues la gran mayoría de ellas son abando-
nadas por sus parejas cuando ingresan a prisión dejando de
ser visitadas y apoyadas por sus cónyuges (Pontón y Torres,
2007: 59). Es importante que el Estado invierta en sostener
el equilibrio mental y afectivo de las personas encarceladas,
de modo que esta atención les permita hacer más llevadera
la vida en prisión.


2. Cárceles


41


como medida para mantener detenidas a las personas pro-
cesadas, asegurando su presencia en las investigaciones de
los delitos y en las audiencias de juzgamiento. Esta situación
ha provocado mayor hacinamiento e ineficiencia en el siste-
ma penitenciario, ya que el acceso a la defensa de la pobla-
ción privada de libertad es limitado: el 46% no tiene aboga-
do y el 37% debe pagar por uno privado, pues las instancias
estatales prestan servicios tan solo a un 9% (1.214) de la
población (Censo, 2008); por tal razón, es imprescindible
mejorar el acceso a la defensa de las personas detenidas a
través de un servicio gratuito que cubra a toda la población
sin sentencia, reduciendo el uso de la prisión preventiva co-
mo medida para evitar la impunidad. En este sentido, una
forma de agilitar el trabajo de los jueces es flexibilizar las po-
líticas punitivas y buscar cauces alternativos a la cárcel –sea
a través de multas, trabajo social, arrestos domiciliarios, vigi-
lancia electrónica, concesión de beneficios de preliberación–,
dependiendo del tipo y gravedad del delito.


En este contexto, considerando que los delitos relacio-
nados con estupefacientes son la principal causa de encarce-
lamiento en el Ecuador –lo cual ha sobrepoblado las cárce-
les y su capacidad de funcionamiento– una posible solución
sería reformar los términos bajo los cuales se considera a las
personas narcotraficantes, de manera que se encarcele a
quienes tienen mayor relación con esta actividad ilegal en lu-
gar de capturar, en cantidades mayores a las personas que
están ligera y tangencialmente involucradas con este delito.
De no ser así, el indulto decretado por el Gobierno nacio-
nal en julio de 2008 a quienes hacen de “mulas” en el nego-
cio del narcotráfico será una medida sin trascendencia que
aliviará por poco tiempo el problema de la sobrepoblación
en las cárceles del país.


3.Trabajo digno al interior de los centros


El trabajo es uno de los pilares fundamentales para la reha-
bilitación y reinserción de las personas privadas de libertad;
no obstante, el sistema penitenciario ecuatoriano no solo no
provee de suficientes fuentes de empleo a la población re-
cluida, sino que la pocas posibilidades de trabajo que brinda


subestiman las capacidades de los internos e internas al ser
actividades meramente mecánicas y/o domésticas por las
cuales reciben pagos irrisorios que no satisfacen sus necesi-
dades básicas y mucho menos fortalecen sus capacidades.
Según el Censo de 2008, únicamente el 51% de las perso-
nas tenía trabajo, el 50% de los hombres y el 44% de las mu-
jeres se empleó principalmente en talleres, trabajo para el
centro, comida, tiendas, servicio doméstico a otros internos
e internas, entre otros.


En este sentido, la creación de fuentes de trabajo digno
al interior de los centros es un tema crucial en el modelo
rehabilitador carcelario, un derecho al que deben acceder
necesariamente todas las personas en prisión, con el objeti-
vo de que ocupen su tiempo en actividades productivas, que
las lleve a generar ingresos para su manutención y al mismo
tiempo les permita acumular experiencia laboral al momen-
to de recuperar su libertad. Por lo que es preciso que el sis-
tema penitenciario establezca convenios con empresas e
instituciones de todo tipo, las cuales puedan ofrecer trabajos
de calidad a quienes se encuentren privados de libertad.


40


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




2. cárceles


4342


como ellos y tener que criarse en un ambiente opresivo que
no proporciona las condiciones para que se desarrollen de
manera integral.


La presencia de niños y niñas viviendo en las cárceles ha
sido una constante en el Ecuador, sin embargo, este proble-
ma se agravó durante la última década a raíz del elevado nú-
mero de mujeres que ingresó al sistema penitenciario por
delitos vinculados con el tráfico de estupefacientes, sin que
exista una política específica por parte del Sistema de Re-
habilitación Social que atienda esta problemática. En este
contexto, desde 2007 se han desarrollado algunos progra-
mas por parte de fundaciones y el Gobierno nacional que
han permitido la salida de la población infantil de las cárceles
del país. Según la Vicepresidencia de la República, hasta fines
de 2008 se rescataron alrededor de 818 niños y niñas mayo-
res de tres años que fueron reubicados en ambientes acoge-
dores y seguros.


No obstante, aún queda mucha población infantil menor
de tres años viviendo al interior de los centros a quienes es


necesario atender de manera prioritaria. Para esto, una pri-
mera acción es que la DNRS incorpore dentro del presu-
puesto del sistema la atención a hijos e hijas de las personas
encarceladas, de modo que este rubro pueda sustentar las
necesidades básicas de ellos (alimentación adecuada, vestua-
rio, servicios de salud y medicamentos, entre otros), además
de la creación y/o fortalecimiento de guarderías y áreas
recreativas para niños y niñas.


9. Centros de prelibertad para las personas encarceladas


Los espacios de prelibertad o casas de confianza son centros
cuya existencia es frecuente en otros países y cuya función
permite alivianar el difícil tránsito de la salida de la cárcel a la
sociedad para las personas que han concluido su pena. Si
bien el sistema penitenciario ecuatoriano cuenta actualmen-
te con cuatro casas de confianza en el país, es necesaria la
creación de estos centros en cada una de las cárceles exis-
tentes, con el propósito de apoyar eficazmente la reinserción
social de quienes están por salir en libertad.


Por lo general, estos espacios tienen dos objetivos bási-
cos: la búsqueda de empleo o alguna actividad productiva pa-
ra la persona que va a salir en libertad (estudio, por ejem-
plo), y el monitoreo de las capacidades de la persona que ha
recuperado sus derechos en la sociedad; de manera que
estos lugares funcionan acogiendo al interno o interna que se
encuentra en prelibertad para guiarlo en su reintegración a
la sociedad.


Las casas de confianza pueden constituirse a la vez en
centros de búsqueda de empleo para quienes están por salir
de la cárcel y necesitan reincorporarse a través una actividad
laboral que no implique el delito y la ilegalidad. El centro
puede encargarse de evaluar los perfiles, habilidades e intere-
ses de los internos e internas, y de hacer conexiones con po-
sibles fuentes de empleo en el sector público y privado que
tengan un enfoque pospenitenciario. De esta forma, el inter-
no o la interna, al reinsertarse en el mercado laboral formal,
tendrá el respaldo y la garantía del sistema penitenciario, lo
cual facilitará su proceso de contratación. Incluso este centro


6. Mejoramiento de la infraestructura carcelaria


La “humanización” de los espacios de la prisión incluye una
adecuada infraestructura que garantice áreas habitables para
la convivencia en prisión. No obstante, las cárceles del país
tienen un promedio de cuatro metros cuadrados por indivi-
duo, lo cual contrasta con la norma exigida por los organis-
mos internacionales de 20 metros cuadrados por persona, si-
tuación que evidencia el gran problema de infraestructura de
las cárceles ecuatorianas (Censo, 2008).


Si bien la Unidad Transitoria para la Construcción y
Puesta en Funcionamiento de los CRS está trabajando en el
mejoramiento de los centros existentes (especialmente de
los que poseen mayor población), así como en el diseño ar-
quitectónico de nuevas cárceles que se construirán a futuro,
es necesario que la readecuación y/o edificación de los espa-
cios consideren necesidades de género, climáticas, y de clasi-
ficación de internos e internas según el delito cometido, ade-
más de contemplar ubicaciones céntricas que faciliten el con-


tacto de las personas detenidas con su entorno familiar para
fortalecer el apoyo externo. Asimismo es importante aclarar
que las mejoras de la infraestructura penitenciaria deben ve-
nir de la mano de políticas que ayuden a disminuir la pobla-
ción carcelaria, de lo contrario, con el paso del tiempo los
problemas de infraestructura y hacinamiento se repetirán.


7. Capacitación de guías y personal penitenciario


El sistema penitenciario ecuatoriano cuenta con 1.673 fun-
cionarios y funcionarias, de los cuales el 1,55% son directivos,
19,43% profesionales, el 17,21% técnicos y administrativos, y
el 61,81% son miembros de seguridad y asistentes. Estos últi-
mos, más conocidos como guías penitenciarios son en un
86% hombres y en un 14% mujeres, quienes se distribuyen
en dos turnos diarios para sus funciones, con una cobertura
de vigilancia de un guía para diez internos e internas a nivel
nacional, una cifra aceptada dentro de los indicadores globa-
les según la Dirección Nacional de Rehabilitación Social
(DNRS, 2005).


Una forma de asegurar el respeto por los derechos hu-
manos de los internos e internas en las cárceles es brindar
una formación de calidad tanto al personal administrativo co-
mo a los y las guías penitenciarios. A través de un programa
de capacitaciones se debe preparar a todos los funcionarios
y funcionarias en el amplio conocimiento de los derechos de
las personas privadas de libertad en el marco de la seguridad
ciudadana como un eje fundamental para lograr una rehabi-
litación social integral. Esta formación deberá estar a cargo de
profesionales expertos en la temática, quienes diseñarán un
pensum de estudios de acuerdo con los principales vacíos y
carencias conceptuales del personal penitenciario.


8. Atención a hijos e hijas de personas encarceladas


Los hijos e hijas de la población carcelaria que viven al inte-
rior de los centros de rehabilitación social (principalmente en
los femeninos) sufren doblemente las consecuencias de la
criminalización de sus madres y padres al estar tan presos


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




45


1
Políticas pospenitenciales. Eliminación de
antecedentes penales / localidad: Chile


Aunque dista mucho de ser un modelo perfecto, la ini-ciativa chilena de la creación de un proceso median-te el cual se elimine el registro de antecedentes pe-
nales para las personas encarceladas que se sometan a un
trámite jurídico, puede ser considerada como un modelo in-
teresante de política pospenitenciaria, sobre todo, en el caso
de la reinserción social y laboral de aquellas personas que
estuvieron tras las rejas.


A partir del ingreso chileno en el sistema democrático, a
comienzos de la década de los años noventa, se buscó, desde
el sistema Judicial, un acercamiento hacia los estándares inter-
nacionales de legislación en materia de rehabilitación social
(Espinoza y Martínez, 2007). De la mano de este afán de ajus-
tamiento a normas y procedimientos internacionales, se han
creado en Chile numerosas instancias que garantizan y facili-
tan la transparencia y adecuado desempeño del sistema
Judicial, así como la creación de un nuevo Código procesal penal
y reformas a la Constitución política de Estado. El espectro en el
que se ha trabajado resulta ser bastante amplio, e incluye co-
mo ejes básicos: a) la eliminación de antecedentes; b) atención
psicosocial; c) prestaciones asistenciales y programas cultura-
les; y d) ejecución del programa “Hoy es mi tiempo”, en el que
se desarrolla un esquema de atención pospenitenciaria inte-
gral. Parte de los problemas es precisamente el amplio rango
de trabajo en las políticas pospenitenciarias, lo cual genera
contradicciones y procesos antagónicos. No obstante, dentro
de lo que se puede denominar trabajo pospenitenciario, ha
habido notables mejorías, sobre todo, con la experiencia de la
eliminación de los antecedentes penales, lo cual ha traído re-
sultados apreciables en el mercado laboral disponible para las
personas que salen de los centros penitenciarios.


Experiencias relevantes


podría identificar las entidades, organizaciones gubernamen-
tales y no gubernamentales, u otras agrupaciones sociales
que estén orientadas a proveer apoyo a quienes hayan reco-
brado la libertad.Toda esta información puede ser publicada
en una especie de guía de apoyo.


10. Censo carcelario periódico


Contar con información veraz y actualizada sobre la situación
carcelaria es una necesidad clave para lograr un acertado
modelo de rehabilitación social en el país. En este sentido, la
realización periódica de censos carcelarios (por ejemplo, ca-
da dos años) permitirá recopilar, analizar y difundir informa-
ción oportuna sobre la situación que vive la población peni-
tenciaria al interior de las cárceles.


Estos datos no solo permitirán un monitoreo y evalua-
ción constante de las políticas de rehabilitación social imple-
mentadas, sino que también posibilitarán un seguimiento de
la efectividad del sistema de justicia en cuanto al juzgamien-
to de las personas detenidas, estableciendo de este modo
mecanismos de transparencia y control ciudadano sobre el
funcionamiento de la rehabilitación social como uno de los
ejes de la seguridad ciudadana. De este modo, es importan-
te que los censos recojan tanto información general sobre la
situación de las cárceles como información particular en
cuanto a la percepción de la población en temas de respeto
a sus derechos, con el objetivo de que se pueda evaluar en
detalle si se está logrando implementar el modelo rehabilita-
dor propuesto.


44


2. Cárceles
120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




do mejor. Así, la cárcel de Tegel es uno de los centros alema-
nes que siguen las normativas usuales de administración
penitenciaria, pero con niveles sobresalientes de producción
y de reinserción. Si bien es cierto que no se tiene un núme-
ro certero de los internos que posteriormente encuentran
trabajo en la sociedad abierta, lo que es un hecho es que
muy pocos de ellos reinciden y regresan a la cárcel berline-
sa. Los que lo hacen es, por lo general, por eventos asociados
a adicción de drogas (aunque la penitenciaría tiene un centro
de rehabilitación de narcóticos).


El éxito de la penitenciaría de Tegel se da, entre otras
cosas, por la diversificación del trabajo, que se divide en cua-
tro ejes básicos: maschinenhalle (cuarto de máquinas); monta-
ge (montaje); ausbildung (formación, educación preparatoria)
y zuschnitt (aserradero). Los internos pueden elegir cualquie-
ra de las cuatro opciones, desarrollando un trabajo constan-
te a manera de microempresa, y que tiene como finalidad
redimir al individuo mediante el esfuerzo laboral además de
crear un mecanismo sustentable para ganar dinero. De hecho,
cada interno recibe un salario mensual. Por otro lado, el tra-
bajo en la parte de formación o aprendizaje también tiene
que ver con la capacitación elemental de los internos, todo
esto, en mira de una reinserción positiva mediante la posesi-
ón de capacidades que podrán brindar más ventajas al inter-
no para encontrar trabajo. Del mismo modo, la comercializa-
ción de estos productos proporciona al interno un apoyo
emocional fuerte y una identificación con su propio trabajo.


Con respecto a las políticas de prelibertad, en la cárcel de
Tegel se maneja un sistema que tiende a parecerse al de las
casas de confianza ecuatorianas en las que un interno o inter-
na que está a punto de salir a la sociedad y recuperar sus
derechos civiles debe aparecer continuamente en la cárcel
para reportarse y realizar, todavía, ciertas actividades comple-
mentarias y obligatorias como el trabajo o búsqueda obliga-
toria de empleo. De igual forma, en Tegel estas actividades se
complementan mediante el diálogo frecuente entre el exte-
rior y el interior, sobre todo en la página web de la cárcel, que
posee un foro/chat para hablar con los internos, si ellos lo
desean, durante una hora y media. Además cuentan con una
publicación electrónica que les permite publicar sus escritos
en línea.


3
Privatización del sistema carcelario /


localidad: Estados Unidos2


Una experiencia que prioriza la inversión del capitalprivado en los sistemas carcelarios como alternativade solución, y que se contradice con la generación
de calidad de vida humana en estos centros, es lo sucedido
en países como Estados Unidos, Escocia, Inglaterra, Puerto
Rico, Australia, Canadá, entre otros.


El caso más representativo de privatización carcelaria es
el de Estados Unidos, que persigue los siguientes objetivos:
reducir costos estatales, niveles de hacinamiento y de reinci-
dencia, así como aumentar la rehabilitación y mejorar las con-
diciones de vida de reclusos y reclusas. Sin embargo, los resul-
tados muestran que estos no se han logrado cumplir en su
totalidad y, en muchos casos, se ponen en duda sus benefi-
cios. Diversos estudios muestran que el ahorro estatal ha
sido poco significativo debido a que no se han logrado redu-
cir las escalas de reincidencia. Por otro lado, la instalación de
programas de trabajo ha abierto un fuerte debate sobre la
mejoría de las condiciones de vida al interior de las cárceles
(debido a las malas condiciones salariales y la falta de dere-
chos laborales).


Las ventajas que planteaba este modelo eran la disminu-
ción del gasto estatal y el mejoramiento de los programas de
rehabilitación y reinserción social; no obstante, los resultados
han puesto en duda los beneficios considerados inicialmente,
ya que se estima que el costo por persona encarcelada es
mayor que en el modelo público y no se aseguran menores
niveles de reincidencia.


47


Uno de los argumentos que fueron tomados en cuenta
para el establecimiento de un sistema que aboliera los ante-
cedentes penales es la plena reinserción del interno o inter-
na en la sociedad una vez que está en libertad y los pocos
incentivos (o desincentivos) que encuentre para volver a
generar la conducta que lo llevó a delinquir. Uno de los pun-
tos fundamentales en este aspecto es la creación de un
mecanismo que no coarte a las personas que estuvieron
involucradas en delitos en la búsqueda de un medio social-
mente aceptado de subsistencia económica. Tanto en Chile
como en buena parte de los países sudamericanos, el reque-
rimiento de un certificado de antecedentes penales suele ser
común a la hora de pedir cualquier tipo de trabajo, y más aún
para personas de escasa formación y recursos (obreros, ven-
dedores, dependientes, por ejemplo). El caso de Chile resul-
taba especialmente dramático, ya que no era raro restringir la
posibilidad de trabajo incluso por la procedencia geográfica
dentro de la ciudad de la persona que solicitaba el empleo.
Así, se creó un sistema que permitía eliminar los anteceden-
tes penales de las personas que estuvieron en la cárcel
mediante el cumplimiento de algunos requisitos, como por
ejemplo la presentación del solicitante ante la instancia com-
petente cada cierto tiempo y la constatación de que éste no
haya vuelto a incidir en comportamientos delictivos.


El efecto de esta medida ha sido mixto, aunque aprecia-
ble. En primer lugar, es prudente afirmar que buena parte de
las personas que han obtenido este privilegio son acusados
de haber cometido delitos bastante menores, como la con-
ducción en estado de ebriedad (54% de las solicitudes tota-
les de eliminación de antecedentes penales), o pequeños
delitos en contra de la propiedad. Del mismo modo, la mayo-
ría de las personas que acudieron a este recurso fueron con-
denadas a castigos no reclusorios, como por ejemplo medi-
das alternativas de sanción (multas). El nivel de deserción es
considerable, sobre todo en personas con permanencias
mayores de tiempo en la cárcel, probablemente por reticen-
cia a enfrentarse nuevamente con el aparato penitenciario.
Por otro lado, este sistema también ha permitido guardar
confidencialidad sobre las personas que han purgado penas
en cárcel o sanciones por conductas delictivas, lo cual, si bien
no permite una estimación real de la magnitud del éxito del


programa a escala laboral o legal, sí genera un proceso de
estabilidad y de empuje hacia la posibilidad de encontrar un
trabajo para personas que, tradicionalmente, han visto a la
obtención de empleo como uno de los problemas más agu-
dos dentro de la reinserción social poscárcel.


2
Tegel: una cárcel de producción y reinserción


social / localidad: Berlín,Alemania


Tegel es un distrito (Bezirk) al norte de la ciudad deBerlín, que pertenecía previamente a la administraci-ón occidental. Situado en la parte más septentrional,
Tegel posee un puerto que catapulta buena parte de las em-
barcaciones que navegan por las aguas berlinesas y del este
de Alemania, y un castillo que genera divisas turísticas. Este
distrito es, además, el lugar donde se aloja la prisión más
grande de Alemania para varones adultos mayores (1.660 in-
ternos, 32% de los cuales son extranjeros) y la más antigua.
La Justizvollzugsanstalt Tegel (administración de justicia de
Tegel) fue fundada en el año 1898. Hoy en día la prisión de
Tegel es uno de los más admirables casos de administración
penitenciaria. Sus instalaciones, que se asemejan a los com-
plejos habitacionales berlineses para la clase media, incluyen
jardines y canchas deportivas, además de varias instalaciones
de vigilancia, socialización, talleres, bibliotecas y administraci-
ón. No obstante, uno de los puntos más notables al respec-
to es la política de rehabilitación pospenitenciaria que mane-
ja la cárcel misma, basada en la ley alemana.


Uno de los mandatos del código penal que rige en el país
europeo es la obligación que tienen los presos para trabajar,
lo que habla de la idea que se tiene de rehabilitación en el
país, con base en el trabajo sostenido y en la valoración del
esfuerzo mental y físico como medio de salida hacia un esta-


46


2 Manuel Dammert Guardia, 2006.


2. cárceles
120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




48


Textos citados


Carrión, Fernando (2006).“La recurrente crisis carcelaria en el Ecua-
dor”. Boletín Ciudad Segura, 1. Quito: FLACSO, sede Ecuador: 1.


Dammert Guardia, Manuel (2006). “Privatización del sistema carce-
lario”. Boletín Ciudad Segura, 1. Quito: FLACSO, sede Ecuador: 3.


Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS).“El sistema pe-
nitenciario ecuatoriano en cifras (2005)”. Boletín Estadístico
2004-2005.


Espinoza, Olga y Fernando Martínez (2007).“Políticas de reinserción
post penitenciaria. Eliminación de antecedentes penales en
Chile”. URVIO, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, 1.
Quito: FLACSO, sede Ecuador: 117-134.


Pontón y Torres (2007).“Cárceles del Ecuador: los efectos de la cri-
minalización por drogas”. URVIO, Revista Latinoamericana de
Seguridad Ciudadana, 1. Quito: FLACSO, sede Ecuador: 55-73.


SP Investigación y Estudios (2008).“Resultados del Censo social y de-
mográfico penitenciario del Ecuador”. Quito: Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, julio, inédito.


Textos consultados


El Comercio (2008). “En la cárcel de Tegel los presos tienen empleo
y reciben salario”. Quito, 2 de marzo.


Martínez, Mercado (2006). “Volver a confiar. Guía de apoyo post-
penitenciario”. Santiago de Chile: Universidad de Chile.
Documento electrónico:
http://www.cesc.uchile.cl/manual%20pdf%20final.pdf


Núñez Vega, Jorge (2006). “La crisis del sistema penitenciario en
Ecuador”. Boletín Ciudad Segura, 1. Quito: FLACSO, sede Ecua-
dor: 7.
[consulta: junio de 2008].


Revista Vistazo (2008).“Cárceles de la muerte”. Quito, 10 de julio de
2008. Documento electrónico:
http://www.vistazo.com/webpages/edicionanterior.php?edi-
cion=927&sID=2&ID=469
[consulta: julio de 2008].


Página web consultada


Planet Tegel (2006).
http://www.planet-tegel.de/planet_tegel_dt/pages/home.html
[consulta: junio de 2008].


Bibliografía


3. Sistema Judicial


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




Diagnóstico


penales deciden la culpabilidad o inocencia del acusado. Con
estos cambios, se busca que la Justicia sea independiente,
imparcial y que descentralice sus funciones para que no haya
abusos de poder. Se implantaron, además, los juicios orales
para que el juzgamiento sea inmediato y para que exista
mayor publicidad y control social, evitando el abuso, la co-
rrupción y la impunidad por parte de los jueces. Este sistema
ha presentado ventajas en comparación con el anterior, espe-
cialmente en cuanto a rapidez. Las reformas emprendidas
han permitido agilitar los tiempos de duración de los proce-
dimientos penales, reduciéndolos de 600 ó 700 días a 268
(Simon, 2006). Pese a ciertos cambios positivos, quedan to-
davía deficiencias por resolver respecto al nivel de respuesta
y la legitimidad del sistema de Justicia frente a la ciudadanía,
frente al tipo de delitos que el Estado persigue, juzga y sen-
tencia, y frente al derecho universal del acceso a la Justicia
por parte de todas las personas.


En principio, la Justicia cumple tres funciones en relación
con la seguridad ciudadana: impide que los conflictos priva-
dos se resuelvan a nivel privado y a través de la venganza;
sirve de mediador en la persecución que el Estado hace al
delito; y se convierte en un medio de reparación de violen-
cia, crimen y delito (Simon, 2006). Las políticas que se han
aplicado para manejar la conflictividad social se apegan más a
la represión; sin embargo, es el sistema de Justicia y los instru-
mentos carcelarios y policiales los que han sido criticados por
su poco éxito ante las crecientes tasas delictivas y criminales.
Usualmente las propuestas legales y judiciales que ofrecen los
políticos en sus campañas terminan siendo inaplicables y
generan pocos cambios en las tendencias delictivas. Esto su-
cede, en parte, porque el sistema Judicial tiene que ser refor-
mado conjuntamente con las otras instancias (carcelarias y
policiales) de seguridad en los ámbitos preventivos de con-
trol y judicialización. Así también el diseño de políticas de
seguridad ciudadana depende de cambios en el sistema de
Justicia, que apunten a una mayor democratización y acceso
a la misma.


En el mismo ámbito de la seguridad ciudadana, se deben
considerar dos aspectos contradictorios en el sistema de
Justicia: por un lado, la respuesta de este sistema a las denun-
cias que se reciben (baja productividad) y por otro, la sensa-


ción de inseguridad que socialmente vive la población, pues
la gente demanda cotidianamente más seguridad tanto en los
medios de comunicación como en la institución policial, y en
muy raras oportunidades orientan sus requerimientos al sis-
tema de Justicia. Los jueces son “figuras lejanas que hablan un
lenguaje extraño y sus decisiones son incomprensibles” (Pé-
rez Perdomo, en: Simon, 2006: 5).


El sistema de Justicia debe establecer puentes que lo
acerquen a la sociedad para la cual trabaja: no basta con
ofrecimientos de mayor productividad formulados en tiem-
pos de plebiscitos, pues estos son revertidos en la realidad
de los hechos, ya que los cambios anunciados en campaña
electoral no se logran, lo cual genera desencanto y baja cre-
dibilidad en jueces y juezas. Se debe considerar que “los pro-
blemas de la criminalidad tienen fuentes que no se pueden
tratar por medio de leyes y de jueces exclusivamente”
(Simon, 2006: 5). Hay varios caminos que podrían aportar en
la relación de la Justicia con la comunidad; por tal razón, aquí
presentamos algunas líneas estratégicas de acción orientadas
a este fin.


Frente a una escalada de crimen y violencia en el Ecua-dor y en América Latina, queda por analizar el vínculoentre Justicia y delincuencia, es decir, la función de la
Justicia en la prevención y el control de estos fenómenos. El
sistema de Justicia en el Ecuador ha demostrado ser uno de
los menos productivos a escala latinoamericana, con una de
las tasas de respuesta (a las denuncias) más bajas de la región.
Por esto, actualmente se encuentra bajo la aplicación de una
reforma procesal penal, la cual consiste en reformar los pro-
cesos penales, reorganizar las instancias judiciales e insertar
métodos de descongestión (Simon, 2006). Pese a que los
objetivos puntuales de la reforma no contemplaban afrontar
la inseguridad ciudadana, una mayor agilidad y efectividad en
el sistema aportaría a la persecución penal y a generar una
mayor confiabilidad en el sistema por parte de la ciudadanía;
esto, a su vez, sería una contribución a la seguridad ciuda-
dana.


En el año 2000 se publicó el Código de procedimiento pe-
nal, en tanto que el Sistema Acusatorio se puso en vigencia
en junio de 2001: en este sistema, el Ministerio Público reali-
za las investigaciones, los jueces penales se convierten en ga-
rantes del respeto a los derechos humanos y los tribunales


3. Sistema Judicial


5150


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




Objetivos


Objetivo principal


Establecer un sistema Judicial eficiente que responda a las ne-
cesidades de la ciudadanía y desempeñe su labor de media-
dor en los conflictos sociales.


Objetivos específicos


• Recuperar la legitimidad institucional mediante la genera-
ción de respuestas rápidas y satisfactorias ante las deman-
das formuladas al sistema de Justicia.


• Fomentar la capacidad de denunciar en la ciudadanía y
reducir la intervención de la justicia privada, sea por mano
propia o porque la violencia se convierte en un mecanis-
mo de reducción de conflictos.


1. Modernizar y actualizar el Código penal


Frente a hechos y percepciones de inseguridad, “las deman-
das de la población se han dirigido hacia dos ámbitos concre-
tos y sensibles de la Justicia penal: hacia el procedimiento
penal y hacia el derecho penal” (Carrión, 2006: 1).Ante esto,
el Gobierno y la Fiscalía deben generar acciones que no sean
de corte populista, concentradas en despedir a fiscales defi-
nidos como corruptos y, menos, en promover el incremento
de penas y el juzgamiento penal de menores de edad; situa-
ción que conduce al mayor hacinamiento en las cárceles.


Para ello, una eficiente forma de modernización es el re-
planteamiento del Código penal, eliminando los delitos me-
nos trascendentales e incluyendo delitos nuevos y actuales.
Esto permitirá que los jueces no se ocupen de casos irrele-
vantes y se focalicen en los delitos más peligrosos y en los
más comunes. Además, se debe fomentar el establecimiento
de penas alternas a la prisión que actualmente es vista como
primera sanción para castigar hechos delictivos. La prisión
preventiva es un recurso a ser utilizado para casos excepcio-
nales, según lo determine la ley y la Justicia.


2. Promocionar un modelo de Justicia restaurativo


Debido a que las políticas de represión y castigo que hasta el
momento han sido aplicadas para solucionar conflictos socia-
les no han podido reducir los niveles de delincuencia y vio-
lencia, es tiempo de contemplar otros modelos de resolución
de conflictos en los que el objetivo no se limite al castigo del
victimario, sino que se concentre en el restablecimiento de
los nexos sociales en un marco más integral. De esta forma,
tanto la víctima y el victimario participan en la resolución del
conflicto al aportar con su propia perspectiva y al buscar
posibilidades para repararlo en el futuro, en lugar de castigar
por el pasado, como suele hacer el sistema Judicial. De esta
manera, se puede fortalecer el aspecto rehabilitador de los
victimarios y victimarias.


La Justicia debe lograr que tanto la víctima, el victimario y
la comunidad participen en la búsqueda de soluciones; se
debe abordar el conflicto desde el factor humano de las par-


Líneas de acción


3. Sistema Judicial


5352


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




54


tes, permitiendo que el victimario acepte la culpabilidad y en-
miende lo dañado, y le devuelva a la víctima la seguridad y la
confianza. Así se puede lograr la reconciliación de las partes
y el fortalecimiento del sentido de comunidad:


El desafío es superar la lógica del castigo pasando a una lec-
tura relacional del fenómeno criminal, entendido primaria-
mente como un conflicto que provoca la ruptura de expec-
tativas sociales simbólicamente compartidas (Ceretti, en:
Mendaña y Salgado, 2008).


Es pertinente puntualizar que el modelo de Justicia reparati-
va se lo debe aplicar en estricto apego al derecho, pues son
las juezas y jueces pertinentes quienes definen la gravedad
del delito y la idoneidad para optar por este camino. Los deli-
tos menores pueden ser objeto de reparación mientras que
los de mayor severidad deben someterse al procedimiento
judicial respectivo.


3. Desarrollar la relación entre derecho penal y
procedimientos penales


Según Simon,


la manera en que el Ministerio Público procesa las denun-
cias es uno de los temas de mayor preocupación, ya que en
la práctica existe una muy baja respuesta a las denuncias
que recibe. De las denuncias recibidas en 2005, un total de
120.291 se encontraban en la fase de indagación, es decir
67,35 %. Este es un porcentaje similar a los años anteriores:
69,41% en 2004; 71,51% en 2003, y 65,68% en 2002 (2006: 6).


Ante esto, es importante reducir la visión de la gran variedad
de delitos que existen actualmente a los más relevantes a
través del derecho penal mínimo (Simon, 2006), y facilitar
que los procesos penales cuenten con una diversidad de res-
puestas a la pequeña porción de casos reconocidos por el
sistema Judicial.


El sistema de Justicia se nutre de la información provista
por el cuerpo de investigación que da soporte a su trabajo;
por ello, es importante designar recursos a la unidad de inte-
ligencia que trabaja en los procesos de investigación criminal


como apoyo al trabajo de los jueces competentes. Solo un
equipo de investigadores eficientes estará en capacidad de
identificar las estructuras delictivas que amparan a detracto-
res y detractoras de la Justicia a través de la conformación de
bandas delincuenciales, organizaciones que cuentan con alto
poder e influencia en ciertos sectores de la ciudad y que in-
tentan ser obviadas ante la fuerza policial y, por ende, ante la
Justicia.


La información generada por investigadores e investiga-
doras criminalistas debe fluir ágilmente al servicio de Justicia,
para que la capacidad de gestión de juezas y jueces titulares
de cada caso responda con la misma celeridad.


4.Tratamiento judicial diferenciado a
jóvenes menores de 18 años


Poner de manifiesto la palabra “menores” con la palabra “de-
lincuentes”, encierra cuestiones complicadas. La expresión
“menores delincuentes” es una categoría creada y construi-


55


3. Sistema Judicial


da a través de complejos procesos de criminalización carac-
terísticos de formas delincuenciales ejercidas por personas
adultas, cuyas conductas responden a procesos profunda-
mente vinculados a contextos socio-históricos y económi-
cos particulares, los cuales han influenciado en sus compor-
tamientos.


El calificativo “criminal” asignado a una persona conlleva
una fuerte carga de estigmatización, por lo que revisar esta
categoría asignada a menores de edad no equivale a negar la
existencia de criminalidad, pero sí significa que los victimarios
y victimarias menores de 18 años de edad no puedan ser juz-
gados ni sentenciados como adultos. Ellos y ellas deben reci-
bir tratamientos de rehabilitación social, con apoyo emocio-
nal y psicológico, y con oportunidades de educación durante
su estancia en el reformatorio. Estos menores, al no tener
oportunidades de reinserción social, usualmente salen de la
cárcel y se encuentran sin opciones de supervivencia; por lo
tanto, reinciden en la actividad delictiva y criminal.


En el contexto de seguridad ciudadana, se debe evitar
que la delincuencia infanto-juvenil de determinados sectores
sea manipulada con el fin de provocar reacciones sociales y
estados de opinión pública sobre peligro y seguridad genera-
dos por menores de edad. Acciones de este tipo buscan re-
ducir la mayoría de edad penal de los detractores de la Jus-
ticia, amparados en criterios y contextos de criminalización
propios de procesos de juzgamiento de personas adultas que
no consideran la existencia de formas de rehabilitación social
propias para cada grupo etario.


5. Mejorar la capacidad de respuesta del Ministerio Público


Uno de los principales problemas del sistema de Justicia
actual es el bajo nivel de respuesta que tiene frente a las de-
nuncias (solo 2,61% denuncias fueron respondidas en 2005).
El nivel de procesamiento de denuncias es bastante bajo
mientras que el nivel de denuncias rechazadas, bastante alto.
Si bien es correcto llevar a juicio un número mínimo de ca-
sos, el sistema procesal debe resolver el resto de denuncias
a través de mecanismos diversos como las conversiones o
los juicios abreviados. Se debe tomar en cuenta que los casos


que mayor atención reciben por parte del sistema de Justicia
son los vinculados al consumo y tráfico de narcóticos –pese
a que representan solo el 0,85% de las denuncias que llegan
al Ministerio Público–, mientras que los que menos atención
reciben son los delitos contra la propiedad, los cuales son los
más denunciados, con un 61%.


En este sentido, es indispensable que mejore la capaci-
dad de respuesta a las denuncias del público porque esto
contribuirá a apaciguar la percepción de inseguridad y fo-
mentará en la ciudadanía la voluntad de denunciar ; es nece-
sario también que mejore la coordinación entre la Policía y
el Ministerio Público, y que la investigación que se lleva a ca-
bo previo al juicio posea coherencia y cumpla con los re-
querimientos del Ministerio Público para que tenga validez,
calidad y se agilite el procesamiento de denuncias y el nivel
de respuestas.


6. Consolidar la labor eficiente de la
Defensoría Pública Nacional


Esta Defensoría podría apoyar y articular los esfuerzos de los
31 defensores públicos existentes con las organizaciones civi-
les y facultades de Derecho que han acogido esta responsa-
bilidad (Simon, 2006). Esta unidad tiene la responsabilidad de
proveer servicios de buena calidad a quienes necesiten ser
juzgados pero no puedan costear los servicios de un aboga-
do o abogada, de forma que se les conceda el derecho de
acceder a la Justicia y ser debidamente sentenciados.


La cantidad de procesos judiciales que ingresan a la
Defensoría Pública Nacional no podrán ser procesados ágil-
mente si esta institución no busca apoyo operativo en otras
organizaciones. Es importante reconocer la labor judicial que
pueden ejercer estudiantes de Jurisprudencia inmediatos a
profesionalizarse, las distintas ONG que trabajan con exper-
tos y expertas en Derecho, en libre ejercicio y con disposi-
ción a realizar defensa pública, y todos quienes pueden arti-
cularse en una estructura de profesionales adscritos a la
Defensoría Pública Nacional, con el objetivo de prestar sus
servicios a fin de descongestionar la acumulación de casos sin
ser procesados por la falta de defensores públicos.


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




56


7. Calidad de los servicios de Justicia vía atención
primaria en el ámbito judicial


Esta línea estratégica de acción se enfoca en mejorar el acce-
so a la Justicia de las víctimas y en aumentar las posibilidades
de recibir respuestas satisfactorias ante sus demandas y nece-
sidades, sin que intervengan los órganos jurisdiccionales.


La atención primaria provee respuestas a las demandas y
necesidades de las víctimas de una forma más interdisciplina-
ria, de mejor calidad y en varios niveles: en el primero, está la
difusión y promoción de derechos y el asesoramiento y asis-
tencia en procesos de demanda y recepción de denuncias; en
un segundo nivel, se provee protección y atención inmediata
en casos violentos; y en tercer nivel, se ofrecen soluciones
tempranas al caso o se lo presenta a un fiscal para que co-
mience el juicio con prontitud.


Para efectivizar esta política, es necesario proveer centros
de atención en las distintas partes del país y las ciudades,
quizá con mayor énfasis en los sectores donde las personas


tengan menor acceso a las centrales de Justicia. El personal
de estos centros debe estar debidamente capacitado e inclu-
so debe dar la importancia del caso y asesorar con vehemen-
cia en temas poco denunciados como la violencia de género.
Estas medidas ayudarán a generar más confianza en el siste-
ma de Justicia.


Una medida de esta naturaleza requiere integrar profe-
sionales de varias disciplinas, conocedores de temas de dere-
chos y capaces de estructurar estrategias interdisciplinarias
que orienten el manejo de conflictos a vías de atención pri-
maria antes descritas. Además, acciones de este tipo no pue-
den materializarse sin los recursos económicos necesarios,
los mismos que deben ser financiados por el sistema de Jus-
ticia central o por medios alternativos que tengan interés en
reducir los índices de inseguridad de las ciudades.


8. Impulsar los espacios y funciones de
mediación de la Justicia


Para nuestro interés, entenderemos como mediación:


un sistema de solución colaborativa de conflictos, mediante
la cual las partes intentan resolver sus diferencias por sí mis-
mas, con la ayuda de un tercero imparcial que actúa como
conductor, ofreciendo un espacio protegido a las partes
para encontrar una solución que sea satisfactoria para
ambas (Restrorative Justice, 1996).


Es necesario construir e instalar mecanismos de conciliación
y resolución de conflictos como los centros de mediación,
consejería y manejo de conflictos ante los cuales puedan
acercarse libremente las personas inmersas en situaciones de
litigio. Se puede crear una oficina de recepción de quejas que
permita a los ciudadanos y ciudadanas ingresar sus denuncias
a fin de ser esclarecidas bajo procedimientos reconocidos
por la instancia judicial sin llegar, necesariamente, a procesos
judiciales formalmente establecidos.


En el ámbito de la seguridad ciudadana, la mediación es
una alternativa de atención directa a las personas inmersas
en situaciones de conflicto, que incorpora a la víctima y ofen-


sor en la reparación del delito mediante una activa participa-
ción de ambos. De esta forma, la mediación surge como una
alternativa social que brinda la oportunidad al infractor o
infractora para solucionar el conflicto surgido ante la comu-
nidad, además de resolver ágilmente los problemas genera-
dos a la víctima a través de una participación activa y volun-
taria entre ambos actores.


Esta medida considera imparcial a la tercera persona de
la mediación, es decir, como sujeto con conocimiento de
derecho que actuará amparado en las normas y procedi-
mientos establecidos en los códigos de Justicia rectores en el
país; asimismo, él o ella ejercerá este rol por su libre voluntad
y con el compromiso de asumir la responsabilidad sobre sus
resoluciones.


9. Implantar sistemas transparentes y eficientes de
intercambio de información interinstitucional


Al momento de citar sistemas transparentes y eficientes de
intercambio de información interinstitucional se debe prestar
particular atención a la Policía Judicial como primera fuente.
Esta institución es la puerta principal para iniciar procesos ju-
diciales, sin embargo, su sistema de registro de denuncias no
aporta con la agilidad que podría hacerlo. Los y las profesio-
nales que trabajan en esta dependencia deben ser capacita-
dos en sistemas de investigación criminal, donde adquieran
herramientas cognoscitivas propias de su trabajo que les per-
mita mayor agudeza en la recepción de denuncias, con el fin
de abstraer la mayor cantidad de datos formulados por las
víctimas al momento de realizar la denuncia, información que
será archivada hasta el momento de su oportuno uso.


La eficiencia de estos archivos de datos dependerá del
mecanismo a través del cual se los utilice, son fundamentos
que se deben ingresar a sistemas informáticos que puedan
complementarse y enriquecerse con la información provista
por las otras instituciones actoras del sistema de Justicia.


La Función Judicial, Ministerio Público, Registro Civil, Re-
gistro de la Propiedad, Policía Judicial y centros de rehabilita-
ción tienen elementos informativos que deben fluir fácil y
transparentemente. Para esto, se puede reforzar la organi-


zación de reuniones interinstitucionales constantes para
compartir información y conversar sobre mecanismos que
mejoren su flujo e intercambio de fundamentos, para en un
segundo momento dar paso a la creación de bases de datos
en las cuales se cruce información de las instituciones involu-
cradas, ya que son fuentes que generan insumos a ser proce-
sados por el sistema de Justicia integrado.


10. Capacitar a operadores y
operadoras de Justicia


La capacitación a las personas que operan la Justicia debe,
según Núñez (2006), entender al “crimen” como un fenóme-
no inscrito en procesos más amplios de marginación y exclu-
sión social [que no necesita] de un sistema penal gigantesco:
la represión genera más violencia porque las instituciones
operan con lógicas de persecución que no brindan ninguna
salida individual o colectiva a las personas que infringen la ley
(Núñez, 2006: 9).


57


3. Sistema Judicial
120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




1
Iniciativas de reforma en la legislación procesal


penal / localidad:Argentina


La comisión asesora para la reforma de la legislaciónprocesal penal fundada en el ámbito del Ministerio deJusticia y Derechos Humanos de Argentina en febrero
de 2007 tiene por objetivo elaborar un anteproyecto de
Código procesal penal de la nación y un anteproyecto de la
Ley de organización judicial que permita la implementación del
nuevo sistema de enjuiciamiento en material penal, y además,
proponer reformas a la Ley orgánica del Ministerio Público.


Adicionalmente se ha implementado en la provincia de
Buenos Aires el Programa de fortalecimiento del sistema acu-
satorio en la Justicia penal, cuyo objetivo inmediato es la intro-
ducción de un nuevo procedimiento para oralizar la resolu-
ción de los casos de flagrancia. Este programa fue objeto de
una prueba piloto en Mar del Plata y, debido a su éxito en
cuanto a generar mayor efectividad y eficiencia en 2006, se
extendió a los departamentos judiciales de San Martín y Zá-
rate-Campana (Binder, 2006).


2
Modelo de gestión de la Justicia


penal / localidad: Cuenca, Ecuador


Desde 2006, el Ministerio Público, la Función Judicial, laDefensoría Pública y los servicios de atención gratui-ta han intentado incrementar la productividad del sis-
tema procesal penal en Cuenca, al mejorar la calidad de res-


Los jueces, abogados y fiscales deben ser capacitados so-
bre los nuevos procedimientos de los juicios orales (que son
lentamente integrados al sistema de Justicia actual) así como
de la Justicia reparativa y las otras reformas y políticas que se
apliquen a favor de la seguridad ciudadana.Todos los opera-
dores deben contar con material impreso que les asista en
sus procedimientos diarios.


Además se deberá atender temas de prevención de la
violencia y el fortalecimiento de los derechos civiles, políticos
y culturales de la gente, ya que el fin último es la construc-
ción de una sociedad democrática.


Si bien las medidas de este tipo se deben realizar con los
actuales profesionales del Derecho, es necesario poner énfa-
sis en la carrera judicial como tal. Es importante que todas las
escuelas de Derecho modernicen sus contenidos y sus for-
mas de enseñanza. Quienes estudian esta disciplina ejercen
su carrera según la escuela a la que pertenecen, razón por la
cual es ilusorio demandar mayores innovaciones en el proce-
dimiento judicial aplicado por juristas formados bajo cánones
actualmente desactualizados. Por esto, se vuelve imprescindi-
ble la actualización constante de los y las potenciales profe-
sionales del Derecho.


58 59


3. Sistema Judicial


Experiencias relevantes


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




60


puestas que se proveen a las demandas de la ciudadanía y al
aumentar el número de respuestas. Desde 2003, se han imple-
mentado audiencias de control de flagrancia, lo cual ha permi-
tido que se aumente el número de causas resueltas con medi-
das alternativas a la cárcel; también se empezó a trabajar con
la Unidad de asistencia primaria del Ministerio Público, la cual se
encargaba de depurar los casos y pasar a los fiscales solo aque-
llos que podían ser investigados, generando así rapidez y efica-
cia en el sistema. Con estas experiencias, en 2006 se implantó
el modelo de gestión de la Justicia penal, elaborando sistemas
de intercambio de información entre la Función Judicial, el
Ministerio Público, el Registro Civil, el Registro de la Propiedad,
la Policía Judicial y los centros de rehabilitación; este modelo
ofrece capacitación al 100% de los operadores y operadoras
de Justicia sobre soluciones alternativas en los juicios orales, en
las prácticas de prueba y en los procedimientos penales; ade-
más, capacita a profesores sobre la metodología de litigación
oral, fortaleciendo el Ministerio Público del Azuay y creando
una oficina de coordinación y registro de audiencias entre la
Función Judicial y el Ministerio Público, con el propósito de que
aumente el número de audiencias para que sean monitorea-
das. Finalmente se han aplicado medidas coordinadas entre el
defensor público y los servicios legales gratuitos para que quie-
nes no puedan pagar por un abogado o abogada, accedan a la
Justicia democráticamente. Este modelo de gestión ha incre-
mentado la percepción de confianza y credibilidad en la pobla-
ción cuencana a un 68%, convirtiendo a la Justicia en la segun-
da institución más confiable, después de la Iglesia.


3
Reformas en el sistema Judicial


de Chile / localidad: Chile


En el año 2000, Chile empezó su reforma en el sistema Ju-
dicial proponiendo un nuevo modelo de gestión. Para esto,


se implementó el Ministerio Público y la Defensoría Penal
Pública y se les asignó sistemas de organización y administra-
ción diferenciados. Debido a que estas instancias eran com-
pletamente nuevas, hubo flexibilidad y libertad en su diseño.
El planteamiento organizacional de los tribunales permitió
que se desplazaran en su territorio jurisdiccional, lo cual
mejoró el acceso a la Justicia.También se implementaron ad-
ministradores profesionales, encargados de distribuir los
recursos humanos y gestionar los recursos del tribunal. Ac-
tualmente distribuyen y preparan la agenda de los jueces, ab-
sorbiendo gran parte del trabajo administrativo y agilitando
el proceso del juicio penal. Otro factor que explica el éxito
de esta reforma es que su implementación ha sido gradual;
comenzó en 2000 y en 2005 rigió en la Región Metropolita-
na de Santiago, que era la última región por cubrir en el terri-
torio chileno. Esto ha permitido que el Estado asigne el pre-
supuesto de acuerdo con las situaciones que se presentan,
mientras adquieren experiencia y mejoran los servicios en las
zonas más difíciles.


La reforma del sistema procesal en Chile ha provocado
varios logros positivos. Debido a la agilidad del sistema orga-
nizacional, este modelo ha incrementado la capacidad de res-
puesta anual. Antes de iniciar la reforma, se calculó electróni-
camente que el sistema resolvería un 89% de los casos ingre-
sados en un año. Sobre esta cifra se asignaron los recursos
económicos, materiales y humanos necesarios para empren-
der la reforma. Después de ocho años de funcionamiento,
Chile atiende el 89% de los casos o más, y es capaz, incluso,
de incentivar un mayor número de denuncias. Es indiscutible
el éxito de esta reforma tras haber producido una considera-
ble disminución en el tiempo que duran los trámites de de-
nuncias (actualmente se demoran de un 40% a un 60% me-
nos que en el antiguo sistema). Chile, en relación con otros
países latinoamericanos, hace un uso relativamente mayor de
las soluciones alternativas, intentando depender menos de la
pena carcelaria. Estas medidas han logrado formular un siste-
ma de Justicia con una alta capacidad de respuesta, tiempos
de duración reducidos y destrezas en cuanto a la organización
rápida de audiencias de juicios.


61


Textos citados


Binder, Alberto (2008). “La política judicial de la democracia
argentina. Vaivenes de la reforma judicial”. URVIO, Revista
Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, 3.Quito: FLACSO,
sede Ecuador: 48-66.


Carrión, Fernando (2006). “Derecho a la Justicia”. Boletín
Ciudad Segura, 6. Quito: FLACSO, sede Ecuador: 1.


Mendaña, Ricardo y Alicia Salgado (2008). “El Ministerio
Público y “atención primaria” de la conflictividad penal”.
URVIO, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, 3.
Quito: FLACSO, sede Ecuador: 21-32.


Núñez Vega, Jorge (2006).“La reforma del Estado en materia
penal: una política inconclusa”. Boletín Ciudad Segura, 6.
Quito: FLACSO, sede Ecuador: 9.


Simon Campaña, Farit (2006). “Administración de Justicia y
seguridad ciudadana: la ley del más débil”. Boletín Ciudad
Segura, 6. Quito: FLACSO, sede Ecuador: 4-9.


Textos consultados


Amich, Cristina (2007). “La evolución de la legislación sobre
menores de edad delincuentes en la dictadura militar bra-
sileña”. Documento electrónico:
http://www.umanizales.edu.co/revistacinde/vol5/ar ticu-
lo%2005.pdf
[consulta: marzo de 2009].


Duce, Mauricio (2008). “La reforma procesal penal en Chile:
logros y desafíos, período 2000-2007”. URVIO, Revista Lati-
noamericana de Seguridad Ciudadana, 3. Quito: FLACSO,
sede Ecuador: 48-66.


Finochietti, María Dolores (2008). “Mediación, conciliación y
sistema Penal”. Revista Pensamiento Penal. Cuadernos de
Derecho Penal del Instituto de Derecho Penal del Colegio de
Abogados de Nequén. Cuaderno 1. Documento de traba-
jo, versión electrónica:
http://www.pensamientopenal.com.ar/neuquen.php
[consulta: marzo de 2009].


3. Sistema Judicial


Bibliografía


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




Vargas Viancos, Juan Enrique (2008).“La nueva generación de
reformas procesales penales en Latinoamérica”. URVIO,
Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, 3. Quito:
FLACSO, sede Ecuador: 33-47.


Páginas web citadas


Departamento de Asistencia Jurídica, Ministerio de Justicia,
Chile (2007). “Sistematización de experiencias de media-
ción penal”. Restrorative Justice Online
http://www.justiciarestaurativa.org/news/sistematizacion/
[consulta: marzo de 2009].


Páginas web consultadas


Centro de Justicia de las Américas (2003)
http://www.cejamericas.org/reporte/muestra_pais3.php?i
dioma=espanol&pais=ECUADOR&tipreport=REPOR
TE3&seccion=DEPUBNAC
[consulta: marzo de 2009].


El Mercurio (s/f). “Exigen cumplir el derecho a la defensa”
http://www.elmercurio.com.ec/web/titulares.php?sec-
cion=fzuyEtT&codigo=LBXlvU6J0a&nuevo_mes=07&nu
evo_ano=2005&dias=29&noticias=2005-07-29
[consulta: marzo de 2009].


El Telégrafo. Naranjo, Juan Carlos (2009).“La defensoría públi-
ca ratifica trabajo con los abogados”
http://www.telegrafo.com.ec/policiales/noticia/archive/poli
ciales/2009/01/26/Defensor_ED00_a-P_FA00_blica-rati-
fica-trabajo-con-los-abogados.aspx
[consulta: marzo de 2009].


Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República
del Ecuador, Defensoría Pública
http://www.defensoriapublica.gov.ec/contact.aspx


62


4. Municipio y
políticas locales


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) cuenta con el
“Pacto por la seguridad ciudadana”, que fue creado y respal-
dado en 2004 por 80 entidades públicas y privadas. Este
pacto contiene 11 políticas locales que plantean el Sistema
integral de seguridad y convivencia ciudadana, las cuales abor-
dan la inseguridad desde una perspectiva de integración, par-
ticipación, capacitación y sustentabilidad. Las 11 políticas pro-
ponen: i) propender al desarrollo humano sustentable; ii) un
manejo institucional e integral de la seguridad; iii) una gestión
oficial de la información y comunicación; iv) el fortalecimien-
to institucional de entidades que conforman el sistema me-
tropolitano de seguridad ciudadana; v) la cultura ciudadana
de paz; vi) la prevención de la accidentalidad vial; vii) la recu-
peración del espacio público; viii) la descentralización de la
administración de Justicia; ix) la atención a grupos vulnera-
bles; x) la prevención y atención a la violencia intrafamiliar, de
género y maltrato infantil; y xi) la rehabilitación y la reinser-
ción social. Este pacto se constituyó en el cimiento del Sis-
tema Metropolitano de Seguridad Ciudadana, conformado
por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
(MDMQ), la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Direc-
ción Nacional de Rehabilitación Social, la Corte Superior de
Justicia de Pichincha y representantes de la sociedad civil.


Además de los enunciados del pacto, el MDMQ formuló
una importante política para viabilizar el financiamiento de
los programas y proyectos en el tema de seguridad. Para esto
creó la Tasa de Seguridad –que es recolectada en el impues-
to predial– y la Corporación Metropolitana de Seguridad
(CORPOSEGURIDAD), entidad municipal privada que ha
estado encargada de administrar la Tasa, coordinar el Sistema
Integral de Seguridad, brindar asesoría técnica y gestionar el
equipamiento e infraestructura para las instituciones respon-
sables de esta competencia, especialmente la Policía Nacio-
nal. No obstante, por mandato establecido en los artículos
287 y 315 de la nueva Constitución política del Ecuador, desde
abril de 2009 CORPOSEGURIDAD pasó a ser una entidad
pública, por lo cual cambió su nombre a Empresa Municipal
de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
(EMSEGURIDAD-Q), ejerciendo las mismas funciones que la
Corporación.


Si bien existe esta iniciativa en el MDMQ, la experiencia de
otros gobiernos locales para establecer este tema en la agen-
da local ha sido poca y de abordajes muy distintos (siendo
Guayaquil y Cuenca las únicas dos ciudades que han acogido
esta competencia); pues, por un lado, el Estado central cons-
titucionalmente aún concentra el tema de la seguridad y, por
otro, las ciudades más pequeñas no cuentan con suficiente
capacidad técnica y presupuesto para definir y gestionar polí-
ticas públicas en este ámbito. Adicionalmente, para gestionar
la seguridad ciudadana desde los gobiernos locales es nece-
sario contar con una política nacional que defina las directri-
ces que deben seguir los gobiernos locales y otras institucio-
nes relacionadas con la seguridad, para trabajar de forma
integral y con metas comunes.


Debido a la relativa experiencia de los municipios en el
tema de seguridad (especialmente en el caso de Quito), es
necesario complementar y actualizar las medidas existentes
con políticas que aborden problemáticas actuales, pues hay
que partir del hecho de que la violencia y los tipos de deli-
tos se transforman continuamente.


Debido a la presencia de la violencia y delincuenciaen las ciudades del país y a una demanda insatisfe-cha de seguridad por parte del Gobierno central, a
partir del año 2000, algunas municipalidades emprendieron
ciertas acciones para apoyar dicha competencia y buscar la
reinstauración de un ambiente urbano seguro, abordando la
inseguridad ciudadana desde una perspectiva de prevención
(Pontón, 2004).


Pese a que este tema es constitucionalmente una res-
ponsabilidad del Gobierno nacional, en el caso de Quito, el
Municipio ha asumido un papel fundamental en la asignación
de recursos, apoyo logístico, capacitación y generación de
políticas y estrategias para la seguridad de la ciudad. Para lo-
grar estas acciones, este gobierno local se ha sustentado en
ciertos artículos de la Constitución y de la Ley de régimen sec-
cional que le posibilitan la creación de ordenanzas en esta
competencia. Así, el campo de acción de la seguridad ciuda-
dana en este Municipio se ha definido en torno al fomento
de la participación ciudadana, la promoción de veedurías ciu-
dadanas, la profesionalización de la Policía y el establecimien-
to de políticas para erradicar la violencia intrafamiliar y de
género (Pontón, 2004).


Diagnóstico


4. Municipio y políticas locales


64 65


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




1. Coordinación de la seguridad ciudadana entre
gobierno local y nacional


El creciente y versátil fenómeno de la violencia afecta la cali-
dad de vida de la ciudadanía, ganando cada vez más espacio
en las agendas públicas nacionales y municipales. Así también
el aumento de la violencia genera una mayor percepción de
inseguridad, lo cual limita los plenos derechos de la ciudada-
nía a usar y disfrutar de los espacios públicos y privados de
la ciudad. Frente a este panorama, los gobiernos locales han
afrontado la lucha en contra de la violencia y la inseguridad
ciudadana en apoyo al Gobierno nacional. En ciudades como
Quito se han iniciado estrategias para disminuir la violencia
urbana y para acercar a las autoridades locales con la comu-
nidad, de forma que los actores urbanos puedan trabajar en
conjunto, abordar las problemáticas que más afectan y preo-
cupan a la ciudadanía, así como prevenir y disminuir la comi-
sión de actos violentos.


A pesar de las estrategias iniciadas por los gobiernos
locales, el mejoramiento de la seguridad ciudadana requiere
de manera imprescindible una eficiente y adecuada coordina-
ción con el Gobierno nacional, a través de sus instituciones,
con el propósito de alcanzar resultados integrales en el
manejo de la misma. En este sentido, es necesario que todos
los actores involucrados en el tema coordinen acciones inte-
rinstitucionales en las que participen gobiernos nacional y
local, seguridad privada, organizaciones no gubernamentales
y ciudadanía en general. De esta manera, será posible la cre-
ación de un Sistema de Seguridad Ciudadana a nivel de cada
cantón del país, el cual deberá funcionar bajo directrices na-
cionales en las que planes, objetivos y estrategias locales pue-
dan ampararse de manera integral.


2. Institucionalización de la seguridad
ciudadana en el gobierno local


Es muy importante institucionalizar el tema de la seguridad
ciudadana a nivel de cada gobierno local, con el objetivo de
que los esfuerzos realizados en esta competencia funcionen
de acuerdo con acciones planificadas y sostenibles en el tiem-


Objetivo principal


Promover que los gobiernos locales asuman la competencia
en seguridad ciudadana para lograr que estos se conviertan
en un espacio de consensos sobre políticas ligadas con esta
temática.


Objetivos específicos


• Lograr que las iniciativas de los gobiernos locales en
torno a temas de seguridad ciudadana sean complemen-
tarias a los esfuerzos nacionales.


• Promover la prevención en las agendas locales.


• Motivar el diálogo permanente entre la ciudadanía y el
gobierno local en temas de seguridad.


Líneas estratégicas de acciónObjetivos


4. Municipio y políticas locales


6766


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




5. Prevención situacional de la inseguridad


El diseño de espacios públicos seguros y la provisión de ser-
vicios básicos es una forma de prevención situacional que
puede reducir las probabilidades de que se produzcan actos
violentos en la ciudad. La mejora de los servicios públicos en
los barrios y el acceso a equipamiento urbano adecuado
reducen la desigualdad y fragmentación urbana y garantizan
una convivencia ciudadana más sólida.


Vale recordar que el espacio público es un espacio de
encuentro, de vida comunitaria y relaciones sociales que pro-
mueven la interacción, la heterogeneidad social y, consecuen-
temente, la convivencia (Borja, 2007). Es importante que la
ciudadanía en su conjunto se apropie de la ciudad y que, a
través de su presencia y uso, prevenga la comisión de actos
delictivos. Para impulsar a la ciudadanía a que se tome la ciu-
dad, es importante también que los gobiernos locales forta-
lezcan los espacios públicos dotándoles de luminarias, apertu-
ra de calles, mejoramiento del transporte público, campañas
para eliminar la violencia de género en ámbito urbano, entre
otras (Laub, 2007).


6. Recuperación de lugares de miedo en la ciudad


Por medio de análisis georreferenciales y cronológicos del
delito y la violencia, las autoridades locales pueden determi-
nar los sectores más vulnerables a la inseguridad, y conjunta-
mente con la comunidad, grupos de jóvenes, organizaciones
civiles y medios de comunicación, organizar eventos sociales
y culturales que incentiven a la población a salir a las calles y
espacios públicos (en la noche, por ejemplo) para disfrutar
de la ciudad y apropiarse de la misma, en la perspectiva de
que el espacio público es escenario de participación ciudada-
na, como sostiene Hannah Arendt:


El espacio público aparece en el encuentro entre personas
diferentes que gozan de los mismos derechos; es la coexis-
tencia de la diversidad y la igualdad en sociedades democrá-
ticas. Así entendido, el espacio público es la posibilidad real
que tiene la gente de concertar y coordinar acciones, es


decir, es el fundamento político de la participación ciudada-
na (en: Núñez, 2006: 11).


Por esta razón, para fortalecer la convivencia y uso del espa-
cio público, la recuperación de lugares reconocidos en el ima-
ginario social como peligrosos a través de actividades socia-
les y culturales, puede convertirse en una acción acertada
que conducirá a rescatar puntos conflictivos de la urbe, posi-
bilitando que estos vuelvan a ser ocupados por la ciudadanía.


7. Fortalecimiento de iniciativas de prevención


El gobierno local debe reconocer que la violencia responde
a situaciones anteriores y posteriores a la misma; no es un
acto puntual que puede ser finalizado con represión y puni-
ción. Es un fenómeno multicausal que se manifiesta en una
pluralidad de formas, por lo que debe ser abordado desde
frentes diversos, a través de procesos de mediano y largo
plazo, y con iniciativas que comprometan el involucramiento
de los distintos actores sociales (instituciones gubernamenta-
les, organizaciones no gubernamentales y comunidades). Los
gobiernos locales deben formular iniciativas de prevención
situacional y comunitaria frente a la violencia y a la criminali-
dad. Para esto, se deben estrechar lazos con barrios y parro-
quias de la ciudad prestando atención y solución a sus
demandas puntuales frente a la inseguridad, de modo que se
puedan prevenir incidentes de riesgo; pues el objetivo princi-
pal de las autoridades locales es proveer a la ciudadanía una
buena calidad de vida. El gobierno local es la institución esta-
tal que está más cerca de su población y la que puede preve-
nir futuros patrones de inseguridad de forma más eficiente.


8. Incentivar la participación y organización ciudadana


El Municipio es un espacio idóneo de participación donde las
personas pueden ejercer su ciudadanía, poner en práctica sus
derechos, reclamarlos, defenderlos y promoverlos. Así, en los
espacios de debate público promovidos por la Alcaldía es po-
sible recoger y sistematizar las demandas de la población;


po. En este sentido, con base en las directrices del sistema
nacional de seguridad ciudadana propuesto, cada municipio
debe instaurar un consejo de seguridad ciudadana (com-
puesto por representantes de instituciones locales y sociedad
civil), cuya función será la de crear el marco institucional y
legal para el funcionamiento de esta competencia, así como
formular políticas públicas locales para el manejo del tema.


Una vez conformado el consejo, se debe establecer un
área municipal dedicada exclusivamente a ejecutar las políti-
cas, planes y proyectos propuestos, para lo cual será necesa-
rio asignar un presupuesto fijo que permita invertir en esta
competencia de manera sostenible. Por tal razón, la creación
de una tasa de seguridad ciudadana que asegure recursos
para este propósito constituye una medida prioritaria que
posibilitará la inversión en seguridad ciudadana de los gobier-
nos locales, la misma que deberá ser administrada por una
empresa municipal dedicada a este fin. De esta manera, cada
cantón del país podrá institucionalizar en sus respectivas al-
caldías su participación en el mejoramiento de la seguridad
ciudadana de su localidad, la cual deberá ser evaluada perma-
nentemente por el propio consejo y la ciudadanía.


3. Generar información confiable para la toma de decisiones


Las decisiones y políticas en el ámbito de la seguridad ciu-
dadana deben estar respaldadas por datos confiables. Es im-
portante que cada gobierno local cuente con un centro de
información que recopile estadísticas vinculadas con la seguri-
dad ciudadana (las cuales deben ser proporcionadas por las
diferentes instituciones que trabajan en el tema), produzca
encuestas periódicas de victimización de su respectiva área
geográfica, así como investigaciones cualitativas en temas pun-
tuales que afectan a la localidad, con el objetivo de que las
decisiones y políticas que tome el consejo de seguridad ciu-
dadana del cantón, estén respaldadas en datos serios y reales.


De este modo, es clave que todo el trabajo elaborado
por el centro de información local se realice en coordina-
ción con el Gobierno nacional a través de la Subsecretaria
de Seguridad Ciudadana, la cual debe recopilar toda la infor-
mación desde un observatorio nacional que se alimente de


los datos y estudios producidos a nivel de cada localidad pa-
ra, de esta manera, establecer políticas de seguridad ciuda-
dana nacionales con base en la información recogida en ca-
da jurisdicción.


Considerando que el Estado garantiza el derecho a acce-
der a las fuentes de información como mecanismo para
ejercer la participación democrática respecto al manejo del
aparato público y la rendición de cuentas, el acceso a esa in-
formación por parte de todas las instancias relacionadas con
la seguridad ciudadana debe ser demandado y controlado
principalmente por los gobiernos locales y sus organismos
en este ámbito.


4. Capacitación a la Policía Municipal en
temas de prevención en seguridad ciudadana


Considerando que las principales ciudades del país cuentan
con una Policía Municipal que apoya a las alcaldías para el
mantenimiento del orden ciudadano, es muy importante que
estas sean capacitadas en prevención de la violencia y la inse-
guridad para que constituyan un soporte efectivo a las polí-
ticas llevadas a cabo por el departamento o área de seguri-
dad ciudadana de cada Alcaldía.


La capacitación y entrenamiento del talento humano poli-
cial son considerados elementos prioritarios para mejorar la
calidad de atención de esta institución. Para ello, es preciso
que las Policías municipales conozcan aspectos teóricos y
prácticos de la seguridad ciudadana, lo cual permitirá alcanzar
una organización adecuada contra la inseguridad como parte
de un proyecto de acción conjunta entre el Municipio, sus
policías y la comunidad.


En el ámbito preventivo, es necesario capacitar al perso-
nal policial en el desarrollo de acciones concretas como el
control y mantenimiento del orden público; transitar los espa-
cios donde existe una alta percepción de inseguridad; velar
por el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía; con-
trol de seguridad de instalaciones y comunicaciones; requisa
de armas, municiones y explosivos; así como la realización de
campañas educativas con la ciudadanía, trabajo que debe arti-
cularse y coordinarse siempre con la Policía Nacional.


4. Municipio y políticas locales


6968


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




1
Una exitosa gestión local de seguridad


ciudadana / localidad: Bogotá


En Colombia, las ciudades que han trabajado con mayorfuerza en la reducción de violencia y delincuencia hansido Cali, Medellín y Bogotá. Esta última es una de las
ciudades que más se destaca debido a la considerable dismi-
nución de la tasa de homicidios y accidentes de tránsito.


Para alcanzar estos resultados, Bogotá ha experimentado
procesos de institucionalización, fortalecimiento y la confor-
mación de una red interinstitucional de seguridad. El fortale-
cimiento partió del involucramiento de la Subsecretaría de
Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, organis-
mo que se encarga de elaborar planes, monitorear y evaluar
los programas.A su vez, Bogotá contó con ciertos elementos
necesarios para que se den avances positivos en materia de
seguridad ciudadana: decisión política, continuidad, interven-
ciones multisectoriales y el fortalecimiento de medidas de
control y focalización. Estos elementos han permitido hacer
un trabajo efectivo de prevención de la violencia y la delin-
cuencia.


El reconocimiento de Bogotá se debe a las siguientes ac-
ciones: 1) Los alcaldes, de manera continua, han asumido lide-
razgo en el proceso de la generación y ejecución de políti-
cas. 2) La creación del Sistema Unificado de Información de
Violencia y Delincuencia (SUIVD), que recopila datos y pro-
duce información y análisis fiables que han permitido profun-
dizar en las problemáticas de la seguridad y han facilitado la
toma de decisiones. 3) El diseño del Plan de Seguridad y
Convivencia que se orienta a reforzar las respuestas de la Po-
licía Nacional y la Justicia, sin dejar de lado una perspectiva de
cultura ciudadana. Este Plan se ha enfocado en el acceso a la
Justicia, en la atención a jóvenes involucrados en asuntos de
violencia y consumo de drogas, atención a poblaciones des-


pues estos permiten la identificación los problemas reales
que padecen las personas y los barrios. Dicha información se
puede procesar para encontrar a través de la participación
popular, las soluciones más ajustadas a los diversos problemas
que padece una comunidad, en este caso, en temas de segu-
ridad ciudadana.


En este espacio, los actores deberán dialogar y expresar
sus inquietudes, demandas o sugerencias para llegar a con-
sensos, trabajar efectivamente y hacer de la seguridad un te-
ma de participación y organización ciudadana. Para que esto
se desarrolle, es necesario coordinar reuniones periódicas
entre la comunidad, administradores zonales, Policía Muni-
cipal, Policía Nacional y representantes de instituciones re-
levantes del sector, para analizar y debatir soluciones a las
problemáticas locales de (in)seguridad; y a partir de ahí, apo-
yar la organización barrial en torno a este tema, la misma que
debe estar siempre guiada por la Policía Nacional y enmarca-
da en acciones de tipo legal.


De este modo, las prioridades de la agenda local en segu-
ridad ciudadana deberán surtir de información confiable y
consensos sociales entre las personas y las instituciones invo-
lucradas en esta problemática.


9. Centrales municipales de atención ciudadana


Siguiendo la experiencia de Quito, Guayaquil y Cuenca en la
creación de una central de atención ciudadana, es importante
que esta iniciativa se replique en todos los gobiernos locales
interesados en apoyar y mejorar la seguridad de su población.
El objetivo de contar con una central de este tipo es dispo-
ner de una estructura integral y sistematizada de atención y
seguridad ciudadana, la misma que de ser posible debe con-
tar con una infraestructura tecnológica, integral y automática
en aspectos como los siguientes: i) sistema de comunicación
basada en la red telefónica pública como medio de transmi-
sión, dedicado a la recepción y atención de llamadas telefóni-
cas de auxilio e información; ii) sistema de gestión de radio
que debe disponer de una infraestructura de comunicaciones
basada en la red de radiocomunicación policial con el uso del
sistema troncalizado de la Policía Nacional para la transmi-


sión-recepción de voz entre la central municipal de atención
ciudadana y las unidades policiales, fijas y móviles; iii) videovi-
gilancia externa, la cual debe constar de una infraestructura de
vigilancia por video basado en una red de transmisión de imá-
genes en tiempo real, compuesto por cámaras externas a
control remoto; y iv) una red de apoyo comunitario que con-
tará con una infraestructura de comunicaciones compuesta
por alarmas comunitarias, radioaficionados, radiotaxis, entre
otros.


Los beneficios que la implementación de una central de
este tipo proporciona a la ciudadanía son: tener un sistema
inteligente de seguridad de última tecnología, el cual será el
apoyo de todos los servicios encargados de velar por la segu-
ridad y convivencia de los residentes de la ciudad; responder
a las necesidades presentadas a diario por parte de la ciuda-
danía, cuyo fin primordial es la minimización del tiempo de
respuesta para la atención de los casos de emergencia que
se presentan en la ciudad; y finalmente permitir que la ciuda-
danía reciba oportunamente el apoyo y la asistencia de la Po-
licía Nacional en caso de auxilio.


10. Centros de atención integral en seguridad ciudadana


La creación de centros de atención en seguridad ciudadana
es una iniciativa que puede permitir a los gobiernos locales
brindar asistencia especializada a la ciudadanía víctima de
delitos y violencia de una manera integral. Estos centros son
instancias interinstitucionales que, a través de la desconcen-
tración de los servicios de Justicia, posibilitan un apoyo efi-
ciente y personalizado en aspectos como: atención legal, mé-
dica, sicológica y social, con el fin de asistir a la ciudadanía que
se enfrenta a un problema de gran impacto como el delito y
la violencia.


De esta manera, las diversas instituciones vinculadas con
la problemática de la seguridad ciudadana pueden trabajar en
conjunto a través de un equipo técnico de profesionales en
varias ramas, para reducir las consecuencias de la victimiza-
ción por medio de una atención eficiente y de calidad que
facilite el proceso de denuncia y recuperación de la ciudada-
nía que ha sido violentada.


4. Municipio y políticas locales


7170


Experiencias relevantes


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




nación con las distintas organizaciones públicas, privadas y
sociales relacionadas con la seguridad de Quito.


3
Distritalización de la Policía en el Perú1


En un contexto marcado por la entrada de Luis AlvaCastro (miembro del partido de gobierno APRA, delarga trayectoria) al gabinete para ocupar la cartera del
Interior en reemplazo de Pilar Mazetti, el presidente del Perú,
Allan García, lanzó el 28 de febrero de 2007 el Plan de Dis-
tritalización de la Policía Nacional en Lima, el cual está basa-
do en la experiencia llevada a cabo en Chile conocida como
el Plan Cuadrante. En este sentido, los objetivos son pareci-
dos a los ejecutados por los carabineros chilenos; es decir,
aumentar el número de efectivos policiales en la calle a par-
tir de la limitación de áreas territoriales de control (en este
caso, los distritos serían la unidad básica), logrando un acer-
camiento entre la Policía, la comunidad y las autoridades loca-
les, incorporando el papel de esta “comunidad” en la preven-
ción del crimen. O, en palabras del propio Allan García:
“Necesitamos concentrar en los distritos, que es donde vive
la gente, el mayor número de policías y vehículos […] por
eso me complace que se traiga a la epidermis de la ciudada-
nía al personal de las grandes direcciones administrativas”.2


De acuerdo con la oficina de comunicación social del
Ministerio del Interior,3 la estructura será la siguiente: se cons-
tituirán dos divisiones territoriales en Lima y otra en el Ca-
llao, las cuales tendrán a su cargo cierto número de jefaturas
distritales. Cada una de estas jefaturas tendrá una central de
operaciones policiales a cargo de un coronel y contará con
los servicios de emergencia y patrullaje motorizado, seguri-
dad y patrullaje a pie, tránsito, investigación criminal y drogas,
así como la oficina de participación ciudadana.


De esta manera, la función de las comisarías se restringi-
rá a la recepción de denuncias, atención y solución los hechos
policiales, realización de investigaciones por faltas y delitos de
menor cuantía, accidentes de tránsito y violencia familiar.
Para el Instituto de Defensa Legal (IDL), el peligro de la eje-
cución del Plan de Distritalización de la Policía es que


se termine añadiendo una capa burocrática más: la de los
coroneles en sus jefaturas, con desmedro de las facultades
de los comisarios; y que los coroneles no terminen sirvien-
do al plan sino el plan a los coroneles.4


Asimismo, según diversos analistas, unas de las principales
debilidades de este proyecto es la falta de mecanismos para
luchar contra la corrupción, presente en todos los niveles de
la institución policial. Finalmente es necesario señalar que,
antes de iniciar la ejecución del plan en el resto del país, es
preciso evaluar detalladamente los efectos que pueda tener
su implementación en Lima y el Callao, tomando en cuenta
los privilegios en la asignación de recursos en estas zonas
debido a la lógica centralista del Gobierno.


plazadas por la violencia, la recuperación de entornos críticos
y espacios públicos, la aplicación de la hora zanahoria, el des-
arme y el fortalecimiento de la investigación criminal. 4) Se
ha implantado infraestructura administrativa y se han asigna-
do recursos humanos técnicos y financieros. 5) Finalmente el
gobierno local ha fortalecido la Policía Metropolitana, cumple
con rendición de cuentas periódicas y se somete a una eva-
luación externa sobre las acciones y políticas del Plan de Se-
guridad (Cevallos y Martín, 2004).


Estas políticas lograron que Bogotá alcanzara las tasas de
homicidio más bajas en las últimas dos décadas. En 1991, la
tasa fue de 79,3 homicidios por cada 100 mil habitantes; en
2002 descendió a 66, y la cifra continuó descendiendo a 37,2
en 2005; en 2006 esta se situó en 18, la tasa más baja que
Bogotá había obtenido en los últimos 21 años. Otro logro
fue la reducción de las muertes por accidentes de tránsito, las
cuales pasaron de 1.387 muertes en 1995, a 598 en 2003. En
términos generales, los logros se deben a un trabajo coordi-
nado que supo balancear las acciones preventivas y coerciti-
vas bajo los preceptos del Estado de Derecho colombiano
(Acero, 2006).


2
Gestión metropolitana de seguridad


ciudadana / localidad: Quito


El caso de Quito se considera exitoso en la incursiónmunicipal de la seguridad ciudadana, debido a las medi-das legislativas que se han implementado para que el
gobierno local asuma la competencia de seguridad y trabaje
por la paralización del crecimiento de las tasas de violencia y
delincuencia. Una de las acciones de mayor reconocimiento
es la implementación de la Ordenanza de la Tasa de Seguridad,
la cual le ha otorgado al gobierno local la capacidad de ges-


tión financiera de la seguridad y el fortalecimiento de la Po-
licía Nacional frente a la violencia urbana. El presupuesto de
seguridad que recibe el Distrito Metropolitano de Quito lo
administra la Corporación de Seguridad y Convivencia Ciu-
dadana (CORPOSEGURIDAD). Otra ordenanza que se ha
creado para impulsar el trabajo del Municipio en el ámbito
de la seguridad es la creación y capacitación de una Policía
Metropolitana, instaurada para apoyar al alcalde en el control
de la violencia. Finalmente una de las más innovadoras accio-
nes municipales fue la coordinación de las políticas de erra-
dicación de la violencia intrafamiliar y de género.


El gobierno de Quito ha consolidado una Red de Seguri-
dad Ciudadana que funciona integralmente. Se ha creado la
Dirección de Seguridad Ciudadana dentro de la cual funcio-
nan varias unidades y organismos con funciones específicas
respecto a la gestión de la seguridad en la ciudad. El Observa-
torio metropolitano de seguridad ciudadana es el centro encar-
gado de recopilar datos y producir información sobres las
dinámicas y características de la violencia en Quito, al prove-
er a las autoridades las bases para la formulación de políticas.
Dentro de la Dirección de Seguridad Ciudadana funcionan: la
Unidad de convivencia ciudadana, la cual desarrolla diversos
proyectos alrededor de temas relacionados con los sistemas
alternativos de seguridad, el fortalecimiento de la participa-
ción ciudadana, la prevención del alcoholismo en adolescen-
tes y la capacitación de líderes comunitarios; la Unidad de vio-
lencia intrafamiliar, violencia de género y maltrato infantil, que
pretende reforzar la equidad de género en los servicios de la
Justicia y su acceso a la misma; y la Unidad de riesgos, dedica-
da a prevenir y atender los desastres naturales, ambientales y
sociales. La Dirección trabaja conjunta y coordinadamente
con CORPOSEGURIDAD, la Policía Metropolitana y el
Cuerpo de Bomberos.


El gobierno local de Quito ha utilizado los instrumentos
constitucionales de autonomía regional y descentralización
para trabajar en el tema de la seguridad ciudadana. A través
de la formulación de ordenanzas amparadas en la Ley de régi-
men municipal ha logrado crear organismos municipales y
fondos de financiamiento (tasas de seguridad) que le permi-
ten investigar las dinámicas de la violencia local, diseñar estra-
tegias de prevención e intervención local y actuar en coordi-


1 Dammert, 2006.


2 Ver Agenciaperu.tv (s/a).


3 Ver Ministerio del Interior (s/a). 4 Ver Seguridad Ciudadana (s/a).


4. Municipio y políticas locales


7372


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




Textos citados


Acero, Hugo (2006). “Los gobiernos locales y la seguridad ciudadana”.
Bogotá: Fundación Seguridad y Democracia. Bogotá: Fundación Seguridad
y Democracia.


Borja, Jordi (2007). “Espacios públicos y servicios urbanos seguros”, en: C.
Boisteau y C. Cifra. Políticas urbanas y convivencia en ciudades de América
Latina. Hacia una gestión integral de la ciudad. Lausanne: École
Polytechnique Fédérale de Lausanne: 57-63.


Dammert Guardia, Manuel (2006). “Distritalización de la Policía en el Perú”.
Boletín Ciudad Segura, 12. Quito: FLACSO, sede Ecuador: 3.


Laub, Claudia (2007). “Ocupar el espacio público para transformarlo. El
ágora: la sociedad civil por el fortalecimiento de la gobernabilidad en
Argentina”, en: C. Boisteau y C. Cifra. Políticas urbanas y convivencia en
ciudades de América Latina. Hacia una gestión integral de la ciudad.
Lausanne: École Polytechnique Fédérale de Lausanne: 69-75.


Núñez Vega, Jorge (2006). “Seguridad privada y espacio público”. Boletín
Ciudad Segura, 7. Quito: FLACSO, sede Ecuador: 11.


Pontón, Daniel (2004). “Políticas públicas en seguridad ciudadana: el caso de
Quito 2000-2004”. Políticas públicas en seguridad ciudadana en Quito.
Quito: Red Urbal: 353-273.


Páginas web citadas


Agenciaperu.tv
www.agenciaperu.com
[consulta: diciembre de 2006].


Ministerio del Interior de la República del Perú
www.mininter.gob.pe
[consulta: diciembre de 2006].


Seguridad ciudadana
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/02-03/texto1.htm
[consulta: diciembre de 2006].


Páginas web consultadas


Corporación Metropolitana de Seguridad y Convivencia Ciudadana (COR-
POSEGURIDAD)
www.corposeguridad.com.ec/content/view/2/15
[consulta: mayo de 2008].


Observatorio metropolitano de seguridad ciudadana
www.observatorioseguridaddmq.net
[consulta: junio de 2008].


Unidad de prevención y atención de violencia intrafamiliar, género y maltrato
infantil, Alcaldía Metropolitana de Quito
www.quito.gov.ec/unidadvif/indvif.htm
[consulta: mayo de 2008].


Bibliografía


74


Actores


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




5. Pandillas




La pandilla es un fenómeno complejo en la medida en que
su comportamiento violento y asociación con la delincuencia
pueden ser un reflejo de la exclusión y fragmentación social
que atraviesan los y las jóvenes al ser visualizados como per-
sonas peligrosas, al ser afectados por la pobreza2 y/o al expe-
rimentar dificultades en su inserción al ámbito laboral, princi-
palmente en América Latina, la región con los indicadores de
desigualdad más altos del mundo. En el Ecuador, por ejemplo,
la medición de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en
el Censo de 2001 muestra que tres de cada cinco jóvenes
son pobres y tres de cada diez viven en extrema pobreza
(Torres, 2006).


En varios países, las tendencias de derecha han adoptado
modelos de control y represión para combatir la violencia de
las pandillas. En los países centroamericanos, este tipo de
políticas no ha logrado disminuir la participación juvenil en la
violencia. En Nicaragua, por ejemplo, la participación de los
jóvenes entre los 18 y 25 años de edad se ha incrementado
del 34% en 1997 al 40% en 2001, y al 44% en 2005. La per-
secución y encarcelamiento ha incitado a que estas agrupa-
ciones de jóvenes pandilleros vinculados con la delincuencia
se ex-tiendan, se organicen y se estructuren en las mismas
cárceles y centros de detención, especialmente cuando no se
avizoran oportunidades de reinserción social después del
cumplimiento de sus penas (Moro, 2006). Las políticas repre-
sivas no han logrado disminuir las escalas de violencia en la
región latinoamericana; al contrario, la violencia sigue en au-
mento y en mutación.


5. Pandillas


1 Los “maras” son ejemplo de grupos de jóvenes de Latinoamérica vinculados
al delito y la violencia, que han expandido sus redes de comunicación y coor-
dinación desde los países centroamericanos hasta Estados Unidos y Europa.


79


El fenómeno de las pandillas no es nuevo: se ha expan-dido y ha adquirido características globales. Este hechoinvolucra a un grupo etáreo joven afectado por la po-
breza, la desigualdad social y cruzado por una multiplicidad
de variables (etnia, clase social, género, proveniencia, naciona-
lidad, entre otras).


Con la globalización, las pandillas se han extendido y tras-
pasado las barreras del espacio por medio de una gama de
mecanismos tanto migratorios como de comunicación y nue-
vas tecnologías de información. Esto ha permitido una mayor
interacción entre sus integrantes y ha intensificado la confor-
mación de redes internacionales de pandillas, situación que
ha impulsado a que la ciudadanía y los gobiernos locales se
interesen en comprender sus dinámicas y generar políticas
que reduzcan la violencia que se manifiesta en estos grupos
(aunque vale recalcar que no todas las agrupaciones pandi-
lleras están vinculadas con la violencia).


La dinámica de las pandillas debe ser incluida en las agen-
das públicas de seguridad ciudadana.Varios autores sostienen
que la pandilla emerge ante la crisis de instituciones básicas
en el desarrollo social. Una de las particularidades importan-
tes es la capacidad de haberse transformado en una institu-
ción que sustituye a otras en crisis; por ejemplo, la familia, la
escuela o el trabajo. La pandilla ofrece a sus miembros espa-
cios en donde el afecto y la solidaridad entre los y las jóve-
nes pueden convivir estrechamente con la delincuencia. Los
y las miembros de una pandilla privilegian las relaciones se-
cundarias, conforman un sistema de organización, construyen
identidades grupales, en ocasiones realizan actos contrarios al
orden establecido, y se definen y actúan sobre un territorio.
Hoy en día, sin embargo, estos grupos han superado el ancla-
je territorial y se han tomado el espacio virtual, dando lugar
a su condición global (Carrión, 2006). El fenómeno de la mi-
gración, que en las últimas décadas ha movilizado a millones
de personas desde los países menos desarrollados hacia los
más ricos, ha facilitado la evolución hacia pandillas globali-
zantes.1


78


Diagnóstico


2 Según la CEPAL, en 2002 el 40% de los y las jóvenes de Latinoamérica se
encontraba en condiciones de pobreza.


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




Objetivo general


Promover el reconocimiento y aprovechamiento de las capa-
cidades de las agrupaciones juveniles con el fin de reducir su
vínculo con la violencia, la delincuencia y la ilegalidad, y mejo-
rar su calidad de vida.


Objetivos específicos


• Incluir las necesidades de las agrupaciones de jóvenes en
la formulación de políticas públicas.


• Vincular a las agrupaciones juveniles con procesos de
índole escolar, cultural y laboral.


• Fomentar la participación política, social, cultural y depor-
tiva de jóvenes integrantes de agrupaciones juveniles.


1. Revalorizar las capacidades de las agrupaciones juveniles


“La experiencia acumulada en otros países demuestra que las
políticas de mano dura generalmente solo sirven para cimen-
tar la presencia de las pandillas y marginar aún más a los sec-
tores afectados por este problema social” (Goubaud, 2008:
44). Por esta razón, el sistema de Justicia deberá enfocarse en
un tipo de justicia no ordinario que contemple la reinserción
de los y las jóvenes mediante alternativas como el trabajo
social o el servicio comunitario.


Jóvenes ex pandilleros y ex pandilleras están en la capa-
cidad y cuentan con herramientas para realizar actividades
con y para la comunidad, ellos y ellas han desarrollado estra-
tegias de sobrevivencia como construir estructuras de orga-
nización y comunicación en el interior de su ex agrupación,
cultivar sus destrezas artísticas y crear medios de generación
de recursos para la manutención individual y del grupo, entre
otras. Estas herramientas las han construido empíricamente,
conocimiento que puede ser transmitido a iniciativas comu-
nitarias (grupos de jóvenes, de mujeres, de personas de la
tercera edad, de personas con discapacidad, entre otras) que
buscan fortalecer sus procesos organizativos y requieren de
promotores sociales comunitarios para satisfacer esta nece-
sidad.


La formación de promotores sociales comunitarios sería
el producto de alianzas estratégicas entre el sistema de Jus-
ticia, que determina las penas a los detractores de la ley, y los
“espacios de encuentro juvenil”3 que trabajan con los y las
jóvenes ex pandilleros o pandilleras, conocen su realidad y
están en capacidad de potenciar a sus “colegas” hacia activi-
dades que les integre a la comunidad.


Se deberá también reformar las penas de los y las jóve-
nes menores de edad que estén involucrados en delitos
como asesinato o violación, que se enfoquen en su rehabili-
tación psicológica y emocional en lugar de reforzar las penas
meramente punitivas.


5. Pandillas


Objetivos


8180


Líneas de acción


3 Ver la cuarta línea de acción de este capítulo: Generar espacios de encuen-
tro juvenil.


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




De esta manera, se potenciará el fortalecimiento de la iden-
tidad de este grupo de jóvenes, quienes harán la elección de
su rumbo y sus decisiones.


La articulación de instituciones involucradas en el trabajo
de los y las jóvenes en situación de riesgo, que asumen a
jóvenes ex pandilleros o pandilleras con identidad propia,
permitirá superar la pugna de poder entre las instituciones y
este grupo de jóvenes, relación que tradicionalmente ha pro-
ducido el desconocimiento mutuo y la no comunicación en-
tre sí. Solo un trato no vertical generará voluntad política de
las partes y hará posible una reconciliación mutua favorable
al manejo de estos grupos en conflicto.


5. Campañas por la desestigmatización
de los grupos de jóvenes


La entidad municipal/gubernamental asignada para manejar la
problemática de las pandillas deberá comprometerse con la
producción y difusión de conocimiento periódico sobre pan-
dillas, bandas, naciones u otro tipo de agrupaciones juveniles,
que desestructure la relación entre pandillas, jóvenes y vio-
lencia. La investigación multidisciplinaria es esencial para com-
prender a las pandillas y poder trabajar conjuntamente por la
convivencia pacífica y tolerante. Así también el compromiso
con la despolitización y desestigmatización de estos grupos
(y su asociación con la migración y el delito) es muy impor-
tante dado que estas asociaciones y estigmas –que se dan en
nuestro contexto como en los países a donde migran los
ecuatorianos y ecuatorianas– son imaginarios urbanos que
excluyen y obstaculizan la convivencia democrática de toda
la ciudadanía. Estas campañas pueden ser pensadas y realiza-
das conjuntamente con jóvenes que deseen luchar por esta
causa.


Otra forma de combatir los estigmas es impulsar las acti-
vidades de servicio social lideradas por los y las jóvenes. Va-
rias de las agrupaciones de los Latin Kings, por ejemplo, reali-
zan trabajo voluntario en algunos barrios. Esta es una forma
de conectarse con las comunidades, desestructurar estigmas
sobre los y las jóvenes con las pandillas, y es una forma de
apropiarse de su territorio en la ciudad.


6. Capacitación e identificación de
ofertas laborales para los y las jóvenes


Es así que debería existir una entidad encargada de trabajar
con estos grupos, donde los y las integrantes de pandillas
asociados con el delito/violencia, que estén motivados a des-
lindarse de tales prácticas, encuentren un espacio que les
ofrezca procesos de capacitación laboral y les ayude en la
búsqueda de empleos (las oportunidades de empleo podrán
gestionarse a través de acuerdos/convenios con entidades
privadas y públicas interesadas en apoyar esta iniciativa).


Una vez legalizadas las pandillas, las entidades guberna-
mentales a cargo de estos grupos deberán coordinar jorna-
das y talleres de capacitación para facilitar el acceso de los jó-
venes al campo laboral. Estas jornadas deberán planificarse
conjuntamente con quienes estén interesados en esta inicia-
tiva para que la capacitación ofrecida responda a sus intere-
ses, identidades, capacidades y experiencia.


7. Desarme de pandillas


Una de las principales políticas que deberá adoptar el gobier-
no local es el desarme de las pandillas que estén involucra-
das en actos delictivos, violencia, ilegalidad y que porten
armas de fuego. Para lograr este objetivo, es necesario con-
tar con mediadores que faciliten la negociación y que escu-


2. Visión integral e inclusiva del “ser joven” por
parte de la Policía Nacional


La Policía Nacional del Ecuador ha desarrollado estrategias
de atención a las pandillas desde la década de los años
ochenta. Inicialmente creó en la ciudad de Guayaquil el Gru-
po Especial Antipandillas (GEA) y su orientación era total-
mente represiva: identificación, seguimiento y apresamiento
de sus líderes. Luego se creó la Dirección Nacional de Policía
Especializada en Niños (DINAPEN), su principio fundador es:
brindar protección a los menores y dar un tratamiento dife-
renciado a los y las jóvenes infractores en busca de su inte-
gración social; sin embargo, según datos de la propia institu-
ción, se puede deducir que los y las jóvenes integrantes de
pandillas aún son relacionados con grupos delincuenciales,
por ende, son perseguidos y sancionados (Santillán y Varea,
2008: 84), desconociéndoles su derecho a ser diferentes.


Las políticas expuestas anteriormente pueden ser exitosas
solo si las autoridades políticas y las agrupaciones pandilleras
cuentan con la colaboración de la Policía Nacional. Esta cola-
boración implica una comprensión de la visión integral e inclu-
siva con la que se pretende manejar el tema de pandillas. Para
esto, será indispensable exponer a los miembros de la Policía
las políticas acogidas por el gobierno local a través de jorna-
das de conversación y capacitación; dialogar con sus miem-
bros sobre la diversidad de subculturas urbanas que habitan
en la ciudad y desestructurar poco a poco la asociación entre
pandillas y violencia. Es necesario que la Policía abandone las
medidas de corte represivo, punitivo y discriminatorio.


3. Centros de atención integral para grupos de jóvenes


Es necesario que los gobiernos locales aborden el problema
de las pandillas, por ser los principales promotores del bien-
estar ciudadano y por ser las autoridades estatales más cer-
canas a las comunidades y a los y las jóvenes integrantes de
pandillas. Se deberá entonces crear entidades que se encar-
guen de generar investigación sobre el fenómeno y de traba-
jar con los y las jóvenes integrantes de pandillas que deseen
abandonar sus prácticas delictivas y violentas (por ejemplo, la


dirección central de manejo de grupos en conflicto con la
ley). Estas entidades liderarán el proceso de reinserción social
de estos jóvenes, insertándolos en jornadas de capacitación
laboral, ubicándolos en empleos formales, y apoyando logís-
tica y financieramente en las actividades culturales que sean
organizadas por estos grupos (exposiciones de arte, cons-
trucción de página virtual, publicación de boletín, entre
otras). Para mayor respaldo y eficacia, estas entidades debe-
rán trabajar conjuntamente con los ministerios de Trabajo e
Inclusión Social.


Una entidad de esta naturaleza podría también trabajar
colectivamente con otras ONG y/o comunidades interesa-
das en esta temática. El trabajo conjunto permitirá que las au-
toridades se acerquen a las pandillas, se comuniquen de una
manera más eficaz y tengan mayor conocimiento acerca de
sus formas de accionar, sus identidades, intereses, demandas
y dificultades. Esta entidad deberá gestionar los recursos para
llevar a cabo proyectos de legalización, desarme, capacitación
laboral y otras actividades relevantes.


4. Coordinación entre instituciones involucradas
en el manejo de grupos de jóvenes


Esta estrategia deberá ser formulada conjuntamente con
autoridades municipales, gubernamentales, con la Policía Na-
cional, el sistema de Justicia y el sistema carcelario para deter-
minar el conjunto de medidas que se les aplicará a los y las
jóvenes que hayan formado o formen parte de pandillas y
que estén siendo juzgados. Las medidas aplicadas desde las
distintas instituciones deberán concordar entre sí y ser cohe-
rentes con una visión preventiva y rehabilitadora.


Las instituciones involucradas en tratar a los y las jóvenes
ex integrantes de pandillas no pueden desconocerlos como
actores activos de su propio proceso.


Es preciso un ejercicio de empatía que otorgue voz y con-
ciencia a los jóvenes, porque también su punto de vista, sus
percepciones, necesidades, inquietudes y modelos contribu-
yen a la [solución] del fenómeno (Pérez y Luz, 2008: 75).


8382


5. Pandillas
120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




La Municipalidad y organizaciones que trabajen con pan-
dillas deben recoger las sugerencias e inquietudes de los y las
jóvenes que hayan pertenecido a dichos grupos, con el obje-
tivo de lograr el “entendimiento del mundo simbólico y cul-
tural de la juventud” (Santillán y Varea, 2008: 95). Solo con
una idea clara de la realidad de los y las jóvenes integrantes
de pandillas, se puede lograr la reconciliación entre las insti-
tuciones estatales y las personas que se han “apropiado” de
calles y parques.


La comunicación directa entre estos actores (institucio-
nes estatales y jóvenes en situación de riesgo) hará posible
generar la incidencia política de este sector de la población,
tradicionalmente excluido. Las expresiones artísticas con los
y las jóvenes que integran pandillas se representan como
forma de evaluación de los procesos de resolución de con-
flictos y reinserción social. Además, las autoridades municipa-
les y gubernamentales (del Ministerio de Trabajo e Inclusión
Social), varias ONG y los y las jóvenes que se han involucra-
do deberán reunirse en un comité cada cierto tiempo para
discutir logros, fallas y vacíos que quedan por cubrir en estos
procesos, además de las expectativas de los y las jóvenes.


10. Grupos juveniles vinculados con el desarrollo de sus territorios


Los grupos de jóvenes amigados y establecidos en un terri-
torio son identificados con el calificativo de “pandilla” como
producto directo de una fusión entre jóvenes y delito. Sin
embargo,


Nela Curbelo define a las pandillas como grupos de
jóvenes entre 20 y 30 integrantes con edades desde
los 13 a los 30 años de edad. Están compuestas por
jóvenes de ambos sexos, [que] se reúnen en parques
para conversar, planear paseos, echar cabeza o ver qué
pasa (Curbelo, en:Torres, 2006: 5).


Entonces, pandillas son agrupaciones que surgen espontáne-
amente, se consolidan según avanzan en el cumplimiento de
sus “objetivos”, los mismos que no siempre están relaciona-
dos con hechos violentos. Las acciones de las pandillas se


orientan, principalmente, a establecer hitos territoriales en
los lugares donde han establecido su modus operandi.


Por lo tanto, es necesario que las autoridades estatales
ratifiquen la presencia e identidad de grupos pandilleros
como asociaciones culturales u otra denominación que legi-
time su existencia legal y la deslinde del crimen, el delito y la
violencia, las mismas que aportarán al desarrollo de sus espa-
cios de influencia. La constitución de estos grupos como enti-
dades legales les otorgará reconocimiento ante la sociedad y
apoyará la desestigmatización de estos grupos de jóvenes.


“Los miembros de las pandillas privilegian las relaciones
segundarias, tienen organización, […] construyen identidades
grupales y definen un territorio” (Carrión, 2006: 1); por ello,
el reconocimiento legal de las pandillas les permitiría percibir
ayudas y subvenciones financieras orientadas a fortalecer sus
iniciativas culturales, educativas, empresariales u otras, al reco-
nocerlas como organizaciones de derecho. Esta condición les
permitiría promover acciones de desarrollo de sus ba-
rrios/territorios y, a la vez, desencadenar procesos de reinser-
ción social y formación de los jóvenes.


85


chen las inquietudes, demandas y necesidades de los y las
jóvenes que integran pandillas, para que así identifiquen y
propongan estrategias sobre cómo pueden las entidades pú-
blicas, privadas y ONG contribuir a la resolución de conflic-
tos y ofrecer nuevas oportunidades de vida a los y las jóve-
nes. Esta política será fundamental para legalizar las pandillas
e iniciar los procesos de reinserción social.


Por otro lado, es indispensable emprender campañas que
promuevan el desarme no solo de pandillas constituidas
como tales sino de todos y todas quienes porten algún tipo
de arma de fuego. Esta iniciativa ampliada a toda la ciudada-
nía puede facilitar los procesos de desarme de estos grupos.


8. Generar espacios de socialización e intercambio
de información entre los y las jóvenes


El gobierno local debe gestionar la existencia de espacios en
donde los y las jóvenes puedan encontrarse, comunicarse y
desplegar su energía, creatividad y habilidades. Estos espacios
pueden ser útiles para la organización de eventos de entre-
tenimiento, actividades culturales, conferencias educativas,
capacitación laboral, desarrollo de iniciativas microempresa-
riales, entre otras. Es fundamental que los y las jóvenes se
apropien de estos espacios y, a través de ellos, se expresen,
mantengan sus identidades y fomenten su creatividad. Estos
espacios, además de permitir su desarrollo juvenil, les permi-
tirán también difundir su trabajo, sus logros e intereses, y ser
visibilizados por sus amigos, familias, comunidades y la ciuda-
danía en general.


“Es decir que el proyecto contempla que todo aquello
que las personas aprenden en el telecentro [espacios de en-
cuentro juvenil] y en los programas de capacitación genera-
rá procesos de participación política” (Santillán y Varea, 2008:
95). En estos lugares, los y las jóvenes ex pandilleros o pan-
dilleras concentran y exhiben, en forma de representación
simbólica de su cotidianidad, los productos que anteriormen-
te ellos o ellas realizaban en el espacio público: coreografías
musicales, obras plásticas (pintura, grafiti, serigrafías, etc.), pro-
ducciones musicales, publicaciones impresas, entre otras ma-
nifestaciones antes asumidas como sinónimo de violencia ur-


bana, las cuales pasan a ser vistas como manifestaciones polí-
ticas representativas de este grupo poblacional.


Los espacios de encuentro juvenil promueven la reflexión
sobre la cotidianidad de los y las jóvenes ex pandilleros o
pandilleras, ellos y ellas charlan y debaten sobre sus “éticas y
estéticas, saberes y destrezas, sentires y pensares” (Santillán y
Varea, 2008: 96) como un paso inicial de un largo proceso de
construcción de la ciudad, desde la perspectiva de sus pro-
pios actores.


9. Empoderamiento político de miembros
de agrupaciones juveniles


Los y las jóvenes integrantes de pandillas responden/actúan
según la lógica del grupo; ellos y ellas poseen sentimientos,
conocimientos, habilidades y prácticas sociales que configuran
su cotidianidad. Este capital simbólico es producto de procesos
educativos no institucionalizados como reuniones en las calles
y en los parques donde enseñan/aprenden, por un lado, los
“principios” de su organización y, por otro lado, acciones lúdicas
como bailar, dibujar grafitis, defensa personal, entre otras.


84


5. Pandillas
120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




ques de la ciudad. Adicionalmente se ha realizado una multi-
plicidad de actividades juveniles, barriales y culturales como el
campeonato de fútbol Paz Urbana, la organización de cursos
y convivencias emprendidas por pandilleros en el barrio y la
publicación de la revista mensual Fuerza Underground.


Estas iniciativas han provocado resultados positivos. A es-
cala institucional se ha logrado la cooperación de la Cor-
poración de Seguridad Ciudadana de Guayaquil. En relación
con la actividad delictiva, ésta ha disminuido en un 65% en el
Barrio de Paz, evitando el ajusticiamiento entre miembros de
pandillas rivales e impulsando la integración de las mismas. Se
han provocado cambios en la percepción ciudadana sobre la
problemática de las pandillas y de los y las jóvenes que per-
tenecen a ellas, y se han generado fuentes de trabajo a tra-
vés de la creación de microempresas, entre otros importan-
tes avances.


2
Legalización de los reyes y reinas


latinas / localidad: Cataluña, España


Los Latin Kings, una de las principales pandillas latinasque llegaron a implantarse en Cataluña, España, hanconvertido y legalizado su estatus de pandilla a asocia-
ción cultural. Este proceso se dio después de que el gobier-
no regional aprobara los estatutos propuestos por el grupo.
El objetivo principal de esta estrategia ha sido reconducir las
actividades de estas agrupaciones sin que pierdan su identi-
dad. “Asociación cultural de reyes y reinas latinas de Catalu-
ña” es el nombre bajo el cual la banda ha presentado el
acuerdo.


El proceso comenzó en 2004, cuando el Ayuntamiento
de Barcelona negoció con los Latin Kings y los Ñetas (otra


banda latina de fuerte presencia en España) la posibilidad de
abandonar la violencia e iniciar un proceso de legalización. A
lo largo de este período, un grupo de juristas y estudiosos
catalanes colaboraron con los líderes de los Latin Kings en la
elaboración de los estatutos de la nueva asociación legal, que
entre los principales puntos acordados se comprometió a
abandonar los ritos violentos de iniciación y obediencia. Este
ha sido un paso fundamental en su reinserción social, dado
que la Ley orgánica de asociaciones de Cataluña prohíbe la
inserción de grupos que persiguen o utilizan medios delicti-
vos y los declara ilegales.


Tras dos meses de estudio, la Dirección General de De-
recho y Entidades Jurídicas del gobierno regional no halló
ningún principio que pudiera ser contrario a las leyes vigen-
tes en Cataluña y en España, por lo que concedió la autori-
zación. La constitución de este grupo como entidad legal
permite a los Latin Kings disfrutar de los beneficios de una
asociación legalmente reconocida, tales como ayudas y sub-
venciones públicas y privadas. La Asociación cultural de re-
yes y reinas latinas de Cataluña recibirá el mismo trato que
otras asociaciones según el tipo de actividad que desarrolle y
su repercusión e implicación social.


3
Endurecimiento de políticas frente a las


pandillas y grupos de índole parecida / localidad:
El Salvador y Honduras


Una experiencia contradictoria a procesos de pacifica-ción es lo sucedido en los gobiernos de El Salvadory Honduras. En estos países, se han adoptado medi-
das represivas: “mano dura” en contra de las maras. Entre
ellas, se ha reformulado la legislación para fortalecer las ope-


5. Pandillas


8786


1
La resocialización de las pandillas


por Ser Paz / localidad: Guayaquil, Ecuador


En Guayaquil, cerca de 60 mil jóvenes son miembros deellas y están vinculados a la violencia, el delito y la ile-galidad. Nelsa Curbelo, Presidenta de la Corporación
Ser Paz, ha emprendido un arduo trabajo con las pandillas del
suburbio de Guayaquil, proveyéndoles oportunidades de
educación, capacitación, emprendimiento microempresarial y
expresión artística y cultural. Curbelo comenzó su trabajo
con los y las líderes de las pandillas guayaquileñas y, desde allí,
consolidó el proceso de resocialización de alrededor de 4 mil
jóvenes.


Ser Paz busca la posibilidad de transformar la violencia
explícita e implícita de las bandas y pandillas juveniles desde
varias aristas: fomentando las expresiones culturales propias;
generando condiciones de trabajo que levanten su autoesti-
ma y les permita vivir con dignidad; reconociendo y legalizan-
do la emergencia y existencia de estos grupos en la sociedad;
y realizando una intervención pluriprofesional en las proble-
máticas dentro de las pandillas, especialmente en cuanto a la
drogodependencia, el tráfico de drogas y la educación.


En el Barrio de Paz, se pudo llevar a cabo una experien-
cia de resolución de conflictos y desarme de pandillas lide-
rado por cinco agrupaciones de jóvenes pandilleros y pan-
dilleras, con la colaboración de mil familias del sector. En el
diseño del proyecto participaron Ser Paz, autoridades ecle-
siásticas y el líder de un “imperio” (agrupación de cinco pan-
dillas distintas). Los y las miembros de las pandillas realizaron
un pacto de convivencia y se comprometieron a entregar las
armas en un reparto militar con la presencia de autoridades
militares, eclesiásticas, municipales y civiles. Con estas armas se
construyó el monumento a la paz ubicado en uno de los par-


Experiencias relevantes


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




Textos citados


Alejandro, Blanca (2003). “Pandillas en Centroamérica, una
plaga incontrolable”. El correo de la diáspora argentina.
Documento electrónico:
http://www.elcorreo.eu.org/esp/ar ticle.php3?id_ar ti-
cle=2246
[consulta: mayo de 2008].


Carrión, Fernando (2006). “Pandillas: de lo local a lo global”.
Boletín Ciudad Segura, 3. Quito: FLACSO, sede Ecuador: 1.


Goubaud, Emilio (2008). “Maras y pandillas en Centroamé-
rica”. URVIO, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciuda-
dana, 4. Quito: FLACSO, sede Ecuador: 35-46.


Moro, Javier (2006). “Exclusiones y violencias, las juventudes
en la mira”, en: Magna Terra (ed.). Juventudes, violencia y
exclusión: desafíos para las políticas públicas. Guatemala:
17-27.


Pérez, Rebeca y Daniel Luz (2008). “El fenómeno de la vio-
lencia armada organizada”. URVIO, Revista Latinoamericana
de Seguridad Ciudadana, 4. Quito: FLACSO, sede Ecuador:
72-80.


Santillán, Alfredo y Soledad Varea (2008). “Estrategia y políti-
cas de inclusión (¿asimilación?) de pandillas en el Ecuador:
dos modelos de ciudades, dos visiones sobre las poten-
cialidades de los y las jóvenes pandilleros”. URVIO, Revista
Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, 4. Quito:
FLACSO, sede Ecuador: 81-99.


Torres, Andreina (2006). “Pandillas y naciones en el Ecuador:
diagnóstico de situación”. Boletín Ciudad Segura, 3. Quito:
FLACSO, sede Ecuador: 4-9.


Textos consultados


Álvarez, Carol y Albert Martin (2006).“La Generalitat abre la
vía a la legalización de bandas latinas”. Diario El Mundo,
España. Documento electrónico:


89


raciones de encarcelamiento de mareros por el solo hecho
de pertenecer a tales agrupaciones.


La proliferación de las pandillas es un problema de segu-
ridad grave que cruza a los países de El Salvador, Nicaragua,
Honduras, Guatemala, Belice, Costa Rica y Panamá, en donde
se calcula que existen 920 agrupaciones y un total de 69.145
miembros. En los últimos meses, esta proliferación ha puesto
en jaque a las autoridades de esos países, pues han sido seña-
lados como responsables del alarmante incremento de ase-
sinatos, violaciones, robos y amenazas de tipo gánster. Es así
que los jefes policiales centroamericanos han diseñado un
plan regional antipandillas juveniles centrado, principalmente,
en el intercambio de información entre los países de la re-
gión para desarticular estas agrupaciones y facilitar las ór-
denes de captura en cualquiera de estos países.


Por otro lado, cada uno de estos países ha lanzado cam-
pañas nacionales para combatir a las pandillas. En Honduras,
pese a que en 2001 fue aprobada la Ley para la prevención,
rehabilitación y reinserción social de personas integrantes de
pandillas o maras, ésta se encuentra actualmente estancada.
El Presidente de ese país, Ricardo Maduro, envió a la Cámara
Alta una propuesta para endurecer las leyes en contra de la
presencia de maras –aprobada en agosto de 2007– y refor-
mar el Código penal para incrementar la criminalización de los
y las jóvenes miembros. En El Salvador se aprobó una ley
antimaras, la cual establece la prohibición de pandillas crimi-
nales y la prohibición de formar parte de las mismas (resul-
tando esto en arresto, juicio y encarcelamiento).


Estas medidas –en particular las de Honduras y El Sal-
vador– han sido duramente criticadas por organizaciones
defensoras de los derechos humanos. Las ONG admiten que
las pandillas son un problema de seguridad grave, pero seña-
lan dos puntos: 1) las pandillas no son el origen de los diver-
sos problemas de las sociedades; y 2) el endurecimiento de
este tipo leyes podría derivar en abusos policiales (Alejandro,
2003).


88


5. Pandillas


Bibliografía


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




http://www.elmundo.es/papel/2006/08/10/espana/
2010596.html
[consulta: abril de 2008].


Curbelo, Nelsa (2004). “Las expresiones culturales como
agentes de cambio en grupos juveniles violentos”. Do-
cumento electrónico:
http://www.gencat.net/interior/dialegs2004/ponencias/Ne
lsa_Curbelo_esp.pdf
[consulta: junio de 2008].


Curbelo, Nelsa (2006). “Víctimas que se convierten en victi-
marios”. Boletín Ciudad Segura, 3. Quito: FLACSO, sede
Ecuador: 2-3.


Curbelo, Nelsa (2007).“La institucionalización de las pandillas
por sí mismas no es positiva, detrás debe haber un traba-
jo”. Redes Cristianas. Documento electrónico:
http://www.redescristianas.net/2007/10/28/nelsa-curbelo-
%E2%80%9Cla-institucionalizacion-de-las-pandillas-por-
si-misma-no-es-positiva-detras-debe-haber-un-tra-
bajo%E2%80%9D/
[consulta: mayo de 2008].


El Mundo (2007). “La mujer que pacificó a los Ñetas y Latin
Kings”. Observatorio de la Diversidad MUGAK. Docu-
mento electrónico:


http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/87040
[consulta: mayo de 2008].


El País (2006).“Los Latin Kings de Cataluña se presentaron en
sociedad como organización cultural”. Barcelona. Do-
cumento electrónico:
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Latin/Kings/Catal
una/presentan/sociedad/organizacion/cultural/elpepu-
soc/20060914elpepusoc_1/Tes
[consulta: abril de 2008].


El Universo (2008).“Los Latin Kings piden respaldo y crean su
propia organización”. Guayaquil. Documento electrónico:
http://www.eluniverso.com/2008/07/28/0001/18/C52950
0DAA0C4BD9A07BAD0D11A3F93A.html
[consulta: julio de 2008].


Página web citada


Ser Paz (2008)
http://www.serpaz.org/web/content/view/45/46/
[consulta: mayo de 2008].


90


6. Violencia de género


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




mo un problema de su competencia, estableciendo la aten-
ción obligatoria en las unidades de salud y dependencias de
este organismo del Estado (Segura, 2006: 6).


De igual manera, a finales de la década de los años noven-
ta, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
(MDMQ) coordinó la conformación de la Red metropolitana
de atención y prevención de la violencia intrafamiliar y de géne-
ro (RED VIF-G), instancia que promovió y apoyó la iniciativa
de la entonces llamada Comisión de la Mujer y Familia del
MDMQ, la cual consiguió la promulgación de la Ordenanza
municipal 042, que reconoció a la violencia intrafamiliar y de
género como un problema que afecta a la población del Dis-
trito, y que requiere de servicios y recursos para su atención
y prevención (Segura, 2006: 7).


En la actualidad, el derecho a la ciudad por parte de las
mujeres se ve obstaculizado por la sensación de inseguridad
y el temor a ser agredidas, lo que impacta en su vida cotidia-
na, limita su movilidad y autonomía en cuanto al uso y apro-
piación del espacio público, particularmente en determina-
dos horarios y lugares percibidos como peligrosos.


La Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil
(ENDEMAIN), realizada en el Ecuador en 2004, muestra que
la violencia intrafamiliar a escala nacional, regional y provincial
existe. Se descubrió, por ejemplo, que el 28% de las mujeres
encuestadas fueron víctimas de maltrato físico y el 25% de
maltrato psicológico cuando tenían menos de 15 años de
edad. En cuanto al sexo forzado y al abuso sexual, la mayor
parte de las víctimas de estas agresiones eran mujeres y
niñas, y los perpetradores eran hombres adultos o jóvenes.
Entre las mujeres de 15 a 49 años de edad, el 9,6% reportó
alguna violencia sexual en el transcurso de su vida. Finalmen-
te se reportó que el 41% de las mujeres ecuatorianas que
alguna vez fueron casadas o unidas recibieron maltratos ver-
bales o psicológicos; el 31% sufrió de violencia física y el 12%
de violencia sexual. El riesgo de violencia varía de acuerdo
con la edad de la mujer, siendo, sin embargo, las más jóvenes
las más afectadas (CEPAR, 2005).


Asimismo en 2008 se registraron 64.821 denuncias por vio-
lencia de género en las 31 Comisarías de la Mujer y la Familia
del Ecuador, mientras que el Ministerio Público dio cuenta de
10.672 denuncias por delitos sexuales en el país, de las cua-
les solo el 3,1% (aproximadamente 300 casos) llegaron a
tener una sentencia (Unidad de Ejecución Especializada,
2009); situación que evidencia que precisamente uno de los
principales problemas que se presenta en la erradicación de
la violencia de género es la impunidad. En definitiva, todo esto
muestra la necesidad de promover políticas públicas con
enfoque de género, que garanticen la especificidad y cumpli-
miento de los derechos de las mujeres como un tema de
seguridad ciudadana.


La violencia de género es aquella que se ejerce sobreuna persona en razón de su sexo y se deriva de desi-gualdades estructurales, simbólicas, políticas y económi-
cas que existen en las sociedades. Según la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), esta constituye


todo acto de violencia basado en el género que tiene como
resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico,
incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria
de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la
vida privada (ONU, 1993).


La violencia de género está relacionada directamente con las
mujeres porque son ellas las principales víctimas de esta pro-
blemática; se refiere a una violencia en contra de las perso-
nas que, por su condición de género u orientación sexual,
son sometidas a relaciones de poder asimétricas. Este tipo de
violencia ha ayudado a cuestionar la forma en que se com-
prende la seguridad ciudadana como una disciplina enfocada
netamente a la delincuencia y criminalidad.


En América Latina, ha sido reciente el reconocimiento de
la problemática de la violencia de género como un tipo de
violencia específica con cualidades particulares. Es así como el
ámbito privado (doméstico) se ha convertido en espacio de
análisis de la seguridad ciudadana –además del espacio públi-
co–, considerando a la violencia de género como una ame-
naza a la integridad de las personas que afecta tanto en espa-
cios privados como públicos.


En el Ecuador, la violencia de género empieza a llevarse al
escenario público debido a las evidencias y demandas de las
mujeres de los sectores populares. A finales de la década de
los años ochenta, la experiencia de varios departamentos ju-
rídicos populares permitieron la implementación de servicios
de acogida para mujeres víctimas de violencia; posteriormen-
te, a inicios de la década de los años noventa fue inaugurada
la primera casa de refugio para mujeres maltratadas. En 1994
se creó la primera Comisaría de la Mujer y la Familia en Gua-
yaquil, y en 1995, el movimiento de mujeres logró la aproba-
ción de la Ley 103 contra la violencia a la mujer y la familia.
Más adelante, en 1998, el Ministerio de Salud Pública del
Ecuador reconoció a la violencia intrafamiliar y de género co-


6. Violencia de género


Diagnóstico


92 93


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




1. Creación de ordenanzas municipales
para combatir la violencia de género a nivel local


Siguiendo la experiencia del MDMQ, el cual promulgó una
ordenanza (042) que reconoció a la violencia intrafamiliar y
de género como un problema que afecta a la población de
Quito y estableció que se requiere de servicios y recursos
para su atención y prevención; es importante que el resto de
gobiernos locales asuman esta iniciativa en sus respectivas
gestiones con el propósito de que se puedan atender las ma-
nifestaciones particulares de este tipo de violencia en cada
área del país. En este sentido, la creación de una ordenanza
posibilita no solo el reconocimiento de la existencia de esta
problemática en una población específica, sino también la
asignación de un presupuesto por parte de los municipios
para combatir esta situación, y además la institucionalización
de un área a cargo de llevar a cabo programas y proyectos
para este propósito, los mismos que deberán ser liderados
por el Municipio pero siempre en coordinación con las de-
más instituciones locales que en sus actividades cotidianas
enfrentan las consecuencias de esta problemática. De mane-
ra que la decisión política de combatir la violencia de género
debe ir acompañada de mecanismos concretos que aseguren
un trabajo continuo en la erradicación de la misma, como es
el caso de una ordenanza municipal.


2. Fortalecer la perspectiva de género
en los organismos administradores de Justicia


En el Ecuador existen 31 Comisarías de la Mujer y la Familia
en 19 provincias del país, la cuales tienen a su cargo el juzga-
miento de las infracciones previstas en la Ley Contra la
Violencia a la Mujer y la Familia (Ley 103). Estos espacios de
administración de Justicia tienen la obligación de receptar una
denuncia o demanda por violencia intrafamiliar ; y otorgar en
forma inmediata las medidas de amparo que el caso ameri-
te. No obstante, aunque estas comisarías han constituido un
gran avance en la prevención y sanción de la violencia de
género, no han sido parte del sistema Judicial del país, sino
que han dependido de la Presidencia de la República a tra-


Objetivo general


Prevenir, combatir y atender la violencia de género como un
problema de seguridad ciudadana desde los gobiernos loca-
les del país.


Objetivos específicos


• Crear estrategias a nivel local que permitan combatir la
problemática de la violencia de género a corto, medio y
largo plazo.


• Sensibilizar y educar tanto a la población como a funcio-
narios y funcionarias que laboran en instituciones vincula-
das con la seguridad ciudadana sobre las implicaciones de
la violencia de género en el desarrollo de la sociedad.


9594


Líneas estratégicas de acción


6. Violencia de género


Objetivos


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




(Segura, 2006: 9). Por este motivo, la unión de esfuerzos ins-
titucionales a través de redes locales para la prevención de
este tipo de violencia constituye una acción efectiva en el
combate a la problemática, iniciativa que necesariamente
debe ser promovida desde el gobierno local como ente
coordinador interinstitucional entre las diferentes entidades y
organizaciones que día a día enfrentan las consecuencias de
este tipo de violencia.


De esta manera, desde cada red local se puede elaborar
una serie de iniciativas y productos para la prevención de la
violencia de género, una de las más importantes es brindar
información a la ciudadanía sobre las instituciones miembros
que trabajan y atienden el tema, con el propósito de dar a
conocer dónde acudir en caso de experimentar este tipo de
violencia.Asimismo, la red puede trabajar en la sensibilización
de funcionarios y funcionarias de las instituciones miembros,
reforzando principalmente aspectos conceptuales sobre vio-
lencia de género para una mejor atención a la población. De
igual forma, la red puede elaborar productos comunicaciona-
les como revistas, boletines o páginas web en los cuales se
continúe informando a la ciudadanía sobre el trabajo realiza-
do y qué hacer en el caso de experimentar esta situación.


5. Generación de información institucional
con enfoque de género


Los principales indicadores de seguridad actualmente no
logran identificar la violencia de género o la violencia en con-
tra de las mujeres, pues muchas de las políticas de criminali-
dad excluyen y ocultan la categoría de género. Es fundamen-
tal insertar metodologías cualitativas que sean sensibles a la
identificación de la violencia de género y que provean el es-
pacio adecuado para manifestaciones de las experiencias
femeninas en la violencia.


Los métodos cualitativos logrados a través de entrevistas,
conversaciones y participación de la comunidad son más úti-
les para comprender violencias que ocurren en espacios pri-
vados y que tienden a ser socialmente encubiertas. Los gru-
pos focales, la metodología de la ruta crítica (introducida por
la OPS y en la cual se hace un seguimiento a los procesos de


la toma de decisión que hacen las mujeres ante una situación
violenta), y las apreciaciones urbanas participativas –en las
cuales se acoge el conocimiento local y se incentiva a que la
comunidad haga sus propias valoraciones, análisis y planes–
son muy útiles también. Estas estrategias brindan el espacio
necesario para que las mujeres expresen y compartan sus
experiencias.


Es responsabilidad de los gobiernos locales, nacionales y
las entidades vinculadas con la seguridad ciudadana (por
ejemplo, el Observatorio metropolitano de seguridad ciudada-
na) producir este tipo de estudios –o asociarse con institu-
ciones académicas que puedan hacerlo–, dado que la inter-
vención, disminución y eventual erradicación de este tipo de
violencia mejoraría las vidas de una considerable porción de
la población.


6. Capacitación a la Policía comunitaria sobre
protocolos de atención en violencia de género


Considerando que las y los funcionarios de la Policía comu-
nitaria son las personas que deben atender en primera ins-


vés del Ministerio de Gobierno y la Dirección Nacional de
Género (DINAGE).


Por tal motivo, la nueva Constitución política del Ecuador
(2008) establece que estas comisarías se deben convertir en
Juzgados de Violencia contra la Mujer y la Familia; razón por
la cual a partir del 9 de marzo de 2009 (Registro Oficial 544,
artículo 22), estas instancias pasaron a formar parte del sis-
tema Judicial del Ecuador.


Es necesario un reforzamiento urgente de este sistema
en el tratamiento de la violencia de género, tanto para que
funcionarios y funcionarias de esta institución acaben con la
“permisibilidad” frente a toda violación de los derechos hu-
manos por razones de género, como para incentivar en la
ciudadanía la denuncia de este tipo de violencia (física, sexual
y/o psicológica) en las instancias pertinentes. El sistema de
Justicia debe, como parte de una institución democrática, res-
ponder a los casos de violencia de género con mayor agili-
dad, para lo cual es necesario capacitar en alto nivel a sus
operadores y operadoras con el objetivo de que pueden
ejercer su trabajo con gran eficiencia.


3. Creación de centros integrales
de atención de la violencia de género


Dado que la mujer es una de las víctimas más recurrentes de
la violencia en la ciudad, es importante buscar mecanismos
desde la seguridad ciudadana sobre cómo abordar e interve-
nir en este tipo de violencia. Por lo tanto, hace falta reorien-
tar la agenda y dirigir los instrumentos y metodologías de
seguridad ciudadana hacia las necesidades, condiciones y re-
querimientos específicos de las mujeres.


La creación de centros integrales de atención de la vio-
lencia de género son una excelente opción en este sentido,
ya que estos pretenden brindar un tratamiento integral a las
víctimas de esta situación, proporcionando en cada una de
sus instalaciones una atención completa, tanto policial, jurídi-
ca, sicológica y médica. De este modo, la intención de estos
centros es facilitar en un mismo espacio una atención espe-
cializada a las personas afectadas, para lo cual deben funcio-
nar : Policía Judicial, Dirección Nacional de Policía Especializa-
da para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN), DEVIF,
Fiscalía, Comisaría de la Mujer y la Familia, Centro de Salud,
entre otros.


Quito cuenta desde hace aproximadamente cinco años
con este tipo de atención especializada a través de los
Centros de Equidad y Justicia (CEJ), los cuales primero fun-
cionaron en dos zonas distritales y actualmente existen en
cinco administraciones de la ciudad, prestando un gran servi-
cio a la ciudadanía que enfrenta esta problemática, por lo que
replicar esta experiencia en otras ciudades del país podría
mejorar en gran manera la situación de las personas que
afrontan esta situación.


4. Formación de redes institucionales
de prevención de la violencia de género


Abordar la violencia de género desde la perspectiva de la se-
guridad ciudadana abona otros enfoques y hace un llamado
para que la preocupación deje de estar centrada en los bie-
nes, la propiedad o la delincuencia, y se integre una preocu-
pación por la vida, los derechos y la dignidad de las personas


9796


6. Violencia de género
120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




Una forma de derrocar la violencia urbana que afecta a
mujeres, niños, niñas, adultos mayores y otros grupos vulne-
rables es devolverles sus derechos sobre la ciudad a través
de procesos de reapropiación y utilización de los espacios
urbanos. Para incentivar la utilización de estos espacios, es
necesario que se provean ciertas seguridades para que las
personas sientan confianza y disminuyan su percepción de in-
seguridad. Para esto, se puede emplear más personal que
ayude a mantener la seguridad (por ejemplo, vigilancia poli-
cial en áreas vulnerables y/o durante la noche, acompañantes
de personas con discapacidad, enfermas y ancianas) y forta-
lecer los espacios públicos a través de mayor iluminación,
señalización, accesibilidad al transporte, entre otros.


Analizar técnicamente y con perspectiva de género las
condiciones de vulnerabilidad en las cuales son violentadas
las mujeres permitirá entender a esta violencia como tema
público y de seguridad ciudadana, además de que propiciará
la creación de escenarios que disminuyan dicha proble-
mática.


9. Realización de campañas educativas
sobre violencia de género


Desde los gobiernos locales, a través de las redes de preven-
ción de violencia de género, se deben realizar campañas edu-
cativas en las cuales se sensibilice sobre el concepto y las im-
plicaciones de esta problemática en la calidad de vida de la
población. De esta manera, a través de la realización de talle-
res y charlas explicativas tanto en escuelas, colegios y univer-
sidades, como en barrios y comunidades, se debe explicar y
concienciar sobre las diversas formas en que esta violencia se
manifiesta, así como las causas, consecuencias y posibilidades
de cambio para combatirla. En este sentido, es muy impor-
tante informar a la ciudadanía qué hacer en el caso de ser
víctimas de este tipo de violencia, para lo cual es necesario
dar a conocer la normativa legal existente y las instituciones
a cargo de atender esta problemática.


Por otro lado, se debe proporcionar especial atención a
la capacitación de niños, niñas y adolescentes sobre violencia
intrafamiliar y de género, ya que los menores de edad requie-
ren estar informados desde muy temprano sobre sus dere-
chos ciudadanos, para de esta forma aprender a identificar
los actos de agresión de los que podrían ser objeto, y evitar
la aceptación del maltrato y la violencia como prácticas nor-
males o cotidianas.


Asimismo es importante que en estas campañas se pro-
mueva el “empoderamiento” de las mujeres, donde ellas se
reconozcan como sujetas de derechos, deberes y responsa-
bilidades, identificando y rompiendo los patrones sexistas que
han afectado la igualdad de oportunidades para ellas.


10. Medios masivos de comunicación comprometidos
con la lucha contra la violencia de género


Los medios de comunicación deben contribuir con la restric-
ción y erradicación de estereotipos que refuercen y justifi-
quen la discriminación, el sexismo y la violencia de género en
sus programaciones. Deben, además, apoyar la difusión de
campañas que sensibilicen al público frente a esta problemá-
tica e incentiven a la ciudadanía a denunciar este tipo de vio-
lencia, sea de índole psicológica, física y/o sexual.


Los gobiernos locales y nacionales, en asociación con las
entidades de control de los medios de comunicación (por
ejemplo, CONARTEL), deben promover la difusión de imá-
genes y mensajes que rompan con los estereotipos de géne-
ro y que no banalicen las situaciones de violencia de género
en su cobertura noticiosa (Pontón, 2007). Se puede, por
ejemplo, organizar concursos de publicidad con campañas o
estrategias publicitarias no sexistas ni discriminatorias, ade-
más de construcción de noticias que no hagan un espectá-
culo de esta problemática sino que, por el contrario, la con-
textualicen como un problema que afecta a gran parte de la
ciudadanía y que debe ser combatido en todas sus manifes-
taciones.


tancia los casos de violencia de género –especialmente en el
ámbito intrafamiliar– al permanecer en los diferentes barrios
y comunidades de manera cotidiana, es muy importante que
los diferentes municipios coordinen acciones con la entidad
a cargo de la seguridad ciudadana a nivel nacional (Subse-
cretaría de Seguridad Ciudadana), para de esta manera capa-
citar y sensibilizar a policías comunitarios sobre qué es la vio-
lencia de género y sus implicaciones en la calidad de vida de
la población, para posteriormente entrenar al personal en el
manejo de los protocolos de atención existentes en la aten-
ción de esta problemática, ya que si bien los y las funciona-
rias enfrentan situaciones de violencia de género de manera
permanente en su quehacer diario, poco saben sobre el con-
cepto, la dimensión, los alcances y los procedimientos ade-
cuados para combatir este fenómeno que afecta gravemen-
te a la sociedad. En este sentido, es importante que en estas
capacitaciones se recojan inquietudes y experiencias de los y
las policías comunitarias en la atención de casos de violencia
de género, ya que de esta manera se podrá conocer y a la
vez intervenir en mejores opciones y respuestas a esta pro-
blemática en todo el país.


7. Crear un fondo de investigación
sobre violencia de género


La mejor manera de combatir la violencia de género que
existe tanto a nivel local como nacional es conociendo las di-
versas formas en que ésta se manifiesta. Por este motivo, es
necesario que se realicen investigaciones de tipo cualitativo
sobre esta problemática, para conocer a fondo sus implica-
ciones y poder crear políticas públicas eficaces para su com-
bate.


Una forma efectiva de promover la investigación en esta
temática es creando un fondo que subsidie los estudios, pro-
puestas y proyectos innovadores sobre violencia de género a
nivel local. Estos estudios podrán ser ejecutados por organi-
zaciones gubernamentales, no gubernamentales, civiles y aca-
démicas, empleando metodologías diversas que permitan
analizar la magnitud de la violencia de género en sus diferen-
tes ámbitos, evitando así que las investigaciones aborden úni-
camente situaciones de violencia intrafamiliar, ya que son
diversos los espacios donde se reproduce esta práctica que
tanto afecta la vida de las personas en general y de las muje-
res en particular. Además, dichas investigaciones deben com-
prometer


elementos teóricos y metodológicos que permitan incluir
en su espectro todas aquellas identidades sexuales someti-
das a violencias basadas en el género; es decir, tanto las
mujeres como los grupos LGBTT (Lesbianas, Gays,
Bisexuales,Travestis,Transgénero) (Núñez, 2006: 11).


8. Espacio público con enfoque de género


Es necesario considerar que la violencia de género se mani-
fiesta tanto en el espacio privado como en el público y aun-
que se ha evidenciado que ésta ocurre en gran dimensión en
el primero, es indispensable garantizar la seguridad de la po-
blación (especialmente de las mujeres) en el segundo, ya que
este tipo de violencia se produce también en espacios de
concurrencia masiva, calles, transporte público, escuelas, luga-
res de trabajo, entre otros.


6. Violencia de género


9998


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




zante para las mujeres. Se realizaron caminatas exploratorias
en este distrito bajo el eslogan de Más mujeres en la calle, ciu-
dades para todas y todos sin miedo ni violencia. Otra de las
sonadas campañas desempeñadas consistió en la instalación
de afiches con la frase Imaginemos Rosario sin violencia, ¡tam-
bién para las mujeres!, en los lugares más transitados de esta
ciudad. Igualmente, entre otros eventos, se ha organizado el
Seminario de políticas públicas y metodologías de participación
en urbanismo y género para las y los funcionarios municipales
y la Conferencia ciudades habitables: aportes desde el urbanis-
mo a la equidad de género, coordinada por el Área Mujer de
la Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de
Rosario.


Estos esfuerzos han contribuido para un mayor conoci-
miento acerca de las formas de agresión que afectan a las
mujeres, y a capacitar a la población y autoridades locales so-
bre cómo intervenir y erradicar la violencia de la experiencia
urbana de las mujeres. La ciudad de Rosario ha sido recono-
cida nacional e internacionalmente por sus esfuerzos de in-
troducir el enfoque de género en las políticas locales.


2
Proyecto América Latina Genera. Gestión del


conocimiento para la equidad de género2 / localidad:
América Latina y el Caribe


América Latina Genera comenzó sus actividades enjulio de 2005 gracias al apoyo del Fondo TemáticoJaponés para el Desarrollo de la Mujer (JWID) y el
respaldo del Programa de Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD). En este proyecto, la comunicación es la herra-


mienta principal para la articulación de esfuerzos en contra
de la discriminación y la violencia de género en América La-
tina. El proyecto busca generar nuevas y más justas formas de
relaciones entre mujeres y hombres a través de la democra-
tización del conocimiento, la comunicación, la participación y
el aprendizaje colectivo.


El proyecto realiza las siguientes actividades: a) capacita-
ción e investigación; b) asesoría técnica sobre cómo trabajar
temas de género, cómo introducirlos en el campo de desa-
rrollo y enmarcarlos en el campo de los derechos humanos;
c) comunicación e incidencia, de manera que el tema de la
equidad de género se posicione en espacios regionales de
debate y de toma de decisiones; d) creación de la comuni-
dad virtual “la ciudad del conocimiento”, que facilita el acce-
so a la información en materia de género; e) identificación de
políticas públicas o “buenas prácticas” que tengan un enfoque
de género y se cumplan con legitimidad, pertinencia, sosteni-
bilidad, coordinación y concertación, integralidad, innovación,
transferencia o aplicabilidad, y promoción de los derechos
humanos.


3
Red uruguaya contra la violencia doméstica


y sexual / localidad: Uruguay3


La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexuales un espacio de articulación de 18 organizaciones dela sociedad civil comprometidas con el tema desde ha-
ce más de una década. Su misión principal es introducir el
enfoque de género en las políticas formuladas para combatir
la violencia. A través de esta Red, las organizaciones preten-
den romper con la fragmentación con la que se trabaja este


1
Implementación del Programa Ciudades
Seguras en Rosario / localidad:Argentina1


Patrocinado por la Agencia Española de CooperaciónInternacional (AECI) y coordinado por el Fondo de lasNaciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) con el
apoyo de la Red Mujer y Hábitat América Latina, se imple-
mentó en diciembre de 2006 el Programa Ciudades Seguras:
Violencia contra las Mujeres y Políticas Públicas en Rosario.


Para el este proyecto, se realizaron grupos focales en los
que las mujeres identificaron los lugares urbanos que percibí-
an como inseguros (por ejemplo, plazas, parques, puentes
peatonales, entornos de vías de ferrocarril, la terminal de
ómnibus y sus alrededores, entre otros). Reconocieron que
los agresores eran hombres en la mayoría de los casos y que
los delitos por robo y asesinato se volvían más violentos
cuando las víctimas eran mujeres. Se concluyó que la agresión
en el espacio público, a través de insinuaciones sexuales, con
miradas, chistes, burlas u otras conductas invasivas de su cor-
poreidad, provocaban que las mujeres limitaran sus conduc-
tas cotidianas, evadiendo la circulación en ciertas áreas y a
ciertas horas e, incluso, ir a estudiar o trabajar.


Además de los grupos focales, en Rosario se han reali-
zado talleres de sensibilización y capacitación, y se han con-
formado grupos de trabajo para generar propuestas que
permita a las mujeres apropiarse y disfrutar de los espacios
públicos. Una de las principales actividades realizadas hasta el
momento ha sido el Programa en el Distrito Oeste, el cual
consiste en volver a ocupar el espacio público de este sector
de la ciudad que, en los foros, fue reconocido como amena-


101100


6. Violencia de género


2 PNUD, 2006-2008. 3 Red Uruguaya, 2004.


Experiencias relevantes


1 Cooperación local, nacional e internacional UNIFEM / AECI, 2008.


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




Textos citados


Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social
(CEPAR) (2005). Encuesta demográfica de salud materna
e infantil (ENDEMAIN) 2004. Informe final. Documento
electrónico:
http://www.cepar.org.ec/endemain_04/nuevo05/pdf/text
o/01_introduccion.pdf
[consulta: abril de 2009].


Núñez Vega, Jorge (2006).“Políticas de seguridad ciudadana y
género”. Boletín Ciudad Segura, 9. Quito: FLACSO, sede
Ecuador: 11.


Organización de las Naciones Unidas (1993). Declaración
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Nueva
York. Documento electrónico:
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1286.pdf
[consulta: mayo de 2009].


Pontón, Jenny (2007).“La violencia de género en las ciudades:
¿problema mediático?”. Boletín Ciudad Segura, 20. Quito:
FLACSO, sede Ecuador: 12.


Segura Villalba, Maritza (2006). “La violencia de género: ¿un
asunto de seguridad ciudadana?”. Boletín Ciudad Segura, 9.
Quito: FLACSO, sede Ecuador: 4-9.


Unidad de Ejecución Especializada (2009). “Convivir sin vio-
lencia: Plan para la erradicación de la violencia de género
hacia la niñez, adolescencia y mujeres”. Quito: Ministerio
de Gobierno.


Textos consultados


Carrión, Fernando (2006). “El género de la violencia”. Boletín
Ciudad Segura, 9. Quito: FLACSO, sede Ecuador: 1.


Torres, Andreina (2007). “Violencia de género en la calle:
entre el empirismo y la subjetividad”. Boletín Ciudad Se-
gura, 20. Quito: FLACSO, sede Ecuador: 4-9.


103102


6. Violencia de género


tema y promover la coordinación interinstitucional de accio-
nes para erradicar la violencia doméstica y sexual, tanto a
escala local como nacional, vinculándose también a organis-
mos internacionales. Al mismo tiempo, instauran espacios de
reflexión sobre las causas y consecuencias de estos tipos de
violencias y las socializan para sensibilizar a la ciudadanía. El
objetivo principal es sumar esfuerzos para alcanzar una vida
sin violencia en la ciudad.


La Red se ha vinculado a las políticas y acciones guberna-
mentales, incidiendo en la reforma del Código penal uruguayo
–adhiriendo la violencia doméstica como delito penal–, cre-
ando la Ley de seguridad ciudadana y asistiendo a la creación
de un Sistema nacional integral de prevención, detección y aten-
ción de la violencia doméstica. Sus miembros actúan como
delegados representantes de la Asociación Nacional de Or-
ganizaciones No Gubernamentales en el Consejo Nacional


Consultivo Honorario de Lucha contra la Violencia Domés-
tica para redactar el primer Plan Nacional de Lucha contra la
Violencia Doméstica. En cuanto a su trabajo en la sensibiliza-
ción de la sociedad, han asignado un Día Internacional con-
tra la Violencia hacia la Mujer (25 de noviembre) y apoyan a
las mujeres de la Campaña del Crespón, a través de la cual
se denuncian las muertes de mujeres por violencia domésti-
ca. Esta Red también focaliza su atención sobre jóvenes entre
14 a 18 años de edad, a través de un concurso juvenil de afi-
ches en contra de violencia intrafamiliar.


En cuanto a labores de sensibilización, la Red lidera la
campaña pública Violencia doméstica, algo que todos podemos
evitar, comprometiendo la participación de los medios masi-
vos en cuanto a difusión. Finalmente han estado a cargo del
diseño y la distribución del Manual de conceptos básicos sobre
la Ley de violencia doméstica 17.514.


Bibliografía


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




Páginas web citadas


Cooperación local, nacional e internacional: UNIFEM / AECI
(1997-2008) / Programa Ciudades Seguras: Violencia
contra las Mujeres y Políticas Públicas, Municipio de Ro-
sario
http://www.rosario.gov.ar/sitio/desarrollo_social/mujer/co
op_unifem.jsp
[consulta: junio de 2008].


PNUD (2006-2008) / Programa América Latina Genera
http://www.americalatinagenera.org
[consulta: mayo de 2008].


Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual (2004).
http://www.violenciadomestica.org.uy/
[consulta: mayo de 2008].


Páginas web consultadas


CEDAW / Organización de las Naciones Unidas
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/scon-
vention.htm
[consulta: mayo de 2008].


Clarín. “La violencia doméstica en Latinoamérica, un escánda-
lo ético (1999- 2006)
http://www.clarin.com/suplementos/zona/2006/10/15/z-
03501.htm
[consulta: abril de 2008].


CONAMU
http://organizaciones.conamu.gov.ec:8080/informativo/ind
ex.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemi
d=12
[consulta: abril de 2008].


Informe ONU de la persistencia de violencia de género en
América Latina (2007)
http://www.soitu.es/soitu/2007/11/26/info/1196112788_
845817.html
[consulta: abril de 2008]


Oficina de Derecho Internacional, Organización de Estados
Americanos
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
[consulta: mayo de 2008].


Red Nosotras en el Mundo. Centro de Intercambio y
Servicios Cono Sur Argentina (CISCSA)
http://www.rednosotrasenelmundo.org/spip.php?rubri-
que10
[consulta: mayo de 2008].


Red de la Iniciativa de la Comunicación
http://www.comminit.com/en/node/45455
[consulta: mayo de 2008].


United Nations Population Fund (UNFPA)
http://www.unfpa.org/swp/2007/youth/spanish/story/reha
m_youth.html
[consulta: mayo de 2008].


UNIFEM Andina
http://www.unifemandina.org/index2.php?id=4&id_cat=4
&id_art=57
[consulta: mayo de 2008].


104


Desarrollo


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




7. Presupuesto para
la seguridad




el presupuesto tiende a ser asignado en el nivel político cen-
tral. Es así que la seguridad posee una organización estatal
que responde más a la seguridad nacional (a la seguridad del
Estado y la prevaleciente Ley de seguridad nacional) que a la
seguridad ciudadana, lo que genera fuertes tensiones entre el
enfoque nacional coercitivo y punitivo, y el enfoque local de
corte preventivo.


Si abordamos el tema de la seguridad como competen-
cia se puede decir que aunque existe un régimen autónomo
reconocido en la Constitución política del Estado, esta autono-
mía territorial no se extiende a los temas de seguridad, los
cuales están a cargo del ejecutivo nacional. Bajo este mode-
lo, todavía no se considera la participación de los gobiernos
locales y de la comunidad como estamentos esenciales para
afrontar los problemas de seguridad ciudadana.


En este contexto, son pocos los gobiernos locales que
han asumido verdaderamente la competencia de la seguri-
dad ciudadana. En el caso del gobierno local de Quito, se
destina parte de los recursos al financiamiento de este asun-
to. El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha cre-
ado la Tasa de Seguridad para el fortalecimiento de políticas
y acciones que prevengan el crimen y la violencia, así como
la Corporación Metropolitana de Seguridad y Convivencia
Ciudadana (CORPOSEGURIDAD), entidad destinada a
manejar esta tasa.


Otro aspecto que es importante recalcar es que no exis-
te una institución central que desarrolle e implemente las polí-
ticas directoras y el presupuesto de seguridad ciudadana (Ca-
rrión, 2006), lo que produce una falta de coordinación entre
los organismos encargados de la seguridad: los gobiernos loca-
les, la Policía, la Justicia y los cuerpos armados nacionales.


Debido a lo mencionado, el presupuesto de la seguridad
ciudadana se diluye en la operación de una diversidad ins-
titucional, lo cual dificulta el monitoreo y la rendición de
cuentas (Carrión, 2006). Se debe mencionar igualmente que
aunque en nuestro país ha habido un incremento del presu-
puesto de la seguridad entre el período 2000-2008, la inse-
guridad y la violencia han aumentado también, lo cual lleva a
replantear la calidad del gasto, es decir, su distribución, el nivel
de inversión de los fondos de seguridad y el tipo de políticas
que estas asignaciones respaldan.


Es importante diseñar metodologías de inversión para elpresupuesto de la seguridad ciudadana, pues a menu-do se lo ha concebido como un gasto sin claros retor-
nos y como competencia del Estado central únicamente.
Frente al creciente aumento y complejidad de la violencia y
la delincuencia, es necesario analizar la correlación entre los
costos socioeconómicos que provocan y el presupuesto que
se destina para garantizar la seguridad (en control y preven-
ción del crimen, la violencia y actos ilegales), evaluando las
políticas actuales y la rentabilidad económica, así como la sos-
tenibilidad financiera y social que dichas inversiones repre-
sentan. Es importante también cuestionar cuánto se invierte
en programas de seguridad y cuántos serían los costos (en
pérdidas en salud, costes institucionales, gastos en seguridad
privada, pérdidas humanas y materiales, entre otros) que se
podrían evitar tras esta inversión.


En nuestro país, el manejo del presupuesto persigue una
tendencia deficiente. Los recursos han estado destinados
principalmente al control, y la mayor parte del presupuesto
se dirige a cubrir gastos administrativos (especialmente en los
sectores policiales y de Defensa). Un 73% de las asignaciones
van a gastos en personal y el 91% a gasto corriente (Salazar
y Lastra, 2006). Con ello, no es difícil suponer que los recur-
sos destinados a inversión (por ejemplo, dotar de equipos,
insumos e infraestructura para que se presten mejores servi-
cios) sean cubiertos por un porcentaje mínimo, correspon-
diente al 6% del total presupuestado.


Para 2007, los recursos que fueron asignados para los
tres sectores que componen la seguridad correspondieron a
$ 1.661’660.216,78 (SIGEF global, 2008), lo cual registró un
incremento del 29,51% con respecto al año anterior. Asi-
mismo, para 2008 este porcentaje aumentó considerable-
mente a un 40,07%, con un valor de $ 2.327’481.062,02
(SIGEF global, 2008). Esto muestra que se han destinado
$ 168,26 por habitante para cubrir necesidades de seguridad,
un valor mayor que en 2006, el cual correspondía a $ 155
por habitante.


En cuanto a la estructura del presupuesto 2008 tenemos
que este se encuentra repartido así: 47,04% para el sector
Defensa; 43,79% para Asuntos internos; y 9,17% para el sec-
tor Jurisdiccional. Bajo esta estructura, se puede observar que


109


Diagnóstico


7. Presupuesto para la seguridad


108


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




1. Programación presupuestaria de la seguridad ciudadana


En materia de seguridad ciudadana, los presupuestos no de-
ben depender de la voluntad política construida en los deba-
tes parlamentarios locales y/o nacionales, se los debe formu-
lar en función de las características del marco institucional, de
las políticas públicas que se impulsarán y de las prioridades
de asignación de recursos con que se operará en este ámbi-
to. Un tratamiento estructural del presupuesto establece las
pautas de carácter técnico-operativo que asientan a las uni-
dades ejecutoras y unidades orgánicas de este campo para
programar y formular sus requerimientos presupuestales.


La programación presupuestaria compromete a la institu-
ción responsable a desarrollar el presupuesto bajo un esque-
ma que visibilice y articule los programas institucionales, las
fuentes de ingresos, la metodología de asignación y distribu-
ción de recursos, los mecanismos del control presupuestario,
la eficacia de la inversión que, a través del establecimiento de
los indicadores de desempeño, permitirá evaluar el logro de
los objetivos. Además, con un enfoque integral del presu-
puesto se atenderán los costos directos relacionados con
eventos de crimen y violencia que afectan a la población, a la
vez que se evitará obviar los costos indirectos producidos
por hechos de inseguridad.


Es necesario que existan indicadores claros y fiables que
recojan la información relevante y mantengan el sistema per-
manentemente actualizado con el fin de medir de forma
transparente la cantidad de recursos y su utilización en la se-
guridad ciudadana. En este ámbito, un sistema de información
técnicamente elaborado, producto de la fusión de criterios
de presupuesto y de seguridad ciudadana, permitirá conocer
los costos que significan a la sociedad ecuatoriana los temas
relacionados con la seguridad y bienestar de la ciudadanía y,
con base en ello, priorizar problemas, distribuir recursos efi-
ciente y efectivamente, así como tomar medidas que preven-
gan el crimen y la violencia (Lastra y Salazar, 2006).


111


Objetivo general


Contar con la asignación de recursos necesarios con el fin de
usarlos eficientemente tanto en la reducción como en la pre-
vención del crimen y la violencia.


Objetivos específicos


• Transparentar el uso de los recursos asignados al ámbito
de la seguridad ciudadana.


• Maximizar los beneficios de recursos invertidos en la
seguridad ciudadana.


110


7. Presupuesto para la seguridad


Objetivos Líneas estratégicas de acción


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




4. Institucionalizar el presupuesto de la seguridad ciudadana


Los gobiernos locales y el Gobierno nacional deben estable-
cer la institucionalidad del presupuesto de la seguridad ciuda-
dana con la finalidad de superar la asignación ambigua en esta
materia; por lo general, son varios órganos estatales los que
intervienen con políticas mixtas de seguridad pública y ciuda-
dana (Carrión, 2006), pero a la hora de impulsar acciones en
este campo no existe una organización concreta dedicada a
gestionar el presupuesto de la seguridad ciudadana. Con va-
rios entes gubernamentales, ninguno enteramente responsa-
ble, se da lugar a la existencia de presupuestos poco transpa-
rentes y con dificultades en el monitoreo y en la rendición de
cuentas de los mismos.


El éxito de las políticas implementadas en esta área de-
pende de una articulación coherente entre las acciones de
las distintas instituciones que atienden esta problemática (Po-
licía Nacional, sistema carcelario, sistema Judicial, gobiernos
locales, observatorios de seguridad ciudadana, entre otros).
Los programas, proyectos e información de cada una de es-
tas instituciones deberán complementarse mutuamente para
así lograr que los recursos sean acumulados en fondo único
y, además, sean utilizados efectivamente.


Para instaurar un presupuesto de seguridad ciudadana
exitoso, es necesario concentrar la gestión de esta materia
en una institución que defina y promueva planes, programas
y proyectos coherentes, con objetivos medibles, donde se
establezca y distribuya los recursos obtenidos con el fin de
controlar y prevenir las acciones de inseguridad y violencia
generadas en la comunidad ecuatoriana. La institucionalidad
del presupuesto visible a través de una planificación correc-
tamente estructurada facilitará las condiciones necesarias pa-
ra el seguimiento y la evaluación de las operaciones, uso de
recursos y cumplimiento de objetivos propuestos.


5. Definición de los ingresos del presupuesto
de seguridad ciudadana


La seguridad ciudadana requiere un ente gubernamental cla-
ramente definido, responsable, entre otras funciones, de ges-


tionar los ingresos y los egresos de los recursos destinados a
esta materia. La planificación del presupuesto responderá al
marco institucional que lo promueva; de acuerdo con su fun-
damento conceptual se establecerán las políticas tanto para
el financiamiento como para el gasto del sector. Todos los
recursos orientados a este fin conformarán un monto único
que será destinado según las prioridades establecidas en el
plan de trabajo; de esta manera se evitará que dichos recur-
sos sean usados en acciones de interés particular de las ins-
tituciones cooperantes.


Las fuentes de ingresos del presupuesto de la seguridad
ciudadana se las debe establecer mediante disposiciones le-
gales, sean ordenanzas, leyes y/o decreto presidencial. Se re-
quiere formalizar este financiamiento, especificar el origen de
los fondos, precisar la periodicidad del ingreso, especificar el
monto recibido, determinar como estas asignaciones afecta-
rán al Presupuesto General del Estado, etc. En este aspecto,
la información específicamente detallada se convertirá en un
mecanismo para transparentar el presupuesto de la seguri-
dad ciudadana, a la vez que se convertirá en el criterio de
rendición de cuentas de lo actuado.


Los fondos captados para este campo responderán a los
requerimientos de la institucionalidad del presupuesto, las
medidas que se ejecuten en nombre de la seguridad ciuda-
dana serán de orden preventivo más que de control, minán-
dose la posibilidad de llevar a cabo acciones represivas ante
la criminalidad y la delincuencia. El fundamento lógico de la
prevención demanda del diseño y de la operación de planes,
programas y proyectos que sin los recursos económicos ne-
cesarios no trascenderán del planteamiento teórico, es decir,
los ingresos designados para la seguridad ciudadana deben
ser justos, suficientes y de concesión periódica con el fin de
materializar la voluntad política expresada en la formulación
del presupuesto de la seguridad ciudadana.


6. Distribución equitativa de recursos según
la vulnerabilidad de las distintas poblaciones


Es importante que los ingresos de los gobiernos locales y
nacional, por concepto de seguridad ciudadana, no se asignen


113


2.Transparentar el uso de los recursos asignados
al ámbito de la seguridad ciudadana


Los presupuestos dan cuenta de la “política de seguridad”
que ha sido implementada a nivel local y/o nacional; su pro-
gramación evidencia los temas prioritarios y la carga de
recursos que recibirá cada actividad para su ejecución. En tal
virtud, la institucionalidad de la seguridad ciudadana debe
promover procesos de comunicación a través de los cuales
se informe respecto a las asignaciones de recursos destina-
dos a acciones dentro de seguridad ciudadana, y a la vez, se
genere la posibilidad de entregar la información solicitada en
ésta materia.


La Constitución política de la República del Ecuador garan-
tiza el derecho a acceder a las fuentes de información como
mecanismo para ejercer la participación democrática respec-
to al manejo de la cosa pública y la rendición de cuentas a la
que están sujetos todos los funcionarios y funcionarias del
Estado; por lo tanto, las instituciones públicas locales y nacio-
nales de seguridad ciudadana y el organismo director de los
recursos de este ámbito deberán hacer un seguimiento per-
manente y crear una estructura que estipule los ingresos, los
gastos corrientes y la inversión de recursos en esta área.
Además, los informes deberán ser accesibles para toda la
población y ser publicados y actualizados en las páginas web
de cada una de las instituciones.


La transparencia del presupuesto de la seguridad ciuda-
dana generará la posibilidad de llevar a cabo procesos de
análisis de su comportamiento, hará visible la cantidad, la cali-
dad del gasto asignado, el destino institucional de los recur-
sos, la capacidad de ejecución de los mismos, entre otros as-
pectos. Esta providencia permitirá medir “públicamente” la
eficacia y eficiencia de las políticas institucionales en materia
de seguridad ciudadana.


3. Establecer una metodología de asignación y
distribución de los recursos de la seguridad ciudadana


El Presupuesto General del Estado (PGE) puede definirse
como las asignaciones hechas por el Estado a un sector de-


terminado con base en las formulaciones teóricas que se
buscan materializar a través de su política presupuestaria. En
el ámbito de seguridad ciudadana, es importante demandar
del PGE el establecimiento de criterios que orienten las in-
versiones hacia la reducción de índices de inseguridad y vio-
lencia en la sociedad, como su objetivo más importante.


Una vez definido el enfoque y modelo de seguridad ciu-
dadana a escala nacional y local, es menester asignar un pre-
supuesto para este tema y discutir la metodología de asigna-
ción y de distribución de los recursos, lo cual implica no solo
una reforma legal o reglamentaria, sino una reformulación
técnica del sistema de asignaciones del PGE, bajo el enfoque
de nuevas categorías conceptuales (Núñez, 2006).


La metodología de asignación y distribución de los recur-
sos de seguridad ciudadana garantizará su calidad:


En una economía dolarizada, como la ecuatoriana, y con una
fuerte restricción fiscal, la calidad del gasto constituye un
elemento fundamental, pues, dada la limitada capacidad de
crecimiento presupuestario, las instituciones deben trabajar
sobre la priorización de los recursos asignados. En seguri-
dad, esta priorización debe orientarse en dos ámbitos: el
primero es el control y el segundo es la prevención (Salazar
y Lastra, 2006: 4).


112


7. Presupuesto de la seguridad
120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




medidas idóneas que estén orientadas hacia la prevención”
(Lastra y Salazar, 2006: 8).


9. Establecer mecanismos de medición
de costos directos e indirectos


Un conocimiento acertado de todos los costos que la inse-
guridad ciudadana causa en la sociedad permitirá tomar deci-
siones acertadas y distribuir los recursos de seguridad de
acuerdo con los principales problemas que más daño causan
al bienestar social y al desarrollo económico y humano de
ecuatorianos y ecuatorianas.


Es fundamental identificar los costos directos que ocasio-
nan los eventos de crimen, violencia e ilegalidad. Sin embargo,
es necesario medir también los costos indirectos relacionados
con el sistema de salud, de vivienda y los costos derivados de
la morbilidad, la mortalidad, los accidentes de tránsito, el
abuso de alcohol y drogas, entre otros. De igual forma, vale
incluir en la medición de costos los efectos económicos mul-
tiplicadores como el impacto en la productividad laboral, los
días de productividad perdidos –sea por muertes de las per-


sonas que estaban en edad productiva o por daños tempo-
rales o permanentes en las víctimas– y su efecto en el mer-
cado laboral y productivo (Lastra y Salazar, 2006).


Identificar los costos directos e indirectos en cuanto a
seguridad ciudadana permitirá un enfoque integral de seguri-
dad en el Presupuesto General del Estado. Esta perspectiva
asegurará “minimizar, no solo los costos económicos, sino
también los costos para el desarrollo social y humano” (Lastra
y Salazar, 2006: 8). Es decir que de un lado se minimizarían los
costos asociados a situaciones de inseguridad y, por otro, se
atendería a los sectores más vulnerables de la población.


10. Participación ciudadana en inversión de recursos hacia polí-
ticas y acciones de seguridad


Entidades como la institución del presupuesto deberán gene-
rar espacios de discusión sobre cómo presupuestar esta
competencia y evaluar si los recursos se invierten de forma
efectiva. Esta política requiere generar evidencia (a través de
indicadores) sobre el impacto de los recursos y su alineación
con las políticas de Estado y las expectativas de la población.


En esta perspectiva es importante considerar los riesgos
que implican los procesos de esta naturaleza; pues por un la-
do, existe la posibilidad de que surjan proyectos que preten-
dan justificar sus recursos escudándose en la retórica de la
participación ciudadana vigilante en temas de seguridad, los
cuales podrían buscar, como fin último, evadir los controles
del Estado sobre sus verdaderas operaciones.


Por otro lado, en los procesos de participación ciudada-
na se debe conocer y manejar perfectamente la definición
operativa de seguridad ciudadana inscrita en la normativa
respectiva así como “los mecanismos de control estatal sobre
montos destinados a la seguridad y dispositivos de fiscaliza-
ción que involucren a la sociedad civil” (Núñez, 2006: 9). Esto,
con el fin de evitar que acciones de la comunidad, con el pre-
texto de mejorar la seguridad, implementen planes y progra-
mas que no necesariamente estén de acuerdo con una polí-
tica de Estado en materia de seguridad (pública y ciudadana),
y que eventualmente podrían irse en contra de los intereses
de la ciudadanía.


115


únicamente a gastos operativos y de logística (como sistemas
de videovigilancia, construcción de cuarteles y centrales de
atención ciudadana, entre otros), sino que se distribuyan a las
comunidades más vulnerables mediante la realización de pla-
nes y acciones en temas relacionados con el control/preven-
ción de la delincuencia (Salazar y Lastra, 2006: 5).


Las ciudades son el escenario de las diferentes formas de
violencia. Un mismo espacio urbano contiene un amplio mo-
saico de realidades particulares que se diferencian unas de
otras; las violencias varían según el precio y usos del suelo, de
acuerdo con las condiciones sociales y culturales de cada sec-
tor, etc., cada lugar crea sus propias manifestaciones de inse-
guridad. Las asignaciones planificadas en el presupuesto de
seguridad ciudadana deben considerar que las zonas urbanas
requieren acciones diferenciadas según la problemática de
delincuencia y violencia a abordarse. La planificación presu-
puestaria, entonces, deberá focalizarse según el territorio, por
tipo de delitos y por tipo de población.


Las instituciones de control del presupuesto y las autori-
dades competentes en el campo de la seguridad ciudadana
deberán identificar las áreas/comunidades más vulnerables
(en cuanto a infraestructura urbana, consolidación social y
dinámica económica) propensas a ser víctimas del crimen, la
delincuencia y la violencia, con el objetivo de asignarles la
carga presupuestaria correspondiente según la situación de
inseguridad que se busca incidir.


7. Control presupuestario de la seguridad ciudadana


Dado que actualmente la seguridad pública y ciudadana reci-
be aportes económico-financieros de origen múltiple (Presu-
puesto General del Estado, Tasa de Seguridad del Distrito
Metropolitano de Quito, cooperación internacional, entre
otras fuentes de recursos públicos y privados), debe existir
un Comité de asesores del presupuesto de la seguridad ciuda-
dana integrado por representantes de las instituciones vincu-
ladas con este campo. Entre sus funciones tendría: fiscalizar de
manera integrada los recursos invertidos en seguridad ciuda-
dana; cuestionar y analizar el origen de los gastos; asegurar
que la inversión de los mismos sea en programas, proyectos


y acciones que alimenten clara y definidamente la seguridad
ciudadana.


El Comité de asesores del presupuesto de la seguridad ciu-
dadana vigilará el esquema de asignación de recursos y los
mecanismos de control estatal de los montos destinados a la
seguridad y además este comité deberá socializar la informa-
ción respecto a cómo se presupuestan los recursos de segu-
ridad, de dónde provienen los fondos y bajo qué políticas se
invierten, de manera que logrará controlar la distribución y
uso de los mismos.


El objetivo principal de esta entidad será evitar que, pre-
texto de mejorar la seguridad, los fondos asignados a este
campo sean destinados a la ejecución de planes, programas y
proyectos que no necesariamente estén de acuerdo con una
política de Estado en materia de seguridad pública y ciudada-
na, los cuales eventualmente podrían irse en contra de los
intereses de la ciudadanía (Núñez, 2006: 9).


8. Establecer sistemas de información
estadísticos, confiables y actualizados


Para medir de forma transparente la cantidad de recursos y
su utilización en la seguridad ciudadana, es necesario que
existan indicadores claros y fiables que recojan la información
relevante y mantengan el sistema permanentemente actuali-
zado. Esto permitirá conocer los costos que significan a la so-
ciedad ecuatoriana los temas relacionados con la seguridad y
bienestar de la ciudadanía y, con base en ello, priorizar pro-
blemas, distribuir recursos eficiente y efectivamente, así como
tomar medidas que prevengan el crimen y la violencia (Lastra
y Salazar, 2006).


Se puede también formular un sistema integrado de in-
formación que aglutine los datos y sistemas de medición de
los distintos programas y acciones de seguridad ciudadana
realizados por organizaciones no gubernamentales, institucio-
nes del Gobierno central y municipalidades (comprometidas
en este ámbito), de forma que se pueda medir efectivamen-
te los costos de la violencia a lo largo del territorio.


Un sistema eficiente de información estadística facilitará
“la cuantificación de costos económicos y la adopción de


114


7. Presupuesto de la seguridad
120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




y la Comisión de Seguridad del Municipio del Distrito Metro-
politano de Quito (Pontón, 2005).


En los cinco años de operación, CORPOSEGURIDAD ha
invertido alrededor de $ 24 millones en acciones y obras de
prevención, administración de Justicia, capacitación, organiza-
ción para la seguridad, participación ciudadana y la provisión
de equipamiento y tecnología para las instituciones encarga-
das de velar por la seguridad (Dirección de Seguridad Ciuda-
dana, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Fiscalía).


2
Programa Comuna Segura


/ localidad: Chile


El Programa Comuna Segura es una iniciativa guberna-mental emprendida en 2000 y constituye una de lasprincipales estrategias del Gobierno de Chile para for-
talecer la seguridad ciudadana a escala local y comunitaria.
Este programa tiene como pilares centrales la participación
comunitaria y el desarrollo de redes sociales participativas en
la prevención de la delincuencia, así como el desarrollo del
capital social local. El principal propósito del programa es
promover el desarrollo de estrategias integrales y efectivas
de prevención en el ámbito comunal, mediante la participa-
ción de los actores públicos y privados.


El financiamiento general del Programa está a cargo del
Ministerio del Interior, y la modalidad de inversión ha variado
en el tiempo. Durante los tres primeros años de implemen-
tación, la principal modalidad de inversión fue un fondo con-
cursable para organizaciones comunitarias, financiado por el
Ministerio y administrado por el Municipio. El Ministerio del
Interior entregaba recursos para que las organizaciones
sociales que habían sido beneficiadas –y que movilizaban un
porcentaje del monto del proyecto– ejecutaran sus propios


proyectos. Se asignaba y se distribuía el presupuesto de fon-
dos en forma diferencial para cada comuna, con base en una
fórmula de cálculo de datos socio-demográficos.


En 2004 la inversión fue distribuida de manera distinta. El
40% del fondo asignado a cada comuna se destinó a inversio-
nes focalizadas de empleo, que fueron en su mayoría externa-
lizadas a empresas, consultoras u organizaciones externas.
Solo el 60% fue destinado bajo la modalidad concursable
empleada previamente. A partir de 2005, se redefinió la mo-
dalidad de inversión con el objetivo de focalizar de mejor
forma los recursos. Es así que actualmente existen tres líneas
de apoyo que contemplan una serie de criterios de inversión
como aquellos que buscan focalizar la inversión en sectores
inscritos en el Plan Comunal de Seguridad o aquellos que
asignan partidas presupuestarias a los proyectos comunitarios
orientados al fortalecimiento de seguridad ciudadana, y que
producen alto impacto en la seguridad ciudadana.


En los cuatro años de operación de este sistema, se ha
financiado un total de 2.737 proyectos de seguridad: 1.401
proyectos de infraestructura participativa; 1.100 proyectos
de fortalecimiento de redes comunitarias; y 236 proyectos
de atención psicosocial. Se calcula que estos proyectos han
beneficiado a siete millones de chilenos y chilenas.


3
Cero tolerancia, cero éxitos


/ localidad: Nueva York1


Una experiencia contraria a los procesos de participa-ción, manejo democrático y asignación efectiva delas partidas presupuestarias a las necesidades reales


117116


1
La Tasa de Seguridad del Distrito


Metropolitano de Quito / localidad: Quito


En el Ecuador, a escala local, los alcaldes están facultadospara cumplir ciertas funciones de control y prevencióndel crimen y la violencia, orientadas hacia la conviven-
cia ciudadana –mediante la Ley de régimen municipal– sin que
tengan responsabilidades directas en el manejo de las institu-
ciones de seguridad nacional.Teniendo en cuenta los proble-
mas crecientes de violencia y delincuencia en la ciudad de
Quito, la Administración del Distrito Metropolitano asumió,
como gobierno local, la responsabilidad de la seguridad ciu-
dadana, pues se comprendió que era una de las mayores pre-
ocupaciones que tenía la ciudadanía. En 2002, incluyó a la
seguridad ciudadana entre sus principales ejes del Plan de
Desarrollo (los ejes de desarrollo social y de competitividad
de la ciudad), con un modelo integral que privilegia la preven-
ción, la participación ciudadana y la coordinación interinstitu-
cional.


De esta forma, y con base a los artículos 228 y 230 de la
Constitución política de 1998, se promulgó una serie de orde-
nanzas que permitieron al gobierno del Distrito Metropoli-
tano de Quito intervenir en los temas de seguridad. Entre
ellas se creó una ordenanza con referencia al presupuesto de
la seguridad que estipula la creación de una Tasa de Seguri-
dad Ciudadana incluida en el impuesto predial, la cual ha per-
mitido fortalecer las políticas locales en este tema, apoyar a
la Policía Nacional que opera en Quito y desarrollar una serie
de programas orientados a prevenir los hechos de violencia
y delincuencia. La Tasa de Seguridad Ciudadana está adminis-
trada por la Corporación Metropolitana de Seguridad y Con-
vivencia Ciudadana (CORPOSEGURIDAD), una entidad
fundada en 2002 y creada con el objetivo de ejecutar las polí-
ticas de seguridad impartidas por el Concejo Metropolitano


7. Presupuesto de la seguridad


Experiencias relevantes


1 Dammert Guardia, 2006.


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




119


de seguridad ciudadana de una localidad, es lo sucedido en la
implementación de la política de “cero tolerancia” en Nueva
York, durante la Alcaldía de R. Giuliani (1993-2001). El enfo-
que de cero tolerancia tiene base en la teoría de las venta-
nas rotas, desarrollada por James Q.Wilson y George Kelling,
y supone que la disminución de los delitos menores consti-
tuye una forma de prevenir y reducir los delitos mayores.


Durante los primeros cinco años de la implementación
de esta política en Nueva York, las acciones de Giuliani y
Bratton (jefe de la Policía) se concentraron en incrementar el
presupuesto policial en un 40%, lo que significó la contrata-
ción de 12 mil policías. Este aumento presupuestario surgió
en el marco de una reestructuración de la Policía Municipal
que perseguía los siguientes objetivos: erradicar la corrupción
policial; retirar las armas de las calles; disminuir la violencia;
recuperar los locales públicos; disminuir los delitos relaciona-
dos con el robo de autos; frenar la venta de sustancias ilícitas
en las calles y la violencia juvenil. Paralelamente las partidas
presupuestarias de algunos servicios sociales como salud y
educación disminuyeron de manera notable. Durante este
período, la reducción de los índices de violencia e inseguri-
dad crearon una sensación de éxito que causó un gran im-
pacto a escala internacional, por lo que diversos países bus-


caron aplicar esta política, incluso recurriendo en algunos ca-
sos al asesoramiento de Giuliani y Bratton, a través de sus
empresas consultoras. Sin embargo, como diversos autores
han demostrado, la política de cero tolerancia aplicada en
Nueva York tuvo varios efectos negativos como la criminali-
zación de la pobreza, la aplicación de medidas discriminato-
rias en contra de minorías étnicas, denuncias de brutalidad
policial, entre otros.


Asimismo, según James Petras, Giuliani dejó en bancarro-
ta al Municipio de Nueva York, al manipular el presupuesto
para ocultar una deuda de más de $ 25 mil millones. Los
principales motivos de esta deuda se adjudican a diversos
compromisos pactados fuera del presupuesto así como a
concesiones de impuestos otorgadas a grandes empresas
inmobiliarias de la ciudad.


Esto obliga a repensar cuáles son los efectos sociales y
económicos que tiene la ejecución de políticas de seguridad
ciudadana como la de cero tolerancia, y cuáles pueden ser
los instrumentos necesarios para medir estos efectos. Dicha
tarea se vuelve indispensable cuando las políticas catalogadas
de exitosas se convierten en modelos a ser aplicados en dife-
rentes contextos.


118


Textos citados


Carrión, Fernando (2006). “Debatir el presupuesto nacional
desde la seguridad ciudadana”. Boletín Ciudad Segura, 5.
Quito: FLACSO, sede Ecuador: 1.


Dammert Guardia, Manuel (2006). “Cero tolerancia, cero
éxitos”. Boletín Ciudad Segura, 5. Quito: FLACSO, sede
Ecuador: 3.


Hanashiro, Olaya y Daniel Pontón (2006). “Elementos para
una reforma policial en el Ecuador”. Boletín Ciudad Segura,
4. Quito: FLACSO, sede Ecuador: 4-9.


Ley de transparencia (2004). Documento electrónico:
http://www.hoy.com.ec/pagshtm/ley_de_transparencia.htm
[consulta: octubre de 2008].


Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de la República del
Ecuador (2007).


Núñez, Jorge (2006). “Política presupuestaria de seguridad
pública y ciudadana”. Boletín Ciudad Segura, 5. Quito:
FLACSO, sede Ecuador: 9.


Salazar y Lastra (2006).“El presupuesto de seguridad”. Boletín
Ciudad Segura, 5. Quito: FLACSO, sede Ecuador: 4-8.


Subsecretaría de Presupuesto. Presupuesto nacional del
Estado.


Textos consultados


Méndez, Benjamín (2009).“Seguridad ciudadana y presupues-
to en el Distrito Federal, México”, en: F. Carrión y M.
Dammert (comps.). Economía política de la seguridad ciu-
dadana. Quito: FLACSO, sede Ecuador: 111-131.


Muñoz, Alejandra (2009). “Seguridad ciudadana y su presu-
puesto en el Perú”, en: F. Carrión y M. Dammert (comps.).
Economía política de la seguridad ciudadana. Quito:
FLACSO, sede Ecuador: 81-109.


Pontón, Jenny (2005). “La seguridad ciudadana en Quito,
Guayaquil y Cuenca: modelos de intervención”. Quito:


7. Presupuesto para la seguridad


Bibliografía


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




8. Guardianías privadas
FLACSO, sede Ecuador / MDMQ. Documento electróni-
co:
http://www.flacso.org.ec/docs/modelosintervenci_jpon-
ton.pdf


Salazar, Felipe y Guillermo Fernández (2009). “El gasto públi-
co y la seguridad ciudadana en Chile”, en: F. Carrión y M.
Dammert (comps.). Economía política de la seguridad ciu-
dadana. Quito: FLACSO, sede Ecuador: 59-80.


Vargas,Alejo y Viviana García (2009).“Presupuesto nacional y
seguridad ciudadana en Colombia: a propósito del gasto
público en Seguridad y Defensa, y la lucha contra la vio-
lencia y el crimen”, en: F. Carrión y M. Dammert (comps.).
Economía política de la seguridad ciudadana. Quito:
FLACSO, sede Ecuador: 39-58.


Páginas web consultadas


Corporación Metropolitana de Seguridad y Convivencia
Ciudadana (CORPOSEGURIDAD)
http://www.corposeguridad.com.ec
[consulta: junio de 2008].


Programa Comuna Segura (2004). Santiago de Chile:
Ciudades para un futuro sostenible
http://habitat.aq.upm.es/bpal/onu04/bp2609.html
[consulta: mayo de 2008].


Programa Comuna Segura. Municipalidad de Santiago
http://www.municipalidaddesantiago.cl/seguridad/progra-
ma.php
[consulta: abril de 2008]


120


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




entre 9% y 11% (Betancourt, 2007: 2). La confiabilidad fren-
te a este servicio es tal que el propio Estado ecuatoriano es
el principal demandante de este servicio, seguido por las
grandes corporaciones, las medianas y pequeñas empresas y
los particulares.


La expansión de esta industria ha provocado que los
guardias privados superen el número de vigilantes nacionales.
Para 2005 hubo 40.368 gendarmes privados legales contra-
tados frente a 36.907 policías nacionales (Pontón, 2006: 4),
aunque actualmente se estima que la cifra de los primeros
asciende a 120 mil (según la Asociación Nacional de Empre-
sas de Seguridad e Investigación del Ecuador, ANESI), lo que
significa una cifra tres veces mayor a la de la Policía Nacional.


La Superintendencia de Compañías revela la expansión
de esta industria mediante la tasa de empresas de seguridad
por cada 100 mil habitantes; así, en 1990 se registró una tasa
del 0,56; en 1995 la tasa fue del 1,52; en el lapso 1995-2000
la media alcanzó 3,28 para ubicarse en 2006 en 6,29 empre-
sas de seguridad por cada 100 mil habitantes (Pontón, 2006:
4-9).


Alrededor del 80% de la cobertura de guardianía privada
se acumula en las áreas urbanas de Pichincha (5,70%) y Gua-
yas (28,26%) (Pontón, 2006: 4-9). La alta presencia de la guar-
dianía privada en las ciudades y la confiabilidad hacia la misma
ha legitimado su accionar –el porte de armas, la detención a
delincuentes, la prohibición de acceso a espacios privados e,
incluso, a ciertos espacios públicos, todas estas competencias
de la seguridad pública– remitiéndose a la privatización del
derecho a la seguridad pública y a la coartación de la liber-
tad individual de la ciudadanía que usa los espacios públicos.
No es extraño ver guardias privados realizando actividades
de seguridad y control en los accesos de las instituciones
públicas, ministerios o en los planes locales de seguridad ciu-
dadana como el Plan Más Seguridad, en Guayaquil.


Sin embargo, pese a la extensiva presencia de efectivos
de seguridad pública y privada, la violencia y la delincuencia
no ha mermado. El Estado construye la oferta de seguridad
pensando en delitos tradicionalmente concebidos: aquellos
que atentan contra la propiedad y la vida de las personas
(fundamentados generalmente en datos e informaciones
ofrecidos por la Policía Nacional), marginando nuevos tipos de


delitos como el sicariato, el secuestro express y delitos apoya-
dos en las nuevas tecnologías; oferta que no toma en cuenta
factores que originan, fomentan o facilitan la violencia tales
como inequidad, pobreza, desempleo, consumo de alcohol y
droga, migración, menor control social de la familia, desinte-
gración familiar, entre otros (Lalama, 2007: 4). Esta situación
deja ver la precaria correspondencia entre oferta pública de
seguridad y la demanda de seguridad de la población.


Otro de los temas cruciales de este sector es el desgo-
bierno sobre la expansión y operación de las empresas de
seguridad privada; la legislación actual le otorga flexibilidad
extrema: no especifica su competencia ni jurisdicción de ám-
bito. Muchas de las empresas de seguridad privada ejercen
sus servicios informalmente –sin regularización legal; con
equipos precarios; con efectivos sin capacitación en cuanto a
uso de armas; con carencias de capacitación técnica y escaso
conocimiento en derechos humanos y comunitarios; y dudo-
sas pruebas de admisión que distan de garantizar un nivel éti-
co e independiente frente a las redes delincuenciales–, lo que
refleja costos baratos y atractivos hacia una mayor demanda
de seguridad privada de la población. Por otro lado, la con-
centración económica de este sector ha sido acelerada y res-
trictiva: muchas pequeñas empresas que prestan este servicio
son gradualmente relegadas por las grandes multinacionales3


que monopolizan esta industria debido, principalmente, a su
capacidad de adquirir tecnología de punta y capacitar al per-
sonal en estrategias de seguridad especializadas, las mismas
que son superiores a las empresas pequeñas de seguridad
privada que operan en el país (Lalama, 2007: 6).


En el contexto de esta realidad,“se requiere, por lo tanto,
definir urgentemente un marco institucional y regulatorio
integral de esta actividad empresarial, ya que es un servicio
en ascenso que debería estar subordinado a políticas públi-
cas” (Carrión, 2006: 1).


123122


La seguridad privada, en términos generales, se divide encuatro segmentos: vigilancia física, seguridad electrónica,transporte de fondos y alarmas residenciales. En esta
sección, la temática se enfocará en la vigilancia física de las
guardianías privadas.


La guardianía privada es un tema relativamente nuevo
tanto en el país como en América Latina. Su expansión se ha
justificado en las últimas dos décadas debido al incremento
de la violencia y la inseguridad ciudadana. Paralelamente su
creación se relaciona con la desconfianza de las instituciones
públicas que brindan seguridad en el país. En una encuesta
generada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
(COMACO), en 2005 el 72,5% de la población señaló estar
inconforme con el servicio que de la Fuerza Pública (Policía
Nacional y Fuerzas Armadas). Por otro lado, se percibe en
dicha encuesta una desconfianza en el sector Judicial y en el
control estatal, debido a temas de corrupción que se han
desarrollado internamente y los efectos de impunidad cada
vez más propagados. Estos aspectos contribuyeron a la
expansión de la privatización de la seguridad.


A pesar de ser fuente de empleo1 de miles de ecuatoria-
nos, el crecimiento del servicio de guardianía privada se debe
a la rentabilidad2 que produce este sector. Su presencia se ha
fortalecido de tal forma que se ha constituido en un actor
político decisivo en la seguridad pública. Se calcula que, en
América Latina, el mercado de seguridad privada ascendió a
los $ 4 mil millones en 2003, con una tasa de crecimiento


Diagnóstico


1 Durante el II Congreso Nacional de Seguridad Privada llevado a cabo en la
ciudad de Manta, Ecuador, el 3 y 4 de julio de 2008, el presidente de ANESI,
Fernando Freile Neira, informó que actualmente existen alrededor de 90 mil
puestos de trabajo en el ámbito de la seguridad privada. Señaló, además, que
800 empresas se encuentran legalmente constituidas, 150 en trámite de cons-
titución, y entre 200 y 300 se consideran ilegales. Por su parte, el Director
Nacional de Trabajo señaló en este mismo Congreso que existen alrededor
de 100 mil puestos de trabajo en seguridad privada, cantidad que si se mul-
tiplica por cinco miembros de familia; se podría pensar en una población de
alrededor de medio millón de personas que se encuentran vinculadas y
dependen del trabajo de las empresas de seguridad privada.


2 “Según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), esta actividad registró
recaudaciones de impuestos directos e indirectos por $ 3.274.485 en 2000,
mientras que en 2006 el monto subió a $ 11.440.415” (Pontón, 2006: 5).


8. Guardianías privadas


3 Securitas o Segurity and Intelligence Advicing (SIA).


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




1. Cooperación público-privada


Es fundamental que la Policía Nacional y las empresas de guar-
dianía privadas se apoyen mutuamente por el bien de la ciu-
dadanía en general, en beneficio de quienes contratan el
servicio de vigilancia privada y del resto de la ciudad. Los es-
fuerzos conjuntos y coordinados garantizarán una ciudad más
segura e, incluso, disminuirán los costos sociales y económicos
que provoca la inseguridad urbana. Esta colaboración deberá
sustentarse en el respeto de las competencias de cada tipo de
servicio de seguridad y en el intercambio de información. Las
empresas privadas de guardianía deben sumarse y someterse
a las normativas legales de la institución policial.


Existen sectores urbanos en los que se concentran loca-
les, comercios, instituciones o particulares que contratan ser-
vicios de guardianía privada, donde sería productivo crear
una red de vigilancia que trabaje con la Policía y alerte en ca-
so de que se perciban altercados que amenacen el bienestar
de la comunidad. Las empresas de guardianía privada traba-
jarían coordinadamente e intercambiarían información útil
con la Policía Nacional, mas no desempeñarían las funciones
de control que son patrimonio exclusivo de la institución po-
licial.


2. Creación de un marco normativo que defina
el campo de acción de los agentes privados


Es importante formular específicamente las competencias y
responsabilidades de la guardianía privada a través de refor-
mas a la Ley de seguridad privada del Ecuador, en cuya juris-
dicción actualmente


no hay una normativa jurídica explícita, pues la ley se pre-
senta neutra y, en muchos de sus pasajes, ambigua en esta
materia.Tradicionalmente, las guardianías privadas cumplen
su jurisdicción en el ámbito privado protegidas por el dere-
cho de contratación y libertades civiles; sin embargo, es muy
común encontrar empresas de guardianía privada resguar-
dando espacios públicos y semipúblicos (como parques y
plazas), bajo la contratación, competencia y responsabilidad
privada (Pontón, 2006: 8).


125124


Objetivos


Objetivo general


Lograr una óptima cooperación pública y privada en el tema
de las guardianías.


Objetivos específicos


• Regular y controlar la dinámica de la guardianía privada.


• Optimizar la presencia de la guardianía privada a través
de la coordinación de esfuerzos en la seguridad pública,
en pro de la seguridad ciudadana.


• Regular el uso de la fuerza por parte de guardias priva-
dos con el fin de prevenir que se interfiera en la convi-
vencia, libertad y seguridad de la ciudadanía en general.


8. Guardianías privadas


Líneas estratégicas de acción


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




6. Condiciones laborales justas en las empresas
de guardianía privada


Los procesos de selección y contratación de guardias priva-
dos es competencia de cada empresa de seguridad, sin em-
bargo, estas deben responder a las disposiciones generales
impuestas desde la Superintendencia de Empresas de Guar-
dianía Privada. Los aspirantes a cumplir funciones de guardias
privados deben mostrar los documentos que acrediten su
idoneidad para tal puesto de trabajo: cédula de identidad,
certificados de formación educativa general y de uso de
armas, presentar el récord policial para evidenciar que no
presentan antecedentes penales y, además, someterse a
pruebas sicológicas y operativas pertinentes para un cargo
de este tipo.


Es responsabilidad de las empresas empleadoras de guar-
dias privados propiciar un adecuado ambiente de trabajo, re-
lación laboral y cumplimiento de las normas establecidas en
los códigos pertinentes, considerando jornadas laborales, ho-
ras extras, feriados, vacaciones, seguridad social y otros dere-
chos a los que deben acceder los guardias privados a través
de su relación laboral justa con las empresas que los con-
tratan.


7. Formación a guardias privados respecto al
rol de la institución policial


Es importante que en los procesos de profesionalización del
sector de la guardianía privada se reconozca y se forme res-
pecto al rol de la institución policial, con el fin de evitar la
superposición de competencias entre los agentes de la Fuer-
za Pública y los guardias privados. La Policía Nacional, como
una de las instituciones del Estado directamente involucradas,
es la llamada a dar a conocer sus atribuciones y a capacitar
sobre las limitaciones del rol de los agentes privados en el
ámbito de la seguridad ciudadana.


Debido a su rol, los guardias privados están en perma-
nente contacto con las personas que circulan en el períme-
tro de su área de vigilancia. Ante hechos que ameriten su
desempeño como tales, los actores que dan seguridad priva-


da deben proceder con conocimiento de causa y, según el
campo de acción definido en el marco jurídico de este sec-
tor, ellos no pueden asumir funciones propias de la institución
policial.


Los contratantes de servicios de esta naturaleza y sus
operarios deben informarse respecto a las competencias de
la institución policial. Los miembros de la Policía Nacional son
los únicos facultados constitucionalmente para ejercer el uso
legítimo de la fuerza a riesgo de ser sancionados bajo los car-
gos de abusos de poder; en tanto que el trabajo de los guar-
dias privados debe asumirse –por sus ofertantes– como una
acción suplementaria a la Fuerza Pública.


8. Capacitación óptima a nivel operativo para
los agentes de la guardianía privada


El Estado debe demandar que los guardias privados posean
el conocimiento/entrenamiento suficiente y necesario (tanto
técnico como legal) de sus funciones, especialmente en cuan-
to al porte de armas y al uso legítimo de la fuerza como
competencia exclusiva de la institución policial. La Ley de
seguridad privada (2003), en su artículo 4, señala que para la
contratación de vigilantes privados los requisitos son:


Ser calificado y seleccionado previamente por la compañía
empleadora, de acuerdo a su competencia, experiencia y
conocimientos, respecto de la función o actividad a desem-
peñar, acreditar la cédula militar y haber aprobado cursos
de capacitación en seguridad, dictados por profesionales
especializados (Lalama, 2007: 7).


De cumplirse esta normativa, los guardias privados, antes de
asumirse como tales, participarán en procesos de formación
donde adquirirán un conjunto de respuestas/conocimientos
legales que guíen a los guardias respecto a su comportamien-
to en situaciones emergentes. La capacitación será diferencia-
da por áreas como: cursos específicos para guardias, supervi-
sores, gerentes de seguridad, jefes de investigación y otras
áreas de acuerdo con necesidades específicas. Estos procesos
de formación significan costos a las empresas contratantes;


127


Ambigüedades de esta naturaleza ya han generado pugnas
entre los actores involucrados:


En el año 2005, el Municipio de Guayaquil (institución públi-
ca local), a través de su Corporación de Seguridad Ciuda-
dana (institución de naturaleza privada), contrató varias
compañías de seguridad privada con pretexto de la poca
atención recibida por parte del Gobierno central para com-
batir el incremento de la delincuencia: el objetivo de este
hecho fue proveer seguridad pública (de competencia y ju-
risdicción constitucional de Estado a través de la Policía
Nacional) en las calles o puntos conflictivos de la ciudad
(Pontón, 2006: 8).


3. Creación de Superintendencia de Seguridad Privada


El entramado de instituciones que controlan las empresas de
guardianía privada es amplio, están supeditadas a una serie de
instituciones gubernamentales disociadas entre sí: por el
equipamiento que utilizan están bajo la tutela del Concejo
Nacional y la Superintendencia de Telecomunicaciones; debi-
do a la especificidad del servicio que ofertan están supervi-
sadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el
Ministerio de Gobierno y la Comandancia General de la Po-
licía Nacional; por ser entidades con fines de lucro están regi-
das por las instituciones de regulación económica como la
Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas In-
ternas (SRI), entre otras. Estas deben agruparse en una enti-
dad que establezca las reglas del juego de este sector y que
garantice los intereses y necesidades de la seguridad privada,
especialmente las condiciones de la guardianía privada, por
ser el área de mayor riesgo, pues comprende personas con
y sin armas en el ejercicio de brindar seguridad a particu-
lares.


Dicho organismo podría constituirse en una “Superinten-
dencia de Seguridad Privada”; entre sus funciones “no haría
un control fiscalista impositivo, sino al contrario, direccionaría
el servicio de seguridad privada hacia un bien colectivo y no
exclusivamente particular” (Santillán, 2007: 11). En el ámbito
de la vigilancia privada sus competencias serían: concentrar
/registrar todas las instituciones y cámaras relacionadas con la


guardianía privada; controlar la aplicación de leyes y regula-
ciones en la operación y registro de estas empresas; otorgar
los permisos de funcionamiento de estas empresas tras ase-
gurarse de que cumplan con todos los requisitos; realizar las
investigaciones necesarias para identificar la operación ilegal
de empresas informales de seguridad privada; entre otras.


La Superintendencia de Seguridad Privada será una ins-
tancia nacional, de orden civil, y deberá estar desconcentrada
alrededor de las distintas áreas del país, en donde operan
servicios de esta naturaleza.


4. Subordinación de la Superintendencia de
Seguridad Privada a la Policía Nacional


Las armas de fuego comprenden una de las principales he-
rramientas de trabajo de las empresas que ofertan servicios
de guardianía privada, condición que las diferencia de cual-
quier otro tipo de organización con fines de lucro. La única
institución estatal con autorización para hacer un uso legíti-
mo de la fuerza a través de la utilización de las armas es la
Policía Nacional, en tal virtud, la Superintendencia de Seguri-
dad Privada debe someterse a las disposiciones policiales
previstas para éste ámbito de la seguridad ciudadana.


5. Legalización de empresas
de guardianía privada


Es importante localizar aquellas empresas de guardianía pri-
vada que operan clandestinamente y hacer campañas de re-
gularización de las mismas. Se debe lograr que la totalidad de
organizaciones de hecho que trabajan en aspectos de segu-
ridad cumplan con los requisitos de ley para su ejercicio pro-
fesional: dispongan del permiso general de armas emitido por
el Comandando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuenten
con la autorización de funcionamiento otorgado por el Mi-
nisterio de Gobierno, se inscriban en el Registro Mercantil, en
la Superintendencia de Empresas de Guardianía Privada y to-
das las otras disposiciones competentes.


126


8. Guardianías privadas
120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




1
Creación de la Superintendencia de Vigilancia y


Seguridad Privada / localidad: Colombia


En 1996, tras los acuerdos de paz logrados en Colom-bia, se creó la Superintendencia de Vigilancia y Seguri-dad Privada, un organismo de orden nacional, de carác-
ter técnico, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional y que
goza de autonomía administrativa y financiera. Esta Super-
intendencia desempeña funciones de control (a escala técni-
ca y profesional), inspección y vigilancia sobre la industria y
los servicios de seguridad privada, generando confianza públi-
ca sobre los mismos.


Esta institución vela por el interés general, por los dere-
chos y libertades de la comunidad y garantiza el cumplimien-
to de las normas y procedimientos que regulan las actividades
del sector. De igual forma, se encarga de combatir la ilegalidad
y custodia que las personas vinculadas a este sector laboral
contribuyan a la prevención del delito y complementen el de-
sempeño de la seguridad pública.


La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se
piensa con base en un plan estratégico de desarrollo llama-
do “Estado comunitario desarrollo para todos 2006-2010” y
se sustenta en la Política de consolidación de la seguridad de-
mocrática: fortalecimiento de las capacidades del sector De-
fensa y Seguridad.


129


sin embargo, deben ser asumidos con el objetivo de lograr la
profesionalización de su personal contratado.


Para que las empresas de seguridad privada puedan regis-
trarse como tales y recibir un permiso de funcionamiento,
deberán capacitar a todo su personal y probar ante la enti-
dad reguladora que todos sus guardias han cursado los pro-
cesos de capacitación.


9. Formulación de manuales de procedimiento
para situaciones emergentes


Es conocido que en ciertas empresas de guardianía privada,
el personal, armas y sistemas de seguridad son poco califica-
dos debido a una política de abaratamiento de costos ope-
racionales, situación que debe revertirse hacia procesos de
selección del personal contratado, que deberá poseer cono-
cimientos que les permita desempeñar su trabajo en situacio-
nes emergentes sin provocar consecuencias que lamentar.


Es importante que las empresas de guardianía privada
capaciten a su personal en torno a las implicaciones que
puede traer el mal uso de armas de fuego; se otorgue códi-
gos de procedimiento ante situaciones emergentes donde el
último mecanismo de defensa sea el uso de armas; se moti-
ve a mantener una fluida comunicación con los oficiales de la
Policía Nacional que son los únicos autorizados a utilizar
armas de fuego a riesgo de ser sancionados como perpetra-
dores de los derechos humanos en el caso de hacer un uso
incorrecto de las mismas.


El desempeño de guardias privados deberá responder a
estándares establecidos para el perfil profesional de sus fun-
ciones, ellos y ellas deben reaccionar en pro de la defensa de
la propiedad privada y de sus contratantes, sin causar daños
a terceros ni generar más violencia en el entorno público.


10. Definición del ámbito de acción de las empresas
de guardianía privada en el espacio público


La guardianía privada estratifica los lugares públicos: ciudada-
nos y ciudadanas son sujetos de vigilancia de los guardias pri-
vados que “garantizan” un orden preestablecido desde su
condición de personal uniformado en misión de administrar
la vida de las personas en el día a día, al tiempo que trans-
greden el sentido político y cultural de los espacios públicos.
Esta situación debe ser atendida por una política integral de
seguridad ciudadana, opuesta a la privatización de los espa-
cios públicos y orientada a


integrar los múltiples aspectos que combaten los factores
que generan inseguridad a la población, los cuales, en
muchos casos, están fuera del tema delictivo o violento y
más bien implican propuestas de reformas destinadas a
mejorar la confianza interpersonal e institucional de las per-
sonas (Pontón, 2006: 6).


128


8. Guardianías privadas


Experiencias relevantes


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




Textos citados


Betancourt,Andrea (2007).“La seguridad privada en América
Latina: un mercado en crecimiento”. Boletín Ciudad Se-
gura, 19. Quito: FLACSO, sede Ecuador: 2.


Carrión, Fernando (2006). “Privatización de la seguridad”.
Boletín Ciudad Segura, 19. Quito: FLACSO, sede Ecuador: 1.


Carrión, Fernando (2007). “Reforma policial: ¿realidad ineludi-
ble de una nueva doctrina de seguridad?” URVIO, Revista
Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, 2.Quito: FLACSO,
sede Ecuador: 5-22.


Dammert Guardia, Manuel (2006). “Respuestas violentas”.
Boletín Ciudad Segura, 7. Quito: FLACSO, sede Ecuador: 3.


Lalama, Gustavo (2007). “Privatización y seguridad ciudada-
na”. Boletín Ciudad Segura, 19. Quito: FLACSO, sede Ecua-
dor: 4-9.


Núñez Vega, Jorge (2006).“Seguridad privada y espacio públi-
co”. Boletín Ciudad Segura, 7. Quito: FLACSO, sede Ecua-
dor: 11.


Pontón, Daniel (2006). “La privatización de la seguridad en
Ecuador: impactos y posibles escenarios”. Boletín Ciudad
Segura, 7. Quito: FLACSO, sede Ecuador: 4-9.


Santillán, Alfredo (2007). “Una reorganización del control de
la seguridad privada”. Boletín Ciudad Segura, 19. Quito:
FLACSO, sede Ecuador: 11.


Textos consultados


Abelson, Adam (2006). “Seguridad privada en Chile”. Boletín
del Programa de Seguridad y Ciudadanía, 6. Santiago de
Chile: FLACSO, sede Chile.


Control de Organizaciones de Seguridad Privada (2006).
“Manual para empresas de seguridad”. Quito: Policía Na-
cional. Documento electrónico:
http://www.cospazuay.gov.ec/index.php?idC=23
[consulta: junio de 2008].


131


2
Comisión de Coordinación de Seguridad


Privada / localidad: España


En España se ha formado la Comisión de Coordinaciónde Seguridad Privada, asesorada por el Ministerio deJusticia. Entre sus objetivos, esta comisión contempla el
intercambio de experiencias de los distintos sectores de la
seguridad y la formulación de propuestas de lucha en contra
de la delincuencia. Además propone criterios de coordina-
ción entre las empresas (y el personal de seguridad privada)
y la Fuerza Pública. De esta manera, se fomenta la informa-
ción bidireccional entre Policía y jefes de seguridad privada.
Así también la seguridad privada es objeto de una especial y
rigurosa atención policial para controlar que se sigan las nor-
mas.


A su vez se recomienda que se encuentre la forma de dar
un mayor respaldo y protección jurídica al personal de segu-
ridad, para que conste en una Ley orgánica de seguridad ciu-
dadana que vele por que el personal de seguridad atienda a
las indicaciones de sus funciones reconocidas legalmente y
aprobadas en el establecimiento del servicio al que pertene-
cen o en el plan de seguridad que ejecuten (Muñoz, s/f).


3
Empresas de seguridad privada /


localidad: Guatemala4


Una experiencia contradictoria a la regularización deempresas privadas es lo sucedido en Guatemala.Como resultado de los acuerdos de paz de ese país,
en 1996 se creó la Policía Nacional Civil (PNC), la cual cuen-
ta en la actualidad (para 2006) con un aproximado de 20 mil
agentes, es decir, 1,58 policías por cada mil habitantes. Esta
cifra no solo se encuentra por debajo del estándar interna-
cional, sino que es mucho menor que el número de agentes
de seguridad privada guatemaltecos. En el mismo año existí-
an en Guatemala 128 empresas autorizadas de seguridad pri-
vada y otras 99 en proceso de autorización. Las empresas
autorizadas representan un aproximado de 60 mil agentes.


Dado que en Guatemala la ley sobre policías privadas
permite que las empresas puedan operar pese a no contar
con la autorización final, este número se elevó a 100 mil
agentes, sin contar a las empresas fantasmas e ilegales de las
que no se puede tener datos aproximados.Vale señalar que
una reforma a esta ley se ha discutido en el Congreso guate-
malteco. Sin embargo, la seguridad privada representa solo
un tipo de respuesta frente al aumento de la violencia, el
incremento de la inseguridad y la incapacidad del Estado para
afrontar estos problemas.


130


8. Guardianías privadas


Bibliografía


4 Manuel Dammert Guardia, 2006.


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




Diario Hoy (2007a). “Más armas de fuego ilegales”. Quito, 24
de mayo. Documento electrónico:
http://www.hoy.com.ec/NoticiaNue.asp?row_id=267792
[consulta: abril de 2008].


Diario Hoy (2007b). “Política integral de seguridad”. Quito, 4
de junio. Documento electrónico:
http://www.hoy.com.ec/NoticiaNue.asp?row_id=268671
[consulta: mayo de 2008].


El Federalista (2006). “Más ecuatorianos optan por la defen-
sa”, 19 de junio. Documento electrónico:
http://el-federalista.blogspot.com/2006/06/mas-ecuatoria-
nos-optan-por-la.html
[consulta: mayo de 2008].


Marco regulatorio para la seguridad pública y privada en
Chile (s/f). Santiago de Chile. Documento electrónico:
http://www.capeseg.cl/documentos/area_legal/Marco_Re
gulatorio_OS10.pdf
[consulta: junio de 2008].


Ministerio de Defensa de la República de Colombia (2007).
“Sector de la vigilancia y seguridad privada”. Bogotá: Su-
perintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Docu-


mento electrónico:
http://www.supervigilancia.gov.co/
[consulta: mayo de 2008].


Muñoz Usano, Francisco (s/f). “Coordinación de la seguridad
privada con la pública en España”. Buenos Aires: Foro de
Seguridad. Documento electrónico:
http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/disc_4027.
htm
[consulta: mayo de 2008].


Páginas web consultadas


Control Nacional de Armas (2007)
http://www.controlarmas.mil.ec/mision.html
[consulta: mayo de 2008].


Corporación de Seguridad Ciudadana y Convivencia (COR-
POSEGURIDAD) (2008)
http://www.corposeguridad.com.ec/content/view/33/60/
[consulta: mayo de 2008].


132


9. Cooperación internacional


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




Un alto porcentaje de estas ayudas se destina a diversos pro-
gramas de desarrollo y, dentro de ellos, una suma importan-
te se dirige hacia temas relacionados con la agenda de segu-
ridad ciudadana. De acuerdo con Carrión (2006: 1)


la Policía Nacional recibió, en el año 2005, recursos interna-
cionales por una cantidad cercana al 4% de su presupuesto
anual; monto con el cual se diseñó la política general de la
seguridad ciudadana del país.


Con tan pocos recursos, es posible generar una inflexión en
las prioridades de la política pública en el país.


En el Ecuador, cuando se analiza el tema de la coopera-
ción en materia de seguridad ciudadana, se observa una foca-
lización territorial –frontera con Colombia– y delictiva –nar-
cotráfico, migración irregular y terrorismo– que se relaciona
más con las agendas internacionales de seguridad que con
una búsqueda de soluciones a los problemas de convivencia
en el país. Estas directrices de las políticas de seguridad a es-
cala nacional han conducido a que “la mayor parte de los
delitos “nacionales” no sean perseguidos, sino los que de-
mandan los países donantes”. De esta forma, se produce una
pérdida de la “soberanía del delito”, cuestión que impide el
control de las violencias que tienen mayor connotación social
en el Ecuador (Carrión, 2006: 1).


En la actualidad, la violencia debe ser enfrentada en elplano transnacional en que se encuentra, porque se haformado un área de integración supranacional que fun-
ciona como terreno integrado para el desarrollo de las accio-
nes delictivas; una situación como la descrita genera también
una gran oportunidad para la cooperación internacional en
materia de seguridad ciudadana.


La cooperación internacional es aquella que se realiza en-
tre distintos países, ciudades y localidades, y se impulsa a par-
tir de un conjunto de acciones realizadas por actores públi-
cos y privados, con la finalidad de promover conjuntamente
el desarrollo sostenible. Puede haber diferentes tipos de coo-
peración: técnica, financiera, ayuda humanitaria, alimentaria,
becas, canjes de deuda, capacitación, intercambio y pasantías,
entre otros.


La cooperación internacional de orden multilateral se re-
presenta en el país por entidades como la Organización Pa-
namericana para la Salud (OPS), el Banco Mundial, el Banco
Interamericano para el Desarrollo (BID), la Corporación An-
dina de Fomento (CAF) y la Organización de los Estados
Americanos (OEA); mientras que en el nivel bilateral, países
como los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Bélgica y España
son los principales contribuyentes. En la mayoría de los casos,
dirigen los recursos a programas que guardan coherencia
con sus intereses.


Dichos recursos deberían ser administrados por la Agen-
cia Ecuatoriana de Cooperación Internacional (AGECI), enti-
dad adscrita a la Secretaría Nacional de Planificación y De-
sarrollo (SENPLADES), que tiene como función principal la
coordinación de las estrategias generales y las políticas de
cooperación internacional, además de la aplicación de los ins-
trumentos de gestión del Sistema Ecuatoriano de Coope-
ración Internacional (SECI).


De los recursos provenientes de la cooperación interna-
cional, la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) destina
un promedio del 8% para América Latina y el Caribe (Torres,
2006: 4). El Ecuador recibió, durante 2007, $ 1.218,4 millones;
es decir, una cifra que supera en más de $ 30 millones a la de
2005. De este monto, el 76,2% correspondió a préstamos
externos ($ 928,7 millones) y el 23,8% ($ 289,75 millones),
a fondos no reembolsables (MRE, 2007).


9. Cooperación internacional


135134


Diagnóstico


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




1. Marco institucional de la cooperación internacional


La cooperación internacional debe considerarse parte de la
política exterior de cualquier Estado. Por eso, debe desarro-
llarse en el contexto de un marco institucional adecuado (sis-
tema) y de una política púbica con principios de soberanía e
integración (plan). Más aún en el caso de la seguridad ciuda-
dana, que debe ser parte del Sistema Nacional de Coope-
ración Internacional, para que allí tenga exactamente el lugar,
papel, prioridad y lógica deseables.


No es pertinente tener una cooperación altamente frag-
mentada en objetivos, características y destinos. Los disposi-
tivos institucionales de la seguridad ciudadana deben subor-
dinarse a las políticas nacionales y, dentro de ellas, a las de
cooperación. De esta forma, el Estado ecuatoriano tendrá
claros los conceptos sobre los intereses nacionales de bien-
estar y convivencia ciudadana, liderará la recepción y utiliza-
ción eficiente de los recursos de la cooperación internacio-
nal, y buscará que dicha cooperación se alinee y armonice
con sus objetivos generales.


2. Agenda nacional de cooperación en materia
de seguridad ciudadana


Tanto el Estado como las instituciones de seguridad ciudada-
na deben contar con una agenda común que responda a los
objetivos nacionales, de manera que la cooperación interna-
cional se realice de acuerdo con esa agenda, para beneficio
de los intereses de la nación y no de los requerimientos de
la seguridad de los países donantes. Además, de esta manera
los actores externos de la cooperación tendrán las reglas cla-
ras, conocerán las demandas y podrán adecuarse mejor a las
condiciones.


Esta agenda será traspasada a la Agencia Ecuatoriana de
Cooperación Internacional (AGECI) y el Sistema de Coo-
peración Internacional se insertará en los ejes de gobernabi-
lidad y democracia –dos campos en los que se concentra la
cooperación internacional (Torres, 2006: 6)–. Igualmente la
agenda deberá reunir los objetivos comunes en las líneas de
acción locales formuladas por cada uno de los gobiernos


Objetivo general


Promover la generación de políticas claras de cooperación
internacional que sean coherentes con las características de
la inseguridad ciudadana del Ecuador, de forma tal que se res-
pete la “soberanía del delito” y se logre la integración.


Objetivos específicos


• Contar con instituciones nacionales de seguridad ciuda-
dana, sólidas y soberanas, que no dependan de la ayuda
internacional y que se inscriban al Sistema Nacional de
Cooperación.


• Tener marcos reguladores que controlen y orienten la
cooperación internacional hacia los intereses nacionales.


• Incluir y promover el respecto a los derechos humanos
en los discursos y prácticas de seguridad ciudadana.


• Estimular la internacionalización de las experiencias loca-
les de seguridad ciudadana.


9. Cooperación internacional


137136


Objetivos Líneas estratégicas de acción


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




reembolsable están adscritos a los intereses de los distintos
donantes,1 sin que el Estado pueda definir las prioridades a
las cuales deba alinearse la cooperación internacional. La
cooperación internacional que recibe el país plantea una ten-
dencia contradictoria: por un lado, apoya iniciativas orienta-
das a atacar problemas de violencia e inseguridad, mientras
por otro, actores como la Policía y la Justicia reciben recursos
significativos para una lucha que no refleja las principales pre-
ocupaciones de la ciudadanía ni conlleva los cambios institu-
cionales necesarios para garantizar la seguridad ciudadana
(Torres, 2006: 4).


El Ecuador debe desarrollar un marco institucional y una
agenda de política donde se definan claramente los delitos y
las modalidades que el país pretende atender a través de la
seguridad ciudadana, de forma que los gobiernos e institucio-
nes nacionales y locales orienten las metas de ayuda financie-
ra internacional en función de las problemáticas de nuestro
contexto. Es necesario generar una visión estratégica respec-
to a la inversión de los recursos por parte de las instituciones
encargadas de la seguridad, de modo que el presupuesto no
se diluya en gastos corrientes y sea invertido en elementos de
más larga duración, que den sostenibilidad financiera y ope-
rativa a las instituciones de seguridad y a los programas y
planes.


La cooperación internacional deberá alinearse al conjun-
to de políticas de seguridad ciudadana, poniendo énfasis en
acciones de prevención por sobre acciones represivas/puni-
tivas como las relacionadas con las operaciones antinarcóti-
cos, antiterrorismo y control de la migración irregular.


municipales que atienden la seguridad ciudadana y por las
instituciones encargadas de controlar la violencia (Policía, Jus-
ticia y cárcel).


Es imprescindible abordar la seguridad ciudadana de ma-
nera integral, para esto deberán superarse las diferencias
entre las agendas locales (municipios) e institucionales (Po-
licía, Justicia). De esta forma, se podrá construir una agenda
nacional proactiva (no únicamente receptiva ni peor pasiva)
para que el país genere las condiciones de la cooperación y
de su proyección internacional. El Estado debe estar claro so-
bre cuáles estrategias políticas contribuyen eficazmente y de
manera sostenible al bienestar y la convivencia de los ha-
bitantes, es decir, a la seguridad ciudadana más que a las polí-
ticas de seguritización de la convivencia interpersonal.


3. Cooperación internacional altamente diversificada


En principio, la cooperación en materia de seguridad ciuda-
dana debe ser altamente diversificada y, por lo tanto, integral.
Se debe tratar de mantener el equilibrio al interior de la coo-
peración para que las fuentes sean multilaterales (varios
organismos internacionales) y bilaterales (varios países); para
que las modalidades, a su vez, sean verticales y horizontales;
los temas, institucionales (Policía, Justicia) y sociales (victimiza-
ción); los tipos, de capacitación y recursos frescos; los desti-
natarios, locales y nacionales, y finalmente para que las activi-
dades sean de investigación, docencia y políticas.


La cooperación diversificada es más productiva, genera
más autonomía y permite tener políticas de largo plazo. Hay
que multiplicar las relaciones internacionales, sobre todo en
un mundo tan integrado como el actual.


4. Cooperación internacional bajo el principio d
e la reciprocidad


La cooperación internacional, como su definición lo señala,
debe realizarse entre naciones en condiciones de colabora-
ción y reciprocidad para disminuir las asimetrías, y debe ser
parte de la política exterior de los Estados, de tal manera de


romper las distancias, proyectarse internacionalmente y en-
frentar el delito de manera conjunta. Eso supone que la coo-
peración no debe ser de una sola vía sino de doble vía (ida
y vuelta), y que el país debería promover hacia el exterior sus
experiencias positivas.


Una situación como la señalada debe llevarnos a afrontar
los temas de manera conjunta y no de forma mendicante; así
como a valorar la cooperación horizontal en su dimensión
más objetiva: las realidades son más parecidas y, en muchos
casos, compartidas.


5. Cooperación internacional entre iguales


Con las nuevas tendencias introducidas por la reforma del
Estado ecuatoriano, es necesario impulsar una cooperación
internacional en un doble sentido: por un lado, que sea des-
centralizada en el origen y el destino, de tal forma que las ad-
ministraciones y los gobiernos locales puedan beneficiarse
para enfrentar la violencia desde la perspectiva de la preven-
ción.Y por otro, que sea centralizada para que los dispositi-
vos institucionales de seguridad puedan beneficiarse. En los
dos casos, es de mucho interés inscribirlas en el fortaleci-
miento de la denominada cooperación horizontal (sur-sur),
para que ninguno de los componentes de la ecuación esté
por encima del otro y porque tienen en común el interés de
enfrentar la violencia.


También se deben contemplar mecanismos de coopera-
ción sectoriales que se puedan intercambiar a todo nivel
(capacitación, información), así como construir territorios
unificados de actuación conjunta en los ámbitos policiales o
judiciales.


6. Negociación del uso de recursos con la
cooperación internacional


Las acciones de la cooperación internacional no reflejan la
correspondencia entre la voluntad política de los donantes y
los problemas más urgentes del país. Los destinos de los re-
cursos provenientes de la cooperación reembolsable y no


9. Cooperación internacional


139138


1 La asistencia recibida de la Corporación Andina de Fomento (CAF) está
orientada hacia obras públicas y de infraestructura vial; los proyectos finan-
ciados por el Banco Mundial han enfatizado en el fortalecimiento del apara-
to productivo y financiero; el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID)
aborda proyectos implementados por el Ministerio de Economía y Finanzas
enfocados claramente a la reducción de la pobreza; los bancos españoles han
beneficiado tanto a la Policía Nacional –adquisición de vehículos y desarro-
llo del Sistema Informativo de la Policía Nacional– como a las Fuerzas
Armadas y Ministerio de Defensa –compra de aviones y lanchas–; la United
States Agency for International Development (USAID) ha financiado programas
de fortalecimiento de la democracia (Torres, 2006: 6-7).


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




prácticas, especialmente en una época en la que la seguridad
ciudadana se debate a escala internacional. A partir de estos
procesos de retroalimentación, a su vez, pueden surgir alian-
zas estratégicas que permitan al Ecuador socializar sus inte-
reses, prioridades y estrategias de prevención a nivel interna-
cional y facilitar una cooperación internacional que respete la
soberanía nacional.


10. Establecer coordinación y comunicación


Los proyectos de seguridad ciudadana (o de temas relaciona-
dos) que realizan las distintas fuentes de la cooperación in-
ternacional no se comunican entre sí y desarrollan procesos
similares que llegan a resultados análogos. La coordinación
entre estos proyectos puede ayudar a alinear esfuerzos y
maximizar los recursos otorgados por la cooperación en be-
neficio de seguridad y la convivencia de ecuatorianos y ecua-
torianas.


Pero también se debe ver la posibilidad de definir políti-
cas nacionales frente a los organismos de cooperación inter-
nacional, al menos en los que el país tiene representación
directa.


7.Transparentar y socializar la información


Es importante que se adopte una política de transparencia
permanente, de manera que tanto las autoridades e institu-
ciones estatales como ciudadanía puedan tener libre acceso
a esta información, conocer sobre el rol que cumple la coo-
peración internacional, los programas y proyectos en los que
están siendo utilizados, y controlar que sean coherentes con
la agenda nacional y local de seguridad ciudadana.


La utilización de los recursos otorgados por la coopera-
ción internacional deben estar sometidos a control/veeduría
estatal y ciudadana para asegurar que se cumpla con los inte-
reses del Estado y la ciudadanía. El Sistema de Cooperación
Internacional es la entidad llamada para realizar este tipo de
control desde la instancia gubernamental. Dentro del ámbito
de la seguridad ciudadana, esta entidad tendrá la potestad de
controlar y ayudar a coordinar los recursos que reciben ins-
tituciones como la Policía Nacional o el sistema de Justicia. A
escala local, se creará una comisión con integrantes de la red
de seguridad ciudadana que haga el seguimiento y socialice


con la ciudadanía los informes de la utilización de los recur-
sos externos. De igual forma, esta comisión se asegurará que
los recursos se orienten/contribuyan a la agenda nacional y
agendas locales de seguridad.


8. Mejorar la cooperación internacional de los
dispositivos de seguridad ciudadana


La trilogía institucional –sistema de Justicia, Policía y cárceles–
de la seguridad debe tener componentes de cooperación
explícitos, pero también inscritos en las lógicas de soberanía
e integración. No solo que requieren recursos económicos
“frescos” para mejorar sus condiciones operativas sino que
se deben corregir y optimizar las estructuras presupuestarias,
ya que la calidad del gasto es totalmente deficiente, cuestión
que lleva a crónicas dependencias.


Por otro lado, es imprescindible llegar a acuerdos interins-
titucionales entre policías, justicias y cárceles internacionales,
para establecer políticas conjuntas, por ejemplo, entre policí-
as para perseguir delincuentes, de repatriación de presos, de
leyes homologadas, de control de delitos sobre “tratas”, entre
otros.


9. Alianzas estratégicas de cooperación internacional


En la tónica de la integración que existe en la actualidad en
el continente, se hace imprescindible analizar la posibilidad de
construir bloques regionales de cooperación por áreas. Así
por ejemplo, relacionados a los temas de intercambio y pro-
ducción de conocimiento y capacitación, hay intentos para
que las universidades latinoamericanas se enfoquen en esa
dirección. Los municipios han logrado impulsar un conjunto
de redes de intercambio, entre las que pueden sobresalir las
actividades de la UCCI o URB-AL. De igual manera, las poli-
cías tienen acuerdos bilaterales que podrían convertirse en
multilaterales para constituir espacios institucionales regiona-
les de actuación conjunta.


No debe descartarse la generación de foros permanen-
tes donde las instituciones puedan enriquecer los modelos y


9. Cooperación internacional


141140


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




1
Integración regional por la seguridad ciudadana


/ localización: Iberoamérica


El Foro Iberoamericano de Seguridad Ciudadana (FISC)es un organismo interinstitucional creado en noviem-bre de 2008 gracias a la iniciativa de FLACSO, sede
Ecuador, que agrupa a universidades, centros de investigación,
gobiernos locales, regionales y nacionales, y organismos inter-
nacionales de varios países de Iberoamérica. Esta asociación
busca compartir experiencias de investigación, docencia,
publicación y análisis de políticas públicas relacionadas con la
seguridad ciudadana. La diversidad de actores que lo compo-
nen permite un diálogo constructivo y horizontal entre insti-
tuciones con lógicas de acción distintas, como la producción
de conocimiento, la implementación de políticas y la coope-
ración internacional.


El principio de acción de la institución es la cooperación
para una perspectiva regional y comparativa de la seguridad
ciudadana en el contexto iberoamericano, considerando que
uno de los cambios fundamentales de la violencia es su inter-
nacionalización, por lo que su comprensión e intervención
requieren un acercamiento histórico, comparativo y diferen-
ciado. Esta mirada recoge la heterogeneidad de las realidades
subregionales y las similitudes estructurales que le dan espe-
cificidad a la región.


La dinámica de acción del FISC es descentralizada y se
basa en la constitución de grupos de trabajo temáticos defi-
nidos por sus propios integrantes en función de sus intere-
ses, prioridades y disposición de recursos económicos.


Finalmente cabe mencionar que una de las preocupaciones
es el tipo de políticas de seguridad ciudadana que se han ensa-
yado en la región; gran parte de ellas se sustenta en el mode-
lo llamado “populismo punitivo”. En este contexto, el FISC se
ha propuesto tomar como objeto de estudio a las mismas po-


líticas de seguridad ciudadana y, en la medida de lo posible, co-
laborar con las instituciones representativas de los gobiernos
locales o nacionales para proponer alternativas distintas para el
tratamiento de la violencia e inseguridad ciudadana.


2
Consejo Internacional para las Iniciativas


Ambientales Locales (ICLEI).Agenda Local para
la Seguridad (ALOS) / localización:América Latina


La estrategia del Consejo Internacional para las Inicia-tivas Ambientales Locales (ICLEI) de promover “Co-munidades justas, pacíficas y seguras” aborda el aspecto
social de la sustentabilidad y la habilidad de una comunidad
para disipar tensiones, prevenir la violencia y crear bases para
la convivencia pacífica como fundamento para alcanzar el des-
arrollo sustentable. Con el propósito de hacer que las comu-
nidades y ciudades se tornen más justas, pacíficas y seguras,
ICLEI América Latina y el Caribe se ha propuesto construir y
fomentar una cultura política del diálogo, de participación co-
munitaria y de creación de consensos a través de tres pro-
yectos regionales: Agendas Locales para la Seguridad Ciu-
dadana (ALOS); Estrategias Locales para la Prevención del
Tráfico de Seres Humanos (LOST), y Agendas Locales para la
Paz (Comunidades justas, pacíficas y seguras, 2008).


A mediados de 2003, la Secretaría Regional para América
Latina, junto con el Centro de Capacitación Internacional
(ITC) de ICLEI, comenzaron un proyecto para tratar el pro-
blema de la seguridad a escala local. El programa de capaci-
tación ALOS se sustenta en la metodología de la Agenda
Local 21, que tiene por objetivo apoyar la implementación de
planes de acción en materia de seguridad local, promover la
convivencia ciudadana y fortalecer la gestión local.


Entre las diversas actividades realizadas, el curso de capa-
citación “Agenda local para la seguridad ciudadana” parte del
presupuesto que los planes de acción local para la seguridad
ciudadana deben ser facilitados por los municipios y fortale-
cidos a través de un diálogo amplio entre todos los actores
relevantes de la comunidad: instituciones gubernamentales,
Policía, universidades, organizaciones civiles, grupos minorita-
rios y empresas.


El modelo de seguridad local, inspirado en los principios
de la Agenda Local 21, persigue principios básicos de preven-
ción, proximidad, participación, coordinación, justicia social y
solidaridad, calidad y largo plazo. Entre los temas tratados en
el curso se incluyen los siguientes: desarrollo sustentable y su
relación con la seguridad, métodos participativos para plani-
ficar la seguridad ciudadana, el establecimiento de metas y
acciones, ejecución de planes, monitoreo y evaluación.


Las capacitaciones se realizan a través de implementación
local, apoyando a las municipalidades latinoamericanas y a
través de medios virtuales.


3
Asignación presupuestaria a la Iniciativa Andina


Antidrogas (ACI) / localización:Washington2


La cooperación internacional obvia las necesidades deseguridad interna de cada país y establece las priorida-des que financiará según sus requerimientos institucio-
nales. Un ejemplo claro es el Plan Colombia, que se ejecuta
desde 2001 y es uno de los principales programas nortea-
mericanos en la región. Inicialmente este Plan respondía a la
necesidad de “luchar” contra el narcotráfico en la región; sin
embargo, en 2005 se amplió la “lucha” hacia los grupos arma-


9. Cooperación internacional


143


2 Dammert Guardia, 2006.


142


Experiencias relevantes


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




Textos citados


Carrión, Fernando (2006). “Seguridad ciudadana: entre la
cooperación internacional y la soberanía nacional”, en:
Boletín Ciudad Segura, número 11. Quito: FLACSO, sede
Ecuador: 1.


Dammert, Manuel (2006). “Drogas, terror y cooperación”,
en: Boletín Ciudad Segura, número 11. Quito: FLACSO,
sede Ecuador: 3.


Del Huerto Romero, María (s/f). “Nuevos enfoques en la
cooperación internacional. La cooperación descentraliza-
da y el programa URB-AL de la Comisión Europea”. Do-
cumento electrónico:
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regio-
nal-cooperation/urbal/documents/publications/ponen-
cia_mrh_florianopolis_es.pdf
[consulta: mayo de 2008].


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración
(MRE) (2007). “Informe sobre cooperación internacional
en el Ecuador 2006-2007”, en: Boletín de Prensa 1.155.
Documento electrónico:
http://www.mmrree.gov.ec/mre/documentos/noveda-
des/boletines/ano2
007/diciembre/bol1155.htm
[consulta: mayo de 2008].


Paulsen, Gustavo (2006). “Red 14: seguridad ciudadana en la
ciudad, Programa URB-AL”. Chile: URB-AL, Red 14 de
abril. Documento electrónico:
http://www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868
e1cc381983d50faa/segciudadanaenlaciudadprogurbal.pdf
[consulta: mayo de 2008].


Torres, Andreina (2006). “Cooperación internacional y segu-
ridad ciudadana en el Ecuador: tendencias contradicto-
rias”, en: Boletín Ciudad Segura, 11. Quito: FLACSO, sede
Ecuador: 4-8.


dos de este país. En dicho contexto, a través de la Iniciativa
Andina Antidroga (ACI), el Gobierno norteamericano desti-
nó un fondo económico para la lucha contra la producción
de drogas ilegales en Colombia y sus países vecinos.


El 5 de febrero de 2006, la administración de G.W. Bush
realizó su presentación ante el Congreso estadounidense
sobre la asignación del presupuesto del período fiscal 2007-
2008, el cual rige desde el 1 de octubre de 2007. La caracte-
rística general de este presupuesto es la reducción de diver-
sos sectores y programas del gobierno (principalmente
aquellos destinados a la asistencia social), así como el aumen-
to de los gastos destinados a la “guerra” en el Medio Oriente
e Irak. En este sentido, Bush solicitó $ 141.700 millones en
fondos de emergencia para el próximo año fiscal, los cuales
se sumarían a los $ 70 mil millones ya aprobados por el Con-
greso de este país. Asimismo, la mayor partida presupuesta-
ria se solicitó para el Departamento de Defensa de los Es-
tados Unidos, por un monto que representa un aumento del
62% de lo requerido en 2001 por esta misma administración.


La propuesta de la administración de G.W. Bush fue clara:
reducir el fondo destinado a los países que conforman la ACI,
pasando de $ 722 millones en 2006, a $ 570 millones para el
siguiente período fiscal, reducción que llegó a $ 443 millones
en el año 2008. Las cifras por país son: en el caso de Perú, los
fondos pasaron de $ 58,41 millones en el período 2006-
2007 a $ 36,84 millones en el siguiente período fiscal; en Bo-
livia pasaron de $ 42,57 millones a $ 30 millones; en el
Ecuador los fondos redujeron de $ 8,37 millones a $ 7 millo-
nes; en Brasil pasaron de $ 5,94 millones a $ 1 millón; en
Panamá, de $ 4,45 millones a $ 1 millón; mientras los fondos
destinados a Venezuela fueron eliminados. De manera con-
junta a la solicitud de reducción del monto destinado a la
ACI, la administración de G. W. Bush pidió la prolongación y
aumento del fondo dirigido al Plan Colombia, el cual ascen-
dió de $ 334,86 millones en 2006 a $ 366,96 millones para
el siguiente período fiscal 2007-2008; es decir, aumentó en un
10,9%, obviándose partidas presupuestarias destinadas a la
asistencia social en ese país, y que podrían tener mayor inci-
dencia en aspectos de seguridad ciudadana.


9. Cooperación internacional


145144


Bibliografía


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




Textos consultados


El Mercurio (2007).“En funcionamiento del sistema ecuatoria-
no de cooperación internacional”, 18 de noviembre. Do-
cumento electrónico:
http://www.elmercurio.com.ec/web/titulares.php?sec-
cion=fzuyEtT&codigo=3ppiLmOvrc&nuevo_mes=11&n
uevo_ano=2007&dias=18&noticias=2007-11-18
[consulta: abril de 2008].


Hanashiro, Olaya (2006). “Ayuda internacional a la Policía,
bajo una política estatal de seguridad ciudadana”. Boletín
Ciudad Segura, 11. Quito: FLACSO, sede Ecuador: 2-3.


Játiva, Carlos (2005). “Cooperación para el Desarrollo Ecua-
dor 2006-2007”. Quito: Ministerio de Relaciones Exte-
riores, Comercio e Integración. Documento electrónico:
http://www.mmrree.gov.ec/ineci/publicaciones/INFOR-
ME%20INECI%20ECUADOR%202005.pdf
[consulta: mayo de 2008].


Pontón, Jenny (2005). “La seguridad ciudadana en Quito,
Guayaquil y Cuenca: modelos de intervención”. Quito:
FLACSO, sede Ecuador. Documento electrónico:
http://www.flacso.org.ec/docs/modelosintervenci_jponto
n.pdf
[consulta: octubre de 2008].


Páginas web citadas


Agenda Local para la Seguridad (ALOS) (1995-2008)
http://www.iclei.org/index.php?id=1363
[consulta: mayo de 2008].


Centro de los Estudios de las Américas (CJAS) (2003)
http://www.cejamericas.org/reporte/muestra_pais3.php?i
dioma=espanol&pais=ECUADOR&tipreport=REPOR-
TE3&seccion=POLICIA
[consulta: mayo de 2008].


Comunidades Justas, Pacíficas y Seguras (1995-2008)
http://www.iclei.org/index.php?id=525
[consulta: mayo de 2008].


Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional (IECI)
(2007) / Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador.
http://www.mmrree.gov.ec/ineci/index.htm
[consulta: abril de 2008].


USAID Ecuador (s/f)
http://ecuador.usaid.gov/portal/
[consulta: abril de 2008].


Páginas web consultadas


Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
(2008)
http://www.iadb.org/countries/home.cfm?id_country=EC
&Language=Spanish
[consulta: mayo de 2008]


Grupo del Banco Mundial en Ecuador (2008).
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BAN-
COMUNDIAL/EXTSPPAISES/LACINSPANISHEXT/ECU
ADORINSPANISHEXT/0,,contentMDK:20830521~men
uPK:500565~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:
500558,00.html
[consulta: mayo de 2008].


Municipalidad de Rosario (1997-2008). “Cooperación local,
nacional e Internacional”
http://www.rosario.gov.ar/sitio/desarrollo_social/mujer/co
op_unifem.jsp#a02
[consulta: abril de 2008].


Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Ecuador
(s/f)
http://www.pnud.org.ec/
[consulta: abril de 2008].


Servicio de Cooperación Técnica Internacional de Policía,
Francia en Ecuador (s/f)
http://www.ambafrance-ec.org/spip.php?article284
[consulta: mayo de 2008].


146


Políticas


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




10. Control de armas




En la región latinoamericana mueren 1.300 personas aldía, víctimas de armas de fuego pequeñas y livianas.1 El40% de las muertes producidas en el mundo ocurre
por armas de fuego en enfrentamientos no bélicos; además,
la región posee el índice más alto de delitos cometidos con
armas de fuego: un 14% frente a un 2,8% global (Lago y Tejo,
2004: 4). Esto demuestra que es urgente introducir políticas
de control de armas y desarme en los países latinoamerica-
nos.


Dentro de este tema, es importante tomar en cuenta
que el término “arma” es aplicable a todo instrumento o he-
rramienta cuyo fin es ocasionar daño a otro ser vivo. Existen
objetos que pueden ser considerados armas blancas, como
una piedra o un cuchillo, y existen armas de fuego que son
expresamente diseñadas para infligir daños físicos en otras
personas. Estas últimas son utilizadas por un considerable
porcentaje de la población ecuatoriana como mecanismo de
protección. Otros dos usos menores de las armas de fuego
son la actividad profesional y el deporte o la cacería.


Debido a la escalada de inseguridad, violencia social y, a su
vez, una intensificada percepción de inseguridad que se ha
experimentando en los últimos años, la sociedad civil ha lle-
gado a armarse más que el Estado, provocando una privati-
zación de la seguridad y, paradójicamente, poniendo en ries-
go la convivencia pacífica de la ciudadanía. Hasta 2007, de
acuerdo con los datos del Departamento de Control de Ar-
mas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, existí-
an 80.678 armas en manos de particulares, y 42.411 en com-
pañías de seguridad privada legalmente registradas, frente a
3.711 armas en instituciones públicas. La mayoría de las
armas a escala nacional se concentra en Quito y Guayaquil.


A su vez, las instituciones estatales y los instrumentos
legales de control y seguimiento de la producción, importa-
ción y posesión de armas se han debilitado frente al crecien-
te número de armas en manos civiles. En 2004, se estimó
que en el país existían entre 200 mil y 500 mil armas en ma-


151150


nos civiles, obtenidas a través del mercado formal e informal
(Equipo Estudios de la Ciudad, 2006). Los procedimientos
de control de calidad sobre las productoras y los de segui-
miento de las armas son casi inexistentes. Las armas llegan a
manos civiles a través de varios medios: la producción y el
comercio interno, la importación legal y la fraudulenta. La
producción de armas en el Ecuador es reducida, artesanal,
en su mayoría carece de estándares de calidad internacional
y es comercializada principalmente en la Costa. Estos peque-
ños productores no son controlados debidamente. El mer-
cado ilegal, en cambio, se alimenta principalmente de armas
legales y sus precios fluctúan de acuerdo con la demanda y
requerimientos de los clientes. En cuanto a la importación
legal de armas, la ley permite una entrada máxima de 25 ar-
mas semestrales por comprador. Pese a estas reglamentacio-
nes, los controles sobre la producción, importación e impor-
tación de armas son deficientes (Equipo Estudios de la
Ciudad, 2006).


Por último, adicional al control del comercio de armas, a
la producción de armas nacionales y a la asimetría entre
armas públicas y privadas, es necesario encontrar las relacio-
nes que existen entre una oferta indiscriminada de armas y la
violencia. Si bien la problemática de armas en manos civiles
no está directamente relacionada con la cantidad de muertes
por armas de fuego, en el Ecuador, más de la mitad de los
homicidios se producen con armas de fuego. Es decir, la pre-
sencia de armas es un factor que incide en la inseguridad y
mortalidad de ciudadanos y ciudadanas en nuestro contexto,
y por eso se hace un llamado al control y al desarme.


La cantidad de armas en manos civiles, de forma legal e
ilegal, y el incremento en el número de permisos otorgados
por las Fuerzas Armadas demuestran las facilidades que tie-
nen las personas al momento de adquirir un arma de fuego.
Revela también que los mecanismos de control y regulación
no son totalmente eficientes –sea por falta de una legislación
actualizada o por falta de coordinación institucional en el
manejo de las funciones de cada institución– pues, aunque las
Fuerzas Armadas otorgan permisos, no se enfrentan a los
problemas de violencia que acarrean las armas. Tampoco
existe suficiente información sobre el armamentismo privado
y sus impactos en la sociedad.


Varios organismos internacionales, gobiernos y ONG han
denunciado el impacto negativo de las armas, sobre todo, por
el aumento de muertes y violencia que se ha registrado en
la última década. La comunidad internacional ha tomado con-
ciencia de los problemas y riesgos que acarrea la falta de
control del comercio de armas de fuego, aunque restan toda-
vía muchos puntos vacíos por tratar. A pesar del lento pro-
greso de convenios internacionales, existe consenso acerca
de la necesidad y urgencia de las políticas de desarme y de
control del comercio y porte de armas –como la marca y
registro estricto de las armas de fuego y un seguimiento de
las mismas–. El desarme de la población civil ha demostrado
impactos positivos en la disminución de muertes por armas;
sin embargo, son pocos los países que mantienen una verda-
dera política de desarme.


10. Control de armas


Diagnóstico


1 Así lo ha afirmado Francisco Rojas, Secretario General de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), a la agencia de noticias
ANSA.Ver Desarme.org, 2004.


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




1. Desarme de la sociedad civil


Además del control sobre las armas existentes y en manos
de la sociedad civil, y dado que este tipo de iniciativas2 de-
penden de la voluntad de las personas, se debe buscar el des-
arme voluntario de las personas armadas a través de progra-
mas y proyectos orientados a este fin desde los gobiernos
locales y nacionales, ya que son las ciudades principales del
Ecuador las que concentran el mayor número de armas.


Algunas de las estrategias recomendadas para tener éxito
en el desarme de personas son: promover programas de
concientización respecto a los riesgos de portar las mismas,
que informen sobre los peligros de usar armas de fuego; rea-
lizar campañas informativas que hagan un llamado a la devo-
lución voluntaria de armas de fuego; ofertar incentivos que
persuadan a los portadores a entregar las armas para su con-
secuente destrucción (por ejemplo, indemnizaciones econó-
micas, en materiales de construcción, en alimentos, entre
otras); no cuestionar ni investigar cómo se obtuvo el arma, pa-
ra que la población armada sienta la confianza necesaria para
entregar su arma; promover que lugares cercanos a la socie-
dad civil como las iglesias, centros de salud u ONG sirvan de
depósitos de entrega, pues muchas personas sienten temor
a ser criminalizadas si las entregan a instituciones estatales;
además, diseñar programas orientados específicamente a
grupos o pandillas juveniles que se asocien con las armas,
presentándoles opciones de vida alternativas a su participa-
ción en el crimen y el delito.Y una vez decomisadas y reuni-
das las armas que hayan sido entregadas voluntariamente, se
debe requerir que sean inmediatamente destruidas, conjun-
tamente con su correspondiente registro. Estos procesos de-
ben ser monitoreados por la sociedad civil.


Objetivo general


Promover la no tenencia de armas en manos de civiles, vía
desarme de esta población y a través del control tanto del
tráfico de armas como de su producción.


Objetivos específicos


• Socializar las políticas de desarme social.


• Promover el control al tráfico de armas.


• Proveer mecanismos de control a la producción nacional
de armas de fuego.


153152


10. Control de armas


Líneas estratégicas de acción


2 Aparte del Plan Ecuador sin armas, lanzado por el actual Gobierno a media-
dos de 2007, no se tiene ningún otro tipo de proyecto o política de planifi-
cación nacional dirigida al desarme de la población civil.


Objetivos


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




4. Regular el mercado ilegal de armas en el país


Prácticamente todas las armas ilegales nacieron legalmente
fabricadas para luego ser desviadas al mercado ilegal. Una de
las mejores formas para no seguir alimentando el mercado
negro es el estricto control del mercado ilegal, esto último
involucra a los civiles que pueden adquirir armas.


Es importante que las instituciones nacionales encargadas
de controlar y regular la producción y comercio de armas
(Fuerzas Armadas, Policía Nacional) realicen investigaciones
conjuntas sobre el comercio ilegal de las mismas. Frecuen-
temente, existe una relación entre las ventas legales y las ven-
tas ilegales de armas. Las armas pequeñas exportadas y/o
importadas a través de fronteras mal controladas, o almace-
nadas en depósitos mal vigilados, pueden desembocar en el
mercado negro. Para reducir el número de armas en manos
civiles se debe controlar que el mercado legal abastezca al
comercio ilegal. Se debe establecer leyes claras y penas explí-
citas para las personas que trafiquen armas ilegales, asegurar
debidamente los depósitos estatales de armas confiscadas,
prohibir la posesión de armas militares por parte de civiles.


5. Regular la producción nacional de armas


El Estado tiene que asegurarse y exigir que las fábricas de
producción de armas que sigan estrictamente las normas in-
ternacionales de calidad.Aunque en el Ecuador la producción
de armas es reducida, gran parte de la misma sufre de una
calidad deficiente, por lo que es necesario hacer seguimiento
a estas fábricas como a las armas que de allí surgen.


Las restricciones a la fabricación de armas de fuego ga-
rantizarán que su producción sea únicamente bajo licencia y
en correspondencia con las disposiciones normativas inter-
nacionales respectivas. Esta autorización se reforzará con la
emisión del Certificado de Destino Final de la producción de
las mismas, que dará cuenta del destino real de sus ventas.
Así, el título de propiedad de armas revelará información
tanto del origen –fuente de producción– como del propieta-
rio real.


6. Fomentar campañas de canje de armas
por beneficios sociales


Las armas de fuego en manos de particulares constituyen un
potencial peligro para la vida de las personas; no garantizan
seguridad sino la letalidad en situaciones de enfrentamiento
entre civiles, ponen en riesgo la vida de la familia de quien la
posee e indirectamente alimentan la oferta y demanda del
mercado ilícito.


Para fortalecer el desarme de la sociedad civil es necesa-
rio impulsar una política pública activa que articule las agen-
cias del Estado competentes en la materia con otras institu-
ciones públicas y privadas interesadas en generar campañas
de canje de armas por beneficios sociales. Se deben diseñar
procesos de sensibilización respecto a la problemática de las
armas de fuego, promover la información entre los actores
del medio cultural, educativo y deportivo con el fin de crear
mayor conocimiento técnico en el área.


Es importante fomentar la creación de mesas de trabajo
abiertas a la participación de las organizaciones sociales
donde se evalúen conjuntamente soluciones a la problemáti-
ca de las armas de fuego y se defina el aporte que cada sec-
tor entregará como recompensa ante la entrega voluntaria
de armas de fuego: cupos en instituciones educativas para jó-
venes y adolescentes, entrega de libros, de pases para even-
tos culturales, vinculación a clubes deportivos, bonos limita-
dos para el uso del transporte público, bonos para compras
en almacenes comerciales de franquicias (alimentos, ropa,
artículos electrónicos), entre otros.


7. Control de armas en espectáculos
de concurrencia masiva


Muchos objetos que una persona lleva consigo a un espec-
táculo pueden ser utilizados como arma (sea una botella, un
cinturón, un bolígrafo, palos, entre otros), y especialmente
bengalas, explosivos o armas de fuego. Con el fin de prevenir
consecuencias fatales en espectáculos deportivos, conciertos,
conferencias, marchas, entre otros, es necesario reforzar el
control estricto de los objetos peligrosos que portan los


2. Creación de un cuerpo legal que norme la tenencia
y el uso de armas de fuego


Debido a que la Ley de fabricación, importación, exportación,
comercialización y tenencia de armas, municiones, explosivos y
accesorios es del año 1979, y debido a la creciente prolifera-
ción de armas de fuego entre personas civiles y empresas de
seguridad ecuatorianas, se hace necesario crear un régimen
jurídico que contenga medidas explicitas y actualizadas para
realizar un efectivo control de las armas de fuego, municio-
nes y explosivos, a fin de evitar la presencia de estos mate-
riales en calidades y volúmenes inapropiados, al tiempo que
se impide la existencia de personas armadas sin la condicio-
nes de aptitud, idoneidad e integridad, acordes con las exi-
gencias de la seguridad integral que merecen todos los ecua-
torianos.


En este orden, el proyecto de ley será un régimen jurídi-
co integral para prevenir, controlar y regular la tenencia y
porte de aras de fuego municiones, pólvora, propulsores,


explosivos y otros materiales relacionados. Dicho cuerpo de
leyes deberá contemplar los mecanismos mediante los cua-
les se hará la reparación, mantenimiento de las armas de
fuego, además de regular la importación y comercialización
de artículos pirotécnicos; las condiciones tanto de funciona-
miento de clubes de tiro y caza, como de las colecciones-
coleccionistas de este tipo de objetos.


Esto hace necesario que el Ministerio de Gobierno y del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas transfieran el
control de armas de fuego a la Policía Nacional, la institución
policial debe establecer las restricciones y efectivas regulacio-
nes al uso de armas de fuego, y de otro lado, debe promo-
ver que la sociedad civil se convierta en un ejército de indi-
viduos sin control de mando y sin control de uso sobre las
armas de fuego.


3. Controlar la importación de armas de fuego
con el fin de regular el contrabando de las mismas


Es necesario asegurar que todas las armas importadas por
vías legales sean invariablemente marcadas, de manera que el
departamento respectivo de la Policía Nacional pueda rastre-
ar el movimiento y destino de las mismas. Se debe formular
y ejecutar un sistema universal para marcar las armas que
ingresan al país a fin de que éstas puedan ser rastreadas tanto
dentro como fuera del Ecuador. Este es un sistema que debe
alimentarse y nutrirse de información de los sistemas de re-
gistro y rastreo regional. La información de las armas registra-
das –número de registro, país de origen, fecha de matricula-
ción, identificación del fabricante y otros detalles– deben ser
transferibles o accesibles a instituciones reguladoras de armas
en otros países.


Con estas medidas se podrá hacer un seguimiento de las
armas y determinar cuándo se insertan al mercado negro e
identificar las rutas utilizadas. Los procedimientos que tengan
que ver con el marcaje y registro de armas serán aplicados a
todas las armas pequeñas y municiones de tipo civil, militar,
de empresas de seguridad privada y gubernamentales, bajo la
figura legal de matrícula de armas de fuego.


155154


10. Control de armas
120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




10. Capacitación para el uso de armas
en la seguridad privada.


Actualmente hay muchas personas y compañías de seguridad
que no cumplen con los requisitos mínimos estipulados en la
Ley de vigilancia y seguridad privada, y la Ley de fabricación,
importación, exportación, comercialización y tenencia de armas,
municiones, explosivos y accesorios. Es común que el personal
de seguridad privada sea escasamente capacitado y, en oca-
siones, que no cuente con los respectivos permisos de por-
tación de armas de fuego, lo que aumenta la vulnerabilidad
de la población en caso de que los guardias privados abran
fuego al intentar proteger la propiedad privada.


Es así que el Estado debe demandar y controlar que los
oficiales de empresas privadas: 1) hayan atravesado una capa-
citación sobre el uso de armas de fuego, sobre cómo reac-
cionar ante situaciones violentas, los riesgos del uso de armas
y la importancia de mantener la paz ciudadana ante todo; 2)
no porten armas de fuego en las áreas calificadas como “libre
de armas”. Es necesario, por lo tanto, estudiar la posibilidad y
asignar áreas libres de armas como guarderías, escuelas, asi-
los de ancianos, hospitales.


Este tipo de política debe contar con el respaldo de los
gobiernos locales de Quito y Guayaquil, ciudades donde se
aglomera el mayor número de guardias privados y el mayor
número de armas.


espectadores, tanto a la entrada del evento como a lo largo
de su duración.


Se puede, además, contar con la presencia y colaboración
de la Policía y guardias privados. Se debe, en lo posible, exigir
sistemas integrados de seguridad (como cámaras y senso-
res), para detectar la utilización de armas que no hayan sido
incautadas en la entrada.


Finalmente se debe exigir y controlar que todos los espa-
cios cerrados (públicos y privados) que funcionen como se-
des de espectáculos deportivos, de entretenimiento u otros
propósitos, cuenten y manejen planes de control e incauta-
ción de armas, así como planes de contingencia en caso que
se produzcan desates de violencia armada.


8. Requisas a la sociedad civil


La Policía está facultada para, en cualquier caso, incautar ar-
mas de fuego, a excepción de aquellos elementos que, por
naturaleza de la profesión del propietario o propietaria, sean
necesarios para el ejercicio de la misma. Son objeto de requi-
sa los instrumentos que puedan emplearse en la comisión de
hechos que pongan en peligro la vida y la integridad perso-
nal o el patrimonio económico de las personas, tales como:
pistolas, revólveres de todo calibre, objetos corto punzantes
o contundentes, tales como cuchillos, puñales, navajas, mano-
plas, cachiporras, machetes, garfios, leznas, mazos, hachas, mar-
tillos y otros similares que se los pueda utilizar como armas
de carácter defensivo u ofensivo.


La armas decomisadas que no son requeridas como evi-
dencia de algún tipo de delito, deben someterse a un proce-
so de valoración objetiva realizada por agentes especializa-
dos de la Policía, quienes reportarán la condición de las
armas recuperadas; de encontrarse objetos en buen estado
se las considerará bienes susceptibles de un nuevo registro y,
bajo un debido proceso se las trasferirá a instituciones y/o
personas que las soliciten.


Bajo disposición de la autoridad competente, las armas
blancas deben ser inventariadas y clasificadas según el tipo de
hierro con han sido construidas, luego se las trasladará a una


fábrica que posea en sus instalaciones hornos de fundición
de metales para su respectiva destrucción.


9. Regulación de la licencia para el porte de armas


Debido al importante número de armas que circulan en el
país, el Estado debe promover que se registren aquellas que
se encuentran en manos anónimas y se reempadronen las
licencias para el porte de armas existentes en la sociedad
ecuatoriana. A tales efectos se fomentará que quienes ad-
quieran objetos de esta naturaleza y peligrosidad, no repre-
senten mucho riesgo ni mayor peligro social, a más de que se
construirá un sistema de información de reporte el tipo,
marca, tiempo de circulación en el país, motivos de la tenen-
cia, nombre del propietario titular, entre otros datos que con-
sideren necesarios la Policía Nacional, institución que debe
emitir las licencias para el porte de armas.


El título de propiedad de un arma legalmente reconocida
debe apuntar sustancialmente a la persona que va a poseer-
la o utilizarla. La emisión de licencias para el porte de armas
debe considerar entre sus exigencias primordiales: no pose-
er antecedentes de comportamiento violentos, presentarse y
aprobar la certificación de idoneidad en el conocimiento y
manejo de armas de fuego, de aptitud psicofísica; además,
presentar una constancia laboral o justificativo de ingresos,
entre otros requisitos que la Policía Nacional lo amerite.


La emisión de autorizaciones para el porte de armas se
la hará de manera diferenciada a cada necesidad, no puede
existir una misma licencia para efectos de agentes del orden
público, vigilancia de valores monetarios y caza deportiva. Los
diferentes tipos de licencias deben reportar fundamental-
mente: el objeto de la tenencia de armas (Fuerza Pública,
seguridad privada, caza deportiva, uso particular, entre otros),
la denominación de las clases de armas que ampara la licen-
cia, el tiempo de vigencia del permiso.


157156


10. Control de armas
120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




investigación de armas en Brasil. Esta investigación descubrió
que el 83% de las armas ilegales incautadas por la Policía en
Río de Janeiro, São Paulo y Brasilia era de manufacturación
nacional.


2
El modelo de control de armas más
estricto del mundo / localidad: Japón


El modelo de control de armas de fuego en Japón esel más estricto en el mundo democrático. En su legis-lación, lo primero que se establece es que “nadie po-
seerá un arma de fuego o armas de fuego o una espada o
espadas”. La propiedad de armas es escasa y el proceso de
otorgación de permisos es largo, tedioso y estricto. Así tam-
bién los crímenes con armas de fuego son muy pocos.


Un ciudadano o ciudadana civil del Japón puede portar
un solo tipo de arma: la escopeta. Las armas pequeñas son
prohibidas sin excepción. Para obtener una licencia de armas
hay que atravesar un proceso de cursos y exámenes teóri-
cos y prácticos, y presentar un certificado médico que prue-
be que la persona está mentalmente saludable y no tiene
ningún tipo de adicción narcótica. La Policía investiga luego el
historial individual y familiar de la persona para determinar si
ésta o su familia han cometido algún tipo de delito en su vida.
Además, los solicitantes deben entregar un plano de su de-
partamento para mostrar el lugar de almacenamiento del ar-
ma, al lado de la cual deben guardarse las municiones en una
caja fuerte. La autoridad de otorgar o no el permiso es úni-
camente de la Policía; ella tiene la libertad de denegar el per-
miso a cualquier persona por “una causa razonable de sospe-


cha de que sea peligrosa para la vida de otras personas, pro-
piedades o el orden público”. Las licencias y el arma no son
transferibles a las siguientes generaciones, y deben ser reno-
vadas cada tres años, siendo este proceso el mismo para
cada vez que se renueve la licencia. Debido a la complejidad
de la solicitud de la licencia y a la creciente dificultad de con-
seguir un arma, las licencias y armas legales disminuyen cada
vez más.


Estas políticas de control exhaustivo de armas han hecho
de Tokyo la ciudad más segura del mundo –en cuanto a ro-
bos armados y homicidios con armas de fuego– con solo 59
mil permisos de armas. Los robos armados son mínimos, al
igual que los homicidios con armas de fuego. Una de las
características de Japón es que las armas de fuego son, y
siempre han sido, consideradas competencia del Estado, mas
no del civil. Por otro lado, los japoneses respetan, aprueban y
confían en la autoridad policial –más que en cualquier otro
país democrático–. Finalmente es el mismo Gobierno japo-
nés el que se proyecta como un Estado pacífico y sin armas,
promoviendo la política del desarme social.


3
Red argentina para el desarme. Por una


sociedad sin violencia / localidad:Argentina


Varias organizaciones sociales y académicas (entreellas Espacios Mendoza, Espacios Santa Fe, FLACSO,la Asociación para Políticas Públicas, el Instituto de Es-
tudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y La Co-
muna de Rosario) empezaron a conformar una red de de-
sarme después de la tragedia de Carmen de Patagones en el


1
Viva Rio: desarmando a la sociedad
brasilera / localidad: Río de Janeiro


En Brasil, las armas pequeñas provocan más muertesque las enfermedades del corazón, del sistema respi-ratorio, cáncer, sida y accidentes de tráfico.A través del
programa control de armas Viva Rio, se ha intentado reducir
la demanda de armas por medio de campañas de sensibiliza-
ción sobre los peligros que estas presentan; se ha buscado
investigar la oferta, el comercio ilegal y la producción, ventas,
exportación e importación de armas, y destruir el exceso de
ellas al promover su entrega voluntaria a la ONG Viva Rio.


Viva Rio ha sido un activo partícipe en los procesos de
desarme de la sociedad brasilera. En 2001, conjuntamente
con el gobierno de Río de Janeiro y las Fuerzas Armadas, se
desecharon 100 mil armas –la destrucción masiva de armas
más grande de la historia–, y en el año 2002 se destruyeron
10 mil armas en el Día Internacional de Destrucción de
Armas. Entre 2004 y 2005, emprendieron una gran campaña
que logró recopilar casi medio millón de armas. Estos actos,
a más de ser actos simbólicos, impiden que estas armas vuel-
van al mercado ilegal. En este período, la iniciativa provocó
una reducción del 8% en homicidios.


Esta organización apoya las investigaciones científicas
acerca del uso de armas, formas para reducir las tasas de
mortalidad por armas, el impacto de las armas en salud, legis-
lación, comercio ilegal de armas, rol de niños y jóvenes en la
violencia armada de la ciudad y reforma policial sobre el con-
trol y seguimiento de armas.


Viva Rio sirvió de apoyo y presión sobre los gobiernos
estatales y federal, al proveer ayuda técnica al Senado en la


158


10. Control de armas


Experiencias relevantes


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




Textos citados


Carrión, Fernando (2006). “Armas de la (in)seguridad”. Bo-
letín Ciudad Segura, 2. Quito, FLACSO, sede Ecuador: 1.


Carrión, Fernando (2007). “Geografía del delito”. Boletín Ciu-
dad Segura, 17. Quito, FLACSO, sede Ecuador: 1.


Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el De-
sarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UL-
LIREC) (2003). “Armas de fuego en América Latina y el
Caribe: entre el diagnóstico y la acción”. Programa de in-
tercambio regional de información sobre armas de fuego,
municiones y explosivos. Lima: UN-LIREC.


Equipo Estudios de la Ciudad (2006). “La situación de armas
de pequeño calibre y la población civil del Ecuador”. Bo-
letín Ciudad Segura, 2. Quito, FLACSO, sede Ecuador: 4-8.


Kopel, David (2007). “Control de armas en Japón”. Docu-
mento electrónico:
http://www.davekopel.com/Espanol/El-Control-de-
Armas-en-Japon.htm
[consulta: mayo de 2008].


Lago, Soledad y María Tejo (2004). “Humanidad bajo fuego”.
Revista XLP por la Paz, 1. Fundación Lebensohn: 4.


Palacio Nacional del Ecuador (1979). Ley de fabricación,
importación, exportación, comercialización y tenencia de
armas, municiones, explosivos y accesorios, 7 de agosto. Do-
cumento electrónico:
http://www.controlarmas.mil.ec/leyFabricacion.html
[consulta: mayo de 2008].


Textos consultados


Centro de Estudios Humanistas, Chile (2006). “Informe de
trabajo, mesa: rol de las Fuerzas Armadas en la integra-
ción latinoamericana”. Quito: Foros 20, 21 y 22. Docu-
mento electrónico:
http://www.cumbredelospueblos2007.cl/files/INFORMEF-
FAA.doc
[consulta: mayo de 2008].


año 2004 –en la cual un chico de 15 años de edad disparó a
sus compañeros de clase–. El objetivo de esta red fue inter-
ceder ante el presidente de Argentina para que se formulen
políticas públicas de desarme a lo largo y ancho del país, y
recaudar voluntad política y apoyo social para poder ejecu-
tarlas. El 18 de noviembre de 2007, finalmente, se constituyó
formalmente la Red argentina para el desarme, la cual se
comprometió a hacer estudios sobre la relación entre las
armas y la inseguridad ciudadana; a formular propuestas legis-
lativas respecto al control, recolección y destrucción de
armas; y a generar acciones y políticas que sean aplicadas en
todo el país y que cuenten con la participación ciudadana y
comprometan el liderazgo del Gobierno nacional.


Los esfuerzos de esta Red han impulsado la formulación
del Plan nacional de entrega voluntaria de armas de fuego
–un plan que pretende realizar un intercambio de armas por
incentivos económicos y reducir el número de armas legales
e ilegales circundantes en la sociedad–. Este Plan es parte de
una política integral de control y prevención de violencia
armada y cuenta con un marco legal (Ley 26.216) y un decre-
to reglamentario. Este Plan se dio gracias a estudios, campa-
ñas y difusión sobre el peligro de las armas de fuego, llevados
a cabo por la Red argentina para el desarme.


161160


10. Control de armas


Bibliografía


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




162


11. Seguridad ciudadana
y elecciones


Convención interamericana contra la fabricación de armas
de fuego, municiones, explosivos y otros materiales
(CIFTA) / Organización de Estados Americanos (OEA)
(2005). Documento electrónico:
http://www.oas.org/juridico/spanish/armas.htm
[consulta: abril de 2008].


El Comercio (2007a). “El control de las armas será electróni-
co”. Redacción Guayaquil, 5 de junio.


El Comercio (2007b). “397 comerciantes de armas tienen
registro legal en FF”. Redacción Guayaquil, 8 de junio.


El Comercio (2007c). “360 mil civiles armados en el Ecuador”.
Redacción Guayaquil, 10 de junio.


El Comercio (2007d). “El operativo contra las armas está
acompañado de un folleto”. Redacción Guayaquil, 11 de
junio.


El Comercio (2007e).“Bolívar Cisneros:“Nos faltan 28 mil pis-
tolas para que exista una por cada policía””. Redacción
Guayaquil, 6 de julio.


El Comercio (2007f). “Colocarán chips y código de barras en
armas que circulan en el Ecuador”. Redacción Guayaquil,
12 de julio.


El Comercio (2007g). “La Policía usará $ 300 millones para
autos, armas, cuarteles”. Redacción Guayaquil, 12 de oc-
tubre.


El Comercio (2007h). “La venta de explosivos se controla en
Manabí”. Redacción Guayaquil, 21 de noviembre.


El Comercio (2007i).“Seguridad. Los controles se intensifican”.
Redacción Guayaquil, 29 de noviembre.


El Comercio (2007j). “Delito, prisión para quien venda explo-
sivos”. Redacción Guayaquil, 14 de diciembre.


El Comercio (2007k). “Los controles para decomisar la piro-
técnica continuarán en Quito”. Redacción Guayaquil, 23
de diciembre.


El Comercio (2007l). “Un control para los talleres de pirotec-
nia”. Redacción Guayaquil, 23 de diciembre.


El Comercio (2007m).“Algunos ejes de debate sobre la segu-
ridad”. Redacción Guayaquil, 31 de diciembre.


El Comercio (2007n).“Muchas empresas de seguridad no son
legales”. Redacción Guayaquil, 31 de diciembre.


Ley reformatoria al Código penal y Ley de fabricación, importa-
ción, exportación, comercialización y tenencia de armas,
municiones, explosivos y accesorios. Documento electróni-
co:
http://www.controlarmas.mil.ec/leyReformatoria.html
[consulta: mayo de 2008].


Páginas web consultadas


Desarme.org (2004). “Cada día mueren 1.300 personas por
armas de fuego pequeñas en América Latina”
http://www.desarme.org/
[consulta: junio de 2008].


Red argentina para el desarme (2006)
http://www.redparaeldesarme.org.ar/
[consulta: junio de 2008].


Viva Rio (2006)
www.vivario.org.br/
[consulta: mayo de 2008].


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




El tema de la seguridad, a pesar de su importancia, tienepresencia débil en el debate público: no es fácil encon-trar una reflexión somera respecto al contenido, alcan-
ce y perspectiva de la seguridad ciudadana (Ojeda, 2006: 4)
en propuestas y planes de Gobierno nacional y/o secciona-
les. Las propuestas sobre este tema en el debate electoral
nacional de 2006 evidenciaron elementos que también se re-
flejan en lo local como tendencia prevaleciente. Según Cór-
dova (2006), al analizar las propuestas de planes de gobierno
de los cuatro partidos más representativos1 en las elecciones
nacionales llevadas a cabo en 2006, se evidencia la escasa
correspondencia entre el diagnóstico del sistema de seguri-
dad y la concepción de seguridad ciudadana desarrollada en
las propuestas de los planes de gobierno que llegaron a la
segunda vuelta electoral (Córdova, 2006: 5).


La Policía Nacional, el sistema penitenciario y el sistema
Judicial comprenden la dimensión operativa y más visible
del sistema de seguridad; son instituciones que reflejan el
enfoque político en el cual está suscrita la institucionalidad
de la seguridad ciudadana. De la información recabada del
proceso de elecciones de 2006 (Córdova, 2006), se eviden-
cia que la solución a la problemática de la seguridad ciuda-
dana estaría en la reforma institucional de cada una de las
instituciones que conforman el sistema de seguridad en el
país. Sin embargo, este enfoque obvia el carácter multicau-
sal y multidimensional desde el cual debería abordarse la
seguridad ciudadana y sus instituciones operantes. Por otro
lado, en las propuestas de prevención formuladas para el
período electoral de 2006, no fue posible identificar cuáles
son los límites entre una política social focalizada en aspec-
tos de seguridad ciudadana y una política social general ni
mucho menos las posibles articulaciones entre ellas (Cór-
dova, 2006: 8).


Según el Reporte final de participación de candidatos en
espacios informativos en medios de comunicación, emitido
por Participación Ciudadana, la cobertura mediática a los
candidatos electorales asignó desde 131 minutos con 5 se-


165164


gundos a Melva Jácome, hasta 2.242 minutos y 2 segundos
a Rafael Correa en tiempo aire durante los 45 días de cam-
paña electoral (10 de marzo a 23 de abril de 2009). Fueron
espacios informativos (programas, noticieros, entrevistas,
especiales y otros no pagados por el Estado) caracterizados
por contenidos generales. Entre los temas enfatizados por
los aspirantes a primera dignidad del Estado en la campaña
electoral de 2009, no se abordaron propuestas concretas
en ningún campo, menos en la seguridad ciudadana. Situa-
ción bastante similar a lo sucedido en las elecciones de
2006.


De un lado, los medios de comunicación dan apertura a
la presentación de los candidatos electorales, de otro, existe
poca profundad tanto en la exposición de las propuestas de
gobierno como en el desenvolvimiento periodístico respec-
to a la problemática de la seguridad ciudadana. Es pertinen-
te la creación de espacios de capacitación, reflexión y deba-
te donde esta temática sea explicitada con la mayor cantidad
de elementos informativos que orienten las decisiones de los
electores.


Una vez hechas las observaciones al proceso electoral de
2006 y 2009, es necesario plantear sugerencias para la for-
mulación de políticas públicas que deberían desarrollarse en
propuestas de planes de gobierno orientadas a plebiscitos
seccionales y nacionales del país.


11. Seguridad ciudadana y elecciones


Diagnóstico


1 Alianza País; Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN); Red
Izquierda Democrática (RED-ID); Partido Social Cristiano (PSC).


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




1. Establecer el tema de la seguridad ciudadana
como política social focalizada


Los planes de gobierno en la carrera electoral deben estable-
cer el criterio de prevención como aspecto relevante en
materia de seguridad ciudadana y precisar las propuestas que
les permitirá operativizar la temática independientemente de
las políticas de alcance general.


Fomentar la prevención no significa incrementar fuentes
de empleo, hacer campañas informativas desde el sector de
la educación y/o de la salud, entre otras; no obstante, medi-
das de este tipo se inscriben en políticas sociales que, en el
largo plazo, podrían reducir los índices de inseguridad de las
ciudades.


Tratar la seguridad ciudadana con políticas de prevención
significa hacer un trabajo multidisciplinario que permita es-
tructurar “políticas sociales focalizadas” (Córdova, 2006),
donde se aborde la realidad social y los índices de seguridad
puntuales que se desean reducir en un tiempo determinado.


2. Promover correspondencia entre agenda nacional y
agendas locales en temas de seguridad ciudadana


Las propuestas de los gobiernos locales y del nacional son el
producto de la visión política de sus creadores. En materia
de seguridad ciudadana, es importante coordinar los mode-
los existentes en las distintas ciudades –esta temática se
operativiza de manera diferenciada en Quito, Guayaquil,
Cuenca, entre otras–, bajo un solo sistema en el que coexis-
tan discursos, intereses y compromisos nacionales y locales;
el fin último es generar políticas públicas que garanticen la
protección, la convivencia y la paz social en la sociedad ecua-
toriana, sin que ello implique desconocer la problemática de
la delincuencia y la criminalidad en los territorios locales en
particular.


Las agendas locales deben enmarcarse en una agenda na-
cional que promueva acciones integrales, responsabilidades
compartidas, participación de instituciones y organizaciones
que siempre van a pertenecer al Gobierno central (el siste-
ma de Justicia, el Sistema de Rehabilitación Social y la Policía


Objetivo general


Posicionar la seguridad ciudadana en las propuestas electora-
les locales y nacionales.


Objetivos específicos


• Diferenciar la agenda pública (medios de comunicación) de
la agenda política de los partidos y movimientos políticos.


• Capacitar en temas de seguridad ciudadana tanto a los par-
tidos y movimientos políticos como a los profesionales de
la comunicación.


• Generar espacios de debate específicos sobre seguridad
ciudadana.


167166


11. Seguridad ciudadana y elecciones


Líneas estratégicas de acciónObjetivos


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




Los programas de formación dirigidos a los representan-
tes de las diferentes tendencias políticas deben, entre otras
actividades de enseñanza-aprendizaje, presentar los enfoques
(represivo, preventivo) desde los cuales se puede abordar la
temática; deben citar casos paradigmáticos a través de los
cuales sea posible analizar la aplicación de cada uno de los
modelos estudiados, además deben hacerse talleres de tra-
bajo donde se construyan las propuestas de Gobierno que
abordarán esta problemática.


La estructura de capacitación es una sola pero se la
impartirá en cada partido o movimiento político con el fin de
consensuar el discurso de seguridad ciudadana entre los inte-
grantes de cada grupo electoral. La unificación de criterios en
este tema permitirá profundizar los conocimientos sobre los
procesos, mecanismos, herramientas, experiencias en este
ámbito, y lo más importante, proveerá de elementos para ser
usados en la formulación de su plan de Gobierno.


6. Establecer las herramientas metodológicas para abordar el
tema de la seguridad ciudadana en las propuestas de Gobierno


La tendencia prevaleciente en las propuestas de planes de
gobierno ha sido canalizar el tema de la seguridad ciudadana
a través de la percepción expresada por la población acerca
de los problemas relacionados con hechos delictivos en la
ciudad. Sin embargo, la seguridad ciudadana es un tema com-
plejo: debe abordarse desde un enfoque multicausal e inter-
disciplinario y, lo más importante, es necesario que los planes
de gobierno especifiquen las herramientas metodológicas a
través de las cuales implementarán su propuesta de campa-
ña (Córdova, 2006: 8) en la realidad cotidiana que demanda
acciones puntuales orientadas a reducir los niveles de insegu-
ridad de las ciudades.


Las propuestas electorales deberán ser el producto de un
proceso de trabajo multidisciplinario, donde se defina clara-
mente en qué tendencia inscribirán su enfoque (¿trabajarán
en la línea de la represión o desde la visión del nuevo para-
digma de la seguridad ciudadana?), y cuál será el marco teó-
rico de los planes de acciones y estrategias en este tema con
el cual trabajarán.


7. Capacitar a periodistas de medios de
comunicación sobre seguridad ciudadana


Los debates electorales producidos por los medios de comu-
nicación en época de plebiscito deben integrar el ámbito de
la seguridad ciudadana como uno de los ejes de discusión a
implementarse en la programación de sus eventos. Para lo-
grarlo, es importante dotar a los profesionales de la comuni-
cación de elementos conceptuales que les permita desarro-
llar su trabajo en esta temática.


La finalidad de la capacitación es aportar a la construcción
de un periodismo informado en los diferentes aspectos de la
seguridad ciudadana, proveer a los programadores de noticias
las herramientas clave para el cubrimiento de las fuentes de
información desde una perspectiva integral de esta temática,
promover que en los debates electorales se manejen conte-
nidos que orienten y generen información para la toma de
decisiones del público espectador, entre otros.


El rol de los periodistas es determinante en la percepción
que los ciudadanos se construyen respecto de sus candida-
tos políticos, de ahí que los periodistas deben potenciar
–siempre y especialmente en tiempo de elecciones– que la
cobertura al tema seguridad ciudadana sea hecha en térmi-
nos informativos que motiven la reflexión ciudadana, más no
sensacionalistas.


Nacional) pero cuya incidencia se reflejará claramente a nivel
local.


El Gobierno central debe tener claridad sobre las atribu-
ciones y las funciones que tiene en esta materia, sobre la base
de ese discernimiento, deberá definir cuáles podrían ser las
competencias a ser transferidas a los gobiernos locales. La
decisión de descentralizar la seguridad ciudadana,


impone [al Gobierno central] un detenido y responsable
conocimientos de los posibles efectos y consecuencias de
esta posibilidad, así como de la capacidad operativa [a nivel
local] para ejercer esta competencia de manera eficiente
(Ojeda 2006: 5).


3. Consolidar el tema de la seguridad ciudadana como uno
de los ejes políticos de las propuestas electorales


La violencia y la criminalidad de las ciudades han convertido
a la seguridad ciudadana en un mecanismo importante de
movilidad social; es un tema que, en momentos electorales,
puede ser asumido con una doble finalidad: por un lado, al
enfatizar en esta temática –internamente– los partidos polí-
ticos deberán reflexionar y proponer caminos de solución a
esta problemática, tomarán decisiones electorales con base
en las condiciones de inseguridad que reconozcan que exis-
ten y que busquen reducir. El ejercicio reflexivo debe enfo-
carse hacia sus componentes estructurales, la intensión es
producir una pedagogía de la seguridad y no limitarse al solo
uso funcional partidista de las demandas sentidas por las víc-
timas de la inseguridad.


Por otro lado, las propuestas formuladas en torno a la se-
guridad ciudadana pueden convertirse en objetos de nego-
ciación de los partidos políticos, entre contendores afines
podrían construir alianzas estratégicas en torno a la seguri-
dad ciudadana.


4. Posicionar el tema de la seguridad ciudadana en el contenido
programático de cada partido político


En el ámbito de la seguridad ciudadana participan diversas
instituciones públicas y privadas que desarrollan acciones
orientadas a aportar la solución de esta problemática; lo ha-
cen desde los ámbitos político, económico, social, entre otros.
Los partidos políticos deben asumirse como parte de este
escenario, su condición política los convierte en los sujetos
llamados a construir procesos de negociación y cooperación
entre la pluralidad de actores involucrados en este ámbito, lo
deben hacer con el fin de facilitar y conducir procesos colec-
tivos para la toma de decisiones y elaboración de normas so-
ciales con relación a todo lo concerniente a la seguridad ciu-
dadana (Velásquez, 2008). Por ello, los partidos políticos
deben incorporar el enfoque de las teorías de gobernanza
para lograr que sus contenidos programáticos, sean de alcan-
ce amplio e integral.


Las condiciones de inseguridad y violencia forman parte
tanto de las preocupaciones cotidianas como del debate pú-
blico en las ciudades de América Latina. La percepción de
inseguridad está creciendo, requiere de políticas que den res-
puestas adecuadas a los ciudadanos, ellos y ellas exigen solu-
ciones inmediatas a sus demandas de seguridad. En el diseño
de sus propuestas electorales, los partidos políticos, deben
considerar la realidad sobre la cual formularán políticas públi-
cas coherentes a este campo; las políticas, planes y programas
ofertados en campaña electoral deberán demostrar corres-
pondencia con la concepción de seguridad ciudadana que se
comprometen a implementar, en el caso de ser elegidos para
ejercicio del gobierno local y/o nacional.


5. Capacitar a partidos y movimientos políticos en
el ámbito de la seguridad ciudadana


Los representantes gubernamentales locales y nacionales vin-
culados directamente con el campo de la seguridad ciudada-
na deben consolidar alianzas estratégicas con instituciones
académicas; el objetivo es diseñar propuestas de capacitación
para partidos políticos.


169168


11. Seguridad ciudadana y elecciones
120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




1
TIC´s y seguridad ciudadana en San Juan


de Miraflores / localidad: Distrito Metropolitano de Lima


La comuna de San Juan de Miraflores está ubicada en el Dis-trito Metropolitano de Lima, tiene una dimensión de 10 km2y una población de 100 mil habitantes de estrato alto (An-
drade, 2007). Para los períodos de gobierno 1996-1998 y 2002-
2006, Fernando Andrade Carmona presidió la Alcaldía.


En 1995, Andrade propuso tres ejes de trabajo: seguridad ciu-
dadana, desarrollo urbano y ordenamiento territorial en la ejecu-
ción del plan de gobierno. Sin embargo, Andrade Carmona hizo de
las Tecnologías de Información y Conocimiento (TIC’s) la herra-
mienta fundamental para su administración.


Miraflores cuenta con cobertura inalámbrica de Internet para el
libre acceso. La página www.miraflores.gob.pe es el portal a través
del cual los vecinos de Miraflores se informan sobre la recaudación
tributaria distrital, las normas municipales aprobadas por el Concejo
Municipal, la información financiera de su municipio, publicaciones
de documentos institucionales y además tienen acceso a transmisio-
nes de las reuniones del Concejo Municipal en tiempo real. Los ser-
vicios que facilita este portal son: pago de tributos e impuestos
municipales y compra de partidas de nacimiento, matrimonio y
defunción con el consiguiente reparto a domicilio en las 24 horas
siguientes, y las transacciones son hechas mediante tarjeta de crédi-
to (Andrade, 2007).


Gestionar la seguridad ciudadana con el uso de las TIC’s ha
dado forma al Plan Integral de Seguridad Ciudadana de Miraflores
que articula Policía, Serenazgo2 y las necesidades de seguridad de los
residentes del distrito. Esta experiencia se inició con un par de telé-


8. Integrar el tema de la seguridad ciudadana en el seguimiento
mediático que se realiza a las propuestas electorales


Los medios de comunicación deben vigilar las propuestas de
políticas de convivencia y seguridad ciudadana presentadas
durante la campaña electoral. El seguimiento mediático se
debe reforzar luego de las elecciones; una vez elegido el o la
representante público de la contienda electoral, el trabajo
periodístico debería constantemente confrontar los planes
de gobierno presentados en tiempo de elecciones con las
acciones nuevo gobierno local y/o nacional.


El seguimiento mediático tendría como fin observar las
acciones planificadas y ejecutadas por los gobiernos que bus-
can reducir los altos índices de inseguridad ciudadana que
acecha a su población. Por ello, los medios de comunicación
deberían realizar un seguimiento de la instauración de las po-
líticas de seguridad ciudadana, tanto desde la propuesta de
campaña electoral hasta su implantación.


Así, el tratamiento informativo que se debería dar a la te-
mática de la seguridad ciudadana debe pasar por un acuerdo
entre todos los actores (prensa y gobiernos locales/naciona-
les) y sobre todo, transparencia en la información que se
transmite, para generar una mejor y más objetiva opinión pú-
blica en la ciudadanía.


9. Socializar y consensuar las propuestas políticas de los diferen-
tes partidos y movimientos políticos en el ámbito de la seguri-
dad ciudadana


Una o varias alianzas estratégicas entre representantes de la
sociedad civil y los medios de comunicación deberán convo-
car a los actores, vinculados al campo de la seguridad ciuda-
dana a participar en espacios de debate donde se socialicen
las diferentes propuestas electorales.


La realización de foros de discusión permite que los can-
didatos expongan sus respectivas propuestas de gobierno,
desarrollen la justificación de sus ofrecimientos y describan
los mecanismos a través de los cuales tienen previsto imple-
mentar su plan de actividades en el territorio que administra-
rán. Al mismo tiempo, el público asistente escuchará, analiza-


rá las diferentes ofertas políticas y demandará acciones en
función de sus requerimientos.


De otro lado, estos encuentros son fuente de generación
de noticias para los medios de comunicación, ellos tendrán la
responsabilidad de construir y publicar cuadros comparativos
tanto de las ofertas electorales expuestas como de las de-
mandas solicitadas por los y las presentes en el auditorio
donde se lleve a cabo esta actividad.


10. Veeduría ciudadana respecto a la ejecución de propuestas
políticas en la temática de la seguridad ciudadana


Las personas particulares y/o las organizaciones sociales pue-
den establecer su participación a través de veedurías ciuda-
danas, mecanismo que les permitirá ejercer vigilancia sobre la
gestión pública respecto a los compromisos asumidos en
tiempo de campaña electoral en cuanto a la problemática de
seguridad ciudadana.


Para su reconocimiento como tal, las veedurías deben
formalizar su creación mediante actas de constitución, docu-
mento que informará el nombre de sus miembros, sus obje-
tivos, sus funciones. Fortalecer procesos de participación ciu-
dadana y comunitaria en la toma de decisiones, gestión,
seguimiento y control de temas relacionados a la seguridad
ciudadana, es uno de sus principales objetivos.


Entre sus funciones pueden establecerse: recibir los infor-
mes, observaciones y sugerencias que presenten los ciudada-
nos y ciudadanas, y organizaciones en relación con los planes
y programas en materia de seguridad ciudadana; vigilar que en
la asignación de los presupuestos se prevea prioritariamente
la solución de necesidades sentidas por la comunidad en tor-
no a reducir los índices de violencia y criminalidad; remitir a
las autoridades correspondientes los informes que se des-
prendan de la función de control y vigilancia en relación con
los asuntos que son objeto de la veeduría, entre otros.


Las veedurías permitirán vigilar el cumplimiento de las
ofertas de campaña, por tanto deben comunicar, regularmen-
te, a la ciudadanía los avances, obstáculos o cambios de direc-
ción en los planes de gobierno que se ejecutan en relación a
los ofrecimientos de campaña.


171170


11. Seguridad ciudadana y elecciones


Experiencias relevantes


2 Cuerpo de vigilancia municipal que realiza sus operaciones en coordinación
con la Policía Nacional del Perú, dedicándose exclusivamente a asuntos de segu-
ridad ciudadana. Surgió cuando la población y los vecinos y vecinas de los dife-
rentes distritos de Lima vieron que la institución policial no estaba en condicio-
nes de ofrecer a la comunidad una adecuada protección ante la incontrolada
proliferación de actos delictivos como robos, secuestros, violaciones, entre
otros.


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




fonos y algunas radios centralizadas y aisladas de los centros de
emergencia (Serenazgo, ambulancias, entre otros), y en vista de la
alta demanda de este servicio nació la idea de contar con una cen-
tral de radio computarizada que atienda –durante las 24 horas– las
emergencias en el distrito y que, además, esté permanentemente
conectada por Internet. Hoy Miraflores posee un moderno centro
de operaciones informatizado: el Plan Alerta Miraflores, donde se
registra el detalle de las denuncias de vecinos y vecinas. Este siste-
ma cuenta con mas de 200 cámaras filmadoras instaladas estratégi-
camente en diferentes puntos de la jurisdicción, que son operadas
vigilantemente las 24 horas del día; sus reportes son enviados en el
momento de los hechos a las comisarías del distrito para la coordi-
nación de estrategias y acciones inmediatas a las demandas de segu-
ridad formuladas por esta vía. La información generada en el Plan
Alerta permite a la Municipalidad contar con un registro estadístico
de llamadas por accidentes de tránsito, asaltos y robos, presencia de
sospechosos, ruidos molestos, entre otros, así como cuantificar y
detectar falsas alarmas.


En la administración de Andrade Carmona (2002-2006), los
ofrecimientos de campaña electoral realmente ejecutados en mate-
ria de seguridad ciudadana fueron: el incremento de la flota del
Serenazgo (de 10 vehículos para acciones de patrullaje que existían
inicialmente, se conformó una flota de 25 autos, 15 motos y una
grúa); y fueron retiradas 18 rutas informales de transporte público
con sus respectivas 1.240 unidades por circular sin autorización
(Municipalidad de Miraflores, Perú, s/a). Sin embargo, el Plan Alerta
Miraflores, inscrito en el Sistema Integral de Seguridad de Miraflores,
no fue propuesta de campaña y se lo ha ejecutado exitosamente.


2
Redefinición cultural / localidad: Bogotá


El 30 de octubre de 1995, Antanas Mockus fue elegido alcaldede la ciudad de Santa Fe de Bogotá; lo logró con el 64% dela votación frente al 36% de los votos alcanzados por su opo-
sitor, Enrique Peñalosa. La campaña electoral que llevó a Mockus al
éxito político se denominó Ciudadano en formación, en ella se pro-


movía el plan de desarrollo distrital para el período 1995-1997
Formar Ciudad. Los pilares fundamentales de esta propuesta de
gobierno fueron: cultura ciudadana, espacio público, medioambien-
te, progreso social, productividad urbana y legitimidad institucional.


Hasta 1995, Bogotá presentaba altos índices delictivos; por
ejemplo, la tasa de homicidios estaba en 80 por cada 100 mil habi-
tantes (Costa, 2005). Datos de este tipo hicieron de la seguridad
uno de los ejes fundamentales del plan de gobierno de Mockus
tanto para su gestión 1995-1997 como para su segundo período.
Para Mockus, la violencia es, en parte, fracaso de la comunicación:
“crear una buena comunicación ayuda a reducir la violencia”, era un
eslogan de su campaña electoral. El plan Formar Ciudad proponía
que tanto los índices de violencia como la convivencia ciudadana
serían abordados con estrategias basadas en la ejecución del con-
cepto “cultura ciudadana”.


La cultura ciudadana se fundamentó en la autorregulación ciu-
dadana, la adecuación de contextos y la animación institucional. Este
proyecto se realizó mediante programas que tenían el propósito de
enseñar divirtiendo y hacer reflexionar a la población sobre la im-
portancia de mejorar su comportamiento cotidiano en la ciudad
(OPS, s/f). Con esta original forma de gobernar la ciudad, Mockus
propuso en su campaña electoral lograr metas como: aumentar el
cumplimiento voluntario de las normas; aumentar la capacidad de la
gente para influirse y corregirse amablemente y cumplir con las nor-
mas; aumentar la capacidad de resolver conflictos por acuerdos; y
además, aumentar la capacidad de expresarse y comunicarse por-
que la violencia era producto de la deficiente o nula comunicación
entre ciudadanos y ciudadanas


La administración de Mockus se caracterizó por ejecutar accio-
nes con gran componente lúdico y comunicativo, con el objetivo de
que la gente asumiera nuevas formas de comportamiento interper-
sonal, social y cívico, a la vez que se divertía. Los programas fueron
muchos y muy variados, entre ellos: representaciones callejeras alu-
sivas y eventos que se caracterizaron por ser simbólicos, novedosos
y provocadores; medidas populares orientadas a reducir la violencia,
combatir la accidentalidad relacionada con el consumo de alcohol,
reducir el número de víctimas por quemaduras; y promoción del
desarme de la sociedad civil, prohibiendo también la fabricación,
comercialización y utilización de pólvora para fines lúdicos de mane-
ra artesanal.Además, se creo la “ley semiseca” denominada también
“ley zanahoria” u “hora zanahoria”, disposición normativa que obli-
gaba a propietarios y propietarias de los centros de diversión noc-
turna a cerrar sus establecimientos a la 1:00 a. m.


Acciones de esta naturaleza hicieron del gobierno local de
Mockus una propuesta política alternativa con un amplio rango de


173172


aprobación por la comunidad bogotana, sobre un máximo de 10
puntos, la administración de Mockus obtuvo 7/10 (OPS, s/f), ya que
la población sentía que las acciones populares llevadas a cabo en
dicha administración, habían influido en la disminución de los índices
de violencia de la ciudad. Así, para 2004, luego de las dos adminis-
traciones de Mockus y Peñalosa, la tasa de homicidio se redujo a 20
por cada 100 mil habitantes (Costa, 2005).


3
Institucionalización de la seguridad


ciudadana / localidad: Distrito Metropolitano de Quito


En el Ecuador, el incremento de la violencia y criminalidad enlas ciudades motivó que los gobiernos locales asumieran nue-vos roles en lo que se refiere a seguridad ciudadana; roles que
anteriormente eran competencia del Gobierno central. Así, Quito,
Guayaquil y Cuenca tienen un trabajo más avanzado en esta temá-
tica.


En 2000, el Gral. Paco Moncayo se presentó a la corrida electo-
ral de los gobiernos locales con el plan denominado Quito Siglo
XXI. En su campaña electoral proponía trabajar con un enfoque de
desarrollo sustentable, transformar al Distrito Metropolitano de
Quito (DMQ) en un espacio generador de ciudadanía, equilibrio
social, solidaridad y justicia, y además, construir una “cultura de segu-
ridad ciudadana, ambiental, turística, alimenticia y de higiene”.


En la propuesta política del Gral. Paco Moncayo, el eje de segu-
ridad ciudadana fue el puntal que le dio el triunfo de su campaña
electoral. Inicialmente se presentaron ideas ambiguas que madura-
ron paulatinamente hasta consolidarse en el actual proceso que se
maneja en el Municipio de Quito.


En 2002, se celebró un Convenio de Cooperación Técnica con
la Organización Panamericana de Salud (OPS) para gestionar la


transferencia de conocimientos desde los órganos competentes de
Bogotá a sus respectivos homólogos en Quito; su objetivo era cons-
truir políticas públicas de seguridad y convivencia ciudadana en la
capital ecuatoriana. Luego se creó el Observatorio Metropolitano
de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Quito como producto
del mismo proceso. En 2003, la alianza estratégica con el Proyecto
Gobernabilidad Local del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) permitió avanzar en esta trayectoria con el fin
de fortalecer el Plan de Seguridad del DMQ, al cual se sumaron re-
presentantes de instituciones públicas y de organismos de la socie-
dad civil interesados en consolidar el sistema de seguridad de la ciu-
dad capital; además, como parte de este proceso se estableció la
necesidad de integrar a la ciudadanía como un eslabón determinan-
te que cierra este sistema (Pontón, 2004).


La seguridad ciudadana como competencia del gobierno local
del DMQ se estableció como una iniciativa inédita en el Ecuador. En
un comienzo no hubo un claro marco jurídico en el cual inscribir las
acciones municipales en esta temática; sin embargo, la voluntad polí-
tica del Gral. Moncayo promovió la creación del pacto por la seguri-
dad ciudadana en el Municipio del DMQ, el cual se conformó con la
participación de varias instituciones públicas y privadas orientadas a
trabajar por la seguridad de la ciudad. En dicho pacto, el papel del
Municipio fue coordinar y facilitar la voluntad institucional de sus
cooperantes para lograr un acuerdo y un objetivo común: comple-
mentar las competencias y fortalezas de cada institución orientadas
a mejorar la seguridad del DMQ (Pontón, 2004: 5).


La institucionalización del proceso descrito llevó a la conforma-
ción de la Dirección Metropolitana de Seguridad Ciudadana, cuya
misión es definir políticas para la elaboración de planes, monitoreo
y evaluación de acciones municipales en temas de seguridad ciuda-
dana.También se creó la Comisión de Seguridad Ciudadana que es
precedida por un concejal; la Comisión de Equidad y de Género; y
la Corporación Metropolitana de Seguridad Ciudadana, que es la
encargada de manejar la Tasa de Seguridad y ha trabajado facilitan-
do la ejecución de proyectos como los sistemas de videovigilancia,
el equipamiento de la Policía Nacional y la creación de infraestruc-
tura física (Pontón, 2004: 7); asimismo ha facilitado la reflexión y
debate acerca del tema y ha apoyado la investigación y la docencia
en alianza con FLACSO, sede Ecuador.


11. Seguridad ciudadana y elecciones
120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




tRw6zUcJY-Y&hl=es&sa=X&oi=book_result&res-
num=6&ct=result#PPA187,M1
[consulta: enero de 2009].


Pontón, Daniel (2004). “Políticas públicas en seguridad ciuda-
dana: el caso de Quito (2000-2004)”, en: Lucía Dammert,
(ed.). Seguridad ciudadana: experiencias y desafíos.Valpara-
íso: Red UR-BAL 14 / Municipalidad de Valparaíso.
Documento electrónico:
http://www.urbalvalparaiso.cl/p4_urbalred14/site/artic/20
031119/asocfile/PONTON.pdf
[consulta: enero de 2009].


Santillán, Alfredo (2006). “Reglas claras para las agendas de
seguridad ciudadana”. Boletín Ciudad Segura, 12. Quito:
FLACSO, sede Ecuador.


Santillán,Alfredo (2007).“Algunas acciones para evitar los lin-
chamientos”. Boletín Ciudad Segura, 22. Quito: FLACSO,
sede Ecuador.


Textos consultados


Acero, Hugo (s/fa).“Cultura ciudadana: regulación del conflic-
to y convivencia”. Documento electrónico:
http://www.convivenciayseguridadciudadana.com/conte-
nido/images/stories/cultura%20ciudadana%20y%20con-
flictos.pdf
[consulta: enero de 2009].


Acero, Hugo (s/fb). “Bogotá cumplió las metas de seguridad,
pero…”. Convivencia y seguridad ciudadana. Documento
electrónico:
http://www.convivenciayseguridadciudadana.com/conte-
nido/index.php?option=com_content&task=view&id12&I
temid=27
[consulta: enero de 2009].


AGE S. A. (2002). “Distrito de Miraflores”. Pulso de la opinión.
Documento electrónico:
http://www.congreso.gob.pe/biblio/pdf/analista/noviem-
bre2002.PDF
[consulta: enero de 2009].


Carrasco, Sergio (1995). “Deshojando candidatos”. Do-
cumento electrónico:
http://www.caretas.com.pe/1999/1574/miraflores/mira-
flores.htm
[consulta: enero de 2009].


Carrión, Fernando (2006a). “Seguridad ciudadana y gobier-
nos locales”. Boletín Ciudad Segura, 12: 1.


Carrión, Fernando (2006b). “Seguridad ciudadana y política”.
Boletín Ciudad Segura, 8: 1.


Londoño, Rocío (s/f). “La cultura ciudadana como estrategia
integral para fortalecer la convivencia urbana”. Do-
cumento electrónico:
http://74.125.45.132/search?q=cache:kwyoqBDp-TkJ:por-
tal.usco.edu.co/fcsh/archivos%2520descargables/de%252
0javqueline/cultura_ciudadana%255B1%255D.ASENTA-
MIENTO.doc+Antanas+Mockus+%2B+plan+de+gobier
no+%2B+1995+%2B+campa%C3%B1a+electoral&hl=e
s&ct=clnk&cd=15
[consulta: enero de 2009].


Mockus, Antanas (2001). “Cultura ciudadana, programa con-
tra la violencia en Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1995-
1997. Estudio técnico”. Documento electrónico:
http://www.iadb.org/sds/doc/Culturaciudadana.pdf
[consulta: enero de 2009].


Negrón, Marco (2004). “Nuestra estrategia fue cambiar pri-
mero la mentalidad y luego la infraestructura”, en:
Antanas Mockus. Ex alcalde de Bogotá nuestra.
Documento electrónico:
h t tp : / /www.p l anum.net / top i c s /ma in /m-caudo-
mockus.htm
[consulta: enero de 2009].


Ojeda, Lautaro (2006).“¿Descentralización y/o desconcentra-
ción de la seguridad ciudadana? Un dilema para el deba-
te”. Boletín Ciudad Segura, 12: 49.


Participación Ciudadana (2009). “Reporte final de participa-
ción de candidatos en espacios informativos en medios
de comunicación”. Boletín de Prensa 096. Documento
electrónico:


Textos citados


Andrade, Fernando (2007). Miraflores, primer municipio perua-
no en el uso de las tecnologías de la información. Documento
de trabajo presentado en el seminario “Seguridad ciudada-
na: instrumentos para el diagnóstico y la toma de decisio-
nes”, 14 y 15 de noviembre. Quito: Programa de Estudios
de la Ciudad, FLACSO, sede Ecuador.


Carrión, Fernando (2006).“Seguridad Ciudadana y gobiernos
locales”. Boletín Ciudad Segura, 12. Quito: FLACSO, sede
Ecuador.


Córdova, Marco (2006).“Las propuestas sobre seguridad ciu-
dadana en el debate electoral”. Boletín Ciudad Segura, 8.
Quito: FLACSO, sede Ecuador.


Costa, Gino (2005). “El significado de Antanas Mockus”. IDE-
ELE, 169. Documento electrónico:
http://www.seguridadidl.org.pe/idlrevista/idlrevista169.pdf
[consulta: enero de 2009].


Municipalidad de Miraflores, Perú (s/f). Memorias 2005. Do-
cumento electrónico:
http://www.miraflores.gob.pe/images/content/pdfs/Memo
ria_A
nual_2005.swf [consulta: enero de 2009].


Núñez Vega, Jorge (2006). “Política y seguridad ciudadana: un
monólogo político”. Boletín Ciudad Segura, 8. Quito:
FLACSO, sede Ecuador.


Ojeda Segovia, Lautaro (2006). “¿Descentralización y/o des-
concentración de la seguridad ciudadana? Un dilema para
debate”. Boletín Ciudad Segura, 12. Quito: FLACSO, sede
Ecuador.


OPS (s/a). “Nutrición y vida activa. Del conocimiento a la
acción”. Publicación Científica y Técnica, 612. Documento
electrónico:
http://books.google.com/books?id=D6qbM8XRomoC&p
g=PA187&lpg=PA187&dq=Antanas+Mockus+%2B+
%22campa%C3%B1a+electoral%22+%2B+1994&sour-
ce=bl&ots=sO4rd2s-FF&sig=1FnBLKrCcYlLWD8u


175174


11. Seguridad ciudadana y elecciones


Bibliografía


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




http://www.participacionciudadana.org/contenidos.php?m
enu=6&submenu1=18&submenu2=9&idiom=1


Pontón, Jenny (2006).“Seguridad y elecciones: tema relegado
por la prensa”. Boletín Ciudad Segura, 8: 12.


Velásquez, Elkin (2008) “Una introducción a la gobernanza de
la seguridad ciudadana”. Seminario Economía política urba-
na y gobernanza de la seguridad. FLACSO, sede Ecuador.


Páginas web consultadas


“Atienden denuncias en central de Alerta Miraflores” (2005)
http://www.seguridadidl.org.pe/noticias/op/2005/06junio/
20-06.htm
[consulta: enero de 2009].


Economía on Line (2006). “Implementan seguridad”
http://www.peru.com/finanzas/idocs2/2006/1/12/detalle-
documento_273930.asp
[consulta: enero de 2009].


“El Serenazgo: distorsión y errores” (2008)
http://connuestroperu.com/index.php?option=com_con-
tent&task=view&id=2550&Itemid=31
[consulta: enero de 2009].


Ministerio del Interior del Perú (2003). “Ministerio del
Interior y Municipalidad de Miraflores implementan Plan
de Seguridad Ciudadana”
http://www.mininter.gob.pe/noticias/noticia.php?C_WC1
Page=202&cat=1&sub=0&web=732
[consulta: enero de 2009].


176


12. Seguridad en la
frontera norte


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




Tomando en cuenta estas particularidades de la zona
fronteriza, se puede realizar un análisis de la problemática en
materia de seguridad ciudadana en la región. Para lo cual
cabe mencionar el ascenso significativo de la violencia en la
zona de la frontera norte en los últimos años. Si se toman en
cuenta las tasas de defunción por homicidio como indicado-
res de violencia en la frontera norte, podemos encontrar que
las dos provincias que ocupan el primer y segundo lugar res-
pectivamente son Esmeraldas y Sucumbíos, con las tasas más
altas de violencia en el país, y que se encuentran en la fron-
tera con Colombia. En 1990, la provincia costeña Los Ríos
ocupaba el primer lugar en las tasas de homicidio; diez años
después Esmeraldas está en el primer lugar ; Sucumbíos en el
segundo, y Carchi en el cuarto lugar (Arcos y otros, 2003: 36-
37). Para 2006, esta situación continúa, aunque Carchi haya
descendido al décimo primer lugar (INEC, 2006).


El incremento de la violencia en la zona de la frontera
norte puede responder a un sinnúmero de causas.Un elemen-
to común en todas las provincias, y más evidente en Esmeral-
das y Sucumbíos, es la débil o poca presencia del Estado en la
zona. Por un lado, la cobertura de servicios básicos en la región
es de mala calidad y casi inexistente en algunas zonas; por otro
lado, los programas de apoyo a la comunidad son descoordi-
nados, lo que genera que las poblaciones de la zona de fron-
tera vivan en una situación de exclusión y marginalidad. Ade-
más no existe una institucionalidad sólida, pues la mayoría de
entidades carecen de poder de convocatoria, dado que el
constante cambio de autoridades ha restado credibilidad y no
se evidencia una cultura de trabajo interinstitucional fuerte. Un
agravante a esta situación es que la única respuesta guberna-
mental ante las necesidades y planteamientos de la zona fron-
teriza ha sido el incremento de la presencia militar.


Por último, es necesario mencionar que, en el caso espe-
cífico de la frontera norte ecuatoriana, se añade el problema
de la cercanía con el conflicto bélico colombiano. Dicha cer-
canía puede ser considerada un agravante al incremento de
la violencia en la frontera, mas no la única fuente su transmi-
sión.


En síntesis, las políticas de seguridad en la frontera norte
se han diseñado desde un enfoque de seguridad nacional, a
pesar de que en el mismo Libro Blanco se señala que en el


país se privilegia una estrategia para mejorar la seguridad
fronteriza basada en la protección a la población. Sin embar-
go, el 30 de agosto de 2007 se presentó la Agenda política de
la defensa nacional, vigente en la actualidad, la cual, de acuer-
do con el Gobierno, se fundamenta en un enfoque de segu-
ridad humana que tiene como centro de su acción a las per-
sonas y concibe a la seguridad como un resultado de la paz
y el desarrollo. Uno de los elementos que es necesario notar
es que aún se establece que las Fuerzas Armadas brinden su
cooperación en actividades para impulsar el desarrollo me-
diante acciones de política social en las zonas fronterizas.


Debido a la preeminencia de la seguridad nacional sobre
la seguridad ciudadana, y a la difícil diferenciación entre una y
otra, las acciones tomadas en esta materia a escala local han
sido escasas y aisladas. En el caso de las provincias de Sucum-
bíos y Esmeraldas, el gobierno local y las gobernaciones pro-
vinciales no han tomado acciones en materia de seguridad
ciudadana y han preferido dejar las acciones en temas de se-
guridad nacional bajo la responsabilidad de las Fuerzas Ar-
madas. En el caso de Carchi, la seguridad ciudadana apenas
empieza a ser incluida en la agenda pública, por lo que exis-
ten intentos incipientes de parte del gobierno provincial para
tomar acciones en esta materia a través del establecimiento
de un Observatorio de seguridad ciudadana en la provincia,
como parte del proyecto Observatorios de violencia en la fron-
tera norte, que se desarrolla con FLACSO, sede Ecuador.


179


En la zona de la frontera norte del Ecuador, al igual queen otras zonas fronterizas, es muy difícil establecer unaclara diferencia entre los conceptos de seguridad ciu-
dadana y seguridad nacional debido a que el límite de las
competencias de cada uno se torna ambiguo y difuso. Histó-
ricamente la mayoría de las políticas tomadas en materia de
seguridad en la frontera ha respondido a planes o estrategias
militares y diplomáticas, lo que hace evidente la preeminen-
cia de la concepción de seguridad nacional centrada en la
defensa del Estado sobre la concepción de seguridad ciuda-
dana, es decir, sobre una visión orientada al sujeto y la ciuda-
danía.


De igual manera, las políticas adoptadas respecto a la
zona de la frontera norte no han tenido en cuenta las espe-
cificidades de la región. La frontera norte ecuatoriana no
puede ser tratada como una región homogénea, ya que las
provincias que se encuentran en esta región (Esmeraldas,
Carchi y Sucumbíos) presentan características geográficas,
socioeconómicas y culturales diversas e incluso manifestacio-
nes heterogéneas de la violencia. En este sentido, podríamos
encontrarnos ante tres regiones claramente diferenciadas. En
primer lugar, en el caso de la zona fronteriza entre la provin-
cia de Esmeraldas y el municipio de Tumaco, la violencia es
producto de conflictos sociales de carácter interétnico y del
reciente incremento de agrupaciones delictivas en el área,
mientras que, en la zona fronteriza entre la provincia de
Carchi y el municipio de Ipiales, los conflictos se encuentran
relacionados con el contrabando y la extorsión, y en la zona
fronteriza entre la provincia de Sucumbíos y el departamen-
to de Putumayo, se vinculan con el narcotráfico y actividades
ilegales relacionadas a este delito.


Por otro lado, en el Ecuador existe la percepción genera-
lizada de que la frontera norte es problemática debido a la
incidencia del conflicto armado de Colombia; sin embargo,
no se dispone de información cuantitativa que permita cono-
cer la incidencia real de dicho conflicto en el incremento de
la violencia en la región. En general, existe poca información
respecto a la situación real en la frontera norte debido a pro-
blemas y fallas en el registro y en la recolección de informa-
ción tanto cuantitativa como cualitativa en temas de seguri-
dad y violencia.


178


12. Seguridad en la frontera norte


Diagnóstico


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




1. Implementar políticas de carácter preventivo


Para el diseño de políticas de seguridad ciudadana, es nece-
sario tener en cuenta que las mismas deben ser de carácter
preventivo y, debido a la débil presencia del Estado en la
zona, deben estar vinculadas con políticas sociales en áreas
como salud, educación, vivienda y trabajo:


La evidencia empírica muestra que si se invierten mayores
recursos en el sector social, esto redunda en beneficios
como educación, salud, empleo y generación de oportuni-
dades para la población, que a mediano y largo plazo han
mostrado tener una relación positiva con la disminución de
la inseguridad. En otras palabras, sería más eficiente invertir
mayores recursos en lo social –como medida preventiva–
antes que en seguridad en sí misma –como medida de con-
trol– (Salazar y Lastra, 2006: 4).


Además las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos registran
indicadores sociales que se encuentran sobre la media nacio-
nal en cuestión de pobreza y déficit de servicios básicos, al
igual que los indicadores de Carchi, a pesar de que estos
reflejan una mejor situación. Por esta razón, es necesario que
para el diseño de las políticas se priorice la atención a las
provincias e incluso a las zonas más vulnerables, tales como
las áreas rurales y urbano-marginales de la frontera. Sin em-
bargo, es importante también que los hacedores de políticas
públicas de seguridad ciudadana consideren que el alcance
de sus intervenciones dependerá, en gran medida, de la es-
trategia militar que el Estado implemente en la zona.


2. Producir, recopilar y analizar información sobre la
inseguridad en la frontera norte


Para diseñar e implementar políticas en materia de seguridad
ciudadana es necesario, en primer lugar, conocer la situación
real de la (in)seguridad y la violencia en la zona. Por esta
razón, antes de diseñar cualquier política, se debe producir in-
formación y llevar a cabo investigaciones que permitan iden-
tificar los problemas y las causas que conllevan al incremen-


181


Objetivo principal


Instituir políticas públicas en materia de seguridad ciudadana
en la zona de la frontera norte ecuatoriana, reduciendo el
enfoque de seguridad nacional aunque persista la presencia
militar.


Objetivos específicos


• Detener el incremento de los indicadores de violencia en
la zona de frontera norte.


• Disminuir la percepción de la frontera norte como una
zona conflictiva y violenta, debido a que la misma se ha
convertido en el colchón de resistencia del conflicto co-
lombiano.


180


12. Seguridad en la frontera norte


Líneas estratégicas de acciónObjetivos


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




lugar, dotar a la región de una infraestructura vial adecuada,
especialmente a las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos.
Además, en el caso de estas provincias, se vuelve fundamen-
tal incrementar la cobertura de servicios básicos como luz,
agua, teléfono, alcantarillado y programas sociales en áreas de
salud y educación, mientras que en la provincia de Carchi
sería necesario mejorar la calidad de los mismos.


Incluso vale considerar que, para impulsar la creación de
fronteras vivas que sean comercialmente dinámicas y en las
cuales se fortalezca el tejido social, es preciso adoptar políti-
cas sociales con un enfoque integral, ya que la población que
vive en la frontera no puede vivir en una situación de exclu-
sión y marginalidad. Por esto, es indispensable contar con una
infraestructura que permita mantener una adecuada calidad
de vida, además de la existencia de programas sociales en
áreas de salud, educación, trabajo, alimentación y producción.
Esta sería una política de carácter nacional.


5. Adoptar políticas públicas y medidas de seguridad
ciudadana en la perspectiva de la seguridad nacional


Debido a la preeminencia histórica de la seguridad nacional
sobre la seguridad ciudadana en la región, es necesario que
el diseño de las políticas públicas de seguridad ciudadana se
adapte a esta situación. Se podría, incluso, utilizar mecanismos
e instancias existentes para su ejecución. Sin embargo, es
importante reconocer que en la zona de la frontera norte la
mayoría de delitos tiene particularidades locales e incluso la
presencia de delitos considerados transnacionales como nar-
cotráfico, comercio ilegal de armas, trata de personas o hurto
de automotores afecta finalmente a quienes habitan en la zo-
na fronteriza ya que generan otro tipo de problemas como
comercio ilegal y el uso de armas de fuego en manos de par-
ticulares o el uso indiscriminado de la violencia para resolver
los conflictos (Acero, 2005: 136-137).


Ante esta situación, en el caso de las políticas de seguri-
dad fronteriza enfocadas en la política exterior y militar del
país, se podría aprovechar la oportunidad de incidir en el di-
seño del Plan Binacional de Desarrollo de la Zona de In-
tegración Fronteriza, e incluir dentro de sus ejes de acción,


específicamente, el tema de la seguridad ciudadana con un
enfoque local, con el fin de responder de forma más adecua-
da a las distintas demandas de seguridad en cada provincia de
la región.


6. Impulsar el incremento de las capacidades institucionales de
los gobiernos locales


El marco institucional de la seguridad ciudadana en la fronte-
ra norte es disperso, no obstante, cada provincia presenta
sus particularidades. En el caso de la provincia de Esmeraldas,
existe mucha debilidad en las instituciones tanto guberna-
mentales como de la sociedad civil. En el caso de Sucumbíos,
si bien las instituciones del Estado son débiles, existe una gran
presencia de instituciones de la sociedad civil, pero no hay un
nivel de coordinación entre las mismas. Por último, en el caso
de Carchi, si bien no hay una gran presencia de organizacio-
nes de la sociedad civil, algunas instituciones locales, como el
gobierno provincial, se encuentran en la capacidad de cons-
tituirse en el eje que estructure y coordine con otras institu-
ciones, planes o proyectos en el área de seguridad ciudada-
na en la provincia.


Dada la importancia de reconocer y fortalecer las capa-
cidades, destrezas, saberes y herramientas de participación,
cooperación y gestión de los gobiernos locales para un ade-
cuado gobierno de la seguridad ciudadana en la frontera
norte, es evidente la necesidad de incentivar el fortaleci-
miento institucional en la provincia de Esmeraldas; fortalecer
las capacidades de las instituciones locales tanto guberna-
mentales como sociales en el caso de Sucumbíos; y en
Carchi fortalecer el marco institucional de la seguridad ciu-
dadana, teniendo al gobierno provincial como eje fundamen-
tal y articulador de otras instituciones sectoriales a escala
nacional y local, como la Policía o el Ministerio Público, y de
actores sociales clave como los medios de comunicación o
las universidades.


to de la violencia en cada una de las provincias de la región.
Una de las principales contribuciones del desarrollo de las
investigaciones y de la recopilación de información ob-jetiva
y veraz sería poder establecer una diferencia clara entre los
delitos comunes que se producen en la frontera y que ata-
ñen a la seguridad ciudadana y los delitos producidos por el
conflicto armado colombiano, los cuales sí pueden ser
enfrentados desde un enfoque de seguridad nacional.


De igual manera, con el fin de mejorar el sistema de regis-
tro de información sobre hechos delictivos, es necesaria la
creación de una instancia local que se encuentre en la capa-
cidad de recolectar la información generada por otras insti-
tuciones como la Policía o el Ministerio Público, y que pueda
también realizar recomendaciones sobre políticas públicas en
materia de seguridad ciudadana, adaptadas a la realidad de
cada provincia.Además dicho sistema de registro de informa-
ción superaría la posición reduccionista que responsabiliza al
conflicto armado como única fuente de inseguridad en la
frontera norte, y atenderá la inseguridad como producto de
las variadas manifestaciones posibles de violencias, propias de
una región social y geográficamente diversa. En este sentido


incluso se podrían crear sistemas de información binaciona-
les con indicadores homologados que permitan comparar la
situación de violencia y sus causas en uno y otro lado de la
zona fronteriza. Un claro ejemplo es la existencia del Obser-
vatorio del delito, en el caso de Ipiales, y el establecimiento del
Observatorio de seguridad ciudadana, en el caso de Tulcán, co-
mo instancias que recopilan información acerca de hechos
delictivos en cada localidad y que pueden compartir dicha
información para el diseño de políticas públicas que respon-
dan mejor a las necesidades de cada una las localidades en
ambos lados de la franja fronteriza.


3. Crear fronteras vivas en la región norte del país


En el caso ecuatoriano, y tomando en cuenta que una zona
fronteriza no implica únicamente a las poblaciones que viven
aledañas al límite territorial, las medidas implementadas para
impulsar la creación de fronteras vivas podrían incluir corre-
dores fronterizos como por ejemplo un corredor formado
por las provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha del lado
ecuatoriano, los municipios de Ipiales, Pasto e incluso Cali, del
lado colombiano.


En los casos de Esmeraldas y Sucumbíos, impulsar la cre-
ación de un corredor con el municipio de Tumaco y el
departamento de Putumayo, respectivamente, sería muy
complicado debido a que en el lado colombiano existe una
gran movilidad de personas por el conflicto armado y por la
existencia de cultivos ilícitos de coca, lo que imposibilita la
consolidación de actores sociales e instituciones fuertes. No
obstante, se podrían impulsar procesos que permitan estre-
char las relaciones sociales y de cooperación entre los acto-
res sociales y las instituciones de las tres provincias fronteri-
zas.


4. Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones
que viven en la zona de frontera


Para mejorar las condiciones de vida en las distintas localida-
des de la frontera norte ecuatoriana es necesario, en primer


183182


12. Seguridad en la frontera norte
120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




7. Coordinar la cooperación interinstitucional para la reducción
efectiva de tasas de violencia de la región


En la provincia de Sucumbíos existe un sinnúmero de orga-
nismos internacionales de cooperación que realizan esfuer-
zos aislados tanto en temas de desarrollo local –como gober-
nabilidad, ambiente e incluso seguridad ciudadana– los cuales
no producen los resultados esperados debido, en algunos
casos, a la especificidad de sus intervenciones, y en otros ca-
sos, a la duplicidad de sus funciones y descoordinación de sus
acciones. En la actualidad, el Plan Ecuador busca ser la instan-
cia que coordine la cooperación internacional en la zona; sin
embargo, es necesario que dichas políticas tomen en cuenta
la heterogeneidad de las provincias que conforman la región
y, por lo tanto, la especificidad en las necesidades de la pobla-
ción según cada provincia. Además es de suma importancia
que las políticas diseñadas sean socializadas entre la pobla-
ción de las tres provincias para que la gente se sienta identi-
ficada y se involucre en la ejecución de los programas y pro-
yectos específicos. Ante esto, “los gobiernos locales se pre-
sentan como las instituciones clave para liderar y coordinar
redes sociales e institucionales encaminadas a reforzar lazos
sociales, invertir en capital social y establecer parámetros de
participación ciudadana en materia de seguridad ciudadana”
(Pontón, 2006: 9).


8. Adoptar una legislación especial para la zona fronteriza


En general, las zonas fronterizas en América Latina presentan
problemáticas particulares y complejas. No obstante, en el
Ecuador las condiciones de marginalidad y aislamiento en la
región fronteriza junto con el incremento de los niveles de
violencia en los últimos años y los impactos del conflicto ar-
mado colombiano han ocasionado que la zona de la fronte-
ra norte ecuatoriana se vuelva altamente vulnerable. Por esta
razón, es fundamental la creación de una legislación especial
para la zona fronteriza con el fin de contribuir al desarrollo
integral de cada localidad en la región, la cual, además, tenga
en cuenta la heterogeneidad y complejidad de la zona. Cabe
mencionar que las leyes y políticas diseñadas deben estar fun-


damentadas en el respeto irrestricto a las garantías individua-
les y los derechos humanos.


En la actualidad, algunas instancias –considerando que las
áreas de frontera requieren un desarrollo prioritario y aten-
ción especial– han elaborado propuestas para elaborar un
marco jurídico especial para las zonas fronterizas del Ecuador.
Una de las propuestas más completas e interesantes es el
Mandato de la frontera norte, presentado por la Red
Fronteriza de Paz al Pleno de la Asamblea Constituyente. Es-
te mandato contempla cinco ejes de intervención en las
áreas de salud, educación, ambiente, desarrollo económico y
seguridad, a través de los cuales se impulse el desarrollo y la
integración de las poblaciones fronterizas del país.


9. Promover la convivencia ciudadana local


En la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia se ha podi-
do observar un incremento en los niveles y en las manifesta-
ciones de violencia, lo cual ha generado no solo el aumento
en los índices delictivos, sino otras expresiones de conflictivi-
dad como consumo y venta de drogas al menudeo, despla-
zamiento forzado de las poblaciones, excesivo número de
armas de fuego entre la población, xenofobia, entre otros. Si
bien los conflictos sociales son inherentes a toda sociedad, en
regiones con características que las vuelven vulnerables es
necesaria la creación de mecanismos que faciliten que los
conflictos se resuelvan de una manera constructiva y no úni-
camente a través del uso de la violencia.


Ante una situación tan compleja, una de las posibles es-
trategias a adoptar sería promover una cultura de conviven-
cia pacífica en la región. Dicha promoción podría realizarse
mediante distintos mecanismos a escala local y nacional, co-
mo campañas de sensibilización, talleres de educación para la
paz, intercambios culturales entre ambos países y demás es-
trategias. Lo más importante es que dichos mecanismos se
orienten a la difusión de principios como el respeto, el reco-
nocimiento y la aceptación del otro y la tolerancia entre la
población.


185184


10. Implementar políticas con enfoque binacional


Es importante no obviar que el área limítrofe con Colombia
no es una zona de frontera homogénea y continua. Esmeral-
das, Carchi, Sucumbíos y sus contrapartes colombianas de-
sarrollan sus propias particularidades que deben considerase
a la hora de tomar determinaciones en temas de seguridad:


La relación socio-política que más ejemplifica esta afirma-
ción es la diversidad en las relaciones fronterizas entre
Ecuador y Colombia. Mientras en Esmeraldas la variable
étnica y las relaciones de parentesco definen la estructura
social en la que se asienta la frontera (estatal nacional); en
Carchi la dinámica está marcada por relaciones comerciales,
legales e ilegales, de larga data; mientras en Sucumbíos el
narcotráfico es parte de la vida cotidiana de sus habitantes.
No obstante, es pertinente apuntar que las tres provincias
son afectadas por el conflicto interno colombiano, donde las
fumigaciones son el caso más visible y perverso (Núñez,
2006: 11).


Sin embargo, y debido a la situación de frontera, en materia
de seguridad ciudadana es necesario diseñar políticas con un
enfoque binacional que atiendan la realidad heterogénea de
esta área. En este marco cabría preguntarse acerca de la posi-
bilidad de cooperación y coordinación entre la Policía de
ambos países, más allá de los asuntos migratorios. De igual
manera, dichas políticas podrían estar orientadas a atacar
problemas específicos como el cultivo y tráfico de estupefa-
cientes en la frontera entre San Lorenzo (provincia de
Esmeraldas) y Tumaco (departamento de Nariño); el contra-
bando de combustible entre las ciudades de Tulcán (provin-
cia de Carchi) e Ipiales (departamento de Nariño); o la pre-
sencia de sicarios en la frontera entre Nueva Loja
(Sucumbíos) y el departamento de Putumayo en Colombia.


12. Seguridad en la frontera norte
120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




ción porcentual del 61%. A diferencia de Esmeraldas y Su-
cumbíos, en Carchi, por un lado, las condiciones de vida de la
población son distintas –la pobreza por NBI del 59,6% es
inferior al promedio nacional (61%)–; por otro lado, tanto la
dotación de servicios básicos como infraestructura es supe-
rior a la media nacional. Adicionalmente se evidencia una
institucionalidad fuerte y estable, tanto a nivel público como
privado, especialmente en temas comerciales. Una de las ins-
tituciones más consolidadas en la provincia es el gobierno
provincial, el cual, además de tener un interés especial en el
fortalecimiento de lazos comerciales con Colombia, empieza
a incluir en su agenda temas de seguridad ciudadana como el
establecimiento de un Observatorio del delito y la coordina-
ción de acciones con otras instituciones como la Policía
Nacional. Debido a la percepción de inseguridad en la zona,
se comienzan a generar espacios en donde las instituciones
interesadas en temas de seguridad puedan coordinar activi-
dades. Entre las instancias interesadas se encuentran los
medios de comunicación locales, la Pastoral Social de la Dió-
cesis de Tulcán, la Pastoral Migratoria de Frontera, la Defen-
soría del Pueblo, la Cruz Roja, el PNUD, la Asociación de
Juntas Parroquiales de la Frontera, el Comité Provincial de
Derechos Humanos, el Centro de Rehabilitación de Tulcán,
las universidades y el Ministerio de Defensa, a través del
Batallón Mayor Galo Molina de las Fuerzas Armadas.


2
Interacciones fronterizas con participación


de organizaciones de la sociedad civil / localidad:
frontera entre México y los Estados Unidos


En la zona fronteriza entre San Diego y Tijuana sepuede analizar el importante papel que han desempe-ñado las organizaciones transfronterizas no guberna-
mentales para impulsar el desarrollo y la seguridad en la
zona (Taylor, 2007). Aunque San Diego y Tijuana no son es-
trictamente ciudades fronterizas, el crecimiento urbano y
poblacional de ambas ciudades ha causado que lleguen a
compartir un largo espacio urbano dividido por el límite
internacional, el cual constituye el cruce fronterizo más gran-
de del mundo en cuanto al volumen de tránsito. En este
corredor, los esfuerzos realizados para incrementar los lazos
transfronterizos han estado basados en la noción de que la
región forma una sola comunidad transfronteriza. Una de las
ONG más notables en la región de San Diego,Tijuana, es el
Diálogo San Diego (SDD), el cual fue creado por un grupo
de líderes de varios sectores de la sociedad y de la Univer-
sidad de California, con el objetivo de estudiar los asuntos
concernientes a la región. Uno de los primeros estudios de
esta organización, titulado ¿Quién cruza la frontera?, produjo
una base de datos concernientes a la magnitud y la natura-
leza de quienes cruzaban este lugar. Dicho estudio se con-
virtió en la primera base empírica para la creación de un
Consejo Asesor Binacional, con el fin de coordinar el traba-
jo de los gobiernos locales, estatales y federales de ambos
países, al igual que de miembros de los sectores privados. En
las reuniones organizadas por el SDD se hizo evidente que
los participantes de Tijuana estaban más preocupados por
asuntos de seguridad local que por el contexto transfronte-
rizo, por lo que, en 1998, se creó una organización filial lla-


1
Creación de fronteras vivas
/ localidad:Tulcán e Ipiales


Al hablar de fronteras vivas es necesario tomar encuenta que una frontera es más que una línea, es unaestructura compleja y funcional, es una franja en la
cual se producen intercambios tanto comerciales como
sociales o culturales entre naciones. Además es necesario
considerar todos los elementos de la zona: territorio, pobla-
ción, idioma, factores económicos, cultura, entre otros, y no
únicamente el límite territorial entre dos o más naciones. El
propósito que debe impulsar a un país a promover la crea-
ción de fronteras vivas sería la idea de que estas zonas –que
en la mayoría de casos tienen lazos culturales históricamente
compartidos y posiblemente una visión común de desarrollo–
no solo mejoren el flujo comercial, sino que también fortalez-
can los actores sociales de la zona y las instituciones presentes.
Entonces es posible generar redes de trabajo y cooperación
que permitan un manejo adecuado de problemas en materia
de seguridad ciudadana.


En el caso de la frontera entre Ecuador y Colombia, se
puede observar un claro caso de la diferencia en la situación
de (in)seguridad e incremento de la violencia entre una zona
a la cual se le puede considerar frontera viva (como es el
caso de Tulcán e Ipiales) y zonas en donde se evidencia una
debilidad institucional y un escaso tejido social (como es el
caso de la frontera entre la provincia de Esmeraldas y el
departamento de Nariño (Tumaco), o la provincia de Su-
cumbíos y el departamento de Putumayo. Si bien en 1999
Carchi llegó a ocupar el cuarto lugar en tasas de homicidio,
es notable que en 2006 no solo se ubicara por debajo de la
media nacional sino que además descendiera hasta el décimo
primer lugar a escala nacional, lo que significó una disminu-


187186


12. Seguridad en la frontera norte


Experiencias relevantes


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




Textos citados


Acero, Hugo (2005). “La seguridad ciudadana una responsa-
bilidad de los gobiernos locales en Colombia”, en: Lucía
Dammert y Gustavo Paulsen (eds.). Ciudad y seguridad en
América Latina. Santiago de Chile: FLACSO, sede Chile /
Red 14 Seguridad Ciudadana en la Ciudad / I. Municipa-
lidad de Valparaíso / URBAL: 133-149.


Arcos, Carlos; Carrión, Fernando y Édison Palomeque
(2003). Ecuador: informe de seguridad ciudadana y violencia
1990-1999. Quito: FLACSO, sede Ecuador.


Castillo, Manuel Ángel (2003).“The Mexico-Guatemala border:
new controls on transborder migrations in view of recent inte-
gration schemes?” Revista Frontera Norte, XV, 29: 35-65.


Comunidad Andina de Naciones (CAN) (2001). “Decisión
501: Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) en la Comu-
nidad Andina”. Documento electrónico:
http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/d501.htm
[consulta: mayo de 2008].


Núñez Vega, Jorge (2006). “Políticas de seguridad ciudadana
para las provincias fronterizas”. Boletín Ciudad Segura, 10.
Quito: FLACSO, sede Ecuador: 11.


Pontón, Daniel (2006).“Violencia en la frontera: una perspec-
tiva desde la seguridad ciudadana”. Boletín Ciudad Segura,
10. Quito: FLACSO, sede Ecuador: 4-9.


Salazar, Pablo y Alexandra Lastra (2006). “El presupuesto de
la seguridad”. Boletín Ciudad Segura, 5. Quito: FLACSO,
sede Ecuador: 4-8.


Taylor, Lawrence (2007). “NGO Transborder Organizations. San
Diego-Tijuana and Vancouver-Seattle Regions”. Revista
Frontera Norte, IXX, 37: 35-58.


Textos consultados


Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (2006).
Anuario de estadísticas vitales. Quito.


Ministerio de Relaciones Exteriores (2007). Plan Ecuador. Do-
cumento electrónico:


189188


12. Seguridad en la frontera norte


Bibliografía


mada Tijuana Trabaja. Este organismo funcionaba similar al
SDD pero se enfocaba únicamente en Tijuana. Lo funda-
mental de la conformación de estos espacios, más allá de los
resultados concretos en términos económicos, es lograr que
las personas y las instituciones se involucren y generen espa-
cios de diálogo y participación, fortaleciendo así la institucio-
nalidad en la región (Castillo, 2005).


3
Creación de zonas de integración fronteriza
/ localidad: Comunidad Andina de Naciones


La creación de Zonas de Integración Fronteriza (ZIF)responde a la necesidad que tienen los países de bus-car estabilidad política y seguridad en su zona fronteri-
za a través del desarrollo. Las ZIF son un mecanismo de inte-
gración creado dentro de la Comunidad Andina de Naciones
(CAN), por lo que se encuentran reguladas por la Decisión
501 que establece que estas zonas se crean en los ámbitos
territoriales fronterizos adyacentes de los países, y en ellas se
ejecutan programas y proyectos para impulsar su desarrollo
de manera coordinada y conjunta. Los objetivos para la cre-
ación de las ZIF responden al interés de cada país en forta-
lecer vínculos económicos, sociales, culturales, institucionales
y políticos. A través de las ZIF es posible favorecer a las
poblaciones locales al estimular procesos y relaciones socia-
les, culturales y étnicas para lograr la coexistencia pacífica de
las poblaciones. Además, junto con este proceso, se puede


fortalecer a las instancias, tanto locales como nacionales y bi-
laterales, en temas fronterizos. Finalmente es posible atender
adecuadamente las demandas de las poblaciones, incluyendo
un incremento en la dotación y una mejora en la calidad de
servicios básicos y programas sociales de utilidad común.


En este marco, se creó una ZIF entre Ecuador y Perú
(CAF, 2001). A diferencia de la ZIF creada entre Ecuador y
Colombia, en este caso se crearon otras instancias para lle-
varla a un nivel operativo y funcional. En primer lugar, se esta-
bleció la comisión de vecindad ecuatoriano-peruana con el
fin de impulsar, apoyar y coordinar actividades. Por esta razón,
se encargó de la elaboración y la ejecución del Plan Binacio-
nal de Desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza. En el
Plan de Desarrollo se establecen las prioridades y los proyec-
tos a implementarse en la frontera para lograr el desarrollo,
concebido de manera integral, y gestionar el financiamiento
de los mismos. Entre los programas desarrollados se encuen-
tran: el Programa binacional de proyectos de infraestructura
social y productiva; el Programa nacional de mejoramiento
de la infraestructura productiva, el Programa nacional de
mejoramiento de la infraestructura social y ambiental; y el
Programa de promoción a la inversión privada.


Durante el período de aplicación del Plan Binacional
(1996-2006), únicamente el Capítulo Ecuador ha captado
$ 369,7 millones por cooperación no reembolsable y de fon-
dos públicos (Plan Binacional, 1999). Si bien el Plan tiene un
enfoque de desarrollo para lograr estabilidad y seguridad, y
los proyectos que se implementan son de carácter producti-
vo o social y no específicamente de seguridad ciudadana, es
necesario notar que todas las provincias de la ZIF (Orellana,
Pastaza, Zamora, Loja, Morona Santiago, Napo) con excep-
ción de El Oro, presentan tasas de homicidios por debajo de
la media nacional –que en 2006 llegó a 19,1 por cada 100 mil
habitantes–, lo que podría apuntar a una relación entre la
mejora de condiciones de vida y los bajos niveles de insegu-
ridad.


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




www.mmrree.gov.ec/mre/documentos/pol_internacio-
nal/plan_ecuador/indice.htm
[consulta: mayo de 2008].


Pontón, Daniel; Pontón, Jenny y Alfredo Santillán (comps.)
(2007). Ciudad segura. Debates sobre seguridad ciudadana.
Quito: FLACSO, sede Ecuador / CORPOSEGURIDAD.


Registro Oficial 47 (2007). “Convenio de cooperación inte-
rinstitucional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores
del Gobierno del Ecuador y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el apoyo a la
Subsecretaría de Soberanía Nacional y Desarrollo Fron-
terizo del Ministerio de Relaciones Exteriores”. Quito.


Página web citada


Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador
(SIISE) (2007), versión 4,5
http://www.siise.gov.ec/Principal.aspx
[consulta: junio de 2008].


Página web consultada


Plan Binacional Capítulo Ecuador (1999)
http://www.planbinacional.gov.ec/home.html
[consulta: junio de 2008]


190


Anexos


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




Anexo 1


Los foros de discusión y debate convocados por el Co-mité Técnico Interinstitucional de Seguridad Ciuda-dana contaron con la participación de representantes
de diversos sectores vinculados a este ámbito, así: en el
anexo 1 se enumeran las instituciones que facultaron a uno
o más delegados a integrarse a estas actividades. En el anexo
2 constan los foros llevados a cabo con sus respectivos co-
mentaristas, donde el número de panelistas varía según la
agenda prevista para cada panel que, en la lista global, supe-
ran el medio centenar de especialistas en seguridad ciudada-
na. En el anexo 3 se citan los temas centrales de los foros y
sus concernientes analistas. En el anexo 4 se encuentra el
nombre de los eventos desarrollados en este proceso y sus
investigadores e investigadoras internacionales invitados a
participar en calidad de videoconferencistas. El anexo 5 reve-
la el tema central presentado en las publicaciones producidas
en las publicaciones del Boletín Ciudad Segura y el nombre de
los entrevistados y entrevistadas que hicieron público su
punto de vista sobre la temática en cuestión.


El aporte de cada uno de los y las participantes es la
fuente de información sobre la cual se han construido las
propuestas de políticas públicas publicadas en este libro, ellos
y ellas tienen un especial reconocimiento del Programa Es-
tudios de la Ciudad de FLACSO, sede Ecuador, y en gratitud
a su colaboración son presentados en los siguientes anexos.


Anexos


193192


Instituciones asistentes a los Foros de seguridad ciudadana


1. Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional
(AECI).


2. ARMOR Group.
3. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
4. Banco del Pichincha.
5. Brigadas Barriales del Sur de Quito.
6. Cámara de Seguridad Privada del Ecuador (CASE-


PEC).
7. Cámara Junior Internacional Francia.
8. Central Metropolitana de Atención Comunitaria.
9. Centro de Formación de Empleados de Notaría


(CEAFEN).
10. Centro Equidad y Justicia Tres Manuelas, Calderón.
11. Centro Equidad y Justicia Tres Manuelas, La Delicia.
12. Colectivo Hablemos a Calzón Quitado, Quito.
13. Comandancia de la Policía del Distrito Metropolitano


de Quito.
14. Comandancia General de la Policía Nacional.
15. Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
16. Comisaría de la Mujer, primera.
17. Comisaría de la Mujer, segunda.
18. Comisaría de la Mujer, tercera.
19. Comisión Malos Tratos a Mujeres en España.
20. Comisión Ecuménica de Derechos Humanos


(CEDHU).
21. Comité de Seguridad Barrial.
22. Comité Ecuatoriano contra la Impunidad (CENIMPU).
23. Comité Ecuatoriano de Cooperación con la Comisión


Interamericana de Mujeres (CECIM).
24. Consejo de Seguridad Nacional (COSENA).
25. Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU).
26. Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y


Psicotrópicas (CONSEP).
27. Corporación Municipal de Seguridad y Convivencia


Ciudadana (CORPOSEGURIDAD).


28. Cruz Roja.
29. Cuerpo de Bomberos.
30. Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía


Nacional.
31. Departamento Médico Legal de la Policía Nacional.
32. Diario El Comercio.
33. Diario El Universo.
34. Diario La Hora.
35. DINAPEN.
36. Dirección de Emergencias 911.
37. Dirección de Protección de Menores, ex Ministerio de


Bienestar Social.
38. Dirección Metropolitana de Salud, Municipio del


Distrito Metropolitano de Quito.
39. Dirección Nacional de Comunicaciones de la Policía.
40. Dirección Nacional de Género, Ministerio de


Gobierno.
41. Dirección Nacional de la Policía Judicial.
42. Dirección Nacional de Rehabilitación Social.
43. Dirección Nacional de Registro Civil.
44. Dirección Nacional de Tránsito.
45. Dirección Nacional Especializada para Niños, Niñas y


Adolescentes (DINAPEN).
46. Dirección Provincial de Salud de Pichincha.
47. Empresa Metropolitana de Obras Públicas de Quito


(EMOP-Q).
48. Empresa Metropolitana de Servicios y Administración


del Transporte (EMSAT).
49. Escuela Superior Politécnica Javeriana.
50. Estudiantes de FLACSO.
51. Fiscalía Distrital de Pichincha.
52. Fundación Casa Matilde.
53. Fundación ESQUEL, Fondo Justicia y Sociedad.
54. Fundación Marcha Blanca.
55. Fundación Mucho Ojo a la Comunidad.


Anexos


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




Anexo 2


Anexos


195194


56. G4S Walkenhut Seguridad.
57. Gobierno Provincial del Carchi.
58. Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Policía


Nacional.
59. Grupo PROSEC.
60. Hospital Baca Ortiz.
61. Hospital Carlos Andrade Marín.
62. Hospital Enrique Garcés.
63. Hospital Isidro Ayora.
64. Hospital Pablo Arturo Suárez.
65. Hunter, localizador satelital de vehículos.
66. Instituto Geográfico Militar (IGM).
67. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
68. INREDH.
69. Jefatura de la Policía Comunitaria del Distrito


Metropolitano.
70. Jefatura de Tránsito de la Policía Nacional.
71. Maternidad Isidro Ayora.
72. Ministerio Fiscal de Pichincha.
73. Ministerio Público del Ecuador.
74. Municipio de Ambato.
75. Municipio de Guayaquil.
76. Municipio de Ibarra.
77. Municipio de Latacunga.
78. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,


Administración Zonal Centro.
79. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,


Administración Zonal Norte.
80. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,


Jefatura de Seguridad Ciudadana.
81. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Policía


Metropolitana.
82. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,


Unidad de la Mariscal.
83. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,


Dirección de Seguridad Ciudadana de la Mariscal.


84. Nueva Acrópolis.
85. Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana


del MDMQ.
86. Participación Ciudadana.
87. Policía comunitaria.
88. Policía Judicial de Pichincha.
89. Policía Metropolitano del Distrito Metropolitano de


Quito, Unidad de Turismo.
90. Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).
91. Radio La Luna.
92. Red de Trabajadoras Sexuales del Ecuador (RETRABSEX).
93. Secretaría de Desarrollo y Equidad de Género del


MDMQ.
94. Seguros Equinoccial.
95. Seguros Interoceánica.
96. Servicio de Investigación y Seguridad Privada (SEINSE-


PRI).
97. Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT).
98. Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).
99. Unidad de Automotores, Fiscalía Distrital de Pichincha.
100.Unidad de Delitos contra la Propiedad, Fiscalía


Distrital de Pichincha.
101. Unidad de Prevención,Violencia Intrafamiliar, Maltrato


Infantil y Género del Municipio del Distrito Metropo-
litano de Quito.


102. Unidad de Vigilancia Carapungo.
103. Unidad de Vigilancia del Sur.
104. Unidad de Vigilancia Tumbaco.
105. Unidad de Vigilancia Valle de los Chillos.
106. Unidad Educativa Experimental Manuela Cañizares.
107. Universidad Andina Simón Bolívar (UASB).
108. Universidad Central del Ecuador (UCE).
109. Universidad Politécnica Salesiana (UPS).
110. Universidad San Francisco de Quito (USFQ).
111. Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).
112. Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE).


Panelistas de Foros de seguridad ciudadana


Evento Comentaristas


Mesa redonda: Manolo Sarmiento Cineasta ecuatoriano
Cárceles en el Ecuador Jennifer Fleetwood Universidad de Edimburgo


Eduardo Rivera Régimen Prelibertad, Dirección
Nacional de Rehabilitación Social


Foro: Nelsa Curbelo Corporación SERPAZ
Pandillas en el Ecuador: Lautaro Ojeda CORPOSEGURIDAD
visiones transnacionales, Fernando Carrión Programa de Estudios de
diagnóstico y políticas públicas la Ciudad, FLACSO


George Asanza Representante de varias
pandillas de Guayaquil


Raúl Casares Dirección de Protección de Menores,
ex Ministerio de Bienestar Social


Mario Cubero, Crnl. DINAPEN
Tatiana Cordero Taller Comunicación Mujer


Foro: Bertha García Programa de Estudios Interamericanos
La Policía en el Ecuador: de la PUCE
relación con la comunidad y Juan Carlos Rueda,Tcrnl. Policía Judicial del Guayas
proceso de cambio Jorge Acosta, Crnl. Policía Metropolitana del DMDQ


Alexis Ponce Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos


Nilo García, Crnl. Coordinador Nacional de la Policía
Comunitaria


Andrés Roche Municipalidad de Guayaquil
Foro: Vanesa Rodríguez Programa Políticas Públicas, FLACSO
El presupuesto de Jorge Núñez Vega Programa de Estudios de la
la seguridad ciudadana Ciudad, FLACSO
Foro: Alicia Arias Fundación ESQUEL, Fondo
Reforma del sistema Justicia y Sociedad
Judicial en Ecuador Washington Pesantez Ministro Fiscal de Pichincha,


Ministerio Público


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




(continuación anexo 2)


Anexo 3


(continuación anexo 2)


Anexos


197196


Diego Zalamea Director Nacional de Política Penal,
Ministerio Público


Silvia Amores Unidad de Prevención,Violencia
Intrafamiliar, Maltrato Infantil y Género,


Municipio de Quito Fernando García Programa de Antropología, FLACSO
Medardo Oleas Fundación Marcha Blanca


Foro: Pablo Dousdebes, Contralmi- Comando Conjunto de las
Las guardianías privadas y sus rante Fuerzas Armadas
implicaciones para la María Luisa Tirira Grupo LAAR
seguridad ciudadana William Pozo, Mayor Departamento de Control de


Organizaciones de Seguridad Privada
de la Policía Nacional


Foro: Marcelo Saín Universidad Nacional de Quilmes,
La seguridad ciudadana y Argentina
el proceso electoral Lautaro Ojeda CORPOSEGURIDAD


Santiago Guarderas Candidato a la diputación por la RED-ID
Ricardo Carillo Candidato a concejal por Pachacutick
Alexei Páez FLACSO


Foro: Hilda Viteri DINAGE
Violencia de género en Nelly Jácome Consultora Externa UNIFEM
el Ecuador, avances y desafíos Consuelo Bowen Consejo Nacional de las Mujeres


Andrea Herrera CEPAM
Andrea Pequeño FLACSO
Teresa Simbaña CONME
Marcela Ayluardo FONAKISE, Ríos
Silvia Amores UPAVIG, MDMQ
Carla Molina Comisaría de la Mujer y la Familia
Ivonne Daza ODMU


Foro: Luis Emilio Jiménez Asesor de proyectos de la Secretaría
Armas pequeñas y General de FLACSO
medianas en la región andina Fernando Carrión Programa de Estudios de la Ciudad,


FLACSO
Olga Ávila Coordinadora del Laboratorio de


Ciencias Sociales de Venezuela


Alexei Páez FLACSO
Jorge Núñez FLACSO
Gualdemar Jiménez Director del Área Jóvenes del Servicio


Paz y Justicia del Ecuador
Foro: Lautaro Ojeda CORPOSEGURIDAD
Políticas locales y seguridad ciudadana Max Campos Policía Comunitaria
Foro: Carlos Játiva Naranjo INECI, MMRREE
Cooperación internacional y Olaya Hanashiro FLACSO
agendas de seguridad ciudadana Carla Álvarez FLACSO
Foro: Oswaldo Jarrín Ex Ministro de Defensa Ecuador
Violencia e inseguridad Luis Saavedra INREDH
en ciudades fronterizas Guillermo Rovayo Servicio Jesuita de Refugiados y


Migrantes de Ecuador


Investigaciones centrales de cada Foro
Tema Investigador/a
La crisis del sistema penitenciario en el Ecuador Jorge Núñez Vega
La situación de armas de pequeño calibre y la población civil del Ecuador Equipo Estudios de la Ciudad
Pandillas y naciones en el Ecuador: diagnóstico de situación Andreina Torres
Elementos para una reforma policial en el Ecuador Olaya Hanashiro y


Daniel Pontón
Presupuesto de la seguridad Pablo Salazar Canelos y


Alexandra Lastra Andrade
Administración de Justicia y seguridad ciudadana: la ley más débil Farith Simon Campaña
La privatización de la seguridad en el Ecuador: impactos posibles y escenarios Daniel Pontón C.
Las propuesta sobre seguridad ciudadana en el debate electoral Marco Córdova Montufar
La violencia de género: ¿un asunto de seguridad ciudadana? Maritza Segura Villalva
Violencia en la frontera: una perspectiva desde la seguridad ciudadana Daniel Pontón C.
Cooperación internacional y seguridad ciudadana en Andreina Torres
el Ecuador: tendencias contradictorias
¿Descentralización y/o desconcentración de la seguridad ciudadana? Lautaro Ojeda Segovia
Un dilema para el debate


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




Anexo 5Anexo 4


Anexos


199198


Videoconferencias internacionales
Evento Videoconferencista
Foro: Pandillas en el Ecuador: visiones Josep María Labosa Servicios de Prevención del
transnacionales, diagnóstico y políticas públicas Ayuntamiento, Barcelona
Foro: La Policía en el Ecuador: Hugo Fruhling Centro de Estudios de Seguridad
relación con la comunidad y proceso de cambio Ciudadana, Universidad de Chile
Foro: Sigrid Arzt Democracia, Derechos
El presupuesto de la seguridad ciudadana Humanos y Seguridad, México


Reyes Tépach Marcial Cámara de
Diputados de México


Foro: Juan Enrique Vargas Centro de Estudios de Justicia
Reforma del sistema Judicial en el Ecuador de las Américas, Chile
Foro: La seguridad privada y sus implicaciones Alexis Romero Salazar Instituto de Criminología de la
para la seguridad ciudadana Universidad del Zulia de Venezuela
Foro:Violencia de género en el Ecuador, Alejandra Massolo Red Mujer y Hábitat América Latina
avances y desafíos
Foro: Hugo Acero Consultor internacional en
Políticas locales de seguridad ciudadana seguridad ciudadana, Colombia
Foro: Vicente Sánchez Colegio de la Frontera, México
Violencia e inseguridad en las ciudades fronterizas


Entrevistados/as en las publicaciones del Boletín Ciudad Segura
Boletín Entrevistados/as
Cárceles Eduardo Rivera Interno en prelibertad, Centro de Rehabili-


tación Social de Varones Número 1 de Quito
Rolando Terán Director de Asesoramiento Legal,


Dirección Nacional de Rehabilitación Social
Control de armas Juan Sosa, Crnel. Director Policial Judicial de Pichincha


Luis Serrano Propietario Safari Sports
Pandillas en el Ecuador Nelsa Curbelo Directora de Ser Paz


George Asanza Promotor Movimiento Paz Urbana
Reforma Bertha García Directora Fundación Democracia,


Seguridad y Defensa
Juan Carlos Rueda,Tcrnel. Subjefe Policía Judicial del Guayas


Presupuesto de la seguridad Jaime Carrera Director Observatorio de Política Fiscal
Alfonso Carrillo B. Coordinador Universidad de Otavalo,


ex Subsecretario de Presupuesto
Reforma judicial Medardo Oleas Rodríguez Fundación Marcha Blanca


Washington Pesántez Ministro Fiscal de Pichincha
Guardianías privadas Pablo Dousdebes Boada, Director General de Logística, Comando


Contralmirante Conjunto de las Fuerzas Armadas
Maria Luisa Tirira Gerente general LAARCOM, Grupo LAAR


Seguridad ciudadana y elecciones Lenin Moreno Candidato a Vicepresidencia por Alianza País
Martha Roldós Candidata a Diputación por la Provincia del


Guayas por Alianza RED-ID
La violencia de género Lola Valladares Abogada consultora en temas de


género y equidad
Margarita Carranco Concejala del Municipio de Quito


Violencia en la frontera: una perspectiva Guillermo Rovayo Director Ejecutivo Servicio Jesuita a
desde la seguridad ciudadana Refugiados y Migrantes Ecuador (SJRM)


Maximiliano Donoso Presidente Ejecutivo de UDENOR
Cooperación internacional Olaya Hanashiro Profesora e investigadora de FLACSO
para la seguridad Carlos Játiva Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano


Naranjo, Embajador de Cooperación Internacional (INECI)
Políticas locales de seguridad ciudadana Elizabeth Cabezas Directora Metropolitana de Seguridad


Ciudadana, Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito


Andrés Cordovez Presidente de la Fundación Marcha Blanca


120 estrategias y 36 experiencias
de seguridad ciudadana




Fernando Carrión M. • Jenny Pontón C. • Blanca Armijos V. 120 Estrategias y 36...
Share